El malestar catalán por la alegada insensibilidad del gobierno central español está en su punto más alto. Cataluña, con 16% de la población total de España y representando 19% de su economía, está decidida a votar el próximo 9 de noviembre su eventual independencia. La administración de Mariano Rajoy ya movió sus piezas legales para impedir que ese referéndum tenga lugar, pero eso no le importa al fervor separatista. La consulta popular va, amenazan los catalanes, contra viento y marea.
MADRID.- El auge soberanista catalán sumió a España en una de sus peores crisis políticas desde el restablecimiento de la democracia. En sesión urgente del pasado 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) dictó la suspensión cautelar de la Ley de Consultas de Cataluña y el decreto de convocatoria del referéndum independentista firmado por Artur Mas, presidente del gobierno regional.
Pese a la orden del TC, Mas anunció el miércoles 1, en el Parlamento de Cataluña: “No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar y decidir su futuro”.
Envalentonado por las masivas movilizaciones independentistas que tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre en varias ciudades catalanas, advirtió que “mientras en Cataluña se den estas condiciones, el presidente de la Generalitat (el gobierno autónomo) actuará de acuerdo con esta mayoría social y política”.
Pese a que el gobierno de España ponga “todos los obstáculos”, señaló desafiante, “en lo que de mí depende, reitero que este proceso se acabará votando y votando la pregunta acordada”, que en realidad son dos: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y de contestar sí, la siguiente es: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”
Su estrategia –respaldada por los seis partidos nacionalistas, que representan 80% del Parlamento– es “presionar” y poner contra las cuerdas al Constitucional. Así lo demuestran los dos recursos que la Generalitat presentó el miércoles 1 al TC, en los cuales pide que se levante la suspensión de la ley porque lo contrario tendría “consecuencias imprevisibles y perjuicios de carácter irreversible y no reparable”.
El documento cita una resolución del Consejo de Europa, que plantea que cuando los ciudadanos son privados de sus derechos a participar en la toma de decisiones políticas, se da paso al “extremismo político e incluso a la violencia”.
Tras meses de inmovilismo ante este desafío, el gobierno de Mariano Rajoy promovió la impugnación de la ley catalana y de la convocatoria a la consulta con el argumento de que la Constitución no faculta a la Generalitat a convocar a un referéndum ni a declarar unilateralmente la independencia.
Hasta ahora la hoja de ruta de Rajoy se centra en el campo jurídico para impedir la consulta, pero aún no hay un posicionamiento sobre esa creciente base social que reclama su derecho a decidir ni hay una operación política para atender el creciente malestar catalán.
Por el contrario, su gobierno ha sido evasivo y provocador. Como sucedió con el ministro de Educación, José Ignacio Wert; al impulsar su reforma educativa insistió en que se debe “españolizar a los alumnos catalanes”, desconociendo las costumbres y la lengua de esa región y provocando una enorme irritación en Cataluña.
El malestar con la habitual insensibilidad de Madrid es creciente en esta comunidad autónoma, cuya población de 7 y medio millones de habitantes constituye 16% de la población total de España; su economía es influyente, pues representa 19% de la española.
Los argumentos de Rajoy, como lo hizo en la víspera del referéndum escocés en el Congreso de los Diputados, son que “Europa se hizo para integrar Estados, no para desintegrarlos”. Y sin citar a Cataluña, señaló que un referéndum como el escocés es “un torpedo en la línea de flotación de la integración europea”.
El endurecimiento de la retórica del debate se palpa tanto en Barcelona como en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, José Manuel García-Margallo, en un desayuno informativo de Europa Press, advirtió que “el gobierno utilizará todos los medios legales a su alcance para evitar un referéndum de secesión. Toda la ley y sólo la ley”.
No descartó “la suspensión de la autonomía de Cataluña”, en los términos que marca el artículo155 de la Constitución española, que prevé que el gobierno central puede ordenar al de esa comunidad autónoma que se abstenga de cumplir con sus obligaciones legales. “Hay líneas que no se pueden franquear”, sentenció.
Por todos los medios, el gobierno central pide a Mas que desista de su pretensión de llevar adelante la consulta y que acate la resolución del TC, hasta ahora sin resultados.
¿Adelanto electoral?
Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la más importante plataforma ciudadana soberanista, sostiene en entrevista que no existe duda de que Cataluña “va camino a la independencia”.
