BUENOS AIRES.- La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández en 2009 y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema en 2013. La llamada Ley de Medios reemplazó la de Radiodifusión de la última dictadura militar.
Este ordenamiento plantea la desmonopolización del sector y la construcción de un modelo comunicacional con multiplicidad de voces. Pero la adecuación de los grupos mediáticos al texto legal, paso importante hacia la desconcentración del sector, está retrasada.
Si bien la ley reserva un tercio del espectro de radio y televisión a organizaciones sin fines de lucro, su aplicación no ha ocurrido pues faltan financiamiento y mecanismos que aseguren la participación popular, la responsabilidad y la calidad comunicacional.
La Ley de Medios procura garantizar el derecho de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas; desalienta la concentración en el sector y fortalece el desarrollo de medios comunitarios, de modo que las “voces predominantes” no impidan escuchar al resto; reconoce en tal sentido la potestad del Estado para regular el sector; establece incompatibilidades cruzadas entre la propiedad de distintos tipos de medios; restringe la acumulación de licencias de aire y de cable; permite sólo a medios estatales o de la Iglesia Católica llegar a más de 35% del mercado de televisión por cable en una misma localidad, no así los grupos privados; una misma empresa no puede operar medios electrónicos y a la vez comercializar servicios públicos, como la telefonía básica.
El gobierno de Fernández llamó “la madre de todas las batallas” a la disputa política, judicial y cultural para lograr que el Grupo Clarín, la corporación de medios más importante de Argentina, dejara de marcar la agenda de los gobiernos democráticos.
Clarín creció a la sombra de la última dictadura y de la década neoliberal de los noventa. Tras la derrota judicial, sus cuatro socios principales decidieron partir en seis la empresa y así cumplir las disposiciones de ley. Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto se quedarán con la parte que retiene la mayor parte de la operadora de televisión por cable Cablevisión. José Aranda y Lucio Pagliaro retendrán la que tiene los principales medios audiovisuales. Las cuatro restantes serán vendidas.
El tratamiento de los planes de adecuación a la ley presentados por otros grandes grupos (Telefé-Telefónica, Telecentro-Pierri y Radio Continental-Prisa) también marcha con retraso.
“El fondo Fintech, que controla el empresario mexicano David Martínez, informó mediante un comunicado los nombres de los interesados en comprar dos de las tres empresas en las que se dividirá Cablevisión, publicó La Nación el pasado 27 de mayo. Y afirmó asimismo que está dispuesto a vender el más importante de esos “pedazos” si el Estado aprueba finalmente su desembarco en Telecom Argentina”. Fintech se inclina así por comercializar en Argentina servicios públicos, como la telefonía fija y la distribución de gas de red, sector en el cual ya participa a través de la empresa Gennia.
Se considera que la Ley de Medios es la más debatida en la historia de la democracia argentina. Surgió de las propuestas surgidas de 24 foros que se desarrollaron en 2009 en distintos puntos del país. Plasmar el espíritu de la ley en el futuro mapa de medios será uno de los avances más importantes de 30 años de democracia.
Organizaciones sociales y comunitarias denuncian sin embargo que hoy no están dadas las condiciones para apropiarse del tercio del espectro que por ley les corresponde. El desafío es volver sostenible este sector asegurando su financiamiento, desacoplando a la vez la producción de contenidos de la dinámica comercial asentada en la pauta publicitaria.
