Agentes de la recién creada Fuerza Única señalan que sus jefes superiores, incluidos el comisionado Alejandro Solorio Aréchiga, su segundo al mando, Carlos El Charly Torres Cárdenas y el comandante Carlos
René El Chagui Gómez Rodríguez, están coludidos con las bandas del narcotráfico y la ordeña de combustible. Estos señalamientos se han hecho antes, pero ni el gobierno del estado ni el federal han osado tocar a los poderosos oficiales.
Policías investigadores, estatales, así como de la Fuerza Única Regional y Metropolitana, cansados de la corrupción que impera en sus corporaciones, denuncian: “Nos ordenan que dejemos en libertad a personas detenidas relacionadas con el crimen organizado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa”, principalmente.
Esta última banda, liderada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera hasta febrero pasado, cuando fue reaprehendido, estuvo vinculada con el CJNG. La relación surgió cuando células del Cártel de los Valencia, también conocido como del Milenio, se establecieron en el estado, presuntamente apoyados por Ignacio Coronel Villarreal, socio y compadre del Chapo. Pero en 2009 la organización se dividió al ser detenido su líder, Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo.
En 2012, cuando fue capturado Ramiro Pozos González, El Molca –un exoperador de Los Valencia que se convirtió en líder de La Resistencia –, declaró que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue el primero en reclamar el lugar del Lobo, pero él se opuso y de la fractura surgieron La Resistencia y el CJNG, este último controlado por El Mencho.
En los testimonios de los policías, que fueron grabados por este semanario, se detallan lugares y nombres de los comandantes implicados en la protección de la delincuencia organizada; sin embargo, los denunciantes pidieron que no se publiquen sus datos porque pueden ser objeto de represalias.
“En la Fuerza Única Metropolitana, nuestro comandante Carlos René Gómez Rodríguez, El Chagui, nos hostiga de que estamos coludidos con la maña, cuando él en su casa tiene varios vehículos de lujo, armas y droga, la cual se quedó con ella en un reventón por Panteón Nuevo.
“Además, tiene antecedentes penales: estuvo detenido en el reclusorio preventivo por extorsión; salió absuelto porque negoció con los afectados. Ya lo iban a detener en un operativo de la Policía Federal Ministerial en el cruce de las calles Juárez y 16 de Septiembre, pero alcanzó a darse a la fuga ocultándose en el edificio de la Policía Estatal. De todas formas fue entregado a la autoridad”, recuerda uno de los testigos, quien muestra una nota del periódico Mural fechada el 27 de julio de 2006.
En ese diario se informa que ante las acusaciones que les hizo un locatario del mercado San Juan de Dios, dos elementos de la Policía Estatal fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General) del estado. Se trata de Carlos René Gómez Rodríguez, de 27 años, y Antonio Francisco Ramírez Trejo, de 25, quienes habrían extorsionado a un comerciante con 50 mil pesos.
Agrega el diario: “Informes de la procuraduría precisaron que Gómez Rodríguez y Ramírez Trejo habrían cobrado el dinero a cambio de no acusar al comerciante de vender películas pirata. Las primeras investigaciones del caso revelaron que los dos policías estatales pretendían cobrarle al comerciante otros 30 mil pesos, dinero que recogerían en la esquina de avenida Alcalde e Hidalgo, en la zona centro de Guadalajara”.
Los denunciantes añaden: “Sabemos que nuestro comandante El Chagui tiene nexos con el crimen organizado, ya que recibe cada mes cuotas, es muy prepotente, acostumbra a tener patrullas y policías en su casa y con familiares, por eso a veces andamos con falta de vehículos; y en una camioneta Dodge Ram anda reventando domicilios para robarse alhajas, dinero y armas, que no remite”.
