Veracruz ha sufrido un aumento en la delincuencia y la impunidad a pocos meses de que albergue el mayor encuentro deportivo de Centroamérica y el Caribe. Menudean los asesinatos, los crímenes de odio, los robos y la desconfianza. En medio de esta crisis, el gobierno ha preferido cerrar los ojos, repetir que todo está bien e ignorar la desorganización y la inmensa deuda que arrastra. Coatzacoalcos es un buen ejemplo de este fenómeno.
COATZACOALCOS, VER.– Arrasado por el crimen organizado, una deuda que alcanza 90 mil millones de pesos y la imparable inseguridad en el estado –a la que ahora se agrega una serie de homicidios perpetrados contra homosexuales–, el gobierno de Javier Duarte ha sido rebasado a la hora de organizar los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JCC), programados para noviembre.
La inseguridad que mantiene postrada a esta región del sureste veracruzano no cesa. El miércoles 20 la Agrupación de Diversidad Sexual base Minatitlán reportó los asesinatos de cinco homosexuales en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán.
Ese mismo día el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos presentó los resultados de la Encuesta de Victimización Urbana de Coatzacoalcos 2014, según la cual 93% de los actos de violencia no se denuncian. En 2010 esta cifra llegaba a 89%.
Pese a todo, Coatzacoalcos se prepara para ser sede de las competencias de triatlón en los JCC. Aunque la sede del certamen fue otorgada a Veracruz en 2008, este municipio fue integrado al calendario del encuentro deportivo en febrero pasado, por injerencia del mandatario estatal cuya esposa, Karime Macías, es originaria de esta ciudad.
A diferencia del resto de las subsedes (Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Córdoba y Tuxpan), envueltas en la incertidumbre por el atraso en las obras y la remodelación de las instalaciones deportivas, esta ciudad realizará el triatlón sin tener que invertir en infraestructura, pues la disciplina se desarrollará en una parte del Malecón.
Ni el gobierno del estado ni la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) lo han hecho oficial, pero Coatzacoalcos ya realiza los preparativos para albergar también las disciplinas de karate y halterofilia, y para ello reservó durante todo noviembre el Centro de Convenciones y Teatro de la Ciudad, con capacidad para mil 600 espectadores.
En medio de los problemas para organizar los JCC, el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero, pidió más disciplina al gobernador del estado. Y acepta que Duarte y su esposa fueron determinantes para que la ciudad fuera designada subsede del certamen. No es el caso del municipio de Córdoba, cuyo presidente, el panista Tomás Ríos, reconoce que ni siquiera tiene idea del presupuesto designado por el estado para construir la arena Córdoba, donde se jugará volibol.
Ríos asevera que tampoco tiene un reporte sobre el avance real de la obra y que la participación del municipio se reduce a la parte logística y de seguridad. Córdoba, por cierto, es el municipio donde las obras comenzaron con mayor tardanza. En junio pasado el gobierno veracruzano anunció que la construcción presentaba un avance de 80%. En realidad, ni siquiera se había colocado la primera piedra.
Hoy, en lo que será la arena, apenas hay una serie de gruesas columnas metálicas y parte de las barras sobre las que será colocado el techo, pero la fecha de su conclusión es una incógnita.
Escasez de agua
El mayor reto de Coatzacoalcos –la tercera ciudad más grande del estado– es el suministro de agua potable.
En 2014 esa ciudad y los municipios colindantes, Minatitlán y Cosoleacaque, se han quedado cuatro veces sin agua porque los maestros, pero sobre todo los ejidatarios de Tlayacopan, que reclaman sus derechos sobre el líquido, cierran las válvulas de la presa Yuribia, pues la consideran patrimonio de su comunidad.
Los ejidatarios alegan incumplimientos de los convenios signados con los municipios implicados y consideran injusto que se beneficien con el agua sin que haya una retribución. Apenas el martes 19 soldaron las salidas de agua de la presa y dejaron sin este servicio a las tres ciudades.
En mayo pasado, en la semana previa al Festival de la Salsa –el encuentro musical más importante en el estado– cerraron durante siete días las válvulas de la presa. Fue un caos en esta sofocante región. Desesperados, los habitantes bloquearon calles y secuestraron pipas. La acción también puso en jaque a hoteleros, empresarios y hasta a los hospitales.
