En el transcurso de la guerra interna de Colombia algunos empresarios y hasta conglomerados internacionales tomaron partido y financiaron a los grupos paramilitares, que, lejos de acabar con su enemigo natural –la guerrilla–, se convirtieron en un factor más de violencia y violaciones a los derechos humanos. Esos tiempos parecen haber quedado atrás y, ahora, el sector empresarial colombiano sabe que apostarle a la paz le permitirá desarrollarse, por lo que participa activamente en su construcción. Las cifras no mienten: Entre 2001 y 2013 la expectativa de crecimiento económico del país era de 8.7% anual, pero el conflicto armado bajó esa cifra a 4.3%.
BOGOTÁ.- Entre la guerra y la paz, los empresarios colombianos han optado mayoritariamente por la segunda pues es buen negocio: Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, sin la guerra interna casi se duplicaría el crecimiento económico de Colombia y mejoraría notablemente el clima de inversión.
El entusiasmo por un eventual acuerdo de paz, alentado desde las esferas gubernamentales, ha llevado a los empresarios a participar activamente en campañas por la reconciliación y el fin de conflicto armado interno. El pasado 8 de septiembre las principales compañías y los medios lanzaron una iniciativa para promover el perdón en un país polarizado y con heridas de guerra. Las grandes firmas se comprometieron a capacitar a 500 mil trabajadores en el tema de la construcción de la paz.
Es el aporte empresarial al proceso que busca poner fin a 50 años de guerra. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sostienen conversaciones para llegar a un acuerdo de paz y los avances entre las partes son vistos con buenos ojos por diversos sectores, incluso por quienes hasta hace pocos años consideraban que la única salida al conflicto era militar.
De hecho en otros momentos del conflicto los empresarios no sólo dieron su bendición a una estrategia militar y paramilitar de seguridad que violentó derechos humanos y convirtió en víctimas a millones de civiles inocentes, sino que en varias regiones financiaron directamente la guerra.
La fiscalía colombiana tiene abiertas 10 mil 329 investigaciones contra desmovilizados y “terceros”, en su gran mayoría empresarios de provincia, por posibles vínculos con grupos paramilitares a los cuales el Centro Nacional de Memoria Histórica atribuye 8 mil 903 asesinatos selectivos y mil 166 matanzas de población civil, entre 1981 y 2012.
Según expedientes judiciales, entre 1997 y 2004 la agroexportadora Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, realizó pagos por 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares que sembraron el terror en la noroccidental región de Urabá y ayudó a esas organizaciones criminales a introducir ilegalmente 3 mil 400 fusiles AK-47 y 4 millones de cartuchos 7.65.
Además de financiar a paramilitares, algunos empresarios agroindustriales y ganaderos establecieron vínculos muy estrechos con las Autodefensas Unidas de Colombia, como el finquero Raúl Hasbún, quien era propietario de 4 mil hectáreas en Urabá antes de asumir la jefatura del Frente Arlex Hurtado de ese grupo armado, al cual también sirvió como estratega financiero.
Los principales gremios empresariales de Colombia respaldaron con decisión la política de guerra total contra la insurgencia aplicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho años de mandato (2002-2010).
Las FARC coinciden con el gobierno en que cualquier acuerdo de paz pasa por “resarcir a las víctimas”, incluso a las que causaron sus combatientes, y en ese sentido demandan, como parte de las negociaciones, el “esclarecimiento de las responsabilidades de actores no estatales, incluidos gremios empresariales y grupos económicos, en las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” cometidas durante el conflicto.
La directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, considera que el empresariado colombiano se ha resistido a revisar de forma autocrítica su actuación en el conflicto armado.
“Si uno revisa reacciones, o más bien la ausencia de reacciones a diferentes informes de memoria histórica que sugieren que por lo menos en ciertas regiones colombianas las élites económicas mínimamente se beneficiaron del trabajo de los paramilitares, o lo instigaron e incentivaron, entonces uno advierte que en general hay una tendencia a todavía no revisar su responsabilidad histórica frente a ese fenómeno”, indica la doctora en ciencia política por la Universidad de Boston.
El asunto cobra vigencia ahora, cuando el gobierno y las FARC discuten el tema de las víctimas, lo cual ha propiciado que las partes asuman el daño causado a la población civil durante la guerra. El presidente colombiano Juan Manuel Santos fue más allá y en julio pasado señaló que todos los sectores deben reconocer su responsabilidad, entre ellos los empresarios.
“Invito a todos los sectores a que aprovechemos este momento para hacer un alto y preguntarnos qué responsabilidad nos cabe a cada uno, y qué podemos hacer para contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas”, apuntó.
Culpas
Rafael Mejía, presidente del empresarial Consejo Gremial Nacional (CGN) y de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dice a Proceso que hay empresarios que han actuado en forma activa en el conflicto mediante el financiamiento de grupos armados, “pero la responsabilidad en esos casos es individual y no del empresariado como tal”.
“Cada uno tendrá que responder por lo que hizo, ante la justicia, si es el caso, y ante la sociedad, pero no hay una responsabilidad gremial, como conglomerado, pues nunca ha habido una alianza de los empresarios como tal para participar en el conflicto. Muchos de nosotros también hemos sido víctimas de secuestros, extorsiones, despojo, de asesinatos de nuestros familiares, sobre todo en las áreas rurales”, sostiene Mejía.
El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, promotor de los derechos de las víctimas, considera que hay diversos sectores en Colombia “que no están comprometidos con un proceso de paz y reconciliación, sino con sus propios intereses, como los empresarios.