Además, entregaron fotografías donde se observa al Chagui custodiado por policías estatales uniformados y otros vestidos de civil cuando va al gimnasio Fitprime, en la plaza comercial Tabachines. Según los testigos, Gómez Rodríguez va a ese lugar todos los días, a las 12 horas, ya sea en su camioneta Jeep Cherokee o en su Mustang deportivo, escoltado por dos patrullas negras con los logotipos de la corporación y otra roja, que lo esperan afuera.
Las andanzas del “Charly”
Otro mando policiaco señalado por corrupción es el comisario Carlos Alejandro Torres Cárdenas, El Charly, quien fue nombrado por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz cuando puso en marcha la Fuerza Única Regional (FUR), el pasado 31 de julio.
El Charly es el segundo en mando después del comisionado de Seguridad Pública del estado, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, y a decir de los mencionados agentes de la FUR vende “armas, chalecos, cartuchos y cargadores al crimen organizado, y se ha quedado con cargamentos de dinero, en pesos y en dólares”.
En una nota del 2 de octubre de 2010, firmada por el reportero Jorge Zamora Fuentes, el portal de internet La Policíaca informó que en varios lugares de la zona metropolitana de Guadalajara se colocaron narcomantas en las que se señalaba a Torres Cárdenas de apoyar a la delincuencia.
Decían textualmente: “A ver a ver, ¿cuál cártel de Jalisco?, ni de Jalisco son; ustedes son los torcidos, pero si quieren cambiar de nombre, nosotros se los cambiamos ahora ustedes son: Los Torcidos Unidos de Jalisco. Eso de salir a pelear, pongamos ejemplos. Salgan ustedes a levantar a la gente, no manden a Carlos Alejandro Torres Cárdenas El Charly y su grupo Sigma y la policía estatal; no se preocupen, por que así andamos”.
La manta fue firmada por “El Milenio su dolor de cabeza, MFG, La Resistencia”.
No es el único caso. El 29 de enero de 2011, la agencia Apro publicó que el Cártel del Milenio colocó cuatro mantas en la capital jalisciense, una de ellas dirigida al entonces gobernador Emilio González Márquez:
“Al señor gobernador: si quiere que termine la violencia en Jalisco sólo tiene que poner en orden la SSP, al mando de Luis Carlos Nájera, Alejandro Solorio y Carlos Alejandro Torres Cárdenas alias El Charly, enlace de Nemesio Oceguera (sic) alias El Mencho y evite que Jalisco se convierta en otro Tamaulipas o Guerrero.”
Por otro lado, el 29 de abril de 2013 el británico Simon Joseph Marshall presentó al Congreso local una carta en la que acusó a Torres Cárdenas de “abuso de poder, de uso inapropiado de recursos del estado y de una arrogancia y un sentido de impunidad preocupantes. Pero lo más grave para mí es la indiferencia al peligro al que exponen a mi hija, una niña de seis años”.
El británico fue marido de Karla Lizze-
tte Hernández Montes, pareja de Torres Cárdenas. En su misiva, Marshall indica que “en dos ocasiones me he visto obligado a denunciar al licenciado Torres Cárdenas por actuar en contra de la integridad de mi hija, la primera en abril de 2012 cuando presencié que se transportaba a la menor junto con la madre de mi hija en su vehículo de servicio y con escoltas a una clase de natación”.
La segunda fue el 13 de abril de 2013, cuando un guardaespaldas de Torres Cárdenas pretendió impedirle el paso al padre de la niña a una fiesta infantil. “La madre de mi hija convocó a la escolta de su novio, el licenciado Torres Cárdenas, y dos policías del estado de Jalisco aparecieron en la entrada de la casa club. Cargando armas largas y delante de todos los de la fiesta se llevaron a mi hija y a su madre en la camioneta oficial. Claro, con el consentimiento de su madre, es más siguiendo las instrucciones de la madre, que de repente se convirtió en jefe de policías”.
Entrevistado por este semanario, el británico señala que teme por su vida y por su integridad física, así como por la de su hija.
