Un eventual acuerdo de paz en Colombia que llevara a las FARC a dejar de tomar parte en la producción de hoja de coca, tal como explícitamente se está perfilando en las pláticas de La Habana, podría atraer a los cárteles mexicanos para intentar llenar los vacíos de ese negocio ilícito en el país. Expertos en temas relacionados con narcotráfico y conflictos armados coinciden en lo anterior y, de hecho, la Policía Nacional ya detectó esa presencia en algunas regiones de Colombia.
BOGOTÁ.- Con el compromiso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de “poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado” con el narcotráfico, esta guerrilla hizo el pasado 16 de mayo un reconocimiento histórico de sus vínculos con un fenómeno que, en caso de suscribir un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, se dice dispuesta a combatir “con la mayor determinación y de diferentes formas”, lo que tendría un efecto de alcances imprevistos sobre el negocio de las drogas ilícitas a nivel hemisférico.
Expertos colombianos en el fenómeno de las drogas y conflictos armados dicen a Proceso que los vacíos que dejen las FARC en el negocio del narcotráfico en un eventual escenario de paz podrían ser cubiertos en parte por los capos mexicanos, que ante el temor de sufrir desabasto de cocaína financiarían a nuevos actores para mantener la producción y el procesamiento del alcaloide en los niveles actuales.
“Aquí en Colombia ya tenemos presencia de cárteles mexicanos vinculados con organizaciones criminales y ellos van a buscar, a través de esos intermediarios, solventar la eventual falta de materia prima que produzca un acuerdo de paz con las FARC”, explica el sociólogo y especialista en el tema de cultivos ilícitos Ricardo Vargas.
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), Daniel Mejía, prevé que con la salida de las FARC del narcotráfico “habrá una época de acomodamiento de los nuevos actores que se van a vincular al negocio, incluso de guerrilleros que se quieran quedar en él”. Sin embargo, no cree que esto implique “una caída muy grande del abastecimiento que reciben los cárteles mexicanos”.
Mejía y Vargas coinciden en que la eventual desmovilización de las FARC y su compromiso de romper cualquier relación con las drogas ilícitas tendrá un efecto limitado sobre el fenómeno del narcotráfico en México y a escala regional.
“Puede que haya una reducción marginal en ciertas zonas del país que han estado muy vinculadas a los cultivos de coca (en especial los departamentos del sur y el oriente), pero no va a haber una reducción significativa porque el negocio del narcotráfico siempre ha cambiado de manos conforme cae un cártel o cae un líder de un cártel. No se acabó el narcotráfico con la caída de Pablo Escobar en 1993. ¿Se va a caer ahora con las FARC? No. Pablo Escobar era mucho más poderoso que las FARC y dominaba la estructura vertical del narcotráfico”, indica Mejía.
–¿Da por hecho que otros grupos ocuparán los espacios que dejen las FARC? –se le pregunta al investigador.
–Eso es lo que siempre ha pasado en Colombia –responde–. Yo no veo ninguna razón para que eso no pase en el caso de las FARC. Fueron desarticulados los cárteles de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, y luego los paramilitares que dominaban ese negocio, y el narcotráfico siguió. Lo mismo va a pasar ahora con las FARC.
Vargas explica que el grupo guerrillero, que desde noviembre de 2012 sostiene en La Habana, Cuba, conversaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, no es un cártel de la droga, sino un grupo armado que proporciona servicios de seguridad en las zonas productoras de hoja de coca y cocaína, “y se apropia del dinero circulante en los mercados de pasta básica, lo que muchas veces es incluso un problema para los productores”.
Entonces, puntualiza Vargas, creer que con la retirada de las FARC de esos servicios seguridad se va a dejar de sembrar coca, es un error. Va a haber muchos campesinos que ante la carencia de alternativas de corto y de mediano plazos va a seguir sembrando la hoja de coca en otros sitios”.
