El homicidio del joven nahua Javier Oralio Hernández, en enero pasado, todavía no se resuelve y a nadie parece importarle. Aunque era estudiante de una prepa regional y participaba en un programa de la UdeG para revitalizar el idioma nánuatl, sólo algunas voces universitarias piden justicia. No así la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni el gobierno del estado.
El clamor de justicia en la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por el fallecimiento del estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos (CULagos), Ricardo de Jesús Esparza Villegas, no alcanzó para exigir lo mismo en el caso del asesinato de Javier Oralio Hernández Sandoval, alumno de la preparatoria regional de la comunidad nahua de Ayotitlán.
Su cuerpo fue encontrado el pasado 17 de enero con huellas de tortura y desprendimiento del cuero cabelludo. Oralio, que estaba a punto de cumplir 17 años, se dirigía a la escuela, donde cursaba el cuarto semestre de bachillerato. No hubo indicios de que lo hubieran secuestrado.
El representante legal de la familia de Oralio, Jaime Hernández Lamas, quien es el responsable de Justicia y Autonomía de la Región Sur de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG, informó que el Ministerio Público de Cuautitlán de García Barragán –municipio al que pertenece la comunidad indígena– sigue dos líneas de investigación.
La primera se relaciona con un conflicto de los padres de Oralio con sus vecinos por las colindancias de sus terrenos, y la otra es que el muchacho pudo presenciar el asesinato de Avelino Guerrero Flores o Adelmo, en septiembre de 2013.
Guerrero Flores es medio hermano de Gaudencio Mancilla, el representante legal del Consejo de Mayores que fue condenado en enero pasado a tres años y tres meses de prisión por la juez segunda de Distrito de Procesos Penales Federales, Gloria Avecia Bolaño, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ya que sufrió reiteradas amenazas de muerte y no recibió protección oficial.
Hernández Lamas explica que Guerrero Flores era vigilante de un banco de material de cantera en la localidad de Terreros de Lagunillas, pero las causas de su homicidio también son un misterio. Lo mismo sucede con más de 35 personas asesinadas y desaparecidas en esa comarca.
El abogado dice que este crimen tiene un aspecto poco usual: “Son prácticas poco comunes. Yo le decía al Ministerio Público que este elemento debía resultar clave en su investigación, pero él no lo veía así. Yo digo que es clave porque, una de dos: o los asesinos están mandando un mensaje o siguen prácticas rituales”.
En su opinión, la hipótesis de que el homicidio se debe al conflicto de tierras es menos creíble porque ninguno de los habitantes es posesionario a título individual, ya que se trata de un ejido.
Hernández Lamas admite que la muerte del joven nahua no trascendió igual que la de Ricardo de Jesús Esparza, del CULagos, cuyo fallecimiento, también inexplicado hasta ahora, provocó un fuerte pronunciamiento del rector Tonatiuh Bravo Padilla y la movilización de un contingente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) hacia Guanajuato para exigir el esclarecimiento del deceso del estudiante tras su detención por policías guanajuatenses.
El asesinato de Oralio fue repudiado por un grupo de académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) hasta febrero pasado, en el Quinto Festival de Lenguas Maternas. La doctora Rosa Herminia Yáñez Rosales dice que se enteraron del crimen tres semanas después de ocurrido.
“Lo que hicimos fue hablar de él y hacer una especie de denuncia ante quienes estaban en el festival, considerando que Oralio estuvo en el Festival en 2013. Vino de Ayotitlán con cinco personas. Cada año tenemos un tema, y el de 2013 fue la revitalización lingüística de las comunidades; queríamos que los chicos de Ayotitlán hablaran de lo que ha sido la recuperación del náhuatl”, comenta la investigadora del CUCSH.
Agrega que el joven participaba en un programa de recuperación de su lengua materna que encabeza la propia doctora Yáñez, porque muchos jóvenes oriundos de Ayoti-tlán o de otras comunidades de la Sierra de Manantlán sólo hablan español. Oralio era uno de ellos y por eso tomaba clases de náhuatl los domingos, en la Casa de la Cultura de Ayotitlán.
“Tenemos testimonios de cómo se comprometió y estaba participando tanto en la cuestión de diseñar, pulir la madera, barnizar, pintar los letreros y luego ir a colocar los letreros en los diversos puntos que los jóvenes eligieron, en consulta muchas veces con la gente de su comunidad, para poner el nombre del lugar en náhuatl y luego en español”, destaca la especialista en estudios mesoamericanos y mexicanos.
Dicho programa fue suspendido a partir de la muerte de Oralio y debido a que la UdeG a través de la UACI no garantizaba la seguridad del equipo, pero el equipo tratará de reactivarlo este año.
En el olvido
Yáñez Rosales ofreció colaborar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para proporcionar información de la víctima, pero el coordinador de Oficinas Regionales, Luis Joaquín Campos Lara, rechazó su asistencia porque únicamente la familia podía conocer del caso.
Destaca que la CEDHJ hizo un monitoreo en la prensa local para buscar alguna nota informativa relacionada con el asesinato de Oralio, pero no encontró nada. Dice que cuando habló con Campos Lara, éste ni siquiera tenía conocimiento del suceso, y tampoco su subalterno Germán Cuevas, hasta que el segundo llamó al Ministerio Público y le confirmó el homicidio.
