El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y sus colaboradores llevan semanas buscando una estrategia para que la ciudadanía sienta que la violencia y la inseguridad en Jalisco van a la baja. El mandatario ya se reunió con los representantes de los partidos y también con algunos directivos de medios de comunicación para pedirles que procuren no informar sobre hechos que incomoden a su administración. Sin embargo, pese a esa maniobra, la ola criminal nomás no disminuye y los medios tienen que informar acerca de lo que sucede.
Aunque la realidad sea otra, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz quiere que se bajen de la agenda noticiosa las informaciones incómodas para él y su partido –el PRI–, en particular las relacionadas con la violencia.
Incluso planteó a directivos de algunos medios, empezando con El Informador y Milenio Jalisco, ser más cautos en el tratamiento de ese asunto y trabajar para reducir la percepción ciudadana sobre el incremento de la inseguridad en el estado.
La jornada electoral del próximo año
–que ya arrancó, a juzgar por los acontecimientos de las últimas semanas–, se manchó con los homicidios recientes de dos aspirantes a presidentes municipales: el panista Abel Licea Ortega y el perredista Efrén Álvarez López. El primero ocurrió en Jilotlán de Dolores; el segundo en San Sebastián del Oeste, donde Álvarez buscaba la alcaldía por segunda ocasión.
Los diputados del PAN y PRD pidieron incluso la remoción de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco de la Fiscalía General del Estado. El panista José Luis Munguía recordó los agravios a su partido, entre ellos el asesinato del también alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres –quien se oponía a la conformación de la Fuerza Única en Jalisco–, a principios de agosto.
En el caso de Gómez Torres, la fiscalía expuso que tras ese homicidio estaba una célula de sicarios ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La petición de los legisladores se suma a la de la federación, que advierte sobre la creciente inseguridad en la entidad, según admite la propia administración de Sandoval.
La recomendación del gobernador a los empresarios se da justamente ahora que las encuestas sobre la tendencia electoral le son adversas al PRI, sobre todo en el centro, donde el partido Movimiento Ciudadano (MC) amenaza con arrasar en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
Los focos rojos se encendieron el pasado 23 de septiembre, con el secuestro del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y su asistente, Heriberto Núñez. Ambos aparecieron calcinados cerca de la población de Apulco, en Zacatecas, al día siguiente.
Luego vino el homicidio de Licea Ortega, acribillado en pleno centro de Ciudad Guzmán el 5 de noviembre. Semanas después, el 13 de diciembre, cayó Álvarez López en una veterinaria de su propiedad en la colonia Los Olivos, municipio de Tlaquepaque. Sus agresores huyeron en un Stratus blanco y en un Cadillac negro.
El mandatario y sus colaboradores no saben qué hacer para garantizar la seguridad ciudadana. Por eso el acercamiento a directivos de los medios locales, al tiempo que buscan maquillar cifras para mostrar que los delitos de alto impacto –balaceras, homicidios, secuestros o robo de carros– van a la baja.
No obstante, en el ámbito federal las autoridades manifiestan su preocupación por la inseguridad que golpea a Jalisco. El propio presidente Enrique Peña Nieto expresó en septiembre pasado su temor de que la entidad se convierta en “frente de guerra”, por el combate a Los Caballeros Templarios en Michoacán y por el fortalecimiento del CJNG en territorio jalisciense.
Peña Nieto declaró que “el gobierno federal, me lo han confirmado fuentes del más alto nivel, está preocupado por los índices de inseguridad en esas dos entidades (Michoacán y Jalisco)”.
Y el 27 de noviembre, al mencionar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Peña Nieto anunció 10 acciones para disminuir la inseguridad, confrontar a los grupos de la delincuencia organizada y combatir la corrupción.
Habló también la desaparición de mil 800 policías municipales y del fortalecimiento de las fuerzas federales en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco para “cerrarle el paso” a la criminalidad; incluso admitió que el Estado ha cedido espacios a los delincuentes, e instruyó a su gabinete para brindar apoyo a los municipios de Jalisco y Tamaulipas que, dijo, requieran la presencia de elementos de seguridad federal.
Ante esos cuestionamientos, la administración de Aristóteles busca controlar el manejo informativo sobre la violencia, pero sin atacar las causas reales.
Las cifras del dispendio
Desde 2011, la firma estadunidense Stratfor, especializada en seguridad empresarial, advirtió que el CJNG es una de las organizaciones criminales más peligrosas en México.
En su edición del lunes 15, el periódico Reporte Índigo informó que seis de cada 10 ejecuciones ocurridas en Jalisco desde 2007 están directamente relacionadas con ese grupo delincuencial.
La información incluye las declaraciones del gobernador Sandoval Díaz sobre ese grupo: “En Jalisco hay una célula criminal… que nos ha generado muchos problemas de inseguridad desde los gobiernos anteriores”. Y aclara que a diferencia de las pasadas administraciones, ahora sí han sido detenidos algunos líderes del CJNG.
