Para los magistrados todo; para los trabajadores, lo que quede. Esa es la ley en el Poder Judicial, donde Luis Carlos Vega Pámanes toma las decisiones para tener contentos a sus colaboradores, incluido Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. El pasado 8 de julio, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura anunció que había una partida de 6.5 millones de pesos para repartirlo entre los 33 magistrados, y ahora prepara su reelección.
Los 33 magistrados que conforman el pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), encabezado por dos figuras claves en el Poder Judicial: Luis Carlos Vega Pámanes, presidente de ese organismo, y Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, podrían ser emplazados a juicio político por el presunto desvío de recursos públicos.
En conjunto se autorizó el reparto de más de 6.5 millones de pesos en bonos justo ahora que Vega Pámanes busca su reelección –programada para finales de año– y cuando el resto de los empleados del tribunal están demandando aumento salarial y llevan meses quejándose de la falta de recursos para instalar las salas para los juicios orales en la entidad que, dicen, tiene un año de retraso.
Y si bien el acta de sesión extraordinaria del 8 de julio último asienta que esos fondos serán distribuidos como “prima vacacional”, “apoyo extraordinario” y “prima extraordinaria” en lo que resta del año, los integrantes del órgano colegiado no se pusieron de acuerdo sobre la forma en que se agenciarán esos fondos.
Durante el evento, según la copia del documento obtenida por Proceso Jalisco mediante la Ley de Transparencia, José Juan Gabriel Salcedo Angulo, director de Administración del tribunal, expuso que durante 2014 cada magistrado tendrá un apoyo “extraordinario” de 199 mil 278 pesos.
De acuerdo con Salcedo, en 2012 el STJ pagó sueldos y compensaciones por un monto de 2 millones 190 mil pesos para cada uno de los magistrados, además de un bono; al año siguiente, la cifra subió a 2 millones 257 mil, y para 2014 la erogación aumentó a 2 millones 332 mil pesos.
En otras palabras, se erogaron 6 millones 779 mil pesos en los últimos tres años y cada magistrado obtuvo, sólo por compensaciones, más de 142 mil pesos. Eso significa que entre 2012 y 2014 cada uno recibió más de 6 mil 400 pesos diarios en promedio, cantidad superior en 40% y 50% a lo que ganan un policía privado o una secretaria en un mes.
Además, los magistrados obtienen 800 pesos mensuales por concepto de despensa, según el portal de Transparencia del STJ. Ese apoyo es exclusivo, pues los demás empleados del Poder Judicial no lo reciben, comenta al reportero el dirigente del Sindicato Único de Empleados del Poder Judicial, Jesús Muñoz Dueñas.
En su portal en internet, el tribunal informa que un magistrado cobra 147 mil pesos más sus compensaciones y su aguinaldo, que recibe en tres entregas. Muñoz aclara que el ingreso mensual de cada magistrado es un poco mayor a los 120 mil pesos debido a los impuestos.
Con respecto a la prima vacacional, la mayoría de los trabajadores de base del Poder Judicial y los empleados del Consejo de la Judicatura aclaran que no la reciben. Existe una total inequidad en el trato a los asalariados del STJ y a los empleados del consejo, afirma el líder sindical.
La denuncia
El 14 de octubre pasado, Jesús Muñoz y sus agremiados presentaron ante la LX Legislatura local una denuncia por escrito en la que hablan de “las condiciones de abandono” en el Poder Judicial donde, dicen, los empleados cobran “sueldos raquíticos”, mientras los magistrados gozan de onerosas canonjías.
Y enumeran sus demandas: pago de una prima vacacional proporcional al total de días que se otorgan los magistrados o un mes de sueldo adicional; incentivos por más de 60 días al año, similares a los de los empleados del STJ –quienes encabezan el Poder Judicial discriminan a los empleados del Consejo de la Judicatura, arguyen–; cotizar al 100% de las prestaciones de pensiones del Estado, régimen del que actualmente están excluidos, y apoyo para una guardería en la cual puedan llevar a sus hijos.
Hace casi un año, comenta el líder sindical, se hicieron esas mismas peticiones al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz sin que hasta ahora haya respondido. También le pidieron, dice, instalar una mesa para discutir sus condiciones de trabajo.
