Pobladores de los municipios por donde fluye el río Santiago y activistas lanzan un llamado a las autoridades de los tres niveles y a organizaciones ecológicas internacionales: de no atender la contaminación en el río Santiago, la vida en El Salto y municipios aledaños se tornará insostenible en menos de un lustro. Dicen que aun cuando han denunciado las enfermedades degenerativas, respiratorias, digestivas y las muertes por cáncer causadas por las aguas residuales, nadie hace nada por controlar la situación. Por eso los habitantes están en resistencia.
De persistir los altos niveles de contaminación en las aguas del río Santiago en el tramo de Ocotlán a El Salto y Juanacatlán –municipios en los que habitan alrededor de 140 mil personas– en menos de cinco años el entorno se convertirá en una zona ambiental crítica, la peor que se haya registrado en Jalisco en las últimas décadas.
Ese tramo es uno de los más contaminados del país y del continente, y nadie hace nada por remediarlo, aun cuando se han presentado denuncias desde 2007 ante instancias de los tres niveles de gobierno, sostiene la bióloga Griselda González Torres, representante de la organización Salto de Vida.
Ante la falta de respuesta, las querellas se presentaron ante organismos internacionales como el Tribunal Internacional del Agua y Greenpeace –en enero pasado–, dice a Proceso Jalisco la activista ambiental.
El problema es que los deshechos del tiradero de Los Laureles, que infestan las aguas del río, afectan ya a los pobladores de Puente Grande, ubicado en el municipio de Tonalá. En esa región, agrega, el índice de enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas en vías respiratorias y tracto digestivo se ha elevado en los últimos meses, aun cuando las secretarías de Salud y de Medio Ambiente esconden las estadísticas.
Hasta ahora, la organización de González Torres ha detectado que se vierten desechos industriales a las aguas del Santiago por parte de empresas y ayuntamientos en 14 municipios de la entidad. El embalse, dice la entrevistada, regresa los contaminantes a la población mediante emanaciones y vapores que respiran los lugareños.
Un informe presentado a principios de año por la fundación Greenpeace sostiene que por lo menos nueve municipios: Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Ixtlahuacán de Los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga –cuya población total es de 1 millón 300 mil personas– están expuestos a la toxicidad del río Santiago.
El nivel de exposición a los contaminantes es superior a 90% en el caso de Ocotlán; pero en Juanacatlán y El Salto es de 99.8 y de 100%, respectivamente, ello debido a que sus viviendas están a menos de cinco kilómetros del cauce, puntualiza el estudio.
Con respecto a Ixtlahuacán de Los Membrillos, reporta una exposición de 59% de la población a las aguas altamente contaminadas; mientras en Poncitlán el índice es de 65%.
En las regiones centro –El Salto e Ixtlahuacán de Los Membrillos– y sureste –Oco-tlán–, según el estudio de Greenpeace, se presentan las tasas de mortalidad específica más altas: enfermedades infeccioso intestinales, hipertensivas y crónicas en las vías respiratorias superiores a las del periodo 1998-2000.
Sobre la mortandad por tumores y malformaciones congénitas en la población de menores de 15 años, añade el estudio de Greenpeace, “encontramos que tanto en El Salto como en Juanacatlán las tasas de mortandad por tumores malignos del sistema digestivo y marginalmente la leucemia linfoide y cáncer de mama superaron la media estatal”.
En cuanto a las malformaciones congénitas, algunas de ellas no tienen registro, dado que no son letales. Sin embargo, al comparar la suma total de mortandad por malformaciones, los datos muestran que las comunidades de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán presentan tasas mayores a la media estatal, aclara.
De acuerdo con Greenpeace, las 10 industrias con reportes más elevados de descarga de metales pesados y cianuro en el periodo 2004-2009 son: Ciba Especialidades Químicas (hoy Hutsman Internacional de México), Grupo Celanese, Cervecería Modelo de Guadalajara, Nestlé México, Hilasal Mexicana, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Casa Cuervo, IBM de México y Servicios Estrella Azul de Occidente.
Muertes cíclicas de peces
González Torres recomienda hacer un análisis profundo sobre la mortandad de los pobladores para saber con precisión la magnitud del daño. Es necesario detectar, dice, el tipo de enfermedades más comunes: las crónico-degenerativas, leucemias, los tumores y el cáncer, así como llevar un registro sobre los abortos y malformaciones en el proceso de gestación para tener un cuadro clínico completo.