La investigadora menciona que aún con los datos encontrados, la CEDHJ no quiso iniciar la investigación porque presumió que la familia del muchacho quedó conforme con la averiguación del Ministerio Público y sólo hubieran procedido si los afectados denunciaran omisiones en las indagatorias.
“No sé qué se ha hecho más allá del levantamiento del cuerpo, tal vez de hacer alguna indagación. No sé si han citado a testigos, a conocidos que pudieran dar alguna versión sobre qué pudo o quienes podrían estar implicados en el asesinato”, dice sobre el expediente que abrió el MP.
La investigadora reconoce también que el homicidio de Oralio no tuvo la repercusión deseada, pese a los esfuerzos por denunciarlo. Añade que la comunidad de Ayotitlán estaba atemorizada y los compañeros de Oralio con los que se reunió en marzo, en la Casa de la Cultura, no quisieron hablar.
Resalta que la preparatoria regional donde estudiaba el joven también debió dar parte del asesinato al Sistema de Educación Media Superior (SEMS): “La región tiene una historia de impunidad demasiado larga; es posible que lo hayan visto como un muerto más, pero yo creo que la prepa debió dar aviso”.
El abogado de la familia de Oralio dice que el 22 de octubre, durante la marcha que organizó la FEU en el centro de Guadalajara para exigir el esclarecimiento de la muerte de Esparza Villegas, les reprochó a algunos universitarios que no dijeran nada de Oralio:
“No es el primero que nos matan. ¿Por qué en el caso de Oralio no dijeron nada? ¿Porque era indígena, porque era pobre, porque era de los estudiantes más marginados que tenemos ahí o qué pasa? ¿O es el mero oportunismo? Porque no se vale ni para la familia del estudiante del CULagos ni para la familia de Oralio que los agarren de manera oportunista. Ellos me dijeron que no sabían”.
Menciona que si bien no hay documentación de la muerte de Oralio en los medios de comunicación, él no ha dejado de denunciarla cada vez que tiene oportunidad, y así lo hizo en la marcha del 22 de octubre y en el programa radiofónico Territorios que transmite Radio Universidad de Guadalajara todos los sábados.
Comenta que cuando se cometió el asesinato, la UACI estaba en plena reestructuración por el cambio de administración en la rectoría general.
Además, resalta que en la región opera un grupo delictivo, “la maña”, que, supone, secuestró al líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, amedrentó a Gaudencio Mancilla por oponerse a la extracción ilegal de minerales, y asesinó a Guerrero Flores lo mismo que al estudiante de prepa.
Para el responsable de la Unidad de Justicia de la UACI, el gobierno estatal es partícipe del homicidio del joven porque desde el año pasado integrantes del Consejo de Mayores le advirtieron al exsecretario general de gobierno, Arturo Zamora, de la presencia de hombres armados en la región y de la aparente complicidad del comisariado ejidal con ellos.
Precisa que Zamora tomó nota y se comprometió verbalmente a “aplicar todo el peso de la ley”, pero nada pasó. Dice que también se pidió apoyo al gobernador Aristóteles Sandoval, poco después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuviera al líder nahua el 22 de agosto de 2013 y lo obligara a declarar, mediante torturas, que estaba participando en la formación de una policía comunitaria armada.
Hernández Lamas precisa que la comunidad le formuló aproximadamente 10 peticiones, entre ellas detener la minería, llevar infraestructura en materias de salud, transporte, comunicación, educación y caminos, además de garantizar la seguridad de Gaudencio y todos los habitantes de la comunidad.
Se firmó incluso un acuerdo, pero ante la falta de respuesta del gobernador, este año la comunidad indígena le envió dos oficios, uno el 30 de abril y otro el 27 de octubre, para insistirle en que les conceda una audiencia. Como respuesta, sólo se les informó que su petición de abril quedó registrada con el número 1575.
Hernández Lamas muestra en la pantalla de su computadora el boletín que giró la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado el 28 de agosto del año pasado; ahí se da cuenta de la reunión del subsecretario de Asuntos del Interior, Roberto López Lara, con el líder comunero de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Robleda.
En ese encuentro, el gobierno estatal se comprometió a analizar, a través de su Dirección General de Asuntos Agrarios, los temas ejidales; a realizar las gestiones correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la violación de sellos en la mina clausurada de Cañada Verde, y a tener reuniones de seguimiento con delegados de dependencias federales y secretarios de Jalisco para atender el desarrollo social en la zona.
Agrega que Sandoval Díaz prometió que instalarían repetidoras de telefonía celular para dar cobertura a la región y que cancelaría la concesión a Telcel si se negaba a dar el servicio.
En cuanto al transporte público, explicó que la comunidad exigió al gobierno unidades que manejara exclusivamente la población porque han sufrido discriminación de parte de los conductores y se han registrado accidentes fatales. También se le pidió un hospital de primer nivel porque las personas tienen que dirigirse hacia Autlán y muchas veces no alcanzan a llegar.
Por último, solicitaron un camino hacia La Guayaba y la electrificación de la comunidad donde vive Gaudencio Mancilla. Sin embargo, Hernández Lamas considera que el gobierno jamás haría esta inversión por temor a “empoderar” al líder nahua.
