Para la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón y precandidata del PAN a la gubernatura de Michoacán, la situación social del estado no mejoró en 2014. Lo atribuye a un fallido manejo de la seguridad pública, a la intromisión del comisionado Alfredo Castillo en asuntos políticos y económicos por encima de los michoacanos, y al rezago económico propiciado por los anteriores gobernadores.
El año 2014 terminó en Michoacán como empezó: con violencia, enfrentamientos, ingobernabilidad y muertos. Ahora, entre el desconcierto de los ciudadanos y el reacomodo de los grupos delictivos, “da la sensación de que se utiliza el poder para sancionar discriminadamente”, señala la senadora Luisa María Calderón, quien por segunda vez busca la candidatura del PAN al gobierno de su estado.
Sin difundir aún su programa de gobierno –pues la ley electoral michoacana impide a los precandidatos hacer propuestas de campaña–, Calderón hace un diagnóstico de la situación en Michoacán donde, asegura, no se han logrado la gobernabilidad ni la seguridad prometida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para ella, hacen falta los recursos prometidos y no hubo un plan de pacificación, sino apenas “tácticas para reducir la tensión”, con la llegada del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
“La gobernabilidad sólo se construye en la confianza y en el ejercicio de la autoridad. Aquélla no se ha logrado porque no hay consistencia ni congruencia y se ha aplicado la fuerza discriminada, lo que aleja la calificación de autoridad”, sostiene en entrevista.
Advierte además la necesidad de que los partidos políticos y las autoridades electorales supervisen detalladamente a los candidatos y estén alerta para que el crimen organizado no se inmiscuya en las campañas que arrancan en abril, como sucedió hace cuatro años.
En las pasadas elecciones para gobernador, 113 alcaldes y el Congreso de Michoacán, se denunció la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral. El propio jefe de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, divulgó en mantas y otro tipo de mensajes que su grupo criminal hizo campaña para inhibir el voto por los candidatos del PAN, entre ellos Luisa María Calderón, y aseguró que dio dinero para la campaña del candidato triunfador, el priista Fausto Vallejo.
Jesús Reyna García –coordinador de campaña de Vallejo y quien lo sustituyó los cuatro meses que el mandatario estuvo enfermo– fue señalado como el encargado de recibir el dinero del narco y detenido por la Procuraduría General de la República el pasado 4 de abril. Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública michoacana elaborado en marzo de 2012 señala que Reyna García se reunió con La Tuta en octubre y en noviembre de 2011 (Proceso 1954).
El 7 de diciembre de 2011, en el homenaje al fallecido secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, el entonces mandatario Felipe Calderón –hermano de la senadora– dijo tener pruebas de la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones de Michoacán. “Yo como presidente no puedo quedarme callado ante esto, he sido prudente, he tratado de ser sensato, pero no puedo quedarme callado ante algo tan grave que ocurre”, dijo.
Al preguntarle a la precandidata Luisa María Calderón si esa situación podría repetirse en las próximas campañas de la entidad, responde:
“Hasta el momento se han presentado casos muy aislados de intimidación hacia liderazgos partidistas en la zona alta de la costa, pero no es un tema sistemático como en las elecciones pasadas. Sí hay que encender la preventiva y actuar en comunicación entre partidos políticos, porque los que amenazan argumentan que sólo se permitirá abanderar la causa de un partido político, así que hay que dialogar con ese partido para que, en su caso, se deslinde o visite a sus militantes en la región y aclare la situación.”
–¿Qué debe hacerse para evitar la coacción y la cooptación del voto?
–Los partidos políticos deben estar muy conscientes de cada postulación y también dar seguimiento a sus liderazgos durante todo el proceso; escuchar con mucha sensibilidad cualquier información al respecto y verificarla; asimismo, tender puentes de comunicación sobre el tema con los liderazgos de todos los partidos para hacerles saber también de información que se tenga del propio partido, no como herramienta de ataque en el proceso, sino para prevenir, para verificar, para alertar.
La senadora Calderón propone establecer una mesa de diálogo entre la autoridad electoral y las fuerzas políticas del estado, así como con el propio secretario de Gobierno michoacano, a fin de recabar información y realizar un diagnóstico de regiones o acciones donde pueda preverse la intervención del crimen organizado en los comicios.
