Desde que los priistas llegaron a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y al gobierno estatal, la información crítica comenzó a desaparecer de las páginas de los rotativos del estado, así como de los espacios radiofónicos y televisivos, según explican varios reporteros que han perdido sus empleos. El viernes 5, en un evento de la FIL algunos de los afectados expusieron sus problemas y elaboraron un documento que firmaron 80 colegas. Proceso Jalisco recogió algunas historias de “los amarres” de algunos directivos con funcionarios de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval.
Con un acumulado histórico de 112 demandas laborales presentadas por reporteros y periodistas en la entidad por despidos injustificados, Jalisco es uno de los estados de alto riesgo para los comunicadores.
La información sobre el número de juicios laborales fue tomada de los expedientes arraigados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) que encabeza Eduardo Almaguer Ramírez, uno de los hombres más cercanos al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
En los primeros cinco meses de este año, la administración del priista Sandoval Díaz había gastado más de 360 millones de pesos en contratos publicitarios para “amarrar” y controlar a los directivos y gerentes de las empresas editoriales.
El viernes 5, durante el Encuentro Internacional de Periodistas realizado durante la Feria Internacional del Libro, representantes del gremio dieron a conocer un comunicado firmado por 80 comunicadores de Jalisco en el cual se pronuncian contra la censura ejercida por el gobierno estatal.
Hace tres semanas, Almaguer Ramírez admitió que La Jornada Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en despidos ilegales. Y aunque el funcionario dijo a este semanario que desconoce la cantidad de juicios por cada medio se comprometió a proporcionar las cifras detalladas en los próximos días.
Ante la demora, Proceso Jalisco solicitó la información, pero la oficina de prensa de la dependencia que encabeza Almaguer Ramírez respondió que no podía ofrecerla. Ante la negativa, este semanario solicitó a través de Ley de Transparencia el desglose de esa información, pero hasta el cierre de la edición no llegó la respuesta.
Lo único cierto es que en sus empresas las presiones a los reporteros y editores son constantes. En algunas redacciones las notas reporteadas son alteradas; varias de las que aparecen en las primeras planas de diarios y revistas son dictadas por los jefes, algunas simplemente no se publican y la rotación de personal es permanente, lo mismo que los despidos.
Botón de muestra
En julio pasado, el director de La Jornada Jalisco, Juan Manuel Venegas Ramírez, le leyó la cartilla a los reporteros que ingresaron al diario en los últimos dos años para reemplazar a varios de los experimentados periodistas que impulsaron el proyecto desde su fundación en 2006:
“Vamos por un pedazo de pastel que es el presupuesto público gubernamental”, les dijo. La reunión se realizó en el patio del inmueble localizado en la calle de Marsella 462, colonia Americana, según confió a Proceso Jalisco un exreportero de ese rotativo que estuvo presente.
Venegas Ramírez les pidió no dejarse engañar por quienes promueven un periodismo independiente. A fin de cuentas, agregó, todos los medios de comunicación se sostienen con dinero del erario.
Varios de los reporteros se sorprendieron porque, según el colega que dio la información a este semanario, no habría espacio para la crítica. Además, se aceleró la salida de los colaboradores más antiguos. A los más jóvenes se les despidió por “no entrar en los planes de la empresa”; algunos optaron por separarse de La Jornada Jalisco, como Mauricio Ferrer, Darío Pereyra, Georgina Solís y el fotógrafo Héctor Hernández.
Antes del mensaje, Venegas Ramírez había corrido al fotógrafo Arturo Campos Cedillo y al reportero Juan Carlos García Partida, fundadores del periódico.
La Jornada Jalisco es una franquicia que, según el acta constitutiva consultada por este semanario, pertenece a La Jornada Michoacán, formada a su vez el 10 de febrero de 2004 ante el notario público número 180 del Distrito Federal como Editora de Medios de Michoacán Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la Ciudad de Morelia (escritura número 22033).
