La del empresario Arturo Abraham Martínez Bautista y el ingeniero industrial Rubén Reynoso Gálvez fue una sociedad mal avenida. Se conocieron en 2012 y convinieron en trabajar juntos en la producción de etanol, pero las cosas se complicaron y terminaron enemistados. Martínez Bautista incluso presentó una demanda penal contra Reynoso y un científico llamado Leoncio Sánchez, a quienes acusó de fraude. Pero el principal inculpado asegura que el juez que lleva el caso intentó sobornarlo para “voltear la demanda”.
El empresario Arturo Abraham Martínez Bautista lleva meses intentando quedarse con la patente para fabricar etanol elaborado a partir de la basura orgánica, al tiempo que acusa al ingeniero industrial Rubén Reynoso Gálvez y al científico Leoncio Sánchez Gallegos de presunto fraude contra su empresa: Corporativo Adminval.
El 12 de junio de 2013 su apoderado legal, Gerardo Rafael Dueñas de la Vega, presentó una denuncia penal contra Sánchez Gallegos y Reynoso Gálvez (AP 2702-2013-D); éste último asegura que el demandante presuntamente entregó “una cuantiosa cantidad” –650 mil pesos– al juez Cuarto de lo Penal, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, para que le diera “la razón jurídica” en ese litigio.
En su querella, Dueñas de la Vega expone que Martínez Bautista y su socio Aristeo Bautista Islas conocieron a los demandados en la Expo Plásticos 2012 (aunque en una ratificación posterior se aclara que quienes acudieron a la exposición fueron Gustavo Franz Domínguez Sánchez y Sergio Campos Cabrera, pero no Bautista Islas) cuando buscaban un nicho de inversión.
En esa ocasión, según se desprende del documento, Sánchez Gallegos y Reynoso Gálvez les presentaron un proyecto para producir y comercializar “etanol anhidro/biodisel, utilizando una patente que supuestamente se encontraba ya concedida” a favor del científico. Lo cierto es que hasta hoy no ha sido otorgada.
El abogado de Martínez Bautista arguyó que la patente era explotada a través de la firma Bioner, la cual cuenta con el permiso de la Secretaría de Energía por 30 años para la comercialización del producto, aunque esa empresa carece de “alguna licencia firmada por Leoncio Sánchez… situación que descubrí después de llevar a cabo la inversión… además, tampoco era de mi conocimiento que entre Sánchez y Reynoso existe un acuerdo de voluntades”.
De acuerdo con el contrato firmado el 1 de octubre de 2012 por ambas partes, Martínez Bautista se comprometió a invertir alrededor de 215 millones de pesos en la instalación de una planta para la producción de etanol y a entregarlos en varias exhibiciones.
En el acta de la asamblea general de la empresa del 31 de octubre de ese año también quedó asentado que Martínez Bautista adquiriría 20% de las acciones de Bioner.
El primer cheque fue por 20 millones. Luego, Martínez Bautista entregó 4.9 millones de pesos en cuatro exhibiciones. Y cuando pidió informe de los gastos, añade el representante del Corporativo Adminval, “se encontró con que las cuentas ‘aperturadas’ (sic) con los recursos aportados por mi representado, habían sido vaciadas y a la fecha no se contaba con información que justifica(ra) el destino del dinero”.
Y aunque los denunciados presentaron una relación de gastos con facturas que suman 17.4 millones de pesos, Dueñas de la Vega afirma que los cheques sólo fueron autorizados y firmados por Sánchez y Reynoso, pero no por su cliente, lo que contraviene el contrato, según el cual “las operaciones superiores a los 200 mil pesos o bien que en su conjunto rebasen el millón de pesos mensual” deben contar con la autorización de Martínez Bautista.
El abogado también puso en duda la autenticidad de las facturas. Y argumentó que las actas constitutivas de las empresas no corresponden a la actividad que realizaron.
Cinco meses después de la denuncia, el 6 de noviembre de 2013, la Fiscalía General del estado ordenó realizar una inspección ocular a los domicilios de las empresas que emitieron las facturas: Grupo Empresarial Avanza, ubicado en Plateros 2357; Servicios Profesionales del Country, en la Calle Industria 768; Ascor Corporativa Estratégica, en Donceles 2289, y Ascor Asesoría Corporativa Estratégica, en Avenida Naciones Unidas 5677.
Ese mismo día, el agente del Ministerio Público (MP) Carlos Eduardo Fernández Jalomo y dos testigos de asistencia acudieron a los domicilios del Grupo Empresarial Avanza y de Servicios Profesionales del Country, pero no localizaron los domicilios que aparecen en la factura.
En Ascor Asesoría Corporativa nadie abrió la puerta de la casa-habitación donde se ubica, mientras que Asesoría Corporativa Estratégica se encuentra en un coto privado y el guardia de seguridad comentó que ahí no había ninguna empresa, según el reporte de los elementos de la fiscalía.
