ECATEPEC, EDOMÉX.- El edificio del Palacio Municipal de Ecatepec, desde el cual Eruviel Ávila Villegas saltó a la gubernatura del Estado de México (Edomex) en 2011, se ha convertido en el nuevo refugio de cuatro familias cercanas al actual alcalde, Pablo Bedolla López, quién les regaló las dependencias clave del ayuntamiento.
Después de Bedolla, la familia De León Martínez goza del mayor poder en el cabildo, confió a Proceso, bajo la condición de no revelar su nombre, una trabajadora de la administración muy enterada del nepotismo que reina en el palacio municipal.
María del Carmen de León Martínez es directora de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; su hermano, José de León Martínez, es el secretario particular de Pablo Bedolla; otro hermano, Daniel de León Martínez, se desempeña como subdirector operativo de Normatividad –aunque, de acuerdo con la fuente, “él mismo presume de que mueve al director según sus antojos”–; mientras que su madre, Emma Martínez López, coordina las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras.
La Dirección de Obras Públicas se encuentra bajo el control de la familia de Juan Manuel Huezo Pelayo, quien emplea a su yerno Abraham López Aguilar como subdirector. Uno de sus hijos, Salvador Huezo López, es jefe del Departamento de Bacheo, y el otro, Luis Fernando Huezo López, encabeza el Departamento de Pavimentación, dijo por su parte a Proceso el líder de Vanguardia Progresista Ecatepec, Roberto Montañez.
Bedolla López entregó la Dirección de Servicios Públicos a Erasmo Elizalde Alba, quién instaló a su hija Emma Elizalde en la Subdirección de Turismo y a su hijo Ricardo en el Archivo Municipal.
Además, y como es costumbre en el ayuntamiento, la esposa de Pablo Bedolla López, Verónica Guiscafré Gallardo, es la presidenta del DIF municipal.
“Todas las familias están estructuradas en lugares muy estratégicos: los documentos no salen de su control, ya que existen relaciones y vínculos entre ellas”, observó la trabajadora, para enseguida destacar que existe un sistema de doble nómina: la oficial y la que maneja Leticia Lozano, la secretaria técnica de Bedolla.
Otra familia de gran influencia política en el PRI de Ecatepec y del Estado de México es la de Rey Antonio López Vázquez.
Director de Asuntos Jurídicos, López Vázquez reclutó a su yerno, Rogelio Méndez Dorantes, como subdirector, y envió a una de sus hijas, Antonieta, a manejar las redes sociales del ayuntamiento.
La esposa de Rey Antonio López Vázquez, Genoveva Aniséfora López Monroy, asumió el cargo de suplente de Eruviel Ávila cuando corrió para diputado de Ecatepec en 1996. Al triunfar en Edomex en 2011, Ávila la designó subdirectora de Desarrollo Regional de Ecatepec, en la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.
Según el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, a la segunda hija de López Vázquez, Genoveva López Monroy, el primero la catapultó como directora del Centro de Mando de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial –mejor conocido como “C4”– y como responsable del sistema Plataforma México en Ecatepec.
“El Rey de los Penales”
El currículum de Rey Antonio López Vázquez publicado en el sitio en internet del cabildo lo presenta como agente del Ministerio Público de la Federación y como exdirector de Asuntos Metropolitanos del Valle de Toluca del Gobierno del Edomex. Pero oculta gran parte de sus antecedentes laborales.
A finales de los noventa y poco después del año 2000, López Vázquez dirigió sucesivamente los penales de Chiconautla, Barrientos y Neza Bordo. Administraba este último en marzo de 2004 cuando un comando armado irrumpió y sacó a siete reos de la cárcel.
Aún lo dirigía dos meses después, cuando ingresó un nuevo prisionero: su hijo Eduardo Antonio López Rivera, alias El Lalo, líder de una banda dedicada al robo de coches llamada Los Taz que, de acuerdo con notas periodísticas de entonces, “perpetró diversos asaltos violentos de vehículos, tanto en Nezahualcóyotl como en Ecatepec, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán, Tlalnepantla y el Distrito Federal”.
Todavía estaba a cargo del penal el 10 de octubre siguiente cuando se escaparon siete integrantes de Los Macizos, una banda de secuestradores. Equipados con armas de alto calibre, los reos salieron del reclusorio por la puerta principal.
A raíz de la fuga, las autoridades internaron a López Vázquez, así como a varios custodios, en el reclusorio de Huitzilzingo, en Chalco, bajo la sospecha de que ayudaron a los reos a escaparse.
En los meses siguientes, fueron capturados varios de los prófugos. En su confesión, afirmaron que la esposa de Eduardo Antonio López Rivera ayudó a introducir las armas al penal, de acuerdo con una nota de El Universal.
Gabriel Luna Heredia, un miembro de la banda, declaró que su jefe Manuel Zapata, alias El Caballo, pagó 200 mil pesos a López Vázquez –y 180 mil a varios custodios– para que colaboraran en la evasión.