“El 11 de diciembre de 2012 fui agredido afuera de mi domicilio por hombres desconocidos. La agresión no fue motivada por un robo, ya que dejaron coche, cartera y celular. Estoy seguro de que el autor intelectual de la agresión es el licenciado Carlos Alejandro Torres Cárdenas, y así lo denuncié ante el Ministerio Público (averiguación previa 017287/2012 en la agencia 7/C ), puesto que en enero de ese año, en el café de San Pedro Tlaquepaque, el licenciado Torres me amenazó con violencia si yo hacía enojar a su novia.”
Sin embargo, la denuncia nunca avanzó. Marshall enfatiza que teme más por la vida de su hija, puesto que el propio Torres Cárdenas le comentó que “ya ha sido blanco de un atentado y que está en una lista de policías de un grupo criminal que lo quiere matar”.
Al servicio del hampa
Los policías denunciantes afirman que “en la FUR nos pusieron a varios comandantes de la caravana, los cuales no nos permiten revisar ciertos vehículos o personas, parece que todo está apalabrado; hasta nos hemos dado cuenta que les llaman unos jefes por teléfono y les ordenan que dejemos en libertad cuando detenemos a alguien, que les devolvamos las armas o droga y que nos retiremos, o a veces hasta los jefes en Guadalajara saben cuando nos encontramos en un lugar parados o antes de reportar al detenido ya nos están hablando para que nos retiremos.
“Hay muchos policías y comandantes que son halcones, ya que pasan información, porque los hemos escuchado cuando hablan por teléfono o están mandando mensajes.”
Como ejemplo, relatan que en el sur de Jalisco detuvieron a los tripulantes de una camioneta robada, de doble cabina, con placas de California que traía casi 200 “michas”. Sin embargo, “los malandros le marcaron al jefe, hasta pusieron el altavoz para que escucháramos y los tuvimos que dejar ir”.
El procedimiento se repitió cuando detuvieron a un conductor de un Camaro rojo de modelo reciente, quien les reclamó “por qué lo esculcábamos, si ya había mandado 50 varos al comandante Martín Martínez para el refresco de todos. Le habló a Martínez por teléfono y nos ordenó que lo dejáramos ir”.
Los inconformes proporcionaron domicilios donde presuntamente se vende droga, como la calle Mandarina 35, en la colonia Mesa Colorada; calle Cantera Morada 45, colonia Cantera en Zapopan, y División del norte 1559, donde además se vende armamento.
De igual forma, relataron que un vecino de la localidad de Tazumbos, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, les platicó que presenció cuando les dieron la orden a unos de sus compañeros de soltar a Francisco Rangel Valencia, familiar de Los Valencia, quien dice ser “aguacatero, pero sabemos que en realidad lava dinero a El Mencho.
“Tiene una Tacoma blanca con placas de Michoacán y carga un arma de las que se conocen como matapolicías (calibre 5.7mm) y un fusil R-15. Otros vehículos que tiene son una Hummer gris y una Rav4 blanca, blindada. Sabemos que recibe protección del Charly, de Solorio, del Chagui y del propio Nájera. Vive por la colonia Jardines de Guadalupe.”
Otro de los presuntos delincuentes protegidos por los mandos superiores es César Ochoa Gobea, La Máquina, quien “acapara mariguana y se le identifica como líder del Cártel de los Comunitarios, anda armado con R-15, trae una camioneta blanca y controla el negocio junto con su tío Leonel, ambos viven en Tazumbos”.
En la página de Facebook de La Voz de Michoacán se publicó el 29 de septiembre de 2013, textualmente, que “César Ochoa de los tazumbos se alió al cartel comunitario ahora formara parte del grupo de Alfonso Quintero, el morisqueto se ha dedicado a traficar droga y ahora también será secuestrador”.
Un visitante de la página que se identificó como Rolando Magana comentó: “si no fueran dl cjng ya los uvieran atacado eso es ovio como le va a convenir al cjng tener comunitarios en sus domicilios si no fueran parte de eyos solo engañan ala gente para k les abra camino al cjng”.
