Las elecciones presidenciales en Uruguay, a celebrarse el último domingo de este mes, vendrán acompañadas de un plebiscito: Los electores decidirán también si se modifica la ley para que jóvenes delincuentes de entre 16 y 18 años sean juzgados y castigados como adultos. La propuesta –tan polémica que según los sondeos ya tiene dividida a la sociedad casi en partes iguales– proviene de la oposición derechista al gobernante Frente Amplio. Se trata, aparentemente, de una reacción a las medidas aprobadas por el presidente José Mujica en torno a los matrimonios homosexuales y la legalización de la mariguana.
MONTEVIDEO.- La palabra “Sí” resalta a simple vista en la papeleta que se utilizará para votar en el plebiscito. Debajo puede leerse una explicación sintética de la propuesta: reformar la Constitución a fin de juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años según el Código Penal de adultos.
El plebiscito que decidirá si se baja o no la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años se realizará el domingo 26 junto con las elecciones presidenciales. Algo más de 2 millones y medio de ciudadanos podrán votar ese día. Quien esté a favor de la reforma constitucional deberá incluir la papeleta por el “Sí” dentro del sobre en el cual deposita su voto por el sucesor del presidente José Mujica, del Frente Amplio.
La ausencia de dicha papeleta en el sobre se computará como voto por la negativa. Para que la reforma constitucional se apruebe es necesario conseguir la mitad más uno de los votos. El desenlace se prevé ajustado.
La propuesta de reforma constitucional incluye mantener los antecedentes penales de los adolescentes cuando alcancen la mayoría de edad. Se agravarán las penas a los adultos que utilicen a menores para cometer delitos. Se creará un servicio descentralizado de rehabilitación, independiente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay.
El gobernante Frente Amplio –cuyo candidato presidencial es Tabaré Vázquez– llama a votar por el “No a la baja”.
El principal contrincante del Frente Amplio, el candidato del Partido Nacional (Blanco), Luis Alberto Lacalle Pou, ha decidido apoyar el “Sí a la baja”. En una eventual segunda vuelta Lacalle tendría el apoyo de Pedro Bordaberry, líder del Partido Colorado, el cual recolectó 370 mil firmas en 2011 para llamar al plebiscito. El abogado Felipe Schipani es dirigente del Partido Colorado y miembro de la comisión Para vivir en Paz, que lleva adelante la campaña por el “Sí a la baja”.
“Desde el año 2005, desde que el Frente Amplio gobierna, la participación de los jóvenes ha tenido una fenomenal incidencia en lo que es el delito en general, producto de lo que nosotros entendemos que es un sistema penal juvenil sumamente benigno”, dice Schipani a Proceso en una sala de la Casa del Partido Colorado.
“Según los datos que hoy maneja el Ministerio del Interior, 50% de las rapiñas (asaltos) y en torno a 20% de los homicidios son cometidos por menores de edad –sostiene–. Son los delitos que más daño generan, porque se está atentando contra la persona, no es que nosotros queramos defender la propiedad.”
Fabiana Goyeneche es portavoz de la campaña “No a la baja”, que promueve el voto negativo a la reforma constitucional. Es abogada. Tiene 29 años. Habla desde la convicción. “Los adolescentes en el Uruguay cometen menos del 10% de los delitos, 6.4% para ser más precisos. Entonces, para empezar, si lo que se quiere es solucionar el problema de la inseguridad, se está poniendo el foco en una minoría, con una propuesta que, por otra parte, internacionalmente no ha servido para combatir el delito”, dice a este semanario.
“Uruguay, si bien no ha bajado la edad de imputabilidad, sí ha elevado las penas para algunos delitos, sobre todo en los años noventa, y lo único que trajo en consecuencia fue la saturación del sistema carcelario y el aumento de la inseguridad”, sostiene Goyeneche, quien cree que la iniciativa del Partido Colorado estigmatiza a los adolescentes de los barrios marginales.
Diferentes estudios de opinión, como el Latinobarómetro, indican que la brecha entre seguridad objetiva y sensación de inseguridad es particularmente amplia entre la sociedad uruguaya. La percepción de inseguridad en este país se equipara a la de otros países latinoamericanos que superan holgadamente su tasa de homicidios o su promedio de victimización frente a hechos de violencia directa o indirecta, que es la sufrida por algún familiar o allegado.
“En Uruguay, como en muchos otros países, la forma de tratar la crónica policial, sobre todo por la televisión, se ha ido dramatizando y transformando en un plato fuerte de los informativos, la crónica roja dura mucho, está en un lugar muy destacado, sirve para construir la idea de la tremenda inseguridad que vive el país y la necesidad de mano dura”, dice a Proceso el periodista Marcelo Pereira, fundador de La Diaria, periódico cooperativo que hoy es el segundo en ventas en todo el país.
“Surge así la construcción de la figura del joven menor de 18 años que se droga, consume pasta base y que entonces incorpora a Satanás y sale a delinquir, porque es una droga que lo vuelve loco, un poco instala esa idea de que hay un problema grave de inseguridad, centrado en los menores de 18 años que delinquen, cuando en realidad los números no dicen eso”, sostiene.
Niñez desprotegida
De aprobarse la reforma constitucional, Uruguay sería el único país de América Latina en cuya Constitución se excluye, de manera expresa, a los adolescentes entre los 16 y 18 años del derecho a ser juzgados y sancionados en un sistema especial de responsabilidad penal. El rango constitucional implicaría un carácter mucho más difícil de modificar que si se tratara de una ley.