Es oprobioso, insiste, que miles de habitantes de esos municipios paguen con su salud la negligencia de las autoridades estatales y federales para contener el deterioro ambiental y su tibieza ante las empresas que lo provocan.
Indica que hay más de 220 empresas instaladas sólo en la zona de El Salto y Ocotlán a lo largo del cauce del río, “pero si se incluyen las industrias desde Santa Rosa, entonces se contabilizan al menos 400, la mayoría de las cuales manejan sustancias tóxicas y altamente venenosas para el ambiente y que terminan por afectar a la población civil y al entorno natural”.
Sin embargo, comenta, la firma trasnacional Hutsman, ubicada en el poblado de Atequiza-Atotonilquillo desde la década de los setenta del siglo pasado –al principio con el nombre de Ciba– es la que simboliza el deterioro ecológico en el entorno por los derrames frecuentes de sustancias de alta toxicidad al lecho del río.
Griselda González Torres alude a la muerte de millones de peces de la especie popocha en la laguna de Cajititlán y la califica de “tragedia ecológica”. El asunto debe ser atendido de inmediato por encima de pleitos políticos; lo urgente ahora, insiste, es la biorremediación de la cuenca en la que se encuentra esa laguna.
Las autoridades deben instrumentar políticas públicas agresivas para lograr la recuperación de todos los entornos naturales afectados por la industria y las aguas negras, por encima de los colores partidistas, reitera la entrevistada.
“Llevamos más de 20 años con una denuncia permanente de la existencia de un río de aguas altamente tóxicas y las autoridades pretenden distraer la atención sobre nuestra denuncia. Es tiempo de salir de nuevo a la calle y recordarle a los gobernantes la urgencia de profundizar en todo tipo de estudios sobre la toxicidad del río Santiago; y lo vamos a hacer.”
La representante de Salto de Vida, AC, cuenta que la gente aún recuerda la mañana en que vecinos de El Salto descubrieron millones y millones de peces muertos en el río Santiago en la década de los setenta:
“Era tal la mortandad de peces y tan evidente el nivel de contaminantes que el agua de ese afluente no se podía ver. Las panzas de los animales muertos tenían un resplandor que encandilaba; el agua también lanzaba un resplandor que molestaba la vista.”
En otra ocasión, agrega, sin motivo alguno, el río se prendió, se convirtió en un “río de lumbre”. Y aunque ese fenómeno duró varios días, “ninguna autoridad notificó nada a los pobladores”.
Ecocidio y conciencia social
Las contingencias ambientales en la zona por la actividad industrial son frecuentes, aunque la población casi nunca se entera; las autoridades municipales y estatales hacen nada por sancionar a las empresas, mientras los dueños de éstas continúan sus actividades sin reparar en los daños que causan al entorno.
González Torres sostiene que se trata de un ecocidio del que se tiene registro desde hace más de 30 años. Nadie ha hecho nada, insiste, por los fuertes intereses económicos y empresariales que están en juego en la zona y a la tremenda influencia de las trasnacionales.
Hace más de 10 años, relata, los vecinos comentaban que una de las industrias instaladas a las orillas del río Santiago tenía un reactor nuclear que arrojaba sus desechos al afluente, aunque eso nunca pudo comprobarse.
“No pudimos seguir esa pista –comenta al reportero–, a pesar de que buscamos indicios para corroborar esa versión. Lo que sí localizamos fueron incineradores clandestinos de residuos biológico-infecciosos y que se llevaban a una parte del vertedero de Los Laureles. Los vecinos insistieron mucho en que eso se regulara.”
En la última década, sobre todo desde 2004, los pobladores tomaron conciencia de la situación y comenzaron a movilizarse para denunciar las muertes de peces, mostrar los daños físicos a causa de la contaminación de las aguas residuales y a exigir a las autoridades de los tres niveles una respuesta ante esta situación.
“Tuvimos que hacer un análisis de riesgo con brigadas internacionales y locales, para empezar a desarrollar un diagnóstico de qué era lo que estaba afectado la salud y provocando la muerte de decenas de personas, y lo primero que descubrimos por nuestra cuenta es que estábamos en una zona altamente peligrosa para la salud humana.
