Los asesinatos del diputado federal por Jalisco Gabriel Gómez Michel y de su ayudante Heriberto Núñez Ramos evidencian que el gobierno de Aristóteles Sandoval no ha definido una estrategia para combatir a la delincuencia organizada, indica el investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Eduardo González Velázquez.
Observa que el mandatario ha recurrido sobre todo a la publicidad para disfrazar la alta incidencia de crímenes y deja ver la falta de coordinación adecuada entre el Mando Único y las policías municipales, lo que ha dado pie al envío de 200 efectivos de la Gendarmería Nacional por el gobierno federal.
“En el estado se sigue apostando por la desmemoria y la indiferencia que pueda tener la población con respecto a los niveles tan altos de violencia que estamos viviendo. A partir de la llegada tanto de Enrique Peña Nieto a Los Pinos como de Aristóteles Sandoval a Casa Jalisco, los niveles de violencia no solamente no han disminuido, sino que se mantienen a la alza con el falso discurso de que los delitos de alto impacto han disminuido”, comenta.
Ante la gravedad de la inseguridad pública, prosigue, se mantiene la narrativa que surgió con la guerra contra el narcotráfico que emprendió en su sexenio el presidente Felipe Calderón; aquella que dice que las personas asesinadas o desaparecidas tenían vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, subraya que eso no libra a la población civil del riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
Por eso enfatiza: “Me sigue preocupando que en estos ajustes de cuentas estén inmiscuidos elementos de diferentes corporaciones policiacas, del Ejército, de la fiscalía, de la Marina, ‘trabajando’ a favor de uno de estos grupos criminales, lo cual aumenta la indefensión de la sociedad”.
Para González Velázquez, el hecho de que una gran cantidad de policías que reprobaron las pruebas de confianza sigan en las corporaciones de seguridad abona a esta preocupante situación. Pero admite que despedirlos también es una decisión de alto riesgo, porque supondría que muchos se sumarán al crimen organizado.
Acerca de los 70 homicidios de servidores públicos cometidos en la entidad durante poco más de año y medio del gobierno actual –según el recuento del diario Mural–, el académico dice que puede entenderse que los servidores públicos son eliminados porque combaten a las bandas delictivas o porque forman parte de sus redes y no salen bien librados en los ajustes de cuentas.
No obstante, “cualesquiera de las posibilidades que sea, al día de hoy las autoridades encargadas de esclarecer la gran cantidad de asesinatos de funcionarios públicos en nuestro estado y la República nos siguen quedando a deber, seguimos suponiendo las razones de sus muertes”.
Por este motivo, le parece acertada la propuesta de aplicar exámenes de confianza no solamente a los policías, sino a todo aquel que aspire a ocupar un cargo público. Aun más, señala que además deberían someterse a evaluaciones académicas para asegurar que tengan las capacidades adecuadas.
“Ni diputados ni senadores se pueden sacar de cualquier lado; necesitan tener una preparación y conocimiento suficiente sobre el área en la que pretenden desempeñarse. Los problemas que tenemos ahora en nuestro sistema político mexicano se deben a la falta de calidad” en la preparación de las autoridades, resalta.
Y aunque es claro que los niveles de inseguridad pública son alarmantes en el estado, opina que los focos rojos que más le preocupan al PRI son las grandes posibilidades de perder los comicios del próximo año frente a Enrique Alfaro Ramírez, quien se apresta para postularse a la presidencia municipal de Guadalajara con la intención de brincar a la gubernatura:
“Eso sí creo que les preocupa, y hará que en todo caso sea una especie de motor para que se pongan a hacer su trabajo de mejor calidad.”
A su vez, el investigador Roberto Arias de la Mora, de la Universidad de Guadalajara, acota que si bien Jalisco aún goza de niveles de seguridad aceptables, el arranque del Mando Único Metropolitano y la Fuerza Única Regional no han ocasionado una variación respecto a lo que se tenía antes.
“Yo diría simple y sencillamente que no le han atinado a la estrategia”, dice.
Desde su punto de vista, los asesinatos de servidores públicos ocurrieron a manos del crimen organizado. En el caso del diputado Gabriel Gómez Michel, dice, es claro que quienes planearon su homicidio se aseguraron de enviar un mensaje:
“Lo querían matar a él, no lo buscaron para quizás sobornar a la familia. Luego entonces, la motivación económica se descarta. La pregunta es: ¿por qué lo mataron a él? ¿Por su cargo actual como diputado federal? Pero aquí me puedo responder por qué él de entre 500 posibles diputados federales. De lo que he podido enterarme es que era un buen hombre que por circunstancias de vida se enrola en la política.” l
