Entrevistado en las oficinas de Alianza Ciudadana, en la avenida La Paz, el presidente de esa organización y excandidato a la gubernatura por MC, Enrique Alfaro Ramírez, dice que no teme a los actos intimidatorios que el gobierno estatal dirige contra él desde la Mesa de Estrategia:
“No tengo miedo a los amagos ni de los chantajes (…) Para que nos paren, me van a tener que cortar la cabeza, y si lo hacen es responsabilidad de Jorge Aristóteles Sandoval. Mi seguridad y la de mi familia es responsabilidad del gobernador de Jalisco, que está permitiendo que un grupo de vivales esté saqueando dinero público, estén construyendo estrategias sin valorar las consecuencias.”
Le indigna que el Ejecutivo no cumpla su trabajo de promover el desarrollo de Jalisco y en cambio “desvíe recursos para hacerle el trabajo sucio al PRI. No nos pueden ganar con votos y están tratando de ganarnos a la mala”.
Señala que fuentes gubernamentales “confiables” le informaron que se contrató a dos autores de libros de temas relacionados con el narcotráfico “para tratar de construir una historia que nos presente como personajes con algún tipo de relación con asuntos vergonzantes; nos quieren convertir en criminales”.
Prueba de ello, dice, es que un periódico local dio a conocer el pasado martes 5 que él, Alberto Uribe (exsíndico de Tlajomulco) y Juan Partida Morales (quien fuera encargado de la hacienda municipal) fueron citados el 30 de julio ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la mesa III de la Agencia Federal de Procedimientos Penales para declarar sobre el supuesto incumplimiento de los programas de saneamiento para la laguna de Cajititlán, cuando nunca fueron notificados del asunto.
Él afirma que esos señalamientos “no tienen sustento jurídico” y que provienen del gobierno del estado para achacarle delitos ecológicos en el marco de una demanda penal levantada por ejidatarios de Cajititlán por el supuesto desvío de recursos y simulación de actos de gobierno (Proceso Jalisco 489).
El mismo martes 5, alguien que se identificó como “el licenciado Ignacio Reyes” convocó a los medios de comunicación para asistir a la notificación judicial a la que, según se desprende de la averiguación previa 5837/2013, deben responder varias personas cercanas a Alfaro.
El exalcalde de Tlajomulco comenta que responderán legalmente; “contra lo que no nos podemos defender –agrega– es contra la determinación del gobierno de violentar el estado de derecho o de que vayan a tratar de meternos a la cárcel para sacarnos de la competencia electoral”.
Recuerda que cuando fue candidato a la gubernatura por MC, sus adversarios lo investigaron “hasta por debajo del colchón” y “no encontraron ni encontrarán ninguna fechoría”. Esta vez, indica, “no quiero exagerar, pero hay elementos (que hacen pensar) que te juegas hasta tu vida. Estos (integrantes de la Mesa de Estrategia) no tienen límites, sinceramente creo que hay cosas que están pasando, que inclusive escapan al gobernador… Pero si las sabe, es más grave”.
–¿Vale la pena arriesgar tanto por una contienda política? –se le pregunta.
–No sé hasta dónde están dispuestos a llegar, pero no es un miedo que paralice, es un miedo que encabrona y que te hace meterte con más ganas.
De todas formas, pide al gobernador “que ponga orden en el estado, en su partido, en su gobierno; que no permita que quienes están tratando de lucrar con su posición (…) en los sótanos de la administración, pretendan deses-tabilizar al estado que ellos mismos gobiernan”.
Señala que la dirigencia nacional de MC ya está enterada de las amenazas, pero además han tenido “acercamientos con autoridades del gobierno federal (…) y no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Aristóteles”.
Finalmente, indica que según sus encuestas internas, si hoy fueran las elecciones su partido “arrollaría” al PRI en la zona metropolitana de Guadalajara. “La reacción es producto del tamaño del miedo, pero faltan 10 meses largos y vamos a resistir, aunque no va a hacer fácil”.
