La semana antepasada alrededor de mil 200 uniformados de la zona metropolitana fueron declarados no aptos para realizar su trabajo: 380 en Zapopan, 200 en Tonalá, otros tantos en Tlaquepaque… y en Guadalajara las autoridades arremetieron incluso contra algunos oficiales operativos con incapacidad laboral parcial permanente que sólo realizaban trabajos administrativos. Los policías tapatíos afectados se quejan porque, dicen, los dejaron fuera de su corporación mediante tecnicismos, mientras que algunos oficiales con negro historial siguen en ella.
Los policías dados de baja en diversas corporaciones del estado el pasado 29 de octubre por no aprobar los exámenes de control de confianza se defienden: Las pruebas no son confiables, pues muchos de ellos se quedaron desempleados por nimiedades y tecnicismos; pero lo más grave, alegan, es que algunos de sus compañeros vinculados con los delincuentes permanecen en sus puestos.
El oficial Homar Sinué Martínez Ornelas, por ejemplo, llevaba 18 años en la policía de Guadalajara; los últimos ocho con una incapacidad parcial permanente causada por tres impactos de bala que recibió mientras desempeñaba su trabajo. Hoy está fuera de la corporación porque así lo decidió el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
“Era evidente que no era apto físicamente. Desde que me presenté, el médico del centro de control me dijo que no era apto. ¡Yo lo sabía! Camino chueco, tengo la mano mal, ¿por qué me evaluaron? ¿Qué esperaban? Sólo realizaba funciones administrativas. Desde que tengo el dictamen, no me pagan si no trabajo. Tengo una plaza de operativo, ¡que me la cambien por una administrativa!”
Y añade: “Di a la corporación una parte de mi cuerpo al ser lesionado; merezco un empleo y no la baja. ¿Dónde esperan que trabaje?, ¿dónde están todas las promesas que en ese momento me hicieron: la casa, la pensión? Nada más por quedar bien en prensa”.
Martínez Ornelas conversó con el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Raúl Cuevas Uribe, quien le aseguró que lo iban a dar de baja por la incapacidad parcial, sino porque, de acuerdo a las pruebas de control de confianza, no fue apto física ni psicológicamente. “Es una tontería, es un modismo técnico; incluso me recomendó buscar un abogado”, relata.
Cuando se implementó el programa policía de barrio, cuenta el entrevistado, se le pidió “tener un acercamiento” con los representantes de colonos de Analco y del Sagrado Corazón, con comerciantes y banqueros de la zona.
“Como mi trabajo era ‘de bajo riesgo’ (me dijeron), podía patrullar solo. Esa fue la orden del entonces director (de Seguridad), Luis Carlos Nájera Gutiérrez, y del director operativo Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez. Yo me pregunto: ¿dónde estuvo el bajo riesgo de vigilar un banco?”
Martínez Ornelas muestra a este semanario un dictamen que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social el 16 de marzo de 2007 a través de la Unidad de Medicina Familiar número 39. Dirigido al entonces director general de Pensiones del Estado, Antonio Montero Villa, el documento alude al dictamen de incapacidad parcial permanente emitido a su nombre con fecha de inicio 20 de enero de 2007.
También cuenta con el oficio MT/038/13, con fecha 9 de abril de 2013, dirigido al jefe del Departamento de Seguridad Social del ayuntamiento, Hugo Lemus Rabalero, y firmado por Susana Imelda Flores Serna, responsable del departamento de medicina del trabajo de la dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
Según el escrito, tras una evaluación médica a Martínez Ornelas, “se emite un dictamen de secuelas de riesgo de trabajo con carácter definitivo… De acuerdo con la naturaleza de sus lesiones, el servidor deberá contar con las siguientes restricciones para su actividad laboral: no tripular vehículos oficiales, no levantar, empujar o jalar objetos pesados, no andar en bicicleta, no exponerse a golpes y caídas”.
No obstante esas acotaciones, Martínez Ornelas ha brindado apoyó a la corporación en la reparación de las cámaras de vigilancia del Centro de Comunicación y Observación Electrónica (Cecoe), lo que implica subirse a una grúa en vía pública, con el riesgo a caer; además de dar mantenimiento a computadoras y responder a las llamadas ciudadanas en las oficinas de la dependencia.
