Las indagatorias acerca de la empresa consentida del foxismo comenzaron a atomizarse. El procurador Jesús Murillo Karam decidió abrir diversas averiguaciones previas para investigar, entre otros, al dueño de Oceanografía y al sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Además, el senador Jesús González Schmal, de la comisión revisora del caso, denuncia la desconcertante “benevolencia” que la PGR ha mostrado con el principal acusado: lo imputó de un delito no grave y, al final, se le hizo un descuento de 85% en su fianza. Teme la existencia de un “acuerdo político” entre el indiciado y el gobierno federal.
A un cuando la PGR ha multiplicado las averiguaciones en torno al caso Oceanografía, el manejo que ha hecho de la indagatoria despertó las sospechas de uno de los mayores conocedores del caso, el senador Jesús González Schmal. Es de temer un “acuerdo político” entre el dueño de dicha empresa y el gobierno federal, considera.
La empresa Oceanografía no sólo defraudó a Banamex y engañó a Pemex, según información del gobierno federal. Entre los daños colaterales que provocó el consorcio favorito del foxismo se encuentra haber salpicado a familiares de conocidos políticos –entre ellos Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz–, lo que llevó al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a abrir diversas indagatorias por diversos delitos.
Sorprendida por el número de involucrados y “la porquería” detectada en el caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público supuestamente presionó para “clasificar” los delitos y a sus implicados. Esto generó diversas averiguaciones previas.
La más comprometedora lleva el número UEIORPIFAM/AP/065/2014 y trata sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En ella se indaga a Martín Díaz Álvarez y a los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de Energy Group México SAPI (antes GGM Energy S.A. de C.V.), quienes poseen 15% de las acciones de Oceanografía.
Murillo Karam abrió un expediente distinto en contra del dueño original de la empresa, Amado Yáñez Osuna, quien acudió a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Se le dictó un arraigo el 25 de marzo pasado, pero actualmente enfrenta el proceso en libertad. A Yáñez sólo se le acusa de desviar créditos bancarios de Banamex por 55 millones 222 mil 996 pesos.
Otra averiguación, la UEIORPIFAM/AP/ 115/2014, investiga la acusación de Yáñez contra Martín Díaz Álvarez –el sobrino de quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, el economista Francisco Gil Díaz–. Supuestamente, Díaz Álvarez fue quien tramitó y verificó, junto con un despacho contable, los empréstitos solicitados a Banamex.
Y una más, la que inició todo: el Banco Nacional de México, Banamex, inició la denuncia AP:FECORO-I-547-25014 contra su empleado Érik Cervantes Murillo por el delito de “robo calificado aprovechando alguna relación de trabajo” el pasado 21 de febrero.
Esta denuncia fue la que, explicó Murillo Karam, sirvió para que la PGR atrajera el caso y participara en las averiguaciones para determinar cómo fue que Oceanografía defraudó a Citigroup, propietaria de Banamex, con 585 millones de dólares.
Millones van y vienen
El pasado 28 de febrero, Citigroup anunció a la Bolsa de Valores de Estados Unidos que había detectado un fraude por 585 millones de dólares. En un comunicado, reconoció que desde el 11 de febrero tuvo conocimiento de que Petróleos Mexicanos (Pemex) había suspendido a la contratista Oceanografía, así que juntos empezaron a revisar los programas de financiamiento y factoraje.
“Como consecuencia de esas revisiones, el 20 de febrero Pemex afirmó que una porción significativa de las cuentas de Banamex estaba en conexión con los programas de financiamiento y fue fraudulenta más o menos por 585 millones de dólares”, se lee.
Todo comenzó durante la madrugada del 20 al 21 de febrero pasados. Érik Cervantes Murillo, empleado de Banamex en Villahermosa, Tabasco, salió de las oficinas con un gran número de documentos y fue captado por las cámaras de vigilancia.