“Este tipo de aspectos que tienen que ver con la política criminal rara vez son abordados por las constituciones políticas de los Estados sino que son temas vinculados a la legislación, son abordados por la ley, no por las reformas constitucionales”, dice a este reportero Javier Palummo, doctor en derecho y ciencias sociales, en su estudio desde el que se divisa la avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo.
“La utilización de un instrumento de democracia directa en relación a la temática seguridad, y específicamente a temas que tienen que ver con la justicia penal juvenil, forma parte de una estrategia política vinculada con lo electoral”, sostiene Palummo. “La promoción de estas ideas conservadoras persigue un rédito político en las elecciones presidenciales que se dirimen simultáneamente”, explica.
“Su estrategia privilegia básicamente discursos centrados en la víctima pero no discursos científicos ni argumentos basados en datos o información científicamente válida.”
Durante años Palummo fue consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su juicio, el aumento de la violencia tiene causas múltiples, se produce en la sociedad en su conjunto, no puede achacársele a un grupo determinado.
El derecho de los adolescentes a ser juzgados y sancionados por un sistema especial tiene amplia consagración en los tratados internacionales de derechos humanos. La eventual aprobación de la baja de edad de imputabilidad penal implicaría para Uruguay desconocer convenios que ha suscrito.
“En relación a la Convención de los Derechos del Niño, se estaría violando la convención: En eso no hay dos interpretaciones. Y además los organismos internacionales de derechos humanos sostienen que se trataría de un cambio que vulnera el derecho internacional. La pregunta es: ¿A los promotores de este tipo de iniciativas les importan los derechos internacionales de los derechos humanos? Aparentemente, no es algo que para ellos sea relevante”, dice Palummo.
Bruno López, estudiante de trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, parte de la base de que el fenómeno de la inseguridad existe. “Esto es perfectamente lógico, en una sociedad donde la violencia nos transversaliza, está presente en todos lados, en lo doméstico, pero también se expresa en lo más cotidiano de la vida social”, indica a este semanario.
El joven no se siente representado por quienes afirman que la inseguridad es el principal problema en Uruguay. Sí cree que es necesario hacerle frente. “No me parece que el plebiscito sea una medida justa o efectiva para solucionar el problema. Incluso podría plantearme la posibilidad de que lo agrave, porque al no abordarlo con seriedad, pone un énfasis muy fuerte en la salida represiva al delito, sin atender a otras causas, buscando simplemente un efecto inmediatista”, sostiene.
Válvulas
Otro punto criticado de la reforma constitucional propuesta es la reintroducción en el ordenamiento jurídico de la figura del “discernimiento”. El magistrado interviniente “podría eximir de responsabilidad penal de adultos a los adolescentes de entre 16 y 18 años que no reúnan la madurez suficiente acorde a su edad”, sostiene un estudio del UNICEF Uruguay de agosto de 2014.
“De esta forma se reintroduciría en el sistema penal una consideración propia de los códigos penales retribucionistas del siglo XIX: El discernimiento como criterio para distinguir a personas responsables de las irresponsables penalmente”, se critica.
“El hecho de que el joven pueda ser eximido de su conducta, si demuestra no tener discernimiento, no es tampoco una cuestión que quede al libre arbitrio del juez”, explica Schipani. “El fallo tiene que contemplar elementos de prueba, pruebas científicas, pericias psiquiátricas, pericias sociales, que señalen que ese joven no tenía discernimiento –sostiene–. Creo que es una válvula de escape que no tienen los mayores”.
“Reintroducir la figura del discernimiento es como un viaje al pasado, hacia los inicios de nuestra cultura jurídica –objeta Palummo– va a ser básicamente una herramienta legitimadora de la selectividad del sistema, que va a permitir que los mismos desgraciados de siempre sean castigados con el mayor peso de la ley y que otros hayan cometido un error y se puedan ir a su casa.”
El plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad penal puede verse como una respuesta conservadora frente a otros vientos que soplan en Uruguay. El Frente Amplio en el gobierno ha impulsado, por ejemplo, las leyes de matrimonio igualitario y de regulación de la mariguana.
Lacalle Pou decidió incluir la papeleta por el “Sí” dentro del sobre con las listas de su partido en las elecciones presidenciales. El dato es relevante. “El uruguayo promedio llega al lugar de votación con el sobre en la mano, con la lista del sector del partido que él quiere votar, y lo pone en la urna sin revisar, ya que lo recogió en un puesto de su confianza”, explica a Proceso Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra.
El Partido Nacional se suma así a la campaña por el “Sí a la baja” en la que el Partido Colorado lleva la voz cantante. En el movimiento por el “No a la baja” hay organizaciones sociales y sectores jóvenes de todos los partidos, incluyendo al Colorado. El apoyo a la reforma constitucional, que en 2012 alcanzaba 70%, ha ido perdiendo peso en las encuestas a medida que se acerca la fecha del plebiscito.
“Vemos el Uruguay partido: nuestra última encuesta indica que 48% quiere votar el sí a la baja, 40% no está de acuerdo y después hay algunos indecisos. Y 48% no alcanza porque se necesita la mitad más uno. Entonces no digo que no pueda salir, pero creo que va a ser muy difícil”, dice Pomiés.