Los despedidos
Junto con Homar Sinué Martínez Ornelas fueron dados de baja otros 10 elementos. El 27 de octubre último, el comisario José Ángel Campa Molina, secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, envió al alcalde Ramiro Hernández García una tarjeta informativa en la cual detalla “las condiciones actuales que guardan los procesos de Evaluación de Control y Confianza del personal operativo”, según la copia consultada por la reportera.
El documento interno informa que existen 2 mil 460 operativos, de los cuales 130 han causado baja este año; además, hay 458 vacantes. También se menciona que de 2012 a 2014 fueron evaluadas “para permanencia” 2 mil 650 personas, de las cuales 437 no aprobaron; además, se instauró procedimiento contra otras 186. En 2013, indica la tarjeta, se ampararon 35 elementos, y este año lo han hecho otros 51.
Otro policía cuyas condiciones son similares a las de Martínez Ornelas es Cristian Sepúlveda, quien desde 2003 tiene una incapacidad parcial permanente debido a una lesión en la columna vertebral provocada por la volcadura de la patrulla que conducía.
A Sepúlveda, quien lleva 13 años en la corporación, le notificaron su baja la semana antepasada por no concluir las pruebas de control de confianza. Sin embargo, él se queja porque, dice, “nunca me notificaron que me presentara (a esas pruebas); sólo acudí al médico y al toxicológico y lo hice en tiempo y forma”.
Desde que se le entregó su incapacidad parcial, Sepúlveda comenzó a laborar seis horas de lunes a viernes. Ahora, con la amenaza de que será cesado, buscó el amparo de la ley y así se presenta a trabajar.
Recuerda que durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval en el ayuntamiento tapatío comenzaron los despidos injustificados. “A unas compañeras las corrieron dizque por promiscuas; a otros, por tener dos parejas. No sé si el verdadero motivo sea para quedarse con sus plazas.
“Corren a algunos para meter a los que apoyaron en la campaña del candidato, los meten con plaza de operativo, aunque hacen funciones administrativas”. Muchos de esos elementos no deberían estar en la corporación, insiste.
Y pone ejemplos de las pifias que cometen algunos de ellos: “Se sabe –dice– que el comandante Zúñiga Guzmán le tiró a un menor que estaba hincado con una pistola de gotcha y es hora que no se le ha sancionado. El señor pagó 80 mil pesos, su esposa trabaja en la Fiscalía (General del Estado) y no le hicieron nada, sigue en la corporación. Es más, lo van a ascender como jefe de comandantes. No sé si portarse mal sea la razón para ascender”.
Para colmo, agrega, “hay comandantes que ni siquiera se saben las claves, pues nunca entraron a la academia. ¡Y vienen a darnos órdenes a quienes tenemos 15 o 20 años en la corporación. Tampoco saben de operativos, ni tienen la capacidad para ocupar el cargo”.
Peor aún, hay comandantes que pasan lista y se van a su casa. Dejan su radio comunicador prendido y cuando hay alguna contingencia regresan a la corporación. Nadie les dice nada, se queja Sepúlveda. En contraste, los uniformados sufren estrés y sólo pueden irse de vacaciones cuando se las autoriza el comandante.
“Yo duré tres años sin vacaciones. Y a los que tenemos una discapacidad nos identifican como los teletones; nos discriminan”, asegura el entrevistado.
Las trampas
Un caso singular es el de Lorenzo Torres Hernández, quien tiene una plaza de oficial de policía aunque es licenciado en criminología. Él también fue dado de baja por la corporación pues falló en las pruebas de control de confianza.
El pasado 22 de octubre se le instauró un procedimiento administrativo (el número 235/CC/14) “por estar acreditado el incumplimiento de los requisitos de permanencia”. La Dirección Jurídica lo citó a audiencia cinco días después para que se defendiera y presentara los “documentales que estime pertinentes para su defensa, además de sus alegatos”.
Sin embargo, como la autoridad se negó a entregarle los resultados de sus evaluaciones so pretexto de que son confidenciales y reservados, no pudo presentar sus argumentos en la audiencia de ese día –el 27 de octubre– en la dirección jurídica, por lo que recurrió al amparo.