Se trata, especifica la legisladora, de “no dejar fuera del mapa ninguna información para configurar el diagnóstico de lo que va sucediendo y acordar medidas de actuación para atajar cualquier posibilidad de intromisión de la delincuencia”.
–¿Cuál es la situación política en el estado en vísperas de las elecciones de 2015?
–En principio hubo intromisión del comisionado, queriendo fortalecer alguna figura ciudadana para presentarla a algún cargo de elección por el partido que gobierna, lo que molestó sobremanera a los liderazgos partidistas; pero además la forma de fortalecerlo ha sido dejándolo actuar como si fuera autoridad. Se dice que han comenzado a llegar mexiquenses a puestos de trabajo clave para la operación política, aunque esto último no me consta.
“Pero los partidos políticos y el propio órgano electoral han sido responsables por sus actos y están muy conscientes de la responsabilidad que tienen en la propuesta de candidaturas y en el propio proceso previo a las elecciones. La ciudadanía y los medios de comunicación han sido cautos y están en alerta ante la situación.”
Sin estrategia
La violencia en Michoacán no disminuyó, sino que aumentó. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 663 asesinatos registrados de febrero a octubre de 2013, en 2014 aumentaron a 732, mientras que de 12 mil 674 robos en 2013, el número se incrementó a 13 mil 28; y el de secuestros, de 134 a 140. Por eso la legisladora señala que la llegada de Alfredo Castillo no ha servido para pacificar el estado.
Calderón, conocida como Cocoa, explica su punto de vista sobre el incremento de los índices delictivos en Michoacán:
“Al haber desbandada de los grupos delincuenciales y de las policías que no aprobaron exámenes, y no haber protocolos que seguir en los cuerpos de seguridad, la desconfianza hacia esos cuerpos de seguridad ha aumentado. Suelen ser, por decir lo menos, prepotentes. Parece que una de las tareas del responsable de seguridad es que se perciba mejoría, así que no hay reportes de hechos violentos ni se presentan denuncias, a sugerencia de la autoridad.”
No obstante, precisa que no todo es de mala fe, pues para integrar nuevos cuerpos de seguridad con elementos de mejor perfil “es necesario dinero, y eso es lo que en Michoacán falta por el pésimo manejo de los recursos del estado durante los últimos 10 o 12 años”.
–¿Qué diagnóstico hace de Michoacán en 2014 con la aparición de las autodefensas y la llegada del comisionado Castillo?
–A la llegada del comisionado Castillo, y aun antes, cuando el Ejército y elementos de la Policía Federal entablaron diálogo con los autodefensas, la tensión que había entre ellos y la delincuencia organizada se rompió y eso ayudó a impedir más enfrentamientos.
“Al mismo tiempo, y porque los autodefensas dieron información y ayudaron a la autoridad federal a encontrar a los cabecillas de la organización delincuencial, la organización delictiva se debilitó y sus integrantes se movieron, unos a integrarse en otro grupo delincuencial, muchos otros a la ‘fuerza rural’ legitimados por el propio comisionado”.
Y vuelve a Castillo. Sostiene que llegó a querer pacificar Michoacán sin un diagnóstico de la situación, ni coyuntural ni histórica:
“No se planteó una estrategia, sino que se fueron tomando decisiones sobre los acontecimientos. No se tenía considerado que eso tiene un alto costo. Se privilegió cambiar la percepción, esto es, se privilegió lo mediático. Se depositó el uso de la fuerza en personas no competentes ni autorizadas por la Constitución, ya que el uso de la fuerza es monopolio del Estado.
“No hubo análisis a fondo, no se cuidó el apego a las leyes. No hay fundamento legal para la construcción de cuerpos de seguridad ni seguimiento de estrategia; no hay un mando claro ni constitucional; no se ha cuidado generar confianza, porque ésta sólo se construye a partir de la congruencia entre hechos y dichos, y la consistencia en el actuar.”
Un factor más hiere la sensibilidad local: “Se subestima y hasta desprecia la fuerza de trabajo de las y los michoacanos, y se ha ocupado fuerza laboral de gente del Estado de México, lo que genera más molestia y desconfianza”.
