La entidad gobernada por Ángel Aguirre Rivero se encuentra desgarrada por los secuestros y la narcoviolencia. Los empresarios de Guerrero se quejan de la indolencia de las autoridades estatales y critican a varios alcaldes, como el de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos. Afirman que éstos, lejos de frenar la violencia detonada por los reacomodos de las bandas delincuenciales y de atender los reclamos sociales –entre ellos las obras de infraestructura y la atención a los damnificados por las lluvias de septiembre de 2013–, prefieren hacer campaña política. Poco les importa, insisten, si el Plan Nuevo Guerrero fracasa.
CHILPANCINGO, GRO.– La dramática situación que viven las comunidades a causa del reacomodo de las bandas delincuenciales que se disputan la hegemonía en la entidad pone en riesgo la aplicación del Plan Nuevo Guerrero, presentado de manera oficial el 26 de marzo en Acapulco.
La iniciativa, anunciada en octubre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, es parte de la Cruzada contra el Hambre y se abocará a las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada tras la devastación de las lluvias de septiembre del año pasado.
Sin embargo, choca con la violencia que mantiene a los guerrerenses hundidos en la inseguridad, sobre todo en las zonas de producción, trasiego y venta de droga, indica un informe federal consultado por Proceso.
La operación Juntos por Chilpancingo –que incluyó el traslado de 800 policías federales y estatales para limpiar la capital del estado– se inició en marzo pasado, luego de que las autoridades municipales se declararon incompetentes para combatir la narcoviolencia. Ese hecho sintetiza la tragedia que se vive en Guerrero.
Y aun cuando las acciones policiacas federales se enfocan en el desmantelamiento de la estructura del grupo delictivo Los Rojos, en Chilpancingo y en la zona Centro la situación se tornó crítica con la llegada de grupos antagónicos que intentan arrebatar la plaza.
El incremento de los homicidios, secuestros, asaltos y extorsiones, así como el retraso de las obras de reconstrucción en la capital del estado, comienzan a molestar a representantes del sector productivo y a los propios damnificados, quienes reprochan al alcalde priista Mario Moreno Arcos dedicarse más tiempo a promoverse como aspirante a la gubernatura que a atender las demandas ciudadanas.
De ahí que, según el documento consultado por el reportero, en las siete regiones se entrevea “un colapso social” a causa del retraso en la ejecución de las obras de reconstrucción y la dificultad de implementar los programas sociales, principalmente en zonas donde los delincuentes controlan territorios completos y las autoridades han sido nulificadas.
Hasta hace poco, funcionarios de los gobiernos federal y estatal se echaban la bolita por la demora en las obras de infraestructura, a las que se destinarían 67 mil 835 millones de pesos, según se dijo en 2013. No obstante sólo se autorizaron 37 mil 425 millones para este año; el resto se aplicará entre 2015 y 2018.
El desencanto creció a raíz del secuestro, en abril pasado, de tres trabajadores federales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que realizaban labores de abastecimiento de tiendas como parte de la Cruzada contra el Hambre en Coyuca de Benítez. Sus cuerpos aparecieron el martes 3 de junio en una fosa clandestina en la Costa Grande.
El miércoles 11, el procurador de Justicia estatal, Iñaky Blanco Cabrera, informó que los trabajadores Héctor López Torres, Gustavo Abarca Radilla y Carlos López Sánchez fueron interceptados y ultimados por sicarios al servicio del grupo delictivo de Los Granados, un remanente del extinto Cártel de los Beltrán Leyva afincado en el poblado de San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana.
Las autoridades ministeriales encontraron los cadáveres en avanzado estado de putrefacción en una narcofosa en las inmediaciones del poblado El Ranchito, municipio de Coyuca de Benítez. Estaban atados de pies y manos y presentaban impactos de bala en la cabeza.
El procurador refirió que los presuntos asesinos son cinco integrantes de la familia Tecuchillo Pérez, originarios del Ranchito, dedicados a la siembra y trasiego de enervantes, y sicarios al servicio de Salvador El Chava Granados, líder de Los Granados, afirmó.
Los inculpados, identificados como Juan Tecuchillo Carrillo y sus hijos Fredy, Juan Carlos, Diego y Orlando Tecuchillo Pérez, abandonaron el poblado cinco días después de que fueron privados de la libertad y ejecutados los tres empleados de la Sedesol y actualmente se encuentran prófugos.
Según los reportes oficiales, ese grupo es dirigido por Salvador El Chava Granados, quien pactó una tregua con la banda que encabeza el exalcalde priista de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, actualmente preso por narcotráfico, para expulsar a Los Caballeros Templarios de la región de la Costa Grande.
Complicidades
Ante la ola de secuestros de contratistas y las extorsiones a las empresas constructoras en Tierra Caliente, en el norte y en el centro de la entidad, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, emitió el martes 10 una alerta general a los organismos sectorizados y a las delegaciones de la dependencia para que adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad del personal que labora en campo.
“Las acciones –dijo– deberán ser adoptadas por cada una de nuestras delegaciones, pero posiblemente entre ellas tenga que determinarse que sean más los trabajadores que acudan a las comunidades más alejadas, a fin de que vayan más seguros.”
