BERLÍN.- México vive una evidente situación de emergencia en materia de derechos humanos: la violencia se ha exacerbado en el país y el Estado no tiene la capacidad para hacerle frente de manera eficaz, sentencia la defensora de derechos humanos Alejandra Ancheita. Y pone como ejemplo el caso de Ayotzinapa.
La directora general de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) sabe de lo que habla. El martes 7, esta abogada mexicana fue galardonada en Ginebra con el Premio Martin Ennals en Derechos Humanos, el más prestigioso en la materia, otorgado por 10 de las más reconocidas organizaciones internacionales dedicadas a esa actividad.
“Hoy más que nunca –con los casos de Iguala y Tlatlaya– la situación en México es más cruda y difícil, y el gobierno no plantea alternativas viables frente al incremento de crímenes como la tortura y la desaparición forzada de personas.
“Y el problema es que no sólo no se observa una reacción pronta, contundente y efectiva; por el contrario, se percibe una tendencia más clara de criminalizar la protesta social de las comunidades y los colectivos organizados en todo el país”, comenta en entrevista telefónica con Proceso.
Las informaciones sobre el asesinato de seis personas el pasado 26 de septiembre, cuatro de ellas alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, así como la desaparición de 43 compañeros suyos y el hallazgo de fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, han seguido a Ancheita en su gira por Ginebra, París, Berlín.
–¿Qué está pasando en el país? –se le pregunta.
–Tanto la matanza de Tlatlaya como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa son ejemplos muy claros del aumento de la violencia contra las comunidades en México. El caso de Iguala fue la gota que derramó el vaso y nos ubica en un estado de emergencia en materia de los derechos humanos de todos los mexicanos.
“El gobierno tiene la responsabilidad de responder lo antes posible de forma integral y garantizar que en ambos casos la investigación sea apegada a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Debe identificarse a los responsables, sancionarlos, e instrumentar medidas para reparar el daño.”
E insiste: Esa violencia también repercute de manera directa en el quehacer de los defensores de derechos humanos en México, pues los hace más vulnerables. Y muestra las cifras de las agresiones a los activistas durante 2013. En ese periodo, expone, la Red de Defensoras de Derechos Humanos documentó 242 casos, de los cuales 95% siguen impunes.
En lo que va del año, de acuerdo con un comparativo de la asociación Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la violencia contra éstos en México se incrementó 30.7% con respecto al periodo anterior. Por su parte, en 2010 la Organización de las Naciones Unidas reportó 6.4 feminicidios por día en el país; la cifra se incrementó 40% hacia 2012, principalmente en territorios militarizados o con alta seguridad.
“Esto nos da una muestra muy clara de cómo los defensores de derechos humanos, y en especial las defensoras, enfrentamos una serie de riesgos particulares que el gobierno mexicano no ha podido atender a pesar de la creación del Mecanismo General de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, sostiene la entrevistada.
Tácticas dilatorias
Alejandra Ancheita comenta que fundó ProDESC en la Ciudad de México en 2005 con un propósito definido: defender y promover los derechos de comunidades indígenas en conflictos relacionados con tierra, territorio y bienes naturales frente a intereses empresariales.
Hoy, dice, su organización lleva la defensa de comunidades agrarias en Oaxaca, frente a empresas de energía eólica; en Durango defiende a los lugareños contra una minera canadiense, y en Sinaloa acompaña y da asesoría a migrantes que se ocupan en faenas de manera temporal.
Las cosas no han sido fáciles, admite. Ella y sus colaboradores han recibido amenazas de muerte directas, así como en correos electrónicos y a través de llamadas telefónicas, sobre todo cuando se desplazan a las comunidades. Las instalaciones de la agrupación y los domicilios de algunos activistas también han sido hostilizados, comenta.
Ancheita también habla de otro tipo de agresión: las tácticas dilatorias de las autoridades en los procesos judiciales:
“Una de las acciones constantes es la táctica de diferir audiencias, alargando los procesos legales, lo cual implica mayor desgaste para la organización y las comunidades que acompañamos; a ellos eso les genera desánimo. Pero el peor desgaste es que, junto con el aumento de la violencia, ha crecido la criminalización hacia estos grupos (de activistas).”
Así, de acuerdo con la ganadora del premio Martin Ennals 2014, el Estado mexicano vulnera por todas las vías los derechos humanos tanto de los defensores como de las víctimas, y aun cuando está obligado a garantizarlos –pues firmó y ratificó una serie de convenios y tratados internacionales en la materia– no lo hace.
Y remata: el Estado “tampoco investiga ni sanciona a los culpables, creando un ambiente de impunidad que mantiene en un riesgo constante a la población y a nosotros, los defensores”.