Desde la ANC –y en sintonía con la Generalitat y los partidos nacionalistas– se tienen diseñados escenarios de actuación distintos en caso de que el gobierno central logre impedir a los independentistas que acudan a las urnas el 9 de noviembre; entre ellos la celebración de elecciones anticipadas con carácter plebiscitario, y en el extremo, la declaratoria unilateral de la independencia por parte del Parlamento catalán.
La razón de que esto es inevitable, sostiene Marfany, es que, “a diferencia del referéndum en Escocia, que nació a propuesta de un partido político, en Cataluña el movimiento soberanista tiene una muy amplia base social, se estructura desde abajo y a él se sumaron los seis partidos políticos nacionalistas para cumplir el mandato popular.
“Este proceso se celebrará con plenas garantías democráticas; pero es inevitable que se celebre”, dice, al explicar los distintos escenarios políticos y legales antes citados.
Hasta ahora, ante la decisión del TC, el gobierno regional, la mayoría del Parlamento y la ANC cierran filas en la celebración de la consulta, sin que se defina abiertamente si habrá convocatoria a elecciones anticipadas en febrero del año próximo.
Marfany reconoce que de aquí al 9 de noviembre “vienen unos días cargados de tensión política, de tensión social, muy difíciles, pero nosotros creemos sinceramente que podemos votar el 9 de noviembre”, y no descarta que, “aparte de los esfuerzo políticos, mediáticos, y jurídicos para intentar impedir la consulta, el Estado recurra a la guerra sucia”.
En este ambiente convulso, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido independentista de izquierda al que las encuestas dan como ganador en el supuesto de haber elecciones anticipadas, es el que mayor nivel de desafío plantea.
Su dirigente, Oriol Junqueras, propuso recurrir a la “desobediencia civil” ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta, y planteó a Mas que miembros de ERC se integren a su gobierno para “blindar la consulta”.
Un escenario que entre los soberanistas se plantea es que ERC y Convergencia i Unió, la formación política de Mas, vayan juntos en las listas electorales para las elecciones adelantadas, con un enfoque plebiscitario.
“V” de soberanía
El vicepresidente de la ANC sostiene que 80% de los catalanes quiere votar en la consulta “para ejercer su derecho a decidir”; de ese porcentaje, 90% está de acuerdo en aceptar el resultado, sea cual sea, a favor o en contra de tener un Estado independiente. Acepta que si ahora se hiciera la consulta, “ganaría el sí a la independencia, aunque por poco margen”.
El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat difundió en abril una encuesta que arrojó que 47% de los ciudadanos estaba a favor de que Cataluña fuera un Estado independiente, contra 19% en desacuerdo. A su vez la Cadena Ser, la radio de Prisa, difundió una encuesta que colocaba el sí en 52%, y sólo 24% por seguir formando parte de España.
Otras encuestas muestran lecturas distintas, como la divulgada por el diario La Razón, identificado con el pensamiento de derecha, que concluyó que 43.7% no está a favor de la independencia, contra 39.7% que la apoya.
Al margen de tendencias, la exaltación soberanista subió de tono por el referéndum en Escocia; interpretan que les da la razón y que la opción de las urnas es la adecuada, en especial por la concurrida celebración de la Diada (Día Nacional de Cataluña) el pasado 11 de septiembre.
Ese día, a lo largo de 11 kilómetros, en la Gran Vía y en la Avenida Diagonal, de Barcelona, cientos de miles de ciudadanos formaron la letra “V”, que simbolizaba “victoria, voluntad y votar”, dijeron los organizadores. Los asistentes entonaron consignas por la consulta. La Guardia Urbana calculó en 1 millón 800 mil el número de participantes, y la Delegación del Gobierno Central en esta comunidad, en 500 mil.
“Este Día de Cataluña fue el más multitudinario”, aseguró Carme Forcadell, presidenta de la ANC, en medio de miles de esteladas (la bandera no oficial catalana utilizada por los independentistas) y camisetas con los colores amarillo y rojo.
Este crecimiento es notable si se toma en cuenta que en 2006 el núcleo independentista no sobrepasaba 15% de apoyo. Marfany explica que eso se debe a que el proceso se inició desde la sociedad cuando en ese año se aprobó en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados un nuevo Estatuto de Autonomía para esa comunidad, que pretendía “encajar a Cataluña dentro del Estado español, pero con todas sus particularidades, como son sus leyes, su lengua, su economía.
