Nueve meses después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cultura Física y Deporte –que fue aprobada fast-track el 7 de junio de 2013 y todavía carece de reglamento– ya sufrió reformas y adiciones para combatir la violencia en los espectáculos deportivos.
El jueves 27, el pleno de la Cámara de
Diputados avaló en lo general el dictamen que ordena sancionar hasta con seis años de prisión y multas de hasta 250 días de salario mínimo a quienes se comporten agresivamente en los estadios. Las medidas modifican los artículos 2, 5, 41, 139, 140, 151, 152 y adicionan los artículos 41 bis, 154 y 155 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En el fondo, la renovada y hasta ahora inoperante ley deportiva criminaliza a los aficionados y deja sin responsabilidad a actores nunca tocados: dueños de clubes y de estadios, directivas, cuerpo técnico y jugadores, árbitros, la Federación Mexicana de Futbol, la Liga Mx…
Rapidito
La iniciativa recién aprobada comenzó su recorrido legislativo en octubre pasado, cuando la presentaron el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones; el excomentarista de Televisa y secretario de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Gerardo Liceaga Arteaga; José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez, todos ellos priistas. Fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Deporte.
El 19 de febrero esos organismos le dieron el visto bueno y la remitieron a la Mesa Directiva de San Lázaro, para que ésta calendarizara la discusión en el pleno. El jueves 27 fue el día escogido para presentarla a debate y votación. Sin embargo, el dictamen que se entregó a los legisladores era un documento diferente al que habían sancionado las comisiones. La nueva versión ni siquiera había sido leída por los diputados. Pese a ello, el presidente de la Cámara, el panista José González Morfin, permitió que se debatiera el nuevo texto. Esto desencadenó la ira de la oposición, que le reprochó permitir que el priismo hiciera lo que quisiera a la hora de modificar el proyecto.
En una sesión que se prolongó por más de cuatro horas, la izquierda intentó evitar la aprobación de los artículos 154 –que establece penas de tres a seis años de prisión, multas a los que provoquen la violencia en un recinto deportivo y suspensión del derecho de asistir a estadios– y el 155 –que dispone crear un padrón de aficionados, en el cual se fichará a quienes hayan cometido actos violentos. La izquierda argumentó que se estaba creando legislación redundante respecto del Código Penal. Aunado a ello, arguyó, el Distrito Federal ya tiene la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos, vigente desde el 3 de mayo de 2006.
El dictamen, sin embargo, se sometió a votación y fue aprobado. Obtuvo 317 votos a favor de parte de los legisladores del PRI y sus aliados, PAN, PVEM, Panal e incluso un sector del PRD. Se contaron 34 votos en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano, PT y una parte del PRD, y 17 abstenciones. Después, la reforma fue turnada al Senado para que la ratifique o modifique.
Los cambios
Entre las modificaciones de calado se encuentra la del inciso X del artículo 41 Bis, que exime a la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia (CEPV) de capacitar “a los cuerpos policiacos y demás autoridades encargadas de la seguridad, en el uso apropiado de sus atribuciones, así como en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse en este sentido”.
La CEPV, que existe desde 2003, está bajo la lupa. De acuerdo con la vigente Ley General de Cultura Física y Deporte, debe ser presidida por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que actualmente es Jesús Mena. Empero, el funcionario no ha convocado a una sola sesión en lo que va de su encargo. Por ello, Gerardo Villanueva, legislador de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, señala a este organismo y a su titular como uno de los principales responsables por la violencia en los escenarios deportivos.
En entrevista, el legislador revela a Proceso que el propio presidente de la Comisión de Deporte en San Lázaro, Felipe El Tibio Muñoz, intentó excusar a Mena al argumentar que la CEPV no ha sesionado por la falta de reglamento a la ley que el propio director de la Conade promovió a través del Senado.
Como parte del paquete de reformas, Gerardo Liceaga, diputado y extrabajador de Televisa, impulsó la creación de una base de datos donde se compendien los nombres de aficionados violentos. Será manejada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta propuesta había sido desechada el año pasado. Liceaga la promovió a inicios de sexenio, pero El Tibio Muñoz lo frenó: La indicación era apoyar de manera unánime la propuesta de Mena para crear una nueva ley deportiva –aprobada el 7 de junio de 2013.
Sin embargo, el sábado 22 por la noche hubo una gresca en el estadio Jalisco durante el juego Atlas contra Chivas, que dejó medio centenar de heridos. Esa coyuntura permitió que Liceaga reviviera su proyecto: “Agradezco la confianza y el apoyo absoluto a este dictamen de mi coordinador parlamentario, Manlio Fabio Beltrones, que desde el día que le comenté este tema finalmente nos dio esa oportunidad”.
Durante el debate en el pleno, el coordinador de MC, Ricardo Monreal, argumentó que la reforma enfoca mal el problema de la violencia en los estadios: “Me parece una equivocación lo que están haciendo. El futbol, y cualquier deporte, es reflejo de lo que pasa en la sociedad en la que vives. El futbol es parte de nuestra idiosincrasia. El futbol no es violencia. Aquí los organizadores, la avaricia, el desdén, la acumulación de riqueza y de dinero para vender más cervezas, más vino, más comida chatarra en los estadios, es lo que tiene a la sociedad en la violencia y postrada en este grupo de hooligans parlamentarios”.
El experredista añadió que no debe legislarse de manera reactiva, apresurada o parcial. “No puede sólo acudirse a agravar penas. Se requiere de un análisis profundo. Por ejemplo les pregunto: ¿Qué responsabilidad tienen los dueños de los equipos, los patrocinadores, los dueños de los medios de comunicación, sus voceros?…”.
El diputado Gerardo Villanueva coincide con su coordinador y anticipa el fracaso de la reforma: “No hay ninguna voluntad de resolver el problema de las barras porque es un negocio de los clubes y es lo que ayuda a generar un ambiente artificial para mantener el consumo de cervezas y comidas en los estadios. Es lo que de fondo no se quiere atacar. De nada servirá. Al contrario, están asumiendo que va a empeorar y por eso el incremento de las penas. Están apostando que la CEPV tampoco va a funcionar”.