“Las organizaciones internacionales nos ayudaron a ubicar el verdadero problema en el río Santiago y la información obtenida nos permitió ver que se trata de uno de los embalses más contaminados a nivel nacional y en la región de América Latina”, dice González Torres a Proceso Jalisco.
Según la activista, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubica al río Santiago en el cuarto lugar de contaminación y degradación de todos los ríos del país.
Lamenta también que ni la población ni su organización estén preparados para una contingencia de gran envergadura. “Esa es nuestra denuncia: no se sabe de protocolos para atender a la población civil, a pesar de que supuestamente sí existe una metodología para atender una emergencia por parte de las empresas privadas, pero todo es hacia adentro, porque no informan nada hacia la población”.
Y añade: “En 2005 la Asociación de Industriales de El Salto hablaba de la necesidad de establecer una zona de amortiguamiento para no provocar una muerte masiva de civiles en el caso de una contingencia de la empresa Mexichem, ellos pedían una franja de tres kilómetros, pero el ayuntamiento no creyó en los argumentos de Quimicao, Pemex y otras firmas”.
A raíz de ese análisis, se realizaron otros estudios de riesgo y se estableció un convenio de confidencialidad para que cada empresa informara sobre las sustancias que utilizaba.
“Esos datos –dice– fueron básicos para armar el sistema de modulación, pero, según las conclusiones, el área de amortiguamiento debía estar a nueve kilómetros de distancia de las industrias y no a tres. Eso significa que las poblaciones no deberían estar donde se encuentran.
“Esto nos habla del peligro que vivimos los adultos y los menores en la zona y del riesgo de que los contaminantes desaten un efecto dominó, provocado por un accidente industrial de grandes dimensiones, por derrame accidental o planeado de sustancias toxicas que se salga de control, o derivado de un incendio, o un temblor.
“No se sabe qué podría pasar con el manejo de residuos tóxicos o con la utilización de materias primas altamente peligrosas en la zona ante una contingencia de gran envergadura.”
Y la contaminación sigue
Griselda González Torres asegura que, seis años después de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió su histórica megarrecomendación 1/2009 relacionada con los altos niveles de contaminación de las aguas del río Santiago y las enfermedades que ésta provoca entre la población de la región, la situación es aún más grave.
El ómbudsman estatal emitió esa recomendación a raíz de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó a las aguas del Santiago e ingirió en forma accidental agua envenenada con arsénico, según revelo la autopsia que se le practicó al menor.
Su muerte desató una serie de protestas de los vecinos y provocó el encarcelamiento injustificado de uno de los activistas ecológicos a quien se le sembró droga para tratar de sacarlo del movimiento ciudadano.
González Torres, egresada de la primera generación de biólogos en la Universidad de Guadalajara, admite que ella también ha recibido intimidaciones desde las instituciones. No obstante, asegura que con la movilización social permanente se logró despertar la conciencia de las nuevas generaciones y hoy son decenas los estudiantes de diferentes universidades y centros de investigación y organismos ciudadanos los que se interesan por la preservación de la naturaleza.
El mes pasado, relata, un grupo de alumnos y maestros de la UdeG incluso viajaron hasta El Salto en un camión del transporte público para conocer el caso de la gran contaminación. Durante el trayecto los policías de El Salto pretendieron dispersarlos y retirarlos de la zona.
González Torres dice que su organización está formada por ciudadanos que viven en resistencia contra la tibieza de las autoridades; su lucha es en memoria de sus muertos, de ahí que exijan el respeto a sus enfermos a causa de tanta contaminación.
La mayoría tienen la esperanza de generar nuevas formas de relacionarse entre la industria y los pobladores de esa parte de México que antaño se conocía como “el pequeño Niágara”, por su hermosa cascada de agua cristalina en la cual proliferaban los peces y bañaba una parte del municipio de El Salto. El reto es recuperar esos “territorios envenenados”.
Y concluye: “Pensamos que la industria, más temprano que tarde, se va a empezar a desplazar… (cuando) ya no haya agua o quizás porque la zona se convierta en una cadena de pueblos fantasma.
“Pero aunque las empresas altamente contaminantes dejen pasivos ambientales, la vida tendrá que resurgir dentro y fuera del río Santiago y tendrá que reconstruirse el tejido social rasgado por la negligencia oficial.”