Según Muñoz, el sindicato estudia la posibilidad de solicitar al Congreso local juicio político contra los 33 magistrados por su intento de repartirse 6.5 millones de pesos: “El asunto implica una ofensa para los trabajadores de base de la institución, sobre todo por las carencias en los juzgados y en la Ciudad Judicial”.
Para juntar una cantidad similar a la del bono o prima vacacional que pretenden agenciarse los magistrados, un trabajador de base del STJ tendría que trabajar de tres a cuatro años, según Muñoz. E insiste: la actitud de los ministros es inmoral, de ahí su insistencia en interponer una demanda a más tardar la próxima semana.
“Desafortunadamente está muy marcada la división entre el Consejo de la Judicatura y el STJ; parece que son entes diferentes. Nosotros, como empleados, estamos inmersos en un juego político y somos los más afectados”, sostiene el entrevistado.
Hoy, los 33 juzgados del primer Partido Judicial de Guadalajara que antes estaban en el centro se trasladaron a la Ciudad Judicial. Y si bien son más cómodos, están más retirados y en sus instalaciones no hay siquiera papel sanitario en los baños, resume Muñoz.
El supuesto ahorro del que hablan los magistrados, contrasta con precariedad de los juzgados. Ahí, dice, falta papelería, insumos, equipo de cómputo, mobiliario y muchas otras cosas para darle mayor agilidad a la justicia.
Se queja también de los gastos de operación de los trabajadores, pues aumentaron más de 30% desde que se trasladaron a la Ciudad Judicial; en el caso de los notificadores, quienes recorren mayores distancias, se dispararon hasta 50%; también se elevaron los gastos en gasolina y alimentos.
“Si eso pasa en el primer Partido Judicial con sede en la ciudad de Guadalajara, imagínese usted qué estará ocurriendo en los juzgados del interior del estado, donde el Poder Judicial carece de edificios propios. En algunos municipios las oficinas no tienen mobiliario ni computadoras, por lo que muchas veces el propio juez tiene que cubrir los servicios.”
Aumentos selectivos
En Jalisco, dice Jesús Muñoz, el Poder Judicial ha sido olvidado por el Ejecutivo y el Legislativo; es una desventaja que ese poder no maneje su propio presupuesto; de ahí que carezca de recursos para dar salarios decorosos a sus trabajadores de base.
“Llevamos mucho tiempo en el olvido salarial –comenta–. El gobernador ofreció el año pasado recursos especiales, prometió incluso un aumento a los sueldos, pero sólo benefició a algunos compañeros del tribunal. El presidente (Vega Pámanes) gestionó un aumento de 23%, sólo para los administrativos; dejó fuera a notificadores, así como a los de intendencia y a los del Consejo de la Judicatura. A nosotros sólo se nos ofreció 3.7% de aumento, que no corresponde siquiera a lo que marca la inflación.”
En otras palabras, sólo alrededor de 300 empleados del Poder Judicial recibieron 23% de aumento, mientras que 900 del Consejo de la Judicatura y 180 del tribunal tuvieron que conformarse con incrementos mucho menores.
Lejos de promover “pago igual a trabajo igual”, como lo prometió al llegar al cargo, Vega Pámanes ahondó las diferencias entre los empleados del tribunal y los de la judicatura: “En el tribunal hay primas vacacionales e incentivos de más de 50 días para sus empleados, mientras a los de la judicatura sólo se les pagan el aguinaldo y las prestaciones de ley”.
El entrevistado reconoce que la entrega del bono a los 33 magistrados se dio a conocer semanas antes de que Vega Pámanes anuncie de manera abierta su intención de reelegirse. De ahí, dice, su preocupación por mantener contentos a los magistrados.
A mediados de octubre, al participar en la Novena Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ante magistrados y jueces de todo el país reunidos en el Instituto Cultural Cabañas, Vega Pámanes se jactó de que en los últimos 22 meses se logró sacar del rezago y el olvido al Poder Judicial, lo que no se hizo en más de dos décadas.
Reacio a dar su opinión sobre ese tema, Muñoz reitera: es necesario tener al frente del Poder Judicial a una persona que vele realmente por el desarrollo de este poder y atienda los reclamos de todos sus trabajadores y busque la equidad laboral. No es justo que los magistrados obtengan bonos jugosos, mientras el personal de base sólo haya recibido un aumento de 3.5% y 3.7% en 2013 y 2014, respectivamente.