“Ese estatuto se recortó de manera extraordinaria en las Cortes Españolas (Congreso y Senado) y luego se votó en referéndum mayoritariamente por el pueblo catalán y lo refrendó el rey (Juan Carlos de Borbón).”
Sin embargo, el Partido Popular (PP) lo impugnó ante el Tribunal Constitucional, que en 2010, con cuatro años de retraso, “emitió su sentencia recortándolo aún más y eliminando la interpretación de ‘nación’ que demandaba Cataluña, y lo dejó en papel mojado, es decir, en nada”.
Hoy el mismo Tribunal Constitucional es el que, cuatro años después de echar por tierra el Estatuto, suspendió cautelarmente la consulta.
“De ahí arrancan muchas cosas –dice Marfany–, es la gota que colma el vaso. Es evidente que la manifestación (de la Diada) de 2012 hace cambiar la percepción en la sociedad; de abrigar la idea de la autonomía de Cataluña se pasa a una idea de soberanía del territorio y todo el escenario político se revoluciona. A eso se añade que, ese año, la Generalitat obtuvo una negativa de Madrid cuando trató de negociar un nuevo Pacto Fiscal del gobierno central con Cataluña.”
Recordó que en noviembre de 2012 se celebraron elecciones anticipadas, siendo la principal demanda la celebración de la consulta por la soberanía. “Por eso ahora vemos unidos la acción de la sociedad y la de los seis partidos políticos independentistas, que en el Parlamento representan 80%, con el objetivo de realizar la consulta en condiciones democráticas”.
Un día después de la Diada, el 12, ANC, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (que aglutina a 700 ayuntamientos catalanes, 98% de ellos dispuestos a realizar la consulta) presentaron en el Parlamento catalán un “derecho de petición” con 750 mil firmas de apoyo, para pedir a los representantes populares que impulsaran el derecho de los catalanes a decidir, y para ello emitieran la ley de consultas, que se aprobó una semana después.
En medio de este intenso debate político, Mas aseguró que celebrará el referéndum el 9 de noviembre a toda costa. “Votaremos seguro, otra cosa son las condiciones”, añadió durante la sesión del Parlamento, donde se revisó el Estado de la autonomía.
Mas y Junqueras alcanzaron un pacto para mantenerse firmes con la consulta soberanista pese al veto del TC, “hasta donde me sea posible”, le dijo el primero al segundo, publicó El Periódico de Cataluña el 25 de septiembre.
Después de aprobada la referida legislación, Mas pospuso varios días su promulgación, hasta el 27 de septiembre, cuando firmó el decreto de convocatoria del referéndum, aplazamiento que movió los cálculos inicialmente establecidos en la estrategia de Rajoy.
El 28 de septiembre, el Consejo de Estado emitió una resolución aprobando los recursos del gobierno español, los cuales se presentaron la mañana del 29 de septiembre; y esa misma tarde, en sesión extraordinaria, el Constitucional admitió los recursos del gobierno y paralizó la consulta.
Desde Nueva York, en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Felipe VI no se olvidó del tema catalán: “Hemos articulado un estado social y democrático de derecho que ampara a todos los ciudadanos y a los distintos territorios de España en su diversidad política, geográfica, cultural y lingüística”.
El Partido Socialista Obrero Español está en desacuerdo con el desafío soberanista; incluso apoyó la postura del gobierno de Rajoy de promover la impugnación constitucional. Pero por conducto de su secretario general, Pedro Sánchez, propone una reforma a la Constitución para promover un Estado federal, a fin de dar respuesta a las crecientes exigencias de incremento de facultades de las comunidades autónomas.
Pese a ello, Sánchez lamentó que Rajoy actúe “más como presidente del PP que como presidente del gobierno” ante el caso catalán. “Su inmovilismo es gasolina para el independentismo”, le advirtió en una entrevista televisiva, y pidió a los miles de manifestantes contra la decisión del TC que voten, pero lo hagan con plenas garantías constitucionales, con una reforma constitucional y un nuevo Estatuto de Cataluña.
Pero parece que su llamado no tuvo aceptación porque, a la misma hora de su declaración, el Parlamento catalán, desobedeciendo al TC, nombró a la junta electoral de la consulta del próximo 9 de noviembre.
