BOGOTÁ.- A un año de que entró en vigor la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador –llamada ley mordaza por diarios privados y periodistas independientes–, el especialista en medios Ignacio López Vigil sostiene que la verdadera censura no está en esa legislación, sino “en la letra eme con que se escribe la palabra monopolio.
“Son los monopolios particulares de la comunicación los que restringen el derecho a la libertad de expresión por los intereses a los que están sujetas sus políticas editoriales”, dice a Proceso el exsacerdote jesuita y coordinador de la ONG Radialistas Apasionadas y Apasionados, que asesora a radios comunitarias de América Latina.
La Ley Orgánica de Comunicación, que rige en Ecuador desde el 25 de junio de 2013, establece una redistribución del espectro radioeléctrico que se destina al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta, de tal manera que 33% de esas frecuencias se reserva para la operación de medios públicos, otro 33% para medios privados y 34% para comunitarios.
López Vigil fue uno de los principales impulsores de esa legislación, y aunque no le gustan varios de sus artículos, considera que se trata de un paso muy importante hacia la democratización informativa en Ecuador.
Según la norma, ningún particular o grupo empresarial podrá tener más de un canal de televisión y sendas estaciones de radio AM y FM, lo cual, junto con la disposición que establece que los operadores privados sólo podrán poseer la tercera parte de las frecuencias de señal abierta concesionadas, apunta a romper los oligopolios privados de la comunicación.
“Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la puesta en práctica. En su primer año de vigencia, la situación en la propiedad de medios está prácticamente igual y falta casi todo por (echar a) andar, en especial en lo que respecta a medios comunitarios, que han sido los grandes relegados”, apunta López Vigil.
Medios privados sostienen que la llamada Ley de Comunicación restringe la libertad de expresión y que la mayoría de sus artículos apunta a regular el contenido de los espacios informativos.
El forcejeo
La norma aprobada por la unicameral Asamblea Nacional –donde el oficialista partido Alianza PAIS cuenta con mayoría calificada, con tres cuartas partes de las 137 curules– desató una fuerte polémica en el país desde que el presidente Rafael Correa presentó la iniciativa.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó de manera reiterada su inquietud por “el riesgo que corre la libertad de expresión” en Ecuador, debido a “las graves restricciones” que establece esa ley.
“En su articulado se consagran algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que resulten prácticamente ineficaces”, señaló la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, en una carta dirigida al gobierno ecuatoriano.
La asambleísta Verónica Arias, quien pertenece a la coalición parlamentaria oficialista y a la comisión que impulsó la Ley de Comunicación, sostiene que ese ordenamiento “apunta a evitar los oligopolios informativos que han hecho lo que han querido en este país tergiversando la información y sirviendo a los intereses económicos de sus propietarios.
“Aquí los medios privados le pusieron a esta ley ley mordaza e iniciaron una campaña muy fuerte en su contra, aduciendo que restringe la libertad de expresión. Eso no es así, lo que pasaba en Ecuador era que no teníamos una información veraz, objetiva y plural, y era necesario una norma que garantizara a los ecuatorianos el derecho a la información”, sostiene la legisladora.
De acuerdo con Arias, “contrario a lo que afirman sus detractores, a un año de vigencia de esta reforma no se ha cerrado ni una empresa informativa ni hay ninguna persecución. No se trata de eso”.
Como parte de la nueva legislación, el gobierno creó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), un organismo que monitorea a los medios y les aplica sanciones a criterio de los funcionarios del organismo regulador.
El director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte, indica que en el último año la Supercom abrió más de 100 procesos contra periodistas y medios, de los cuales 30 han concluido en sentencias condenatorias.
En enero pasado, la Supercom sancionó al caricaturista Xavier Bonil Bonilla por un cartón publicado en el diario El Universo sobre un supuesto caso de corrupción oficial, lo que molestó al presidente Correa. El organismo regulador dictaminó que el dibujante debía rectificar el texto de su dibujo y exigió al rotativo pagar una multa equivalente a 2% de su facturación del último trimestre.
Entre las investigaciones de la Supercom figura una contra los diarios El Universo, El Comercio, La Hora y Hoy por “minimizar los logros” de una visita de Correa a Chile en mayo pasado. Según el presidente, la cobertura de los diarios a esa gira puede considerarse una censura: “Nos están robando el derecho a estar informados”.
Ricaurte señala que “el acoso a los medios ha provocado autocensura, y ahora tienen abogados que revisan las notas, por lo que el criterio periodístico ya no es lo que prevalece a la hora de publicar información”.
Los conglomerados de la comunicación más importantes de Ecuador están en manos de familias como los Mantilla, los Pérez, los Roca y los Vivanco, con intereses en los medios electrónicos y la prensa escrita.
López Vigil estima que de las mil 200 emisoras radiales del país, entre 85% y 90% siguen en manos privadas. En la televisión, en tanto, la mayoría de canales abiertos son gubernamentales, luego de que se cancelaran varias concesiones a la familia de banqueros Isaías, que enfrenta acusaciones de fraude desde el descalabro financiero nacional de 1999. Sólo quedan tres canales privados en la televisión abierta: Teleamazonas, Ecuavisa y RTC; este último es propiedad del mexicano Ángel González, quien además es propietario de varias estaciones radiales en el país.
Ricarte afirma que la Ley de Comunicación “no ha servido ni para la democratización de los medios ni para poner fin a los oligopolios privados, sino para crear un cuasi-monopolio de medios estatales, con el gobierno controlando la mayoría de canales de televisión y ejerciendo una regulación intimidatoria de los contenidos informativos a través de la Supercom”.
Para López Vigil, lo que ha faltado en Ecuador es fortalecer el sector de medios comunitarios, que está muy lejos de llegar a tener 34% de frecuencias de radio y televisión que le otorga la Ley de Comunicaciones, aunque este ordenamiento habla de un proceso “progresivo”, sin establecer un plazo específico para que esa disposición se cumpla”.