El documento precisa que uno de los objetivos de ese medio es actuar como agente, mediador, representante o distribuidor de noticias o publicidad, así como organizar, desarrollar y explotar en el país y en el extranjero agencias de noticias o publicidad.
La sociedad, añade, tendrá una existencia hasta por 99 años, constituida con un capital social de 5 millones de pesos. Se especifica que La Jornada Jalisco es una empresa cuyos objetivos rebasan el trabajo estrictamente periodístico.
En sus cláusulas se menciona que la empresa podrá adquirir, instalar o explotar librerías, editoriales, empresas tipográficas y de medios de comunicación como cine, radio y televisión, entre otras.
Asimismo, se atribuye la facultad de realizar estudios de investigación económicos, publicitarios, culturales, sociales, políticos y educativos. También tiene la facultad de adquirir, explotar, instalar y operar de toda clase de bienes, muebles e inmuebles.
En consejo de administración destaca Gonzalo Martínez Corbalá, un político de la vieja guardia del PRI que ha sido diputado, senador, gobernador interino de San Luis Potosí y embajador en Cuba y Chile. Y entre sus accionistas están Alejandra Moreno Toscano, presidenta del consejo; el periodista José Ciro de la Huerta Portillo, secretario, y la reportera Rosa Elvira Vargas Rodríguez, como vocal.
Aun en condiciones adversas por la ausencia de inserciones pagadas, La Jornada Jalisco desempeñó un papel crítico desde su fundación y hasta el término del sexenio del panista Emilio González Márquez, al punto de convertirse en referente para los lectores de la localidad, sindicatos independientes, colectivos, grupos indígenas y agrupaciones civiles en pro de los derechos humanos y ambientales.
Sin embargo, con el arribo de los gobiernos del PRI a la zona metropolitana de Guadalajara en 2010 y al gobierno estatal en 2013, el rotativo transformó radicalmente su línea editorial.
Venegas Ramírez no sólo consiguió abundantes contratos con las entidades públicas; también colocó a su esposa Zulema Carrillo Núñez en la dirección de Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
En el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2013, esa casa editora había obtenido del gobierno estatal contratos por 5 millones de pesos (Proceso Jalisco 500). Algunos excolaboradores comentan que se hizo muy común la cobertura de ruedas de prensa desde el ángulo oficialista, el manejo de boletines disfrazados de notas reporteadas y titulares a modo para resaltar la figura de Jorge Aristóteles Sandoval, diputados, presidentes municipales y de los funcionarios priistas.
Cuando Mauricio Ferrer renunció escribió en su cuenta de Facebook: “Es una lástima que La Jornada Jalisco se haya convertido en un apéndice de la oficina de Comunicación Social del gobierno de Jalisco. Formé parte de ese proyecto que al inicio se enfrentó a los obstáculos de las administraciones panistas.
“Vi salir mucha gente, algunos despedidos, otros prefirieron cambiar de aires. Yo fui muy privilegiado, no lo niego, al que más le pagaban –eso creo– y el que más libertad tuvo para hacer las crónicas y los reportajes que me dieron la gana. Pero con todos esos beneficios no podía hacer como que no me afectaba un proyecto que cambió totalmente a favor del partido gobernante (PRI).”
Entre los testimonios recogidos por Proceso Jalisco, no todos los comunicadores aceptaron que se mencionara su nombre, pero concuerdan en que los contratos de publicidad con el gobierno estatal tienen maniatado al diario y han empobrecido su contenido.
Destacan que paradójicamente en esta etapa de administraciones priistas en que los ingresos por concepto de anuncios han aumentado sustancialmente, el pago de nómina de toda la plantilla –incluidos los empleados operativos– se retrasa constantemente.
Peor, el rotativo dejó de pagar las contribuciones de los reporteros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Los cuestionamientos
Uno de los entrevistados señala que en fechas recientes Venegas Ramírez tuvo que formalizar un convenio con ambas instituciones presuntamente para que condonaran ese adeudo. Dice que sus compañeros nunca entendieron a dónde iba a parar el recurso de los contratos publicitarios.
