MADRID.- Si algún ingrediente de tensión le faltara al proceso soberanista en Cataluña, ahora está el cerco que la justicia española cierra en torno del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley y su familia por presuntos casos de corrupción, fraude y lavado de dinero.
Símbolo en Cataluña –donde gobernó de 1980 a 2003– por presentarse como un político honesto, Pujol provocó una profunda decepción y enojo entre los catalanes al reconocer en un comunicado que durante 34 años mantuvo oculto “un dinero ubicado en el extranjero”, procedente de una herencia de su padre, Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana, institución que Pujol Soley también dirigió.
En el comunicado, dado a conocer el 25 de julio, también lamentó no haber encontrado “el momento adecuado” para regularizar ante Hacienda los 134 millones de pesetas heredadas en 1980 y aceptó que ese dinero tenía un origen poco claro, pero no lo rechazó pues su padre expresó su voluntad de destinarlo a los siete hijos y a la esposa, Marta Ferrusola, del expresidente de la Generalitat.
Esta revelación confirmaba las acusaciones de corrupción en el entorno de los Pujol vertidas en el pasado, siempre acalladas y bloqueadas, a las cuales el expresidente calificaba de “ataques contra Cataluña”.
Con esa misma actitud victimista, el experimentado político compareció ante el Parlamento catalán el pasado 26 de septiembre, respondiendo a gritos y manotazos a los diputados, quienes le lanzaron una batería de preguntas sobre la turbia fortuna familiar.
Aún con un evidente control sobre el Parlamento, Pujol les dijo: “No soy un político corrupto” y “nunca recibí dinero a cambio de una decisión política o administrativa”. Pero no respondió a las preguntas de los parlamentarios ni arrojó luz sobre las muchas dudas en torno al manejo de esa fortuna. Al contrario, lanzó una advertencia que sonó a amenaza: “Si vas segando la rama de un árbol, cae la rama y al final caerán todas. Caerán todos”.
La confesión de Pujol significó el derrumbe de un mito: Tras salir del gobierno en 2003 tenía el trato protocolario de Molt Honorable en ceremonias públicas, comunicados oficiales y en los actos de Convergencia i Unió (CiU), siempre al lado de su delfín, Artur Mas.
Éste se vio orillado a retirarle el trato protocolario y le pidió que devolviera la medalla de oro otorgada por la Generalitat, pocos días después de que el diario El Mundo reveló esa herencia depositada en cuentas bancarias de Andorra.
Proceso dio a conocer (números 1883 y 1913) las pesquisas iniciadas en diciembre de 2012 contra Jordi Pujol Ferrusola –primogénito del expresidente catalán– por el presunto lavado de dinero de los sobornos cobrados a constructoras o empresas de servicio beneficiadas con contratos de la Generalitat mientras gobernó su padre.
En esa red de sociedades, cuentas bancarias en paraísos fiscales y triangulación de recursos por 13 países (gestionando alrededor de 137 millones de euros), destacaba la conexión con México, donde desde 2003 Pujol Ferrusola invirtió en el sector turismo –en Guerrero y en Baja California–, en casinos, inmobiliarias, negocios de procesamiento de basura, telecomunicaciones y proyectos hidroeléctricos.
Una de esas inversiones, destapada por este semanario en junio de 2013 –la venta del proyecto turístico Azul Cortés, en Baja California Sur–, volvió a ser el centro de atención del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pues según nuevos elementos publicados por El Mundo, Pujol cobró una “comisión encubierta” de la empresa Isolux-Corsán por 9.7 millones de euros.
Presuntamente fue intermediario en la adquisición inicial de un porcentaje de ese proyecto turístico, el cual posteriormente vendió con sobreprecio a esta empresa a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos. El pasado 15 de septiembre, en su comparecencia ante Ruz, el primogénito negó haber cobrado esas comisiones.
El Mundo publicó el 25 de septiembre que un nuevo informe de la policía financiera arrojó que Jordi, Josep y Oleguer Pujol, como gestores de la fortuna amasada por el patriarca del clan, movieron 581 millones de euros los últimos cinco años.
El caso de Oleguer
El miércoles 1 otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, aceptó iniciar una investigación sobre Oleguer Pujol Ferrusola, hijo menor de Pujol, por lavado de dinero y fraude fiscal, al admitir a trámite la querella interpuesta el pasado 2 de septiembre por los partidos Podemos y el catalán Guanyem, así como la formulada por Iniciativa per Catalunya.
Esta investigación de Pedraz se suma a la que lleva Ruz en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional contra Jordi Pujol Ferrusola por los supuestos cobros de 7.5 millones a empresas contratistas de la Generalitat, y a la que abrió el juzgado 31 de Barcelona contra Oleguer Pujol por otra trama corrupta, interpuesta por el sindicato Manos Limpias.
Las pesquisas contra Oleguer derivan de la “obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido, procedente de las Islas Vírgenes”, con la cual se compró un hotel en las Canarias. También se investiga su participación en sociedades domiciliadas en Luxemburgo y en Holanda, a escala personal o a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding, con domicilio en los Países Bajos.
Según El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Oleguer por la posible gestión de 3 mil millones de euros de la fortuna familiar, a través de diversas sociedades.
Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana afirma que, al margen de que a los Pujol se les debe castigar por los “deplorables delitos cometidos” y que estos juicios también son ejemplo de “la utilización política de la justicia española para tratar de frenar el proceso de Cataluña”, no debe afectarse el proceso de consulta.
La confesión de Pujol “provocó un impacto más en lo personal de los catalanes, que reaccionaron incrédulos, decepcionados y con indignación”, dijo.
Sin embargo la encuesta publicada por El Periódico de Cataluña el 7 de septiembre arrojó que 55% de los catalanes creía que el escándalo sí afectará al proceso soberanista, 93% de los votantes de CiU consideraba el caso “grave o muy grave” y 84% exigía que acudiera al Parlamento a dar explicaciones, lo cual sucedió el 28 de septiembre, pero sin arrojar luz sobre el manejo de la fortuna familiar.
