Señor director:
Cuando se adquiere un automóvil, es tema obligado el pago del seguro, no sólo para contar con respaldo económico en caso de robo, sino para poder utilizarlo en algún accidente.
Así, es claro que, “al menos teóricamente”, la compañía aseguradora nos respaldará en el lugar del siniestro; es decir, enviará personal calificado para verificar cómo se dio el incidente, a fin de cubrir los gastos del tercero o para cerciorarse de que éste pague si es el responsable.
¿Lo anterior suena a un procedimiento de rutina? Pues debiera ser así. No obstante, en la práctica lo que está ocurriendo es que los seguros practican todo un deporte nacional, consistente en que, aun cuando las pruebas sean contundentes, haya testigos oculares y varios afectados, la aseguradora –en este caso Quálitas– decide no ponerse de acuerdo con sus contrapartes.
Así las cosas, todos tuvimos que ir al Ministerio Público a alargar el proceso, a dar más trabajo a las autoridades y a enfrentar una total impunidad ante lo evidente.
No es fantasía. Es un caso de la vida real, y ocurrió el pasado 2 de octubre sobre Calzada de Tlalpan. Estábamos parados en el tráfico de las 3:00 de la tarde cuando un Tsuru blanco con placas 308WGW (por cierto, se trata de un automóvil propiedad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal) llegó a toda velocidad y nos impactó a tres autos cual piezas de dominó. El chofer, de nombre Carlos Jiménez Retama, empleado de la dependencia, en principio aseguraba que lo habían chocado, pero al no poder mantener esa versión en virtud de que su auto no tenía golpes en la parte trasera, decidió adoptar la versión recomendada por su seguro Quálitas de que él pegó porque el de enfrente se le frenó en seco.
Así las cosas, se llevan los autos al Ministerio Público y mágicamente el Tsuru desaparece de allí impidiendo hacer el peritaje adecuado.
Lo que nos enfurece es la cadena de corrupción ya conocida, pues quien pega no tiene calidad moral para hacerse responsable, su seguro lo encubre ante el delito y, para cerrar con broche de oro, el chofer del Tsuru pareciera tener calidad de empleado VIP para manejarse con total irresponsabilidad y delinquir, pese a que la otra parte somos seres humanos afectados no sólo en nuestros bienes, sino también en nuestra persona, ya que los tres que fuimos impactados estamos recibiendo tratamientos médicos porque sufrimos lesiones cervicales y lumbares.
¿Y qué sigue ahora? Lo que debió ser desde un principio: exigir a las autoridades que realicen su trabajo adecuadamente. Al señor jefe de Gobierno le pido que no permita que los empleados de su gobierno se cuelguen de la dependencia para cometer delitos. Al señor procurador lo invito a agilizar los procedimientos ante la inminente impunidad de un servidor público, y a los representantes y accionistas de Quálitas les digo que es inaceptable que asesoren a sus clientes para que cometan delitos. Ojalá que exista un comité interno dentro del ramo de los seguros que los multe por no realizar su trabajo de manera adecuada. Qué mala publicidad se están ganando.
Atentamente
Bettzi Hernández