Agrega dos casos en los cuales señala que Castillo ha aplicado de forma “discriminada” la fuerza de la autoridad.
“Un ejemplo es la detención de los supuestos asesinos del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, respecto de la cual los familiares de los inculpados acusaron tortura; unas semanas después los inculpados salieron de la cárcel sin explicación alguna y no se ha dicho nada más sobre quién lo asesinó.
“Otro ejemplo es el enfrentamiento reciente en La Ruana, del cual se han dado versiones diferentes. Hipólito Mora, hoy en la cárcel inculpado de haber sido él y su grupo los responsables de 10 de los 11 muertos, cuando todos escuchamos su llamada de auxilio en una estación de radio. De las primeras declaraciones del comisionado, donde dijo que Luis Antonio Torres, El Americano, ya no era integrante de las Fuerzas Rurales, a la declaración de la juez, hay una gama de contradicciones que profundizan la desconfianza en el comisionado.”
Añade que en alrededor de 27 municipios donde se sustituyó a la policía local por la Policía Federal, ésta ya se retiró y los ayuntamientos se quedaron sin fuerza propia, a expensas del mando unificado estatal, para el cual cedieron también su presupuesto de seguridad.
Esto, a decir de la senadora, hizo que poco a poco las armas fueran saliendo de nuevo y hubiera ejecuciones de integrantes de autodefensa ya integrados a la fuerza rural; provocó que las huertas arrebatadas a muchos productores por la delincuencia no se hayan devuelto a sus dueños y que algunas sean administradas por personas de dudosa reputación.
En cuanto al gobernador, Salvador Jara, comenta que si bien es aceptado por los legisladores de todos los partidos, no ha podido asumir todo el mando por la presencia del comisionado Castillo, “que toma decisiones en seguridad pero también en economía y en otros rubros”.
Inseguridad, pobreza, desempleo
A casi un año de que el presidente Peña Nieto nombró a Castillo comisionado para Michoacán y puso en marcha su plan de pacificación, la precandidata panista identifica una de sus principales deficiencias:
“No hay plan de paz, hay tácticas para reducir la tensión en diferentes momentos. No se calculó que se necesitaban recursos, y no los hay. No hay confianza desde la ciudadanía para integrar nuevos cuerpos de seguridad, más ciudadanos, más confiables, competentes. No hay claridad en el mando ni en las instrucciones.”
Aunque no quiere que se tome como propuesta de campaña, Calderón observa que para el avance de un proceso de paz y desarrollo en Michoacán son necesarias la congruencia, claridad en el mando y participación ciudadana que acompañe los procesos y esté plenamente informada.
Otro problema grave es el económico, ya que en Michoacán los ingresos son menores que la media nacional. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 54.4% de la población del estado es pobre, mientras que el promedio nacional es de 45.5%.
Además, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la entidad se cometieron 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2013. Y por cada 10 mil empresas, 3 mil 865 fueron víctimas de algún delito, lo que implica un aumento de 31.7% respecto del nivel más alto que se registró en 2011.
De acuerdo con esta encuesta, después de Puebla fue Michoacán el estado con mayor número de ilícitos contra las empresas, como extorsión, asalto o robo de mercancía, dinero, insumos o bienes. En consecuencia, ocho de cada 10 empresarios consideran a la entidad insegura para los negocios.
Observa Calderón que “está bien que se pretenda cambiar la percepción de violencia en el estado para atraer de nuevo la inversión y el turismo, pero hay que hacer consistente lo que se dice con lo que se hace. Hemos dicho desde el Senado que hay que buscar una estrategia de incentivos para apegarse a la legalidad en todos los órdenes, no en la represión o la amenaza”.
E insiste: “(Se trata de) recuperar el sentido de la vida como una estrategia de largo aliento, lo he dicho en el Senado a propósito de Ayotzinapa y lo ha dicho la gente: tanto dolor debe procesarse para volver a vivir en una comunidad que se cuide en reciprocidad, no que esté llena de ganas de venganza o desinterés por la vida de sus congéneres y por la propia”.
