Desde hace meses se denunció, con nombres y apellidos, que la administración pública en Guerrero estaba infestada de narcopolíticos, corrupción e impunidad. Sin embargo, autoridades de los tres niveles y partidos políticos callaron, protegieron e incluso promovieron a los señalados. Todo desembocó en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, uno de los episodios más brutales en la guerra que México padece. A despecho de discursos y propuestas populistas, el grado de infestación criminal que vive ese estado ha aumentado.
CHILPANCINGO, GRO.- La desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibe el nuevo nivel de impunidad, corrupción y violencia que se vive en el estado, donde la delincuencia controla grandes territorios y es protegida por autoridades de los tres niveles.
En diciembre de 2013, Proceso dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, y cuatro meses después, a principios de abril, el alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por agentes federales en Iguala. Actualmente está preso por sus presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia.
Álvarez forma parte de la corriente política Grupo Guerrero, dirigida por David Jiménez Rumbo y por el actual presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres. Éste y su hermano Crescencio, alcalde de La Unión, fueron acusados –por Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios– de tener relaciones con el crimen organizado.
Pese a ello, la clase política local calló, cerró filas y las autoridades fueron omisas ante los señalamientos públicos y evidencias contra ése y otros alcaldes, además de legisladores locales como el presidente del Congreso de Guerrero, el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Este legislador, miembro de la corriente Nueva Izquierda (conocida como Los Chuchos), es señalado por el gobierno federal de ser integrante de una familia que dirige el grupo delictivo Los Ardillos, afincado en Quechultenango, desde donde controla las operaciones de narcotráfico en la región Centro de la entidad y mantiene una confrontación con otras bandas por el control de plazas estratégicas como Chilapa.
En el reportaje Guerrero: muchas armas listas para disparar, publicado en la edición 1939 de este semanario, se alertó de que la red de corrupción en la cual participan autoridades de los tres niveles de gobierno agravó la situación de los guerrerenses, ahora atrapados entre la delincuencia organizada, los alcaldes vendidos al narco y los gobiernos estatal y federal, que oscilan entre la indolencia y la sospechosa ineficacia en el combate a la inseguridad. El resultado: la proliferación de las autodefensas comunitarias, la represión contra éstas por el Ejército y, en consecuencia, más tensión en una entidad con muchísimas armas en circulación.
En ese momento, diversos activistas denunciaron que con el asesinato de dirigentes sociales y el encarcelamiento de voluntarios de las autodefensas, el gobernador reprimía los movimientos sociales en vez de combatir la inseguridad, la marginación y la pobreza; es decir, las causas de los problemas sociales de la entidad.
Ahora, tras la matanza de Iguala –que hasta el viernes 10 había dejado un saldo de seis personas muertas, 24 heridos y 43 normalistas desaparecidos–, las mismas voces refieren que este hecho profundiza la estela de crímenes cometidos por “servidores públicos” empleados de la delincuencia.
El gobernador que nada concretó
Para justificar su inacción, el gobernador Ángel Aguirre Rivero responsabilizó al gobierno federal de no actuar contra los políticos guerrerenses vinculados con el narco. La federación, en contraparte, culpó a Aguirre.
En un acto público realizado el jueves 9 en Acapulco, el mandatario estatal dijo que en las reuniones privadas del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) se hicieron las denuncias correspondientes y remató: “Ahí le consta al delegado de la PGR que dijimos que era necesario que se actuara con determinación no sólo en Iguala, sino en otros municipios donde se encuentran coptadas las policías municipales”.
El GCG es la máxima instancia de seguridad en la entidad; lo encabeza Aguirre Rivero y lo integran representantes del Ejército, la Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las policías federal y estatal y autoridades de la PGR y fiscalía estatal.
Aguirre, de hecho, ha sido cortejado por la narcopolítica. En noviembre de 2010 empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan y fue invitado por Santana Ríos Bahena a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras. Éste es un empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, y aquél, conocido productor de melón. Pero ambos están señalados por autoridades federales de ser narcotraficantes ligados al grupo delictivo La Familia.
El encuentro fue promovido por un grupo de perredistas que entonces maniobraban en la región Norte para mantener sus cotos de poder. Estaban encabezados por David Jiménez Rumbo y por Evodio Velázquez, de la corriente Nueva Mayoría.
Producto de dicho estira y afloja, el exalcalde de Teloloapan y actual diputado federal por el PRD, Marino Miranda, dejó como sucesor en la alcaldía a su compadre, el exdiputado local Ignacio Valladares. Éste, a su vez, designó suplente a Rogelio Lagunas Contreras, hermano de Bernardo. Asimismo, el expresidente municipal de General Canuto A. Neri y actual diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, prácticamente le heredó el ayuntamiento a Eleuterio Aranda Salgado, jefe de policía e intérprete de narcocorridos donde exalta a La Familia.
Consultado por Proceso, Aguirre reconoció que este grupo de políticos perredistas lo invitó a comer con los presuntos narcotraficantes Bernardo Lagunas y Santana Ríos, pero sostuvo que al final no acudió al encuentro.
“Recibí algunas invitaciones (de los políticos) pero no acudí a ese lugar (rancho San Andrés), y más allá de eso, en una campaña muchas veces recibes el saludo de gente que no sabes de quién se trata ni tienes por qué saberlo, pues no tienes función investigadora en ese momento; aunque por supuesto que yo me deslindo absoluta y totalmente de cualquier vínculo con esas personas”, expresó el mandatario en abril. (Proceso 1955.)
