Señor director:
El pasado 13 de diciembre, sin orden de aprehensión y en plena vía pública, fue detenido mi hijo Alan Daniel Rebolledo Segura. Antes de presentarlo ante el Ministerio Público, los agentes lo anduvieron torturando en una patrulla para que les diera 100 mil pesos y, por último, lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
El origen de todo es una denuncia por robo agravado que los hermanos Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro, dueños de la empresa Audiotech, levantaron contra mi hijo, quien laboraba en dicha firma desde 2010. Lo acusaron de firmar un pagaré por 87 aparatos auditivos con un valor aproximado de 153 mil pesos.
Sin embargo, a mi hijo lo despidieron el 14 de noviembre de 2013, y el pagaré que presentaron como “prueba” del delito aparece fechado el 16 del mismo mes; es decir, dos días después de que Alan había dejado de laborar en Audiotech.
Además, a través de un peritaje realizado por un Ministerio Público se comprobó que la firma del acusado en el pagaré fue falsificada. Peor aún: Desde que los demandantes interpusieron la denuncia con testigos comprados que declararon en contra de mi hijo, nunca se han presentado a ratificar sus acusaciones, a pesar de que han sido requeridos y notificados puntualmente por las autoridades ministeriales.
El hecho de que la parte demandante y sus testigos no acudieran ameritaba una sanción económica e incluso el arresto. Pero el juez Gilberto Cervantes, encargado del caso, terminó exonerándolos a todos, patrones y testigos, de las violaciones cometidas contra el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Con el número de causa penal 283/2013, radicada en el Juzgado Trigésimo Quinto Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y bajo la responsabilidad del juez Gilberto Cervantes, el juicio se ha desarrollado de manera turbia, al punto de que mi hijo sigue preso aunque ya demostró su inocencia.
El dinero y poder del que disfrutan los dueños de Audiotech es tal que, por medio de terceras personas del mismo reclusorio intentaron matar a Alan Daniel dándole una puñalada en la espalda, hecho que las autoridades del penal nunca quisieron investigar.
Desde que mi hijo llegó a trabajar a Audiotech se enteró de una serie de irregularidades e injusticias que cometen los dueños de la empresa en contra de sus empleados. Por ejemplo, cuando quieren despedir a alguien le inventan robos o los acusan de presentarse tarde a trabajar. Esto lo hacen comúnmente contra las mujeres embarazadas. Inclusive, para amedrentar a los empleados que pretenden despedir se valen de cuatro agentes judiciales que les hacen ese trabajo sucio.
La presente queja ya se la envié por escrito al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a la diputada panista Olivia Garza, entre otras autoridades, sin obtener, hasta el momento, ninguna respuesta.
Finalmente, quiero manifestar ante las autoridades competentes que hago responsables a los señores Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro de cualquier amenaza o agresión física que pudiéramos sufrir mi hijo recluido y yo. (Carta resumida.)
Atentamente
María Susana Segura Tlapa