El vacío
Pablo Reyes, investigador en temas de seguridad de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, considera que el escenario más probable para la mafia mexicana de las drogas, en caso de que las FARC logren un acuerdo de paz con el gobierno y se retiren de ese negocio ilícito, es que sufran un desabasto temporal que los obligue a aumentar su presencia en Colombia, que se ha dado por medio de emisarios y socios locales, como lo detectó ya la Policía Nacional en diferentes regiones del país.
“Los cárteles mexicanos ya tienen presencia en Buenaventura (principal puerto del Pacífico colombiano, ubicado unos 340 kilómetros al suroccidente de esta capital) y en Tumaco (departamento del sur colombiano con grandes extensiones de plantíos de hoja de coca), y una salida de las FARC de la producción y el procesamiento los obligaría a involucrarse más en esas fases del negocio, aunque lo harían a través de las Bandas Criminales (Bacrim) con las que tienen relaciones”, considera el abogado y politólogo.
Señala que otro escenario “muy probable” es que algunos de los frentes de las FARC más involucrados en el negocio referido decidan no desmovilizarse tras un eventual acuerdo de paz y continuar manejando esa actividad ilegal. “Los cárteles mexicanos ya tienen vínculos con estas estructuras y seguirían trabajando con ellas”, afirma Reyes.
El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, reconoce que los cárteles mexicanos “han ido llegando hasta las fuentes primarias de la producción del narcótico, (que) están llegando al sur del país y, de allí, organizando sus alijos”.
Dice que esa presencia es un motivo de preocupación para la institución a su cargo y para el gobierno colombiano. “Lo que nos corresponde es tener mecanismos de contención lo suficientemente fuertes para que ni mexicanos ni nacionales ni nadie se atreva a delinquir en este país”, afirma.
Para Vargas, quien es una autoridad en Colombia en materia de cultivos ilícitos y conflicto armado, una salida por parte de las FARC del negocio de la droga será cubierta tanto por las Bacrim –grupos delictivos remanentes de los paramilitares desmovilizados la década pasada–, como por los frente de esa guerrilla que opten por permanecer en armas y los cárteles mexicanos.
“Pienso que habrá una recomposición en las zonas productoras de coca, con las Bacrim, con las estructuras de las FARC que se no adhieran al proceso de paz, y también los cárteles mexicanos pueden aprovechar esa situación”, dice el director de Acción Andina Colombia, ONG especializada en el estudio de la producción de hoja de coca.
Sostiene que “la clave es quién va a controlar a nivel local la regulación, el acopio de materia prima o de cocaína, y ahí los cárteles mexicanos pueden asumir un mayor control a través de sus socios colombianos. Es perfectamente posible ese escenario”.
El acuerdo
El pasado 16 de abril las FARC y el gobierno anunciaron en La Habana un acuerdo sobre drogas ilícitas en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado interno que se ha prolongado durante medio siglo y ha dejado 218 mil muertos.
El comunicado conjunto que divulgaron las partes establece el compromiso del gobierno colombiano de fortalecer los programas de desarrollo alternativo en las comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca y dejar las fumigaciones aéreas con glifosato como último recurso dentro de la estrategia antidrogas.
Las FARC, a su vez, se comprometieron a abandonar cualquier relación con las drogas ilícitas y se obligaron a desminar las zonas cocaleras que en la actualidad permanecen bajo su control, lo que facilitaría el ingreso de la fuerza pública para erradicar los cultivos en caso de que la concertación con las comunidades para que ello ocurra de manera voluntaria no arroje resultados.
De acuerdo con Mejía, un doctor en economía por la estadunidense Universidad de Brown, el acuerdo sobre drogas con las FARC “es bastante positivo” puesto que supone el inédito reconocimiento por parte de esa guerrilla de que ha estado involucrada en el narcotráfico en el marco del conflicto armado; porque se compromete a colaborar con la desactivación de las minas en las zonas bajo su control, y porque la fumigación con glifosato –un componente muy controvertido de la estrategia antidrogas de los últimos años– se deja para casos extremos.