De acuerdo con la averiguación, el mismo 21 de febrero el representante legal de Banamex, José Alberto Castillo Suárez, acudió al Ministerio Público para denunciar al trabajador por robo.
El citado oficinista laboraba en el banco desde el 15 de abril de 2011. Se desempeñaba como “gerente divisional de ventas, servicios y transacciones”. Entre sus funciones, según la denuncia, estaba “la recepción de información de las compañías interesadas en realizar operaciones de factoraje” con Banamex.
En otro apartado se establece que Cervantes Murillo tenía como función verificar documentos de Oceanografía para confirmar su veracidad, cotejarlos con los de Pemex, “darles seguimiento, además de reportar y corroborar la información proporcionada para su procesamiento y posteriormente desembolso por parte de la representada (Banamex). (…) Tenía también la labor de venta de productos de factoraje con los contratistas de la plaza de Pemex”.
El abogado de Banamex establece en la demanda que no estaba entre las funciones de su empleado “sacar de las instalaciones documentación”, y añade que el banco “se encuentra efectuando una revisión detallada y arqueo de las operaciones de factoraje en las que haya intervenido el ahora inculpado y poder determinar con precisión de qué documentales haya dispuesto y sustraído, y además el importe del detrimento económico sufrido”.
Érik Cervantes Murillo fue detenido el mismo día de la denuncia. En su declaración sostuvo que por el cargo que ostentaba se quedaba a altas horas de la noche trabajando, que tenía las llaves de las oficinas e incluso los códigos de seguridad para desactivar las alarmas.
“En cuanto a la acusación, yo no me he robado ningún tipo de documentación, además de que los documentos que yo manejo no tienen ningún valor económico con el cual pueda salir perjudicado el banco o beneficiarme yo. (…) Desconozco por qué se me pretende perjudicar e involucrarme en un delito que yo no he cometido y mucho menos que esté en mis manos el apoderarme de algún objeto o propiedad del banco.”
Después de aportar pruebas, no hubo elementos suficientes para procesarlo. Ante la inminente liberación del inculpado, el abogado de Banamex se desistió de la acusación. Así, la autoridad excarceló a Cervantes el 26 de febrero.
Aunque la acusación resultó falsa, la querella atrajo la atención de la PGR al cruzar datos con una denuncia previa de Pemex. La procuraduría detectó que algunos de los documentos de Oceanografía mencionados en la indagatoria podían ser falsos.
El 10 de marzo –cuando el problema ya era público–, Murillo Karam declaró: “Citibank reportó en la Bolsa (el 28 de febrero) lo que nosotros habíamos detectado desde el 10, 11 de febrero, en que la Contraloría de Pemex denuncia que encuentra fallas en el pago de unas fianzas. Es la Contraloría de Pemex la que inicia la investigación, que genera en el curso de preguntas y de investigaciones, en las contratistas y en el propio Pemex, antes que el banco se dé cuenta de que está siendo defraudado”.
Abundó: “En junio y julio de 2013 es cuando empieza la Contraloría de Pemex a hacer las investigaciones. El 10 de febrero de 2014 ya se presenta una querella por parte de Banamex, la presenta en Tabasco, por robo (en realidad es el 21 de febrero, según la denuncia cuya copia tiene Proceso). ¿Qué denuncia? Que uno de sus empleados se robó unos documentos. Es a partir de este momento que interviene la PGR, porque cuando nos enteramos que hay una denuncia de robo en Tabasco, en el Fuero Común, a una empresa que tiene contratos federales y sobreestimaciones federales, inmediatamente atrajimos la investigación, avisados por el propio procurador de Tabasco, y es a partir de ese momento cuando tenemos que idear la forma más rápida, más eficiente de actuar”.
