Los gatilleros del régimen han estado eliminando la disidencia en el país con gran inventiva. Crearon un abanico tan variado que el ciudadano común necesita aplicarse para distinguirlo bien de la ficción en que está envuelto. Es absurdo que padezcamos tales lacras. El control autoritario que ejerce el régimen hace innecesario que recurra a medidas extremas, propias de dictaduras o autocracias, que visualizan un enemigo en cada ciudadano.
El sistema, gobierno, régimen o “Estado” –como se le denomina ya en la crisis presente–, utiliza la mediatización masiva a través de los canales informativos. Eso de “tener persuadido y a favor del status” a un universo mayoritario, sin que la masa crítica nacional (que existe) logre hacerle cosquillas, es logro sociológico y político reconocido en todo el mundo.
Tiene en sus manos aparte una maquinaria de imposición fiscal aceitada, que ningún contribuyente se le escapa. Exonera de la obligación a grandes contribuyentes y hasta les devuelve estratosféricas sumas. Les permite realizar teletones y otras “farándulas altruistas” para que evadan legalmente los impuestos. Aunque existan graves hoyos derivados de la informalidad y de la insuficiencia recaudatoria, nuestro sistema hacendario se puede dar el lujo de mantener cautivos a todos los sujetos activos de la economía nacional.
En síntesis, posee hilos y mecanismos suficientes para aplicar terrorismo fiscal a quienes el régimen desee reducir a la obediencia. Se adelgazó con la privatización, pero acapara aún recursos suficientes para marginar y aislar a cabecillas incómodos, a adherentes y a meros ilusos que se le quieran enfrentar en calidad de resistencia. Ablanda y destruye al más pintado. La experiencia coercitiva de los estados modernos posee tal experiencia y amplitud, que es sorprendente la gama que emplea el nuestro para llegar a la “persuasión colectiva”. Agrega, sin necesidad, la mano de hierro. Conviene rastrear estos modus operandi para nulificarlos.
Los operadores políticos locales se volvieron peritos en la cooptación de disidentes, en pleno auge del corporativismo. Aunque si los que resistían se tornaban renuentes, no dudaban en aplicarles medicinas más amargas, como la marginación y la tortura. Como haya sido que recurrieran a estas machincuepas ilícitas, nada son frente a la herramienta predilecta del régimen que es el exterminio de los disidentes. Como gota que vino a derramar el vaso de la paciencia colectiva, es lo que ha generado la manifiesta irritación social presente. No extraña que se escuchen voces ya de insurgencia. El rigor del Estado, su intransigencia, está por despertar la agresividad popular.
Mucho tiempo estuvimos orgullosos de haber superado la barbarie de la pena capital, proscrita en el papel. Pero en la vida cotidiana se mantuvo intocada. Es la peor de nuestras llagas. Nuestros verdugos, amparados por la impunidad e inmunidad con que les cubre el gobierno, inventaron muchas variantes. Siendo asesinos a nivel del genocidio, todavía buscan lavar su rostro de hereje ante las comunas extranjeras. La picaresca criminal mexicana empieza a ser desnudada ya por fin también en aquellos escenarios. Para identificar sus trampas, veamos algunos trucos de esa inventiva criminal.
Un recurso cruento, como el que utilizó la tan conocida noche de Tlatelolco consiste en justificar la acción con el garlito de haber tenido que repeler un ataque del enemigo. Sabemos que la actuación del Batallón Olimpia se orquestó desde el propio Estado Mayor Presidencial. Otro cuatro que manejan las oficinas de procuración de justicia es el de las carnicerías entre los mismos alborotadores. En 1971 el gobierno entrenó halcones y los envió a masacrar estudiantes. Se quiso hacer aparecer la represión como una riña interna, revenida de las diferencias entre los mismos agitadores. La versión oficial de la represión sufrida por el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara (1970) por la FEG, no manejó nunca el carácter de persecución, sino el de riña entre pandillas. El alevoso crimen masivo de Acteal en 1997 se quiso manejar como el resultado de la exacerbación de los ánimos entre grupos encontrados de indígenas beligerantes. Héctor Aguilar Camín lo propala así en su tesis histórica sobre el caso (Nexos, “Regreso a Acteal I, II y III”; octubre-diciembre de 2007).
Más soez viene a ser la creación de grupos paramilitares. Era absurda su existencia, pues nuestro país se presentaba como el único latinoamericano en donde el cáncer de la guerra civil no aparecía. Tan idílica imagen le sirvió a los criminales poderes fácticos mientras usaron al invicto PRI como señuelo del poder. Sin embargo, fue su recurso predilecto para enfrentar al EZLN: Máscara Roja, Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Chinchulines, Degolladores, Puñales y Albores de Chiapas son los nombres de unas cuantas de estas brigadas blancas, creadas exclusivamente para ultimar disidentes.
La expansión militar directa, tanto en sus bases estacionarias como en la remuneración del oficio, es clave para darnos cuenta de que el régimen dio un viraje cruel en el ajuste de sus catalejos. Ahora somos los ciudadanos quienes hemos sido convertidos en el enemigo público número uno. Y esto no es una exageración. Al no tener en el horizonte enemigos extranjeros, como las Fuerzas Armadas deben seguir pertrechadas y en acción, han vuelto las bayonetas en contra de los ciudadanos, que les mantienen y a quienes debían proteger.
Pero las peores de las fórmulas inventadas son las dos utilizadas a últimas fechas. Los últimos acontecimientos nos proporcionan elementos suficientes para detectarlas. Una es la de la infiltración. Los contingentes que componen las marchas de las protestas ciudadanas de pronto son invadidos de grupos embozados y violentos. Los que saben nos informan que son grupos, como aquellos viejos halcones, entrenados y protegidos por los mismos cuerpos policiacos y hasta militares. Necesita la ciudadanía encontrar más pruebas de acusación tan grave, pero la pista apunta a esos centros de perfidia.
La otra es lo que el propio gobierno propala como crimen organizado. Viene siendo la fórmula más perversa de todas las señaladas. Es mecanismo echado a andar aparatosamente en el sexenio anterior, como anillo al dedo para “justificar” por el revés y por el envés toda parafernalia nueva de medidas de fuerza en contra de la población opositora. Fue, hasta hace pocos días, el método más efectivo que habían inventado para demoler todo movimiento crítico, sin recurrir al discurso o a la práctica de la criminalización de las protestas sociales. Era, dentro del diapasón justificatorio de los alevosos crímenes del régimen, el expediente de oro que emplearía éste en sus casos complicados, como el de Tlatlaya y el de Iguala. Por fortuna, esta vez les marró el golpe y los cogimos con los dedos contra el yunque. Habrá que seguir desnudando estas inmundicias estatales, hasta difuminarlas de nuestra convivencia o de lo contrario ellas darán en tierra con nosotros.