“No les gusta que los mencionen como responsables de producir víctimas, pero la verdad es que ellos tienen y han tenido brazos armados a los que llaman seguridad privada o autodefensas y, por tanto, ellos también tienen que estar reconociendo su parte en esta victimización de la sociedad colombiana”, asegura el jerarca católico.
–¿Cree que la responsabilidad de los empresarios en esta guerra es individual? –se le pregunta.
–No. Aquí hay una estructura y un modelo económico en el que todos se insertan. Hay un modelo vigente ultraneoliberal, que es el modelo del capital libre, de derecho de empresa absoluto, y es inaceptable que planteen una responsabilidad individual. Me parece que el empresariado nunca debería ser un escollo, sino una gran fuerza de construcción de paz.
Mejía, representante del empresariado colombiano en los foros temáticos mediante los cuales la sociedad civil acompaña el proceso de paz, sostiene como algo imprescindible que las víctimas del conflicto armado sean reconocidas por sus victimarios y los bienes de éstos sean confiscados para crear un fondo encaminado a resarcir los daños económicos y morales.
“A las víctimas les asiste el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y para ello es muy importante el esclarecimiento pleno de los hechos que motivaron los actos de violencia”, asegura el presidente del CGN.
–¿Y si en estos hechos hay responsabilidad de empresarios?
–Deben esclarecerse de cualquier forma –responde.
Visión de largo plazo
Como parte de los diálogos de paz, el gobierno y las FARC instalaron en agosto pasado en la capital cubana una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que estudiará los orígenes de la guerra interna, los factores que han contribuido a mantenerla y sus efectos más notorios sobre la población.
Esa instancia está integrada por 12 académicos expertos en el tema y dos relatores que en diciembre próximo rendirán un informe, el cual “deberá ser insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo”, según indicaron las partes en un comunicado conjunto.
La comisión –equivalente a una de esclarecimiento, petición reiterada de las FARC– sería la base de una futura Comisión de la Verdad que se encargaría de determinar, en caso de que se firme un acuerdo de paz, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en medio de la guerra y las responsabilidades específicas.
El coordinador del sistema de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, considera que cualquier comisión de la verdad que surja en un escenario de posconflicto deberá investigar el papel jugado por los empresarios en la guerra.
“Aunque se ha trabajado algo sobre el rol que han tenido en el conflicto las empresas privadas nacionales e internacionales, falta mucho más investigación porque sabemos que ciertas empresas han tenido una actuación un poco macabra contra sindicalistas o financiando paramilitares, y creo que hay que saber más sobre todo esto”, afirma el diplomático.
Sostiene que en una eventual etapa de posconflicto la construcción de la paz “dependerá mucho del crecimiento económico y el desarrollo social que logre Colombia, y ahí los empresarios tendrán que ver más allá de ganar dinero y asumir una responsabilidad social, no sólo por altruismo sino porque la paz es mucho mejor negocio que el conflicto para 95% de las empresas. Ahí se requiere una visión de largo plazo e invertir en la paz, tanto el gobierno como las empresas”.
Según Hochschild, una de las grandes causas de la guerra en Colombia es la desigualdad económica, “que no por casualidad se aprecia más en las zonas de conflicto, que por lo general son las más pobres del país”.
Según cifras oficiales, el índice de pobreza en Colombia abarca a 30.6% de la población nacional, mientras que en las áreas rurales llega a 42.8%. Estudios académicos indican que en las regiones más golpeadas por la guerra, la marginalidad social incluye a entre 60% y 95% de los habitantes.
La directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mexicana Diana Chávez, señala que las compañías colombianas tienen incorporado al concepto de responsabilidad social empresarial el tema de la paz, pues saben que es mejor negocio operar en la estabilidad y el respeto a los valores universales, como la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.
“Todo esto tiene una incidencia directa en la construcción de paz y a este proceso están llamados a participar el Estado, la sociedad civil, los diferentes grupos de interés y desde luego los empresarios, que pueden contribuir a dar trabajo a los desmovilizados y a fortalecer el tejido social en las regiones más afectadas por el conflicto”, indica la funcionaria.
Rettberg indica que la mayoría del empresariado colombiano comprende que la consolidación de modelo económico aperturista y de libre mercado seguido por este país desde principios de los noventa, depende de la superación de la confrontación armada.
“La paz resulta atractiva para un sector empresarial que ha comprendido que alcanzar ese objetivo nunca será gratis pero que los dividendos superan los costos”, sostiene.
Según un estudio del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la paz haría duplicar el crecimiento económico de Colombia, país que pudo haberse expandido a tasas de hasta 8.7% al año entre 2001 y 2013, en vez de 4.3% promedio registrado en ese lapso, en medio de la guerra.
En un sondeo de la Fundación Ideas para la Paz realizado en 2012, antes del inicio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, la mayoría de los grandes empresarios considera necesaria una salida negociada al conflicto armado y están dispuestos a contribuir con más impuestos para financiar la paz.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso, afirma que el modelo económico colombiano requiere la paz para desarrollar todo su potencial.
“En el fondo, la negociación de paz es un intento del gobierno por preservar y darle sustento en el tiempo a un modelo económico y un esquema político que sirve a las élites colombianas. El gobierno percibe que no puede llegar al fin del conflicto por la vía armada, que necesita una última fase utilizando el diálogo y que debe hacer concesiones sin negociar el modelo económico ni el modelo institucional”, sostiene el exintegrante de la guerrilla del M-19.
El jefe de los delegados del gobierno que negocian la paz con la guerrilla, Humberto de la Calle, dijo el pasado 5 de septiembre ante empresarios: “La fibra de la economía y del modelo económico no es materia de discusión en La Habana”, pero aclaró que si Colombia quiere dar el paso a ser un país moderno, próspero y equitativo debe resolver “de manera responsable” el conflicto armado interno. l