Según Dueñas de la Vega, los denunciados –Reynoso Gálvez y Sánchez Gallegos– recurrieron a una empresa para que les expidiera facturas con el propósito de retirar el dinero; dijeron también que se comprometieron de manera verbal ante varios testigos a devolver esa suma, pero no cumplieron.
La demanda
En su querella también expuso que Martínez Bautista viajó a Estados Unidos donde se entrevistó con el abogado “que supuestamente había efectuado el trámite de las patentes y él le manifestó que a la fecha no se había concluido trámite alguno de patente, sino que sólo se habían metido dos solicitudes que quedaron abandonadas por falta de pago y de información”.
Dueñas de la Vega recuerda que cuando se le cuestionó a Sánchez Gallegos “por qué había engañado a mi representada (la empresa Corporativo Adminval) diciendo que existía una patente cuando eso no era cierto”, le respondió que Reynoso era quien se encargaba “de todo ese trámite” y que él también se encontraba sorprendido de que no existieran las patentes”.
Fernández Jalomo, por su parte, ordenó también una inspección ocular a la página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para consultar si existe una patente registrada a favor de Sánchez Gallegos. Ahí sólo encontró una que se refiere a la “presentación o denominación de Achio Miel de Agave”.
Al final, el MP solicitó al juez girar la orden de aprehensión contra Sánchez y Reynoso por su probable responsabilidad penal en el delito de fraude genérico contra el Corporativo Adminval por la cantidad de 20 millones de pesos.
El caso quedó en manos del juez Castellanos de la Cruz, quien decretó la orden de aprehensión contra Reynoso Gálvez y Sánchez Gallegos.
El 18 de diciembre de 2013 fue detenido Sánchez Gallegos, quien, de acuerdo con la investigación, tiene antecedentes penales por fraude en su modalidad de falsificación de documentos cobrables de una empresa, así como tres reincidencias por el mismo delito.
Su defensa presentó diversas pruebas, entre ellas el permiso R/SENER/SPEDT/COM/16/10, emitido por la Secretaría de Energía para la comercialización de bioenergéticos del tipo etanol anhidro y biodisel, la licencia municipal del negocio registrada bajo el giro de reciclaje e investigación, así como un depósito a una cuenta bancaria en Phoenix, Arizona.
En su declaración ministerial, Sánchez Gallegos expuso que el contrato que firmó con Corporación Adminval estipula que “se utilizaría una patente o secreto industrial en trámite, por lo que jamás engañé a la persona moral que hoy se dice ofendida… (Martínez Bautista y su apoderado legal) pudieron constatar que la patente en cuestión se encontraba en trámite y, como lo demostré con fecha 4 de abril de 2013, se realizó un pago por la cantidad de 77 mil 123 pesos a nombre de Robert A. Iussa, quien realiza los trámites en Estados Unidos”.
También relató que Martínez Bautista puso como condición que él (Sánchez Gallegos) y Reynoso Gálvez –quien ya tenía experiencia– formaran parte del proyecto de la fabricación de biodisel a través de desechos orgánicos, por lo que se asociaron a su empresa Bioner a partir del 31 de octubre de 2012.
En esa fecha, según Sánchez Gallegos, se realizó una asamblea general en la que sus antiguos socios fueron liquidados –se les entregaron 2 millones 300 mil pesos– y se estableció que Reynoso Gálvez y él se quedarían con 80% de las acciones –40% cada uno– y el resto sería para Corporación Admival, cuyo propietario aportaría la inversión para “iniciar el proyecto que estaba en marcha”.
Antes de ese acuerdo, explicó Sánchez Gallegos, él era el administrador general único, pero con el convenio se propuso crear un consejo de administración que estaría presidido por Reynoso Gálvez, “al cual también vi con varias dudas en cuanto a firmar el acta”.
“Pero el señor Arturo (Martínez Bautista) y sus abogados y contadores nos presionaron. Él nos dijo que firmáramos, que no había ningún problema”, aseguró el declarante.
Dijo que él y Martínez Bautista acordaron “verbalmente” contratar los servicios de las empresas mencionadas anteriormente para que les entregaran las facturas; incluso a finales de 2012 se abrieron cuentas bancarias y acordaron que “las firmas serían de dos de los tres (socios) para una mejor organización y contabilidad de Bioner”.
El juez Castellanos de la Cruz citó a los representantes de las empresas implicadas en la emisión de facturas para determinar cómo se gastaron los 20 millones de pesos. El primero en comparecer fue Juan Manuel Pérez Garibay, de Ascor Asesoría Corporativa Estratégica, quien admitió haber apoyado al inculpado en la investigación de “calidad y prototipos”.
Luego acudió Juan Manuel Pérez Garay, representante de Grupo Empresarial Avanza. Él sostuvo que, a través de su empresa, Sánchez y Reynoso contrataron el servicio de acopio de basura, para lo cual se rentaron camiones necesarios para trasladar desechos, así como la limpieza de la planta industrial que se ubica en la avenida R. Michel 868.
