Tras la emboscada de presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación a un vehículo de la Sedena, en la cual murieron cuatro soldados en el municipio de Guachinango, el penalista Juan Manuel Torres Barajas advierte: “Aquí se ha mezclado la delincuencia organizada ligada al narcotráfico con la transportación y comercialización de hidrocarburo robado a los ductos de Pemex”. Hasta el jueves 22, las autoridades no habían informado sobre el operativo policiaco militar desplegado tras la agresión. Mientras, los habitantes de Guachinango viven en la zozobra.
La emboscada del lunes 12 a un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que murieron cuatro de los seis soldados que iban en él, tres de ellos calcinados, evidencia “el nivel de peligrosidad” del crimen organizado en Jalisco.
La agresión contra las tropas de la V Región Militar ocurrió la tarde de ese lunes en el municipio de Guachinango y, según las autoridades, el responsable fue el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes se dedican también al robo de combustible de los gasoductos de Petróleos Mexicanos.
Poco antes, los soldados habían decomisado gasolina robada a los ductos de la paraestatal en ese municipio ubicado a 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, según admitió la Procuraduría General de la República (PGR) ante los medios de comunicación.
Para el penalista Juan Manuel Torres Barajas, desde la “guerra contra la delincuencia” de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas no habían sido hostilizadas en Jalisco, como ocurrió esta vez, al pie del arco de ingreso a la cabecera municipal de Guachinango, a unos metros de la carretera libre Guadalajara-Mascota-Puerto Vallarta.
Es el primer ataque directo, sobre todo por la pérdida de vidas de los elementos del Ejército en la entidad, dice a Proceso Jalisco el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Aquí se ha mezclado la delincuencia organizada ligada al narcotráfico con la transportación y comercialización de hidrocarburo robado, dice al reportero.
Y advierte: “Se trata de un salto cualitativo de esos grupos de criminales en el cual se observa su avance en la escala criminal. Hablamos de delitos contra la salud, secuestros, extorsiones; ahora vemos que ya incursionan en la extracción (ilegal), distribución y comercialización de hidrocarburo (robado). Ganan y conquistan nuevos territorios en la actividad delictiva”.
Pobladores de Guachinango dicen que la emboscada se inició después de las 16:30 horas. Comentan al reportero que los sicarios conocían el movimiento del camión militar en el que viajaban seis soldados. Según los testimonios recabados, días antes ellos habían decomisado varios contenedores de gasolina ordeñada a los ductos de Pemex para venderla en una de las fincas del poblado. La PGR incluso sabía que personal de la Sedena iba a entregar al Ministerio Público Federal de Guadalajara el producto incautado.
Ataque premeditado
Las tropas no alcanzaron a llegar a la capital tapatía. En las afueras de Guachinango los esperaban más de 30 sicarios con fusiles de asalto y granadas de fragmentación. Apenas vieron el camión militar, comenzaron a dispararle.
Los pistoleros habían llegado al lugar minutos antes en ocho o nueve camionetas de lujo y se apostaron en cinco flancos, a un costado del arco de bienvenida a Guachinango y se pusieron chalecos antibalas y unas gorras negras. Algunos bebieron refresco, asegura uno de los testigos.
“Vimos que algunos de esos sujetos se bajaron de sus camionetas para orinar a un costado de la carretera. Eso pasó poco antes de la balacera. Los pistoleros lanzaron una pick up blanca de doble cabina contra el vehículo de la Sedena para detenerlo. Los soldados apenas pudieron repeler el ataque”, comenta un conductor que estaba en el lugar, pues su auto se había descompuesto.
En la refriega se usaron rifles AR-15, FAL y AK-47, y por lo menos dos granadas de fragmentación, una de las cuales provocó que el camión militar, un Mercedes Benz, se incendiara. En la caja del vehículo se consumieron dos de los militares, mientras otro, presumiblemente el conductor, quedó en la cabina.
