Señor director:
El 15 de julio de 1998 fui víctima de desaparición forzada por parte de la entonces Policía Judicial del Estado de Oaxaca, y después de 25 infernales días de torturas físicas y psicológicas pretendiendo obligarme a que me declarara miembro del Ejército Popular Revolucionario, fui presentado en una prisión oaxaqueña.
Mi esposa, Leonor Peralta Castellanos, batalló para lograrlo, por lo que antes de entregarme a las autoridades penitenciarias los verdugos amenazaron: “¡Si denuncias lo que te hicimos, regresamos por ti, y dile a tu mujer que se deje de pendejadas o se los va a llevar la chingada!”.
Estaban de por medio mi libertad y el deber moral de no permitir la repetición y la impunidad ante tan aberrantes acciones del Estado mexicano: decidimos enfrentarlo, denunciar las violaciones a nuestros derechos humanos y pugnar por la libertad.
El 11 de mayo de 2001, tras enfrentar dos procesos penales plagados de irregularidades y conocer tres prisiones, alcancé la libertad por sentencia absolutoria.
Presos de la Región Loxicha habían vivido condiciones peores a las mías y permanecían en prisión, de tal modo que me comprometí a luchar por todos los medios para que fueran liberados.
Entonces me encontré con la existencia de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución y cárcel para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Oaxaca y en el país en general.
Mediante acciones de protesta y de carácter legal he exigido alto al terrorismo de Estado y castigo a los culpables de la represión y de estos delitos de lesa humanidad, incluido el exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Gobernación Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, quien inició la represión en la Región Loxicha en 1996.
El 16 de octubre de 2013, yo, mi esposa Leonor Peralta Castellanos y mis tres menores hijos fuimos víctimas de un intento de ejecución extrajudicial, aparentemente en cumplimiento a la vieja amenaza que se nos había hecho y para truncar mi labor como defensor de derechos humanos.
Ante los últimos acontecimientos en el estado de Guerrero y en el país, sólo la unidad de las clases oprimidas puede salvarnos de esta verdadera guerra que ha dejado miles de muertos, desaparecidos, presos y perseguidos políticos por un sistema que ha suprimido nuestros más elementales derechos como seres humanos.
Los intereses neocoloniales vigentes desde la vieja “Operación Cóndor” implementada en Washington al iniciar la guerra sucia deben entender de una vez por todas que ya no estamos dispuestos a que, en aras de seguir incrementando sus improductivos capitales, arrasen con todo en nuestro territorio.
Como exiliado por la violencia política en Oaxaca, a un año del intento de ejecución extrajudicial mencionado, exijo al Estado mexicano: Alto a la criminalización y represión de la protesta social; libertad para todos los presos políticos y de conciencia; presentación con vida de todos los desaparecidos en México, incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa; fin de la impunidad y castigo a los culpables de la represión y delitos de lesa humanidad en nuestra patria.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!!
Atentamente
Juan Sosa Maldonado
Defensor de derechos humanos