“Uno de los grandes beneficios de este acuerdo es que, de alcanzarse la paz, se eliminará la franquicia de las FARC de la lucha política armada y los guerrilleros que decidan mantenerse en armas serán bandas criminales que habrá que combatir con estrategias de política criminal, ya no tienen ningún fin político”, indica el director del Cesed y profesor de la Universidad de Los Andes.
Vargas califica como “lamentable” que el acuerdo sobre drogas ilícitas haya omitido delinear una nueva política antidrogas en Colombia tras décadas de una estrategia prohibicionista en la cual los más afectados han sido los eslabones más débiles de la cadena, como los campesinos que siembran la hoja de coca por razones de subsistencia.
“No hay absolutamente en ese acuerdo una nueva política antidrogas. Es la vieja política prohibicionista, con el agravante de que el Estado colombiano logra quitar una estructura incómoda, como las FARC, que impide el acceso de erradicadores manuales a la zona. La aplicación de la ley permanece inalterable para los campesinos”, indica el experto.
Estrategia cuestionada
Reyes considera que el narcotráfico es más un problema de demanda que de oferta, por lo cual mientras persista el voraz apetito por las drogas en mercados como Estados Unidos y Europa “habrá una economía criminal muy rentable capaz de satisfacer esa demanda”.
Según el experto en seguridad y profesor de la UN, aunque las FARC salgan del negocio el abasto seguirá, ya que así ha ocurrido en los últimos años a pesar del agresivo programa de fumigaciones aéreas con glifosato que se aplica en Colombia bajo el auspicio de Estados Unidos.
Entre 1996 y 2012 se fumigaron 1.6 millones de hectáreas de plantaciones de hoja coca en Colombia, una hectárea cada cinco minutos en promedio, como parte del Plan Colombia. Esta estrategia militar impulsada por Estados Unidos ha contado con inversiones por 9 mil millones de dólares en los últimos 13 años por parte de la Casa Blanca, de los cuales 73% se destinaron a las guerras antidrogas y contrainsurgente, que en este país es una misma y en las cuales ocupa un lugar central el programa de aspersión aérea.
Las fumigaciones provocan graves daños de salud a las comunidades y deterioran el medio ambiente, lo que merma la credibilidad del Estado en esas zonas
remotas.
El general retirado Rafael Colón, quien dirigió los programas oficiales contra los cultivos ilícitos, dice que la aspersión de plantaciones con glifosato es un mecanismo muy agresivo para las comunidades y que resulta inútil sin una política social que saque de la miseria a los campesinos. “Aquí tenemos un problema rural de pobreza extrema y de marginación social que el Estado no ha enfrentado de manera integral”, sostiene el militar.
Estimaciones del gobierno de Estados Unidos indican que los cultivos de hoja de coca en Colombia se redujeron de 170 mil hectáreas en 2001 a 79 mil en 2012, pero el rendimiento por hectárea creció más del doble y gran parte de la producción se trasladó a Perú y a Bolivia.
La producción de cocaína pura también cayó en forma drástica en Colombia en la última década, al pasar de 700 toneladas en 2001 a 175 toneladas el año anterior, pero aumentó en Perú y en Bolivia de 355 a 455 toneladas en el mismo lapso.
El resultado es que las más de 600 toneladas de cocaína que demandan cada año los países consumidores siguen fluyendo hacia esos mercados a pesar de la reducción de plantaciones en Colombia.
Para el abogado Rodrigo Uprimny, la guerra contra las drogas ha terminado por hacer más rentable el negocio, pues al aumentar el riesgo aumentan el precio y la ganancia del producto, lo que se convierte en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. “Mientras la demanda persista, esto no va a variar, y ésta persiste. Y en eso es en lo que consiste el fracaso estructural del prohibicionismo”, afirma.