Guerreros Unidos
El domingo 5, el fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó que policías municipales y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos actuaron en contubernio para detener y ejecutar a los normalistas de Ayotzinapa, quienes presuntamente fueron calcinados y enterrados en un cementerio clandestino que los delincuentes han venido utilizando desde hace varios años en Iguala.
El director de la Policía Municipal de dicha demarcación, Francisco Valladares Salgado, señalado por Blanco Cabrera como responsable de la masacre de estudiantes, fue aprehendido el sábado 27 de septiembre junto a otros elementos de la corporación, pero las mismas autoridades ministeriales estatales lo liberaron.
Desde hace dos años, de hecho, el gobierno federal tiene indicios sobre los presuntos nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el cártel Guerreros Unidos, afincado en el norte de la entidad.
Reportes oficiales consultados por Proceso refieren que la esposa del edil perredista, María de los Ángeles Pineda Villa, es hermana de Alberto Pineda Villa El Borrado, exoperador del extinto capo Arturo Beltrán Leyva El Barbas y de Salomón Pineda El Molón, actual jefe de una célula al servicio de Guerreros Unidos.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, abierta durante la administración del expresidente Felipe Calderón, El Borrado es señalado como enlace entre altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) con el cártel de los Beltrán Leyva, “quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales”, publicó Proceso en 2009.
Alberto Pineda Villa, quien fue asesinado junto a su hermano Mario Pineda por órdenes del propio Arturo Beltrán, era originario del municipio de Zirándaro de los Chávez, en la región de Tierra Caliente, y familiar del actual diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño, señalan los informes federales.
La muerte de El Barbas en 2009 provocó un rompimiento en la estructura del cártel que mantuvo una hegemonía absoluta en el corredor Acapulco-Cuernavaca, bajo el manto protector de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Durante estos años han surgido varios grupos encabezados por exoperadores de Beltrán Leyva, que mediante una estrategia de terror, muerte, impunidad y corrupción reclaman el espacio que dominaba un extinto capo conocido en Guerrero como El Botas Blancas.
Las agrupaciones criminales que operan en el norte de Guerrero y el sur de Morelos rompieron con la pandilla de Los Rojos y de esta forma surgió la banda Guerreros Unidos, dirigida por Mario Casarrubias y afincada desde hace cuatro años en Iguala, aseveran los reportes oficiales.
El 30 de abril pasado, en conferencia, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que Mario Casarrubias había sido detenido la madrugada del día anterior en Toluca.
Casarrubias formaba parte del cuerpo de seguridad de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de su jefe emprendió una guerra contra los remanentes del cártel para posicionarse en Morelos, Guerrero y el Estado de México.
En aquel momento, Rubido García señaló que Guerreros Unidos “está relacionado con una célula delictiva dirigida por Salomón Pineda Villa El Molón”, hermano menor de la esposa del alcalde perredista de Iguala. El Molón estuvo en el penal federal de Tamaulipas y salió libre en 2013.
No obstante, El Molón y los hermanos de Mario Casarrubias siguieron operando impunemente en Iguala hasta que ocurrió la masacre de normalistas.
El jueves 9, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció la captura de El Molón, detenido en un operativo exprés de la Marina en Cuernavaca.
En la confrontación que mantiene Guerreros Unidos con otras bandas, principalmente Los Rojos y La Familia, han sido exhibidos no sólo nexos de políticos con la delincuencia, sino también de personajes relacionados con la farándula, como Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian. Figueroa ha sido acusado a través de narcomantas dejadas en Morelos de pertenecer a la estructura de Guerreros Unidos.
Resultado de la impunidad
El gobierno federal sabía de los presuntos nexos de los cuñados del alcalde de Iguala con el narcotráfico. También los conocían Aguirre Rivero y la dirigencia estatal del PRD. De hecho, el presidente muncipal fue denunciado públicamente de asesinar al dirigente perredista Arturo Cardona y dos activistas en 2013. Sin embargo, siempre defendieron al edil, un próspero empresario que forma parte de la tribu Nueva Izquierda.
Aún más: Abarca y su esposa fueron postulados por Nueva Izquierda como delegados para el Consejo Nacional y Estatal del PRD.
Así, el diputado local priista Omar Jalil Flores Majul denunció públicamente el ambiente de terror que se vive en Iguala y aseguró que no hay garantías para circular libremente por esa ciudad.
La advertencia de Flores Majul devino realidad durante la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27, cuando policías municipales y sicarios atacaron a tiros y asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa cuando los estudiantes realizaban labores de recolección de fondos a bordo de tres autobuses que habían retenido.
Posteriormente fue atacado el autobús donde viajaba el equipo de futbol de Tercera División Avispones de Chilpancingo. Ahí fueron asesinados un adolescente y el chofer de la unidad.
En los ataques fueron heridas al menos 24 personas –dos de ellas estudiantes que se encuentran graves– y los policías se llevaron en patrullas a 43 normalistas que hasta el momento siguen desaparecidos.
En los días siguientes se detuvo a 22 policías municipales que ahora están presos por los delitos de homicidio, desaparición de personas y delincuencia organizada.
Y sólo hasta la semana pasada el fiscal estatal informó que existe una orden de presentación contra Abarca Velázquez.
El Ministerio Público solicitó a la Procuraduría estatal una orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y el director de la Policía Municipal, Francisco Valladares.
En tanto, han sido hallados 28 cuerpos en las fosas clandestinas ubicadas la semana pasada en el punto conocido como Cerro Gordo.
Mientras, las protestas en las calles se han intensificado. En respuesta, el mandatario anunció un referéndum para determinar si continúa o deja el cargo, acción que ha sido catalogada de efectista.