La representante de Servicios Profesionales del Country, Celia Alejandra Pérez Arriola, por su parte, afirmó que la contrataron para la toma de muestras, servicios de vigilancia y para estudiar el costo que tendría la producción y si era factible producir grandes cantidades de energía para la industria. Lo curioso es que los tres representantes empresariales dieron un mismo domicilio fiscal: Donceles número 2289.
Tras analizar los testimoniales e interrogatorios, el juez concluyó que se cometió fraude en agravio de Corporativo Adminval, y consideró que Sánchez Gallegos actuó como coautor material y lo sancionó con una pena que va de cuatro a 10 años de prisión, así como a pagar una multa de 20 a 80 salarios mínimos; además, el juzgador determinó que actuó “conjuntamente con otro sujeto”.
El escrito de Reynoso
El otro presunto culpable es Reynoso Gálvez, un ingeniero industrial con amplios reconocimientos por sus innovaciones en reciclaje dentro y fuera del país, gracias a los cuales incluso fue invitado por la Organización de las Naciones Unidas a las dos últimas cumbres de líderes mundiales.
Reynoso Gálvez comenta que se enteró que el juez Castellanos de la Cruz pidió a Martínez Bautista 650 mil pesos para que emitiera un fallo favorable en su demanda y que a él también intentó cobrarle 1 millón de pesos para “voltear la demanda”.
Incluso entregó a este semanario un escrito según el cual Martínez Bautista “por el lado legal ha maquinado minuciosamente un proceso ilegal lleno de artimañas y corrupción”, en complicidad con el abogado Gerardo Dueñas de la Vega.
“También sospecho, sin constarme –expone–, que Martínez Bautista tiene complicidad con el MP adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal Mónica Vidrio Guzmán y con el propio titular de esa instancia, Castellanos de la Cruz, acción que se puede ver a todas luces dentro del expediente 621/2013-B; donde el trasfondo verdadero es que el señor Arturo Abraham Martínez se quiere apropiar de un invento de un mexicano que ya metió a la cárcel y es para la fabricación de etanol a partir de la basura orgánica, y de igual manera este señor me ha amenazado en meterme a la cárcel a mí también y dañarme.”
En entrevista con la reportera, Reynoso Gálvez afirma que Martínez Bautista le advirtió a través de su abogado que cuando pise la cárcel ya lo estará esperando “el carro negro”, en alusión a los reclusos que, como no tienen nada que perder pues purgan condenas largas, se venden al mejor postor, e incluso llegan a cometer asesinatos.
También señala que en su proceso se cometieron varias arbitrariedades, entre ellas órdenes de aprehensión sin los avisos previos de presentación como marca la ley. Es por ello que tramitó un amparo –el número I-174/2014– ante el juez Primero de Distrito en el estado de Guanajuato.
Apunta que el juez Castellanos de la Cruz “no tomó en cuenta mis pruebas ni mi declaración, sólo basó su decisión en la declaración de los testigos Campos y Franz, a quienes no conozco”. Indica que en la confesión de Sánchez “no se desprende ningún señalamiento en mi contra; al contrario, me exime de toda responsabilidad o problema”.
Ante la insistencia del juez Castellanos de la Cruz de ejecutar el auto de formal prisión, Reynoso Gálvez tramitó otro amparo –el 770/2014– en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, encabezado por Sergio Darío Maldonado Soto.
Ese juez, comenta, ordenó a su homólogo, Castellanos de la Cruz, y a la agente Vidrio Guzmán “fundar y motivar” su resolución, “pues no se señala con claridad cómo es que se encuentra acreditada la forma en que (Reynoso Gálvez) intervino en la comisión del antijurídico… sólo se menciona que quien tiene el carácter de representante legal y firmó el contrato obligado a dicha persona moral fue Leoncio Sánchez… persona distinta al accionante constitucional”. El Juzgado Quinto decidió otorgarle a Reynoso Gálvez el amparo el 31 de julio último.
Sin embargo, en vez de cumplir con lo ordenado por el juez federal Maldonado Soto, Castellanos de la Cruz y Vidrio Guzmán “emitieron el pasado 26 de agosto en mi contra una orden de reaprehensión, sin el aviso de apercibimiento”, señala el inculpado, quien tramitó un nuevo amparo, que le fue concedido bajo el número 1250/2014.
Reynoso Gálvez insiste: “Lo único que pido es tener un caso justo y equitativo que no se rija por las dádivas económicas que mi adversario Arturo Abraham Martínez proporciona a funcionarios judiciales, hechos de los cuales no soy testigo, pero sé que así suceden, ya que no hay otra forma de explicar la saña jurídica con la que el juez Cuarto de lo criminal ha llevado mi caso”.
Ante las amenazas de muerte que recibió, Reynoso Gálvez presentó el 14 de mayo pasado una denuncia ante la Fiscalía General del estado en contra de Martínez Bautista, “por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia de manera física o delincuencial”.