No obstante, olvidó decir que el encargado de la cartera de seguridad en el gobierno panista que encabezó Emilio González Márquez, es el mismo que ahora está al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE): Luis Carlos Nájera.
El gobierno estatal sabe de la peligrosidad de esa organización, pues el 8 de marzo de 2013, cuando Sandoval apenas llevaba ocho días en Casa Jalisco, fue acribillado el secretario de Turismo, Jesús Gallegos, por presuntos sicarios del CJNG.
Sobre las cifras de criminalidad, la FGE asegura que entre enero y julio de 2013 se reportaron 5 mil 683 robos de vehículos, pero en el periodo correspondiente a este año ese ilícito se redujo en más de 40%, pues sólo se registraron 3 mil 353 hurtos.
La petición del Sandoval Díaz a los dueños y representantes de los medios de comunicación se enmarca en la estrategia del Cuarto de Guerra, según la cual el gobierno priista repartió 360 millones de pesos a las principales empresas del ramo entre marzo de 2013 y mayo de 2014, como indica el documento del equipo liderado por Alberto Lamas Flores glosado por este semanario (Proceso Jalisco 500 y 503).
El 29 de junio pasado, la oficial del programa Derecho a la Información de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas Serna, declaró a este semanario que Jalisco se encuentra entre los cinco estados que más gastan en publicidad para el posicionamiento de la imagen de sus mandatarios. En Jalisco, dijo, la administración estatal da preferencia a las televisoras, cuyos dueños se llevan 76% de los contratos publicitarios.
El pasado 23 de octubre, el gobernador se reunió con los representantes de 10 partidos políticos para hablarles sobre el riesgo de ataque o intromisión de los grupos del crimen organizado en los comicios de 2015. Y les pidió su colaboración.
En ese encuentro estuvieron Hugo Contreras Zepeda, del PRI; Juan Carlos Guerrero Fausto, del PRD; Amarante Gonzalo Gómez, del PT; Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde en Jalisco; Hugo Luna Vázquez, del MC; Lorenzo Moccia Sandoval, del Panal; Humberto Ortiz García, de Morena; Ignacio Yvis Sánchez, del Partido Humanista, y Manuel Muñoz Castellanos del Partido Encuentro Social.
Ese día, Luna Vázquez le pidió al gobernador evitar que la del próximo año sea una elección de Estado. Debe exigir a los responsables de las instituciones abstenerse de desviar recursos públicos a las campañas y evitar actos proselitistas a favor del PRI y sus candidatos, le dijo. También demandó que las dependencias gubernamentales eviten el golpeteo político.
La petición
La solicitud de Aristóteles a los empresarios de medios sobre disminuir notas policiacas que afecten la imagen de su gobierno coincide con el incremento de los abusos a los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos en la entidad.
Amnistía Internacional incluso decidió abrir una oficina para atender las quejas ciudadanas contra los uniformados, sobre todo ahora que los elementos de la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Metropolitana intensificaron sus actividades.
Asimismo, en las últimas semanas han salido a la luz pública varios abusos, robos y extorsiones a ciudadanos por parte de miembros de estas fuerzas (Proceso Jalisco 527).
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó la entidad el martes 9 y declaró que Jalisco es una de las cuatro entidades donde desaparecerían las policías municipales por cuestión de estrategia: “Jalisco tiene que estar en esta primera etapa, porque desde aquí se puede hacer la tranquilidad, seguridad y paz para toda la región de esta parte del país”.
Y aunque dijo que Jalisco es una de las entidades más importantes de México y habló de los relevantes avances en la lucha contra la delincuencia, se abstuvo de aportar datos concretos.
De agosto de 2013 a la fecha se contabilizan 15 homicidios en el estado, entre ellos el del regidor Javier Salazar, de Cabo Corrientes, quien militaba en el MC; fue acribillado el 29 de agosto del año pasado cuando se encontraba en Guadalajara.
El 11 de junio pasado desapareció el regidor panista de ese municipio, Juan Carlos Gordián Ramos, y el 21 de octubre último encontraron muerto al exalcalde priista Alberto Orozco Madrigal y a su acompañante, Elías Ávalos.
En Ayutla, Ramón Ramírez Contreras, director de Seguridad Pública, fue ejecutado el 26 de junio. Dos meses después, el 3 de agosto, el panista Manuel Gómez, alcalde de ese mismo municipio, y su asistente Jesús Hernández fueron ejecutados.
El 19 de junio de 2014, Ricardo Hernández Garduño, director de la Policía de Ahualulco del Mercado, en la región Valles, fue secuestrado. El 21 de octubre murieron acribillados Teresa Flores y Rafael Gómez, suegros del priista Francisco Brambila, alcalde de Tecolotlán y aspirante a una diputación.
Un día después, secuestraron al panista Gerardo Ornelas García, regidor de Talpa de Allende.