El delegado federal de Liconsa en la entidad, Javier Hernández Campos, pidió a los alcaldes garantizar la seguridad de los empleados del organismo que abastecen leche en las 500 tiendas y 500 comedores del estado.
A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Ramírez Marín, en un encuentro con empresarios del ramo de la construcción en Chilpancingo, expresó que el crimen organizado está amenazando a los representantes de las empresas que ejecutan las obras de reconstrucción en la entidad.
Según él dos empresas salieron de Guerrero por la inseguridad y violencia que se vive en esta zona controlada por Los Caballeros Templarios y abandonaron las obras de construcción de vivienda que estaban realizando.
Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción local (CMIC), Alfredo Adame Arcos, señaló que el acoso de la delincuencia perjudica a 30% de sus afiliados en las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande, así como en el centro y el norte del estado.
Tras el secuestro del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chilpancingo, Rigoberto Payán Mejía, el miércoles 11 por la mañana el empresario Pioquinto Damián Huato organizó una conferencia de prensa en un edificio de su propiedad en la cual admitió que ocho representantes del sector productivo han sido secuestrados en las últimas semanas en esta capital.
Al respecto, Damián Huato –quien salió ileso de un atentado a finales de enero al sur de la capital, donde su nuera fue asesinada– declaró que la Policía Federal (PF) presuntamente está vinculada a esos delitos y algunos de sus integrantes participan en ejecuciones extrajudiciales para beneficiar al grupo delictivo Los Rojos.
Incluso proyectó un video sobre el operativo en el antro View Bar, en el centro de Chilpancingo, donde los agentes federales arrestan a un par de jóvenes que presuntamente fueron entregados a un operador de esa banda, identificado como Eder de Jesús González López, El Eder.
Horas después, el cuerpo degollado de uno de los detenidos, el del taxista Michel Romano Gómez, de 24 años, fue localizado en un basurero de la colonia El Polvorín, al norte de la ciudad. Su compañero logró escapar y acusó directamente a los federales de asesinar a su compañero y colaborar con sicarios de Los Rojos en el contexto del reacomodo violento que se vive en Chilpancingo, dijo Damián Huato.
El empresario reprochó la estrategia contra el crimen que despliega el gobierno federal en Chilpancingo. Según él, mientras el coordinador de la PF en Guerrero, Omar García Harfuch, desmanteló la estructura de Los Rojos, los agentes federales asignados a esta capital se afanan en que el grupo delictivo mantenga el control de la plaza.
Damián Huato señaló directamente a Zenén Nava, El Chaparro, como el principal operador de Los Rojos, y al Tigrillo, quien actualmente está preso, como líder de esa organización. También mencionó al Higashi, El Monchis, El Eder, El Chino y los hermanos Hermelindo y Nicolás Campos Vega.
“Hasta que no detengan a estas personas, las autoridades federales no pueden decir que han erradicado la delincuencia de la capital de Guerrero”, advirtió el empresario, quien el mes pasado regresó a Chilpancingo luego de varios meses de permanecer fuera del país.
La narcofosa de Zumpango
El sábado 7 las autoridades ministeriales localizaron un cementerio clandestino en el predio Zoyacomalipa, cercano al Borde Ramírez, en las inmediaciones del poblado de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri. Hasta el cierre de edición habían exhumado 14 cuerpos, enterrados ahí presuntamente el año pasado.
El hallazgo se hizo a partir de una investigación de la madre de una menor desaparecida el año pasado en ese poblado que controlan Los Rojos. Según las autoridades, entre las víctimas hay tres mujeres, una de ellas la menor desaparecida. Su madre la identificó por la ropa que vestía el día que un grupo armado se la llevó.
Decenas de familiares de desaparecidos de diferentes regiones de la entidad y de Morelos arribaron la semana pasada a la morgue de Chilpancingo para tratar de identificar los restos humanos. La mayoría aceptó que los peritos locales tomaran muestras de ADN para identificar los cadáveres.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el procurador Blanco Cabrera afirmaron que este hecho está relacionado con la disputa entre bandas del crimen organizado por controlar la zona centro de la entidad.
En su conferencia del miércoles 11, Blanco Cabrera habló también del asesinato del jefe de prensa de la dirección de Salud del ayuntamiento de Acapulco, Jorge Torres Palacios, quien fue levantado a finales de mayo por un grupo delincuencial. Su cadáver fue encontrado el lunes 2 de junio, decapitado y semienterrado en una fosa clandestina en las inmediaciones del poblado de Plan de los Amates.
Dijo que la dependencia que encabeza se declaró incompetente para continuar con la investigación ante la presunción de que detrás del homicidio de Torres Palacios está el crimen organizado.
Anunció incluso que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso y reveló que los agentes del Ministerio Público del Fuero Común y policías ministeriales que participaron en las primeras diligencias fueron amenazados de muerte.
El asesinato de Torres Palacios provocó una serie de protestas de trabajadores de los medios de comunicación en diferentes partes de la entidad, quienes organizaron un foro subsidiado por el alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno, en el que exigieron investigar a fondo y castigar a los responsables.
Hasta ahora, pese a las múltiples denuncias, el gobierno de Aguirre Rivero sólo se ha limitado a recoger los cadáveres y a reaccionar con lentitud ante crímenes de alto impacto, comentan los afectados.