“Que me muestren los dictámenes y las pruebas. La cuestión es que la persona que te evalúa no está capacitada, utiliza tus palabras en tu contra, las distorsiona… Está bien que depuren (los cuerpos policiacos), pero que lo hagan bien”, comenta Torres.
Según el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, “el evaluado carece de principios de honestidad y honradez, toda vez que mientras trabajaba para su hermano como jefe de almacén de una exportadora, se robo (sic) tenis, ropa, cortinas y artículos varios”.
“El evaluado le rentaba una casa a su amigo que se dedica a la venta de drogas ilegales y de armas de fuego. De igual manera, hace cuatro años escondió en su casa a un amigo, el cual se robó 3 millones de pesos aproximadamente de una joyería; también se dedicaba a vender armas de fuego y drogas ilegales, lo que deja ver su proclividad (la de Torres) para involucrarse en actividades ilícitas.
“Aunado a lo anterior, ha consultado la base de datos de la UDAI para verificar cuestiones personales de conocidos y familiares, asimismo, mientras bridó (sic) su servicio social en la PGR en el área de servicios periciales, dio el pitazo sobre operativos que se realizarían en las zonas de San Juan de Dios, Obregón y Medrano, ya que sus familiares tienen locales en estos lugares, y les avisaba para que escondieran la mercancía pirata que venden.”
Torres Hernández, quien tiene tres años de antigüedad laboral, se sorprendió cuando leyó el resultado. Y se pregunta: “¿De qué persona están hablando? Eso no concuerda conmigo. Si me están imputando unos hechos tan graves, que me pongan a disposición”.
Para él, es absurda la conclusión del pseudoespecialista. “Yo crecí en los barrios bravos de la ciudad: Analco, Las Conchas, San Juan de Dios. Y aunque algunos de mis amigos cometen conductas delictivas, eso no significa que sea igual a ellos. Dejé de vivir en la zona hace como cinco años. Ahora, soy licenciado en Criminología y estoy a punto de concluir un posgrado. Nunca he cumplido funciones operativas”, apunta.
Él conoce a los policías que agarran dinero, dice, así como a los que dan protección a la plaza por la venta de drogas. “Hasta nuestro comisario tiene cuestiones delicadas, pues salió cesado de la procuraduría; y todos siguen dentro de la corporación. Entonces, ¿qué pasa?, ¿dónde está la cuestión de la calidad del control de confianza?”.
Torres no es el único que tiene plaza de oficial de policía y realiza funciones administrativas. “Hay muchas áreas –asegura–, como la de psicología, la médica y la administrativa, además de la de archivo, todas ellas adscritas a la dirección operativa. Pero las personas realizan funciones totalmente administrativas. Y aunque vistan uniforme nunca van armados”.
La semana pasada Torres obtuvo un amparo (el número 2635/2014) en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Jalisco.
El 4 de marzo pasado, el alcalde tapatío Ramiro Hernández García aceptó que un elemento involucrado en un homicidio ya había pasado las pruebas de control de confianza. Se trata del comandante Francisco Curiel. Hasta el cierre de edición se desconocía si otros elementos involucrados en hechos delictivos –como el director de la policía de Mezquitic, Fernando Pineda, quien fue detenido el 7 de febrero pasado por participar en el trasiego de mariguana– ya habían pasado los exámenes de control de confianza.
El día 24 de ese mismo mes, Abraham Edwin Dicante Salazar, expolicía de Zapopan, fue arrestado por participar en un homicidio que ocurrió el 20 de enero de 2011. Además, Hernán Guízar Maldonado renunció al cargo de comisario de Seguridad Pública de Zapopan por supuestos “motivos personales”, aunque en realidad fue porque reprobó las pruebas que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En total, mil 170 uniformados resultaron no aptos para realizar su trabajo en la zona metropolitana. En Zapopan fueron 380; en Tonalá, 200, lo que representa la tercera parte de la plantilla municipal, y en Tlaquepaque otros 200, equivalente a una cuarta parte de la corporación.
De esa suma, sólo 653 podrán ser reevaluados.