Casualmente, en el periodo que comenzaron a retrasarse las quincenas varios trabajadores de La Jornada Jalisco se enteraron de que el director había adquirido una residencia cercana a los fraccionamientos Valle Real y Puerta de Hierro, una de las zonas de más alta plusvalía.
En el gremio es conocido que la reportera Analy Nuño confrontó a Venegas Ramírez en una reunión y le mostró las cifras de los contratos obtenidos a través del portal de transparencia del gobierno estatal. La suma rebasaba los 5 millones de pesos, pero el director del diario respondió que eran mentiras.
“Yo que salí de ahí y me quedaron debiendo cinco quincenas de vales de despensa y algunos otros compañeros se dieron cuenta que no les habían depositado desde hace dos meses las cuotas en el Infonavit y en el IMSS. También las prestaciones se mermaron y cuando preguntamos qué está pasando, nos responden muy claro que por estar esperando el dinero del gobierno del estado no se había podido pagar eso”, narra el reportero.
Venegas Ramírez no solamente retrasó las quincenas de sus reporteros; también dejó de pagar el servicio de energía eléctrica y en septiembre pasado la Comisión Federal de Electricidad les cortó el suministro.
Los despedidos como Analy Nuño y Alejandro Velasco cubrían asuntos de derechos humanos y movimientos sociales, una sección que prácticamente ha desaparecido del rotativo para dar pie a entrevistas de corte político e información de los programas sociales del gobierno estatal.
La transformación de la línea editorial del diario llegó al extremo de provocar un desencuentro entre reporteros y editores debido a que la coordinadora de edición, Monserrat Homs, decidió cambiar el nombre al Tren Ligero por el de Metro.
Las críticas al diario, en particularmente Homs, se desbordaron en redes sociales. Lejos de rectificar, la editora desafió a los lectores a un debate utilizando de por medio la Rayuela, el minieditorial que se publica en la contraportada del rotativo.
“Técnicamente, para unos puede llamarse Metro, otros dicen que no. Bienvenido el debate, pero los acomplejaditos, ¡hombre!, si no han salido por lo menos que lean”, escribió Homs en la edición del 11 de julio pasado.
El asunto podría parecer anecdótico, sin embargo, uno de los reporteros que vivió de cerca ese momento asegura que el “incidente” irritó a los periodistas más experimentados. Sin consultar a nadie Homs decidió que le sustituyeran el nombre de Tren Ligero a todas las notas que enviaban los colaboradores.
“Que se vayan acostumbrado”, repetía la joven inexperta. En la opinión del mismo entrevistado este diario está terminando como el Unomásuno, “cooptado por el gobierno”. Recalca que ha servido a los propósitos de las autoridades estatales porque confunde a la gente de izquierda que se identifica con el diario nacional. Al mismo tiempo menciona que en realidad a Venegas Ramírez no le interesan los lectores, por eso su alianza con El Informador, cuya empresa le imprime diariamente 2 mil 500 ejemplares y hace la distribución en la calle con una venta de tan sólo 400 ejemplares.
“El asunto es que no importa que no se venda, sino que lo vean para crear la percepción de que es un medio que influye”, destaca el entrevistado.
La proclama
El reportero Alejandro Velasco, uno de los despedidos, advierte que la nueva coordinadora de edición divide su tiempo entre el rotativo y una consultora que trabaja para el ayuntamiento de Zapopan en la promoción del programa Zapopan Ciudad de Todos. En su cuenta de Facebook escribió que técnicamente ella es una funcionaria.
Por su parte, Darío Pereira refiere que la censura se hizo presente en el medio al punto de que sus reportes eran editados sin consultarlo. Recuerda que cuando Hernán Guízar llegó a la dirección de la policía de Zapopan la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenía documentada en su contra una serie de señalamientos por abuso de autoridad y tortura.
