El lunes 1, cuando apenas tenía cuatro días de haber sido reinstalado por orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Raúl Celestino Pallares Cardoza fue despedido de la armadora automotriz Honda.
Pallares era secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), organismo no reconocido por la empresa nipona, cuando fue despedido en abril de 2010. Como ganó la demanda laboral 1160/2010 hace unas semanas, la empresa tuvo que reinstalarlo (Proceso Jalisco 525).
Pero fue despedido de nuevo porque, según la patronal, el sindicalista violó el reglamento interno de trabajo, aunque al cierre de edición el afectado aún no sabía qué faltas cometió.
“Me tuvieron en cautiverio, según ellos, leyendo normas de productividad, normas de seguridad que estipula la Secretaría del Trabajo. Me estuvieron leyendo unas 50 normas. Me mandaban a comer en horario de proveedores, cuando no había contacto ni con los de oficina ni con los de base.
“Era un tipo de discriminación, como si tuviera algún tipo de enfermedad. Yo creo que la enfermedad que tenemos es la conciencia”, relata Pallares. Y eso, sospecha, es lo que teme la empresa, que los trabajadores tengan un poquito de conciencia.
Su reinstalación, dice, fue un simulacro. La ley obliga al patrón a reinstalar al trabajador en las mismas condiciones en que estaba antes de ser despedido, pero a él nunca lo llevaron a su área de trabajo. Cuando se retiró el actuario de la JFCA le entregaron un locker con un candado, cuya combinación conocía la empresa.
Además, le hicieron firmar un código de ética bajo presión; incluso amenazaron con levantarle un acta administrativa si no lo hacía. Según el documento, los trabajadores están obligados a no divulgar información de la empresa por ningún medio, incluyendo las redes sociales.
“El jueves 4 me presenté por la mañana y me di cuenta que el locker tenía el candado abierto. Lo vi como una amenaza, sentí que me tenían vigilado”, relata Pallares.
El cautiverio al que lo sometieron fue tal, que cuando pidió permiso para ir al médico por un resfrío, la empresa llevó al especialista hasta su sitio para que no se moviera. Asimismo, menciona que al terminar un curso de inducción, los directivos le presentaron un documento para que lo firmara con un nuevo número de empleado, desconociendo su antigüedad.
Intimidación
Los atropellos comenzaron el lunes 1, cuando el chofer del transporte de personal le impidió subir porque no tenía gafete. Tuvo que trasladarse en un transporte público. Cuando llegó, el gerente de Relaciones Gubernamentales de la compañía, Alejandro Salaiza Rubio, le prohibió la entrada y le advirtió que posteriormente la empresa le daría a conocer las causales “a través de las vías legales”.
Y agrega: “Me doy cuenta que a lo mejor (en la empresa) están en contubernio con la Junta Local 17 porque en septiembre, cuando gané mi demanda a Honda, la junta ordenó mi reinstalación y el pago de sueldos caídos, pero la empresa metió un amparo al mes siguiente para que no se me pagara ni fuera reinstalado”.
Pallares está en pláticas con su defensor para tomar las medidas correspondientes, pues él nunca solicitó su reinstalación sino que esperó a que el Tribunal Colegiado lo ordenara. Él es el primero de los 6 mil trabajadores de la automotriz trasnacional en sus plantas de El Salto, Jalisco, y Celaya, Guanajuato, en lograr su reinstalación por la vía legal.
Según dice, la empresa tiene el temor de un posible triunfo del STUHM. Sabe que podrían hacerle auditorías y descubrir la corrupción que impera en sus instalaciones.
Hasta ahora Honda sólo ha cubierto las indemnizaciones de algunos obreros que fueron despedidos junto con Pallares y José Luis Solorio, quien era el secretario general del STUHM, por intentar constituir un sindicato independiente, que aún no es reconocido por las autoridades laborales.
A principios de 2013 el abogado Paul Enoc Aguirre Ochoa, del Centro de Reflexión y Atención Laboral (Cereal), asumió el caso de los trabajadores de Honda, cuando su anterior abogado, Jaime Hernández Ortiz, se volvió contra ellos y comenzó a exigirles comisiones exorbitantes (Proceso Jalisco 442).
Desde el principio logró indemnizaciones para cuatro trabajadores afectados, todos ellos afiliados al STUHM. Cada uno recibió 150 mil pesos, mismos que utilizaron para pagar sus deudas y para sobrevivir en el desempleo, pues la empresa los boletinó para que nadie los contratara.
Pallares refiere que lleva casi cinco años sin empleo fijo, y asegura que no siente tristeza, sino rabia porque las autoridades laborales y sindicatos charros están aliados con la trasnacional. Precisa que trabaja en lo que puede y recibe ayuda de familiares para continuar su demanda, pues la empresa lo volvió a correr pero sin indemnizarlo.
“Ha sido difícil –dice–. Tengo tres hijos, estoy soltero, pero a su vez me llena de orgullo porque mis hijos están recibiendo valores: están aprendiendo a defenderse, a hacer valer sus derechos, y nadie puede estar por encima de ti, eso se puede hacer. Lamentablemente no tenemos el capital que tiene Honda y lo usa para comprar a toda la gente.”
