El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Aristeo Mejía, y la subdirectora de Recursos Humanos del organismo no sólo colocan en la nómina a su parentela, sino que se congracian con el sindicato oficial y arremeten contra los independientes. Un grupo de inconformes documentan a Proceso Jalisco el modus operandi de ambos directivos.
Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Unidos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) señalan que el director del organismo, Aristeo Mejía Durán y su sobrina Leticia Villa Mejía, subdirectora de Recursos Humanos, sólo favorecen a sus familiares con buenos puestos y salarios, mientras algunos empleados tienen 20 años sin obtener mejoras escalafonarias.
Los inconformes se quejan también porque, dicen, el organismo del agua destina 6 millones 200 mil pesos al año para apoyar con becas y útiles escolares a los hijos de sus más de 2 mil trabajadores, pero los beneficiarios son los integrantes del Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Sepsiapa), quienes tienen el mayor número de agremiados.
Por considerar que eso contraviene la Ley Federal del Trabajo, el pasado 21 de agosto, 15 integrantes de la organización sindical minoritaria presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra los dos funcionarios por discriminación, desigualdad y hostigamiento laboral.
En la querella 7819/2014/I y sus acumuladas –de la 7820 a la 7836/2014/I– los promoventes arguyen que “las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado”, como es su caso.
Entre los afectados se encuentran Maura Leticia Sánchez Durán, líder del Sindicato de Trabajadores Unidos; Norma Verónica López Zúñiga, quien fue nombrada como representante común ante el organismo; así como Javier Muñoz Chávez, Juan Gabino Maldonado, Garnica Ramón Franco Alejandre y Juan Daniel Ávila Zermeño, entre otros.
La queja se canalizó al visitador adjunto y coordinador de Asuntos Laborales de la Primera Visitaduría de la CEDHJ, Daniel Ávila Carrillo, quien el 1 de septiembre envió un oficio (el 881/2014/I/CAL) a Mejía Durán y a Villa Mejía para responder a los señalamientos y tomar medidas cautelares para detener el hostigamiento laboral.
Los funcionarios demoraron dos semanas y al final respondieron que no aceptaban las medidas cautelares propuestas por el organismo, “toda vez que los suscritos en ningún momento hemos tenido conductas que configuren dentro de discriminación, desigualdad, malos tratamientos u hostigamiento laboral”.
Según ellos, “siempre hemos actuado con probidad, respeto, amabilidad; asimismo manifestamos que no se han violentado los derechos laborales de los quejosos, en virtud de que siempre nos hemos conducido apegados a los lineamientos y ordenamientos que rigen (al Siapa)”.
Y aclararon que en la cláusula quincuagésima octava del contrato colectivo de trabajo se estipula que el organismo “otorgará un fondo de 3 millones 800 mil pesos para becas de los hijos de los trabajadores… en el entendido que esta prestación será aplicable única y exclusivamente a los trabajadores sindicalizados del Sepsiapa”, cuyo líder es Ángel Rodríguez Valdés.
Además, indicaron, en la cláusula quincuagésima octava bis se menciona que el organismo dará al sindicato mayoritario 2 millones 400 mil pesos “para el programa de apoyo de útiles escolares para los hijos de los trabajadores afiliados al Sepsiapa.
“…Ante tales circunstancias, queda claro que este organismo y en específico los que suscribimos el presente, siempre nos hemos conducido apegados a los lineamientos que nos rigen con plena cabalidad y sobre todo con el respeto y dignidad al trabajador”. Mejía y su sobrina anexaron a su respuesta un informe sobre su trayectoria laboral.
Evasivas
Norma Verónica López se inconformó y presentó un oficio a nombre de los quejosos ante la CEDHJ en el cual subraya que aun cuando los funcionarios aducen que su actuar es conforme a derecho, “ningún convenio, reglamento o ley puede contravenir a los derechos de igualdad laboral que constitucionalmente tenemos (los afiliados al Sindicato de Trabajadores Unidos), aunado a que su actuar es en razón de un contrato firmado con particulares que en nada debe afectar los derechos de terceros ajenos a los mismos”.
La representante sindical recuerda que México suscribió tratados internacionales en materia laboral, como el “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación”, en el cual se define que la discriminación comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política… que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
En el oficio, al que la CEDHJ le asignó el número de folio 1412346, López Zúñiga expone que los funcionarios del Siapa “se escudan en la aplicación de un contracto colectivo a todas luces ilegal y violatorio de los derechos humanos de los trabajadores, toda vez que excluye y margina a miembros de otro sindicato, sin importarles que sean sujetos del mismo contrato colectivo.
“Por ende –puntualiza–, al negarnos prestaciones escudándose en un pacto escrito entre particulares, no es supletorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco es supletorio de los tratados internacionales (firmados) por México y que actualmente se encuentran en vigor.”
En el convenio relativo a la discriminación, abunda, México se obligó a derogar las “disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política”.