Según la información de El Universal, Genoveva Aniséfora López Monroy, “quién ha ocupado cargos en las dependencias de justicia mexiquense”, defendió a su marido y convenció al juez de que no estaba involucrado en la fuga.
El juez quinto de Distrito de Nezahualcóyotl otorgó el embargo 1443/2004 a López Vázquez, con el que salió libre. Pero ganó un nuevo apodo: El Rey de los Penales.
En 2010 tuvo que comparecer de nuevo ante la justicia, esta vez como apoderado legal de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), algunos de cuyos agentes escoltaban a José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, cuando disparó al futbolista paraguayo Salvador Cabañas en la cabeza el 25 de enero de 2010 (Proceso 1829).
“Todos bailan”
Al asumir la alcaldía de Ecatepec el 11 de diciembre de 2012, el priista Pablo Bedolla López prometió a su audiencia –bajo la mirada atenta de Eruviel Ávila Villegas–: “Ecatepec será más seguro que nunca”.
Pero, según la organización civil Alto al Secuestro, actualmente Ecatepec ocupa el tercer lugar de los municipios con mayor número de privaciones ilegales de la libertad, después de Acapulco y Cuernavaca.
Y según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Ecatepec encabezó la lista de municipios con mayor número de coches robados –con y sin violencia– entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013.
Un integrante del gremio policiaco describió a Proceso la corrupción que corroe a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Vial, con el pedido de no revelar su identidad.
“En el organigrama de la policía todos bailan”, sentenció, y aseveró que los propios directivos policiacos alimentan la extorsión generalizada: Cuando se abre una convocatoria para reclutar a nuevos policías, el aspirante debe entregar entre 35 mil y 40 mil pesos con el fin de aumentar sus probabilidades de contrato.
Una vez uniformado, un policía de Ecatepec debe “rentar” su arma por 50 pesos diarios, informó. Un vehículo de patrulla cuesta a sus dos ocupantes entre 2 mil y 3 mil pesos, aunque este pago se efectúa sólo una vez. Las motos, que el ayuntamiento acaba de comprar con recursos federales, “también las venden”.
Los propios mandos policiacos se ven obligados a desembolsar por sus plazas entre 30 mil y más de 100 mil pesos, sin garantía de posventa. “Te dicen: ‘¿Sabes qué? Te pongo de mando’. Y al mes te cambian. Aun cuando pagaste tus 100 mil o 150 mil pesos. Les interesa poner a otro para tener otro ingreso igual”.
Por su parte, los jefes de mando exigen a cada patrulla 15 multas diarias –destinadas a la tesorería municipal–, así como mil pesos en efectivo por día. “Los mil pesos son de baila al ciudadano. No entran en las multas oficiales”, precisó.
–¿Puede terminarse con la corrupción?
–Hace falta un mando que ponga el cinturón a la policía. Que se ponga simplemente a trabajar sin querer dinero. Que detenga a los elementos que extorsionan. El chiste es que caigan uno o dos, así se calman los demás.
El pasado 1 de mayo, Pablo Bedolla López nombró a su tercer director general de Seguridad Ciudadana y Vial desde su investidura, Pedro Orea Romero.
De acuerdo con el agente policiaco entrevistado, todo parece indicar que el nuevo director no exige dinero a los agentes. Pero el subdirector general, José Chávez Casas, sigue en su puesto. “Él mueve todo el rollo del dinero”, advirtió.
Cuando un policía detenido por extorsión se encuentra en el Ministerio Público, “no denuncia ni al director ni al subdirector ni al jefe de turno. Se calla”, dijo.
De compras
Ante un problema, los pobladores de la colonia San José Jajalpa se dirigen a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Graciela Sánchez Nájera, quién “mete escritos y escritos” para reclamar obras y servicios públicos o seguridad, aun cuando los funcionarios los “pierden” de forma sistemática.
Chela –como la llaman en la vecindad– confirmó a Proceso lo que había declarado el policía sobre las multas y extorsiones, y lamentó:
“Hemos tenido muchos problemas de seguridad porque a los policías que sí trabajan me los quitan.”
Un día solicitó una patrulla para prestar auxilio. Nunca llegó. El oficial, exasperado, se excusó: “No tenemos patrullas, Chela, y nos las quitan para llevar a sus secretarias al (centro comercial) Las Américas”.
Lo que pasa es que, según el policía, “decenas de oficiales laboran como guaruras de los secretarios –en particular de Bedolla López, su esposa y sus 10 hijos– o como custodios de casas, y aun en calidad de domésticos. Se visten de civiles y salen al tianguis a hacer las compras de la señora”.
Sánchez Nájera se refirió a la impunidad de los narcomenudistas que proliferan y destacó que “la gente está harta” de la multiplicación de asaltos, secuestros, robos, violaciones y homicidios. Sus vecinos sienten que los delincuentes gozan de mayores derechos que ellos. La previnieron de que, si todo sigue así, pronto “agarraremos a un cabrón”.
–¿Y luego?
–Lo colgarán en el quiosco.
