Señor director:
La Cámara de Diputados federal recibió recientemente, por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), su iniciativa de Ley General de Aguas, la cual no es acorde con los derechos humanos porque declara como causa de utilidad pública (artículo 8, fracción IV) “el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros”.
No debemos olvidar que la política de trasvase de agua en México, inaugurada en 1607 con la perforación del túnel de Nochistongo, fue la causante de la desaparición de los cinco grandes lagos que rodeaban a la capital azteca; además de que hoy en día ese trasvase de agua negra y pluvial proveniente del DF y su área conurbada contamina dramáticamente el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, y el mismísimo río Tula, que con sus afluentes va a parar al Golfo de México.
Dicha práctica hídrica ha permitido por décadas el saqueo, en beneficio de la Ciudad de México, del vital líquido de las cuencas Lerma y Cutzamala y tiene en pie de lucha a nuestros compañeros mazahuas, quienes con su valiente resistencia mantienen detenida la cuarta etapa de este último proyecto.
La lucha de resistencia de los yaquis en Sonora se debe a que su agua es enviada a Hermosillo con el pretexto de dotar del vital líquido a los habitantes de esa ciudad y así “cumplir con el derecho humano al agua”. En realidad, se trata de un despojo que beneficia a empresas trasnacionales.
Otro botón de muestra de esa política hídrica depredadora e insustentable es el recientemente aprobado proyecto Monterrey VI, que pretende llevar agua de la cuenca de Pánuco, Veracruz, a la capital neoleonesa, teniendo que recorrer 390 kilómetros haciendo uso de seis estaciones de bombeo con un enorme costo económico.
En este caso, el pretexto es el mismo que se usa para justificar el de Hermosillo, aunque ya hay denuncias en el sentido de que ese líquido se usará para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, técnica altamente contaminante y derrochadora de millones de litros de agua.
Así como funcionan las cosas en nuestro país, es absurdo pretender que el trasvase de agua de una cuenca a otra sea de “utilidad pública”, porque lo que realmente sucederá es que se legalizarán y profundizarán el saqueo y la contaminación de las aguas nacionales en favor de interese particulares y en perjuicio del pueblo mexicano.
No obstante, existe la alternativa de regenerar las condiciones de salud de las cuencas, aprovechar el agua que se genera en una cuenca en esa misma región y no tener que saquear el vital líquido de otras zonas. En eso consiste la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas que fue presentada ante los medios de comunicación en febrero del 2013, ganándole la partida a un Congreso de la Unión que estaba más interesado en entregar la riqueza del país mediante su “reforma energética”.
La iniciativa creada por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, puede ser consultada en www.aguaparatodos.org.mx. Es importante apoyarla y difundirla para impedir que una ley que obedece a intereses corporativos sea aprobada en el Congreso.
Atentamente
J. Ricardo Ovando Ramírez, de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