Aunque las fechas no coinciden a cabalidad, lo cierto es que la PGR abrió la averiguación UEIORPIFAM/AP/065/2014. Y al día siguiente de que se otorgó el perdón y salió libre el empleado de Banamex-Villahermosa, el “27 de febrero de 2014 se ordenó el aseguramiento precautorio de todas y cada una de las cuentas y/o contratos de cualquier tipo, así como su numerario (intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, créditos con garantía, valores, bursátil)” de Oceanografía y diversas empresas vinculadas con esa compañía, según se desprende del amparo 560/2014 radicado en el Juzgado Octavo en Materia Penal.
El citado amparo es parte de la veintena que solicitaron Martín Díaz Álvarez, Javier Rodríguez Borgio, Grupo Gasolinero Metropolitano, Gasolineras Grupo Mexicano, Inmobiliaria GGM, Grupo de Gasolineros de México, Servicio Gas Zam, Servicio Hermon, JRB Operaciones y Prepagos S.A. de C.V., entre otras, para exigir el descongelamiento de sus cuentas de banco.
Díaz Álvarez
Todas las empresas de venta de gasolina y las inmobiliarias que en su abreviación tienen las iniciales GGM forman parte de GGM Energy, ahora Energy Group México SAPI, de la cual son propietarios Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, y Javier y Óscar Rodríguez Borgio.
Entre los amparos más importantes destaca el 277, solicitado por Martín Díaz Álvarez el 21 de marzo de 2014, relacionado con los amparos 233, 255 y 237. El común denominador de los cuatro es la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El pasado lunes 9 un juez negó en definitiva el amparo 277 solicitado por Martín Díaz Álvarez mediante el cual pretendía acabar con “el aseguramiento de cuentas bancarias”. Los otros tres buscaban beneficios similares para Gasolineras Grupo Mexicano S.A. de C.V.; Inmobiliaria GGM S.A. de C.V.; Prepagas S.A. de C.V., y Súper Servicios Gas ZAM.
El pasado viernes 13 Murillo Karam aceptó ante el diario Reforma que existen cuatro averiguaciones previas abiertas. El miércoles 11, el mismo medio reveló parte de la causa UEIORPIFAM/AP/115/2014, en donde Amado Yáñez acusa a Díaz Álvarez de haberlo incluido como socio en Oceanografía a través de GGM Energy, hoy Energy Group de México. Este semanario reveló cómo operó Energy Group y la forma en que Díaz Álvarez maniobró en la última década (Proceso 1949 y 1956).
El abogado Jesús González Schmal, miembro de la comisión investigadora de Oceanografía en el Senado, explica que efectivamente la PGR puede abrir distintas averiguaciones previas en torno a un mismo caso e ir probando cada una de las acusaciones. Sin embargo, considera absurdo el arraigo del 25 de marzo dictado en contra del accionista más visible de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna.
“La PGR ha tenido mucho tiempo. No es creíble que a una institución de la importancia de la PGR le lleve 60 días completar una sola averiguación y dejar las otras en suspenso. ¿Para qué? Pues considero que para dar espacio a la negociación y consignar a Amado Yáñez por un delito menor. Su actuación da lugar a la sospecha de que la PGR se está manejando de manera extrajurídica. Y contra Martín Díaz, a quien ya acusó directamente Amado Yáñez, ya debiera existir una orden de presentación”, sostiene.
Añade: La situación también resulta sospechosa por otras razones. Primero, la PGR sólo le imputó a Yáñez un desvío de recursos por 55 millones de pesos, que es un cargo no grave. Segundo, porque realmente no estuvo retenido: justo por la poca gravedad de la acusación pudo salir libre pagando una fianza que originalmente se fijó en 86 millones de pesos. Tercero, porque en la realidad se le hizo un descuento de 85% en el monto de dicha garantía.
Al respecto, Banamex exigió el pasado jueves 5 que se cobrara una fianza de cuando menos 5 mil 312 millones de pesos, que sería el verdadero daño ocasionado por la cotización errónea del factoraje a Pemex y Banamex.