Otro soldado alcanzó a salir y cayó en un barranco de más de 20 metros, donde los sicarios le dieron muerte. Dos de sus compañeros quedaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital Militar. En el lugar quedaron cientos de casquillos percutidos, así como las esquirlas de las granadas de fragmentación.
Según los testigos, por lo menos dos sicarios fueron alcanzados por las balas de los militares. Y aunque algunos medios locales informaron que éstos ni siquiera alcanzaron a empuñar sus rifles, los pobladores comentan que sí respondieron, e incluso hirieron a varios delincuentes, aunque sus compañeros se los llevaron.
Los peritos forenses que acudieron al sitio de la refriega localizaron restos de masa encefálica sobre la carpeta asfáltica. Hasta el cierre de edición el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aún no informaba sobre ese hallazgo.
Tras la agresión se desató una intensa movilización policiaco-militar para buscar a los agresores, presuntamente del CJNG. En el operativo participaron 15 unidades de la Fuerza Única Metropolitana, seis camionetas de la PGR con decenas de agentes, tres helicópteros de las Fuerzas Armadas y un Black Hawk del gobierno estatal.
Cuando los reporteros del estado le preguntaron a la vocera de la Fiscalía General de Jalisco, Perla Rodríguez, sobre el operativo, la funcionaria respondió que carecía de información, pues el asunto estaba en manos de la autoridad federal.
Advertencias
El penalista Juan Manuel Torres Barajas sostiene que tras ese ataque, lo deseable es que fuerzas federales se coordinen con las autoridades estatales y con los directivos de Pemex para frenar a los grupos delincuenciales que ordeñan los ductos de la paraestatal.
“Si Petróleos Mexicanos no está interesado en parar esa ordeña que se hace a sus ductos de hidrocarburo, es de esperarse que otra autoridad sin el personal especializado y sin recursos técnicos pueda hacerlo”, o puedan detectar ese problema, comenta.
Según el académico de la UdeG, la delincuencia organizada estudia con cuidado las zonas más vulnerables para realizar sus atracos. “Y si ahora ellos (los sicarios) descubren que Jalisco es territorio virgen para esos ilícitos”, debe haber una respuesta inmediata por parte del estado, la federación y Pemex.
A tono con esa crítica, el martes 20 el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dijo a los reporteros que es necesaria una mayor participación de Pemex para lograr una vigilancia efectiva de sus instalaciones.
La fiscalía reconoce que cada seis días se detiene en Jalisco a una persona relacionada con la ordeña de los ductos de Pemex. Entre 2013 y mayo de 2014, por ejemplo, fueron capturadas 73 personas implicadas en el robo de 500 mil litros de hidrocarburo.
El secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, por su parte, responsabilizó a la alcaldesa de Guachinango, la panista Laura Cruz Topete, por no informar sobre la delicada situación en el municipio.
Después del atentado, dijo, “inmediatamente le hablé a la presidenta municipal para que nos clarificara qué había ocurrido. Ella me informó que había una decena de camionetas con personas (extrañas en la zona). Yo le dije que por qué no avisó a la autoridad estatal”.
Zamora Jiménez admite que se requiere mayor coordinación entre municipios y gobierno del estado, incluso instó al Congreso local a sacar adelante la propuesta de la policía de la Fuerza Única Regional.
Sin embargo, omitió hablar sobre la desconfianza a las fuerzas federales, la Sedena y la Secretaría de la Marina hacia las autoridades estatales, que en operativos recientes en la entidad ni siquiera notificaron al gobierno de Jalisco. El funcionario tampoco aludió a las denuncias ciudadanas sobre los robos de gasolina en prácticamente todos los municipios.
Hasta el jueves 22, las autoridades no habían informado sobre el operativo policiaco-militar desplegado tras la emboscada del lunes 12. Desde ese día, los habitantes de Guachinango optaron por permanecer en sus casas ante un eventual enfrentamiento de los cuerpos policiacos con las bandas del crimen organizado que operan en la región.