El alcalde Caballero asegura estar consciente del problema que afronta por el agua. En entrevista acepta que es probable que la crisis estalle nuevamente en plenos Juegos.
“Es evidente ese riesgo. Tenemos que estar atentos para que exista una sana relación y compartir ese recurso (el agua). En eso estamos concentrados. Me preocupa que en cualquier momento cierren las válvulas de la presa, no sólo por los Juegos Centroamericanos. El diálogo es constante porque el agua es un asunto esencial para la ciudad”, apunta.
El peligro sanitario también es alto. El miércoles 20, el Heraldo de Coatzacoalcos divulgó que en esta región se consume carne sin certificación. Según la nota, en distintos municipios de esta zona del sureste proliferan los rastros clandestinos. Por lo menos se han detectado siete. El único matadero certificado en la región se localiza en Acayucan, a una hora de Coatzacoalcos.
El problema con esta situación es que los rastros ilegales aceptan animales alimentados con clembuterol, una hormona considerada dopante.
Caballero se desmarca. Asegura que la responsabilidad de los alimentos y bebidas que consumirán los atletas compete exclusivamente a la Odecabe.
El miedo
El 25 de mayo pasado los tíos políticos del gobernador Duarte de Ochoa, José Tubilla y María de los Ángeles Muñoz –La Chata Tubilla–, sufrieron un robo en su residencia.
Un día después, Duarte dio el banderazo al operativo Blindaje Coatzacoalcos. Los únicos beneficiados fueron los tíos de la esposa del mandatario estatal, pues desde entonces un grupo de agentes vigila la vivienda las 24 horas del día. Y algo similar sucede con el suegro del mandatario, Tony Macías.
En Córdoba, el alcalde Tomás Ríos; el secretario del ayuntamiento, Rodolfo de Gasperín, y el coordinador municipal del Deporte, Juan Gerardo Perdomo, insisten en que la responsabilidad del torneo no recae en el municipio, que éste no participa en las obras ni maneja los recursos, pero aceptan que el comité organizador y la constructora se comprometieron a entregar la arena Córdoba y el gimnasio El Mexicano, en proceso de remodelación, a mediados de octubre, es decir, un mes antes del comienzo de los juegos. Este último espacio será utilizado como área de entrenamiento y calentamiento para los volibolistas.
El presidente municipal expone que ni siquiera tiene idea del costo de la construcción de la arena Córdoba. “No hay una cifra exacta. Extraoficialmente nos hablaron de alrededor de 100 millones de pesos”.
Perdomo, por su parte, dice desconocer los motivos por los cuales no se iniciaron las obras con suficiente tiempo y ante el evidente atraso reconoce: “También estamos preocupados. Sinceramente el tiempo nos ganó”.
Hugo Fernández, diputado local panista, afirma que ve “los tiempos muy encima”, máxime que los atletas requieren de un tiempo razonable para aclimatarse y entrenar. “Además, las instalaciones deben ser valoradas en sus especificaciones técnicas”.
Para Fernández es momento “de cerrar filas, que el gobierno abra bien la chequera; si no, Veracruz va a quedar mal ante los ojos de los hermanos latinoamericanos al tener un encuentro mal organizado y con instalaciones fabricadas al vapor. Sería el acabose para este gobierno organizar un evento que no esté a la altura de las expectativas”.
El legislador es también arquitecto y en su papel de constructor asegura que si Veracruz hizo el compromiso de organizar la competencia desde 2008, “estar ahora a las carreras no habla de una correcta planeación. Los atrasos hablan justamente de que no ha habido una correcta planificación financiera en muchas de las acciones que emprende el gobierno del estado, y hoy nos toca ver un problema delicado en estos juegos”.
Para el diputado fue un error que el gobierno de Veracruz pretendiera organizar los juegos “y abarcar más de lo que su disponibilidad financiera permite. Es actuar de manera irresponsable cuando no se tienen los flujos o se pretende seguir teniendo una imagen de un gobierno que promueve y acciona con dinero que no tiene.
