De la Secretaría de Energía
Señor director:
Con relación a la nota titulada Electricidad, regalo de ensueño para la IP, publicada en Proceso 1959, me permito hacer las siguientes precisiones.
En las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión no existe elemento alguno que pueda sugerir un “regalo” para la IP o para alguien más, menos aún de ensueño. Es fundamental recordar que la reforma energética no prevé la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De hecho, como refiere el artículo en su inicio, se trata de una reforma de apertura, no de privatización.
Por otra parte, una inquietud que permea el artículo es el impacto que puede tener sobre las tarifas el que participen empresas que busquen rentabilidad. Es necesario recordar que no existe tensión alguna de esa naturaleza en un mercado competitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde las empresas del sector tienen un fin de lucro, la tarifa promedio es 25% menor que la de México, aun cuando las tarifas en nuestro país se benefician de un subsidio. Esto es debido a que existe competencia y una regulación muy rigurosa para las actividades de transmisión y distribución que les dan incentivos muy fuertes para reducir sus costos. La iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica propone competencia en generación y regulación con incentivos a reducción de costos en transmisión y distribución.
También respecto a las tarifas, es necesario recordar que el sistema eléctrico nacional hoy enfrenta un mayor nivel de costos, derivado, principalmente, de que una sexta parte de la energía eléctrica se produce con combustóleo –cuatro veces más caro que el gas natural–, y de pérdidas de transmisión y distribución mayores al 15% de la energía que se inyecta al sistema. La reforma energética permitirá sustituir el combustóleo y reducir las pérdidas de energía, así como, a través de la competencia, mantener la disciplina en costos. Todo ello se traducirá en una reducción sostenible de las tarifas.
En cuanto a la estructura de la industria, conviene aclarar que, a diferencia de otros países, donde para asegurar la libre competencia se han vendido activos de las empresas dominantes, en la iniciativa se propone la creación de subsidiarias y filiales en CFE. Ello permitirá que la empresa se fortalezca, sin privatizar ni desincorporar activo alguno. Asimismo, la iniciativa no prevé que los particulares realicen actividades de transmisión o distribución por cuenta propia o revendan los servicios que en las mismas se producen. Tampoco se otorgarán concesiones; los particulares sólo podrán apoyar al Estado, como lo prevé la Constitución.
La iniciativa incluye diversas disposiciones cuyo objetivo es evitar la especulación en el mercado eléctrico o que los generadores creen una escasez artificial. Primero, se requerirá que todos los generadores ofrezcan al mercado el total de su capacidad de generación con base en el costo de producción. En caso de abusos, se impondrán sanciones que pueden llegar a la revocación del permiso de generación.
Igualmente, debe precisarse que el régimen jurídico de expropiación de tierras para el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica que se consideren de utilidad pública no se reforma con la propuesta de ley. En la iniciativa se privilegia la negociación entre inversionistas y propietarios, dejando como última instancia la expropiación, sólo para el caso en que el desarrollo del proyecto sea de utilidad pública. En cualquier escenario, la iniciativa señala que el valor por la adquisición de tierras será igual o mayor al valor comercial.
Finalmente, es preciso mencionar que el régimen laboral de los trabajadores del sector eléctrico se respeta en sus términos y que no se propone afectación alguna a sus derechos adquiridos. También conservarán el derecho de huelga. Sin embargo, en este caso la suspensión del servicio podría tener efectos negativos serios para el resto de la población. Así, mediante la requisa, un mecanismo temporal y excepcional, se evita afectar negativamente a personas ajenas al conflicto laboral, mientras trabajadores y patrón llegan a un acuerdo. Recordemos que cuando se aplica la requisa la huelga no desaparece.
Por lo anterior, le solicito la publicación de la presente a fin de que sus lectores cuenten con información precisa.
Atentamente
Victor Avilés
Director general de Comunicación Social de la Secretaría de Energía
Respuesta de la reportera
Señor director
Respecto a la extensa carta del director general de Comunicación Social de la Secretaría de Energía sólo puedo responder que cada uno de los conceptos vertidos en el reportaje son opiniones de especialistas en la materia: Angelberto Martínez Gómez, jubilado de la CFE y quien laboró en el área de Proyectos de Plantas Termoeléctricas; Francisco Carrillo Soberón, jubilado de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro, y Adolfo Miranda Torres, quien trabajó más de 25 años en la Subdirección de Programación de la CFE.
Con la lectura del reportaje en cuestión, nuestros lectores podrán advertir que la interpretación que los especialistas entrevistados hacen de las nuevas propuestas de ley dista mucho de la visión que tiene de ellas el gobierno federal.
Atentamente
Jesusa Cervantes
