Señor director:
El pasado 16 de enero, mediante un aparatoso operativo policiaco, 350 granaderos y 50 civiles con corte de pelo militar desalojaron violenta e ilegalmente a seis familias –algunas de ellas indígenas mixtecas– que estaban viviendo en el predio ubicado en la avenida Martín Carrera número 83, de la colonia Martín Carrera, en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) del DF.
La policía rodeó toda la manzana para impedir que intervinieran los vecinos de la zona, así como integrantes de la organización Frente del Pueblo, agrupación política local, a la que pertenecen las víctimas.
Entre ellas se encontraban seis niños de dos a seis años de edad –uno de ellos con discapacidad intelectual– y la indígena Josefina López Mendoza, quien tenía siete meses de embarazo y debido a la agresión tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, dando por resultado que su bebé nació sietemesino y estuvo 15 días hospitalizado a causa de la misma agresión.
No conformes con este desproporcionado operativo, los policías robaron dinero, aparatos electrodomésticos, herramientas de carpintería, un motor de automóvil Volkswagen y documentos de la organización Frente del Pueblo, la cual tenía oficinas en el mismo sitio.
La acción se produjo por orden del juez 50 Civil del Distrito Federal, Alejandro Hernández Tlecuitl (expediente 1540/2010), a petición del demandante Marcos Ortiz Casellas, quien formalmente aparece como dueño del predio ante el Registro Público de la Propiedad.
Casellas está en su derecho de ordenar un desalojo. Sin embargo, nunca se notificó de juicio alguno a las familias expulsadas, por lo que se violaron el procedimiento legal y los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el principio de audiencia.
Desde 2008, a estas seis familias se les permitió vivir legalmente en dicho predio, el cual estaba abandonado. Y la posesión la habían obtenido en noviembre del año 2000. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal aprobó que se expropiara en su favor, dada su situación de riesgo. Los mismos jefes delegacionales de la GAM –desde Joel Ortega hasta Nora Arias– han tenido pleno conocimiento de la posesión del terreno.
En éste se instaló un centro cultural comunitario, donde se impartían clases de regularización para estudiantes de secundaria y bachillerato, cursos de cultura democrática, talleres de carpintería, manualidades, aeróbics y baile de salón, entre otros.
El Frente del Pueblo ya se amparó por este hecho violatorio de los derechos humanos (expediente 95/2014 en el Juzgado 13 en Materia Civil). Además acudimos a levantar una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Pedimos que las familias regresen a su lugar de residencia para que tengan un hogar digno, así como la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, doctor Édgar Elías Azar. Y que se castigue al juez 50 Civil por su arbitrariedad.
Atentamente
Gorgonio Álvarez Olvera
Responsable del Frente del Pueblo
Martín Carrera 83
Teléfono: 57-37-43-49