Y cuestiona: “Si dicho convenio tiene la categoría de tratado internacional, ¿por qué va a ser legal un contrato celebrado entre un organismo público descentralizado y un sindicato? Quiere decir que el contrato colectivo de trabajo en el cual la autoridad señalada como responsable excusa su actitud, por demás discriminatoria, que genera desigualdad y que la usan para generar hostigamiento en nuestra contra, está por encima de las leyes y tratados de nuestro país”.
Insiste en que al negar las prestaciones de becas y útiles escolares a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Unidos, el Siapa los margina por pertenecer a una agrupación independiente.
“Negarnos las prestaciones por parte de la autoridad señalada como responsable de violar nuestros derechos humanos es una patología tendiente a anular o menoscabar nuestro derecho y libertad de igualdad a recibir nuestras prestaciones de igualdad a los del otro sindicato”, comenta.
López Zúñiga también se queja porque, dice, tras interponer la queja ante la CEDHJ, los denunciados dieron la orden a “todos los jefes de sección de Siapa de desconocer nuestra organización sindical y hostigar a cada miembro de nuestro sindicato, violando así el principio de autonomía consagrado en los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo y también nuestro derecho de libre asociación”.
Tres meses después de que recibió la queja, la CEDHJ aún no emite ningún pronunciamiento. El lunes 24 los afectados acudieron a las oficinas del visitador Ávila Carrillo, quien se comprometió a enviar un oficio al director y a la subdirectora de Recursos Humanos del Siapa para que presenten pruebas sobre quiénes son los beneficiarios del apoyo de becas y útiles escolares, además deberán justificar con argumentos jurídicos por qué no dan el apoyo a todos los trabajadores de la institución, y sólo a los afiliados al sindicato encabezado por Rodríguez Valdés.
Todo para la familia
El Siapa, insisten los trabajadores inconformes, se convirtió en un botín para la familia de Aristeo Mejía, quien ocupa el cargo de director por segunda vez; la primera fue de 1985 a junio de 1991. Es curioso, dicen, que su sobrina haya logrado sus ascensos cuando él llegó.
El 1 de mayo de 1991, un mes antes de que Mejía dejara la dirección del organismo distribuidor del agua, Villa fue nombrada jefa de sección de Control de Materiales del departamento de Patrimonio. Y la segunda quincena de febrero de 2012, dos semanas después de que el tío Aristeo regresara, Villa se convirtió en subdirectora de Recursos Humanos.
En la nómina del organismo también se encuentran el esposo de Leticia Villa, así como parientes consanguíneos y políticos.
Para demostrar el parentesco entre los funcionarios señalados, los quejosos presentaron a la reportera una copia de las actas de nacimiento de Mejía Durán; de Villa Mejía y su esposo, Héctor Roberto Vázquez Alfaro; una cuñada suya llamada Zoraida Oliva Vázquez, así como de su hermano, Ramón Villa Mejía, y un primo, René Mejía Lomelí.
Originario de Nochistlán, Zacatecas, Mejía Durán es hijo de Andrés Mejía y de María del Carmen Durán. En tanto que Mejía Lomelí es hijo de Andrés René Mejía, hermano de Aristeo, y de Emma Celina Lomelí. En el caso de Leticia y Ramón Villa Mejía, son hijos de su hermana Carmen Leticia Mejía y de Ramón Villa.
El hermano de la subdirectora de Recursos Humanos, Ramón Villa, labora como jefe de sección de Mantenimiento de Redes, por lo cual percibe 20 mil 771 pesos quincenales.
En enero de 2012 Ramón Villa tenía un sueldo de 16 mil 308 pesos a la quincena. Dos meses después, cuando su hermana Leticia ya era subdirectora, ya ganaba 18 mil 644 pesos; hoy es jefe de sección y gana 21 mil 242 pesos brutos cada quincena.
Leticia Villa, quien es originaria del Distrito Federal, está casada bajo el régimen de bienes mancomunados con Héctor Roberto Vázquez Alfaro, quien labora como jefe de sección de Plantas, con un sueldo de 20 mil 771 pesos a la quincena.
Héctor Roberto es hermano de la supervisora de Factibilidades, Zoraida Oliva Vázquez Alfaro. Sus padres son Roberto Vázquez y Soledad Alfaro, como se lee en sus respectivas actas de nacimiento.
Antes del ascenso de su cuñada, Zoraida tenía un sueldo de 10 mil 210 pesos, ahora percibe 12 mil 422 pesos brutos quincenales.
Otra cuñada de Leticia Villa, Cecilia Esmeralda Tamez Ortiz, quien está casada con su hermano Ramón, ingresó a la nómina del Siapa la primera quincena de junio de 2012 como ejecutiva de Transparencia con un sueldo de 16 mil 681 pesos brutos a la quincena; ahora percibe 18 mil 398.