Según los denunciantes, sus mandos superiores no sólo protegen a los traficantes de droga y permiten que circulen convoyes de grupos armados en Puerto Vallarta, Tequila, El Limón, Tamazula y El Grullo, entre otros municipios, sino también a los que se dedican a la ordeña de gasolina.
Uno de los policías inconformes indica: “En Tlajomulco, los que ordeñan gasolina y venden por la carretera a Morelia aseguraron que están puestos con los militares, los estatales y los municipales. A los militares sólo les sueltan cuando los detienen y los estatales reciben su cuota cada mes. Cuando los quisimos detener, amenazaron al comandante vía telefónica. No sabemos cómo sabían su número, pero lo amenazaron diciendo que sabían todo sobre su familia. Sabían el nombre de su esposa, de sus hijos, entonces se decidió que era mejor dejarlos ir para no tener consecuencias”.
Otro efectivo de la FUR completa la información: “Los que ordeñan la gasolina están por la carretera a Morelia, a la altura de Santa Cruz de Las Flores. El que vende los bidones es un chaparro, de unos 24 años, y lo acompaña un menor de edad. Los que ordeñan no sabemos quiénes son, sólo investigamos que son dos hermanos los que controlan cinco tomas de gasolina. El menor que vende dijo que estaban puestos con la federal y con la estatal, que les pasan cuota a los altos mandos y que los militares también agarran dinero, pero sólo cuando llegan. La venta de los bidones está por la brecha del Tecolote; hay una gasera y la toma está enseguida, dentro de un tejabán. Vimos que hay unas 15 cisternas enterradas”.
Señalan asimismo que el patrimonio de Solorio Aréchiga ha crecido porque le brinda protección a la delincuencia:
“A él no le importa que maten policías; él cobrando su cuota mensual es feliz (…) Además, ha ordenado la libertad de varias personas relacionadas con el crimen organizado.”
Cuestionan “por qué no investigó a su compadre Matilde (Zárate Pérez, dueño del taller Lince donde se reparan armas)antes de que se pensionara, si sigue dirigiendo el depósito de armamento y municiones que se encuentra por la calle Victoriano Zepeda en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque”.
Matilde Zárate, según las fuentes, es un exmilitar a quien el comisionado Solorio Aréchiga apoyó para abrir el taller de reparación de armas, pero no sólo atiende a las corporaciones policiacas sino también a las bandas delictivas:
“A la vez vende cartuchos a los malandros, consigue cañones para cambiárselos a las armas del crimen organizado, con acuerdo de Solorio, para que en caso de que los detengan en los peritajes no detecten qué arma se utilizó en alguna ejecución”, sostienen.
En su labor de protección a los delincuentes, los mandos policiacos señalados no vacilan en fabricar culpables: “En la Fiscalía General han dado de baja a compañeros ministerios públicos y policías investigadores porque no cumplimos en inculpar a gente inocente, inventarles delitos o echarles de más; nos piden la renuncia voluntaria o de lo contrario nos levantan averiguación previa”, dice uno de los testigos.
En consecuencia, dicen, actualmente priva un grave desorden en las corporaciones policiacas:
“Es falso que exista un control de los vehículos que no traen placas ni número. La policía investigadora y la policía estatal se han vuelta más prepotentes: andan a exceso de velocidad, los estatales les quitan las placas y le borran los números a las camionetas; en la policía investigadora los compañeros les ponen placas americanas o de otros estados, y todos se basan en decir que es por su seguridad, pero cuando haces tu trabajo sin compromiso con ningún grupo delictivo o crimen organizado no pasa nada si le pegas a uno…
“Nosotros como policías reconocemos que ha habido resultados, pero no son parejos con todos. Si le preguntaran a cada detenido en el penal habría muchos inocente y a otros les echaron delitos de más”.