“Hago una nota en la que se rescatan esas cuestiones, queda claro en cuáles ha participado. Al día siguiente se publica una nota con mi nombre totalmente distinta, según la cual Guízar, el nuevo director de la policía de Zapopan, velará por los derechos humanos.
“Es un caso que tengo muy presente porque yo recuerdo que es el primero que me tocó directamente, pero durante las campañas electorales de 2012 hay una marcada tendencia y empiezan a cambiar el texto de tus notas sin consultarte”, dice.
El 3 de mayo de 2012, cuando Pereira transitaba por Santa Mónica, cerca del cruce con Juan Álvarez, fue agredido por dos elementos de la Procuraduría General de Justicia, entonces encabezada por Tomás Coronado Olmos.
La Jornada Jalisco consignó en sus páginas interiores que el reportero fue golpeado y despojado de sus pertenencias por el equipo de Zaid López, agente de esa dependencia. Sin embargo, el afectado refiere que esa atención se debió exclusivamente al entonces jefe de información Raúl Torres, porque Venegas Ramírez ni siquiera se tomó la molestia en llamarle.
“Sentí apoyo de mi jefe directo porque con el director nunca crucé una sola palabra”, relata.
Durante el Encuentro Internacional de Periodistas del viernes 5 en la FIL, los reporteros Mauricio Ferrer, Sergio René de Dios Corona, Ana Estrada y los jóvenes egresados de la carrera de periodismo del Centro Universitario de la Ciénega Iván Felipe Serrano Jáuregui y Juan José Ríos Mora, el primero leyó un pronunciamiento que firmaron más de 80 colegas jaliscienses.
El documento habla de las precarias condiciones laborales en que trabajan los reporteros de prensa, radio y televisión y de un deterioro palpable en la elaboración de noticias.
“Cada vez con mayor frecuencia se hace pasar por información lo que es en esencia divulgación de propaganda de un gobierno o un servidor, gracias a convenios de publicidad con las empresas de medios. Esa tendencia de introducir gacetillas, haciéndola pasar por información, ocurre en televisión, programas radiofónicos y en diarios y revistas que se editan en la entidad”, destaca el texto.
La mayoría de los asistentes eran estudiantes de la carrera de periodismo, quienes mostraron su preocupación por lo expuesto. De Dios Corona señaló que en 30 años no han cambiado las tácticas para censurar o cooptar a los medios informativos. Por ello sugirió a los universitarios que se mantengan firmes en la pasión por la profesión.
Destacó que los últimos tres años en Jalisco se denunciaron amenazas contra 24 comunicadores; a 11 solían llamarles a sus celulares para amenazarlos de muerte.
Al término de la conferencia apareció la psicóloga y activista por los derechos humanos Belinda Aceves. Iba acompañada de jóvenes que desplegaron frente al público un par de mantas para exigir respeto a los periodistas de Jalisco. En ambas estaba el logo de La Jornada, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7), MVS, TV Azteca, Televisa, La Crónica Jalisco, Zona Tres, del Grupo Promomedios Radio, y Notisistema.
La activista invitó a los estudiantes que ya están trabajando en medios de comunicación a denunciar los abusos. Sin embargo, a la denuncia de esa universitaria sólo unos cuantos medios dieron fe de lo ocurrido la noche del viernes 5 de diciembre en el salón México III del Hilton.
El comunicado firmado por 80 comunicadores fue publicado el domingo 7 en el periódico Página 24 y circuló en medios digitales como Proyecto Diez, Revolución Tres Punto Cero, Crónicas de Sociales y otros.
En Notisistema, Juan Carlos Huerta Vázquez y Adrián Fernández y otros comunicadores fueron despedidos de la empresa.
Los dos tienen problemas de salud por diversas razones: el primero padece una enfermedad que lo obliga a caminar con bastones; el segundo tuvo un accidente de tránsito hace varios meses. No obstante, según Juan Carlos, él y Adrián fueron liquidados conforme a la ley.
