En 2007 la Femexfut fue invitada a conocer y difundir una ley –surgida en Nuevo León– enfocada en el combate de la violencia en los estadios. El organismo rector del balompié nacional a todo dijo que sí, pero no dijo cuándo y terminó abandonando las pláticas. Ahora que las broncas entre porras y la discriminación contra jugadores han repuntado en las canchas mexicanas, autoridades deportivas y gubernamentales se quiebran la cabeza para hacerle frente al problema de manera jurídica. Hacer valer la normativa que ya existe en la materia es otro de los retos.
MONTERREY, NL.- Nuevo León se convirtió en el primer estado de la República en promulgar, en 2007, una ley para sancionar la violencia en los espectáculos deportivos. La iniciativa, presentada por el entonces diputado local panista Gregorio Hurtado Leija, buscaba contener las cada vez más numerosas peleas que se desataban durante los partidos de los equipos Tigres y Rayados, en las que hubo lesionados, expresiones discriminatorias y hasta un homicidio.
La norma terminó contemplando de uno a cuatro años de prisión contra quienes incurran en actos violentos en los estadios; también prevé que esas personas sean boletinadas para que se les impida entrar a los campos deportivos por mandato de un juez.
A la discusión de la ley fue invitada la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que se contactó con los legisladores nuevoleoneses a través de su jefe de seguridad e inspectores, Héctor Canchola. El directivo se comprometió a presentar la propuesta de Nuevo León al pleno del máximo órgano rector del balompié mexicano, para que desde ahí fuera impulsada en cada estado del país.
Sin embargo, la Femexfut suspendió el diálogo, según refiere en entrevista Hurtado Leija, actualmente contralor del municipio de Monterrey.
Palabra muerta, oídos sordos
El 23 de mayo de 2007, la fracción panista en el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal estatal una serie de artículos que se conocieron como Ley contra la Violencia en los Estadios (LVE).
El 21 de agosto de ese año fueron aprobados los agregados que dicen:
“Artículo 331 bis.- Comete el delito de Violencia en Espectáculos Deportivos y se castigará con prisión de uno a cuatro años y multa de 10 a 80 cuotas, sin perjuicio de las sanciones a que se haya hecho acreedor por la comisión de diverso delito, a quien en un evento deportivo, encontrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado para ese fin o en los espacios de estacionamiento o calles circundantes inmediatas al mismo, cometa por sí o incite a otros a cometer actos que produzcan lesiones a terceros o daños a bienes muebles o inmuebles.
“Artículo 331 bis 1.- Además de las sanciones previstas en este capítulo, a juicio del juez se podrá prohibir al inculpado asistir a estadios o recintos de espectáculos deportivos por un término de seis meses a cuatro años, en cuyo caso se ordenará la publicación especial de sentencia.”
Al exponer los motivos de la LVE, Hurtado detalló una situación que no ha menguado desde entonces: “Existen deportes en los que el público resulta ser más susceptible al cambio radical de su estado de ánimo, deformando en segundos al aficionado en fanático, provocando la violencia. (…) Lamentablemente estas reacciones de las personas no son casos aislados, se registran grupos entre la multitud que asiste a espectáculos deportivos y las pasiones se desbordan con más facilidad en el futbol soccer”.
Ese 2007 había sido un mal año para el futbol profesional de Nuevo León: El 9 de mayo –días antes de que la iniciativa fuera presentada– fue apuñalado Luis Carlos Hernández González, de 15 años, en el exterior del estadio Universitario después de un juego de cuartos de final entre Tigres y Chivas. El muchacho falleció a raíz de las heridas que le provocaron.
En el proceso de discusión de la ley, Hurtado encabezó reuniones de diputados con directivos de Tigres, Rayados y Santos de Torreón; con los de Sultanes, en beisbol, y Fuerza Regia, en basquetbol; asistieron a ellas jefes policiacos del estado y municipales de la zona conurbada. También fueron informados los directivos de la Femexfut. Todos los convocados expresaron su acuerdo para legislar sobre las conductas antisociales de los fanáticos en los estadios.
Entrevistado el 3 de abril de 2007, el panista se mostró entusiasmado con la respuesta de los empresarios. “Los directivos se manifestaron a favor y señalaron que enviarían comentarios para enriquecer la propuesta. La Federación Mexicana de Futbol ya está viendo la posibilidad de aplicar esto mismo en otros estadios, porque esta ley no existe en el país”.
En entrevista con Proceso, Gregorio Hurtado Leija –quien tiene maestría en derecho constitucional y gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León– afirma que el Congreso nuevoleonés envió a sus similares de los estados en toda la República copias certificadas para que estudiaran el articulado y lo tomaran como modelo.
“Se lo dimos a conocer a todos. Fuimos pioneros, porque no sólo manejábamos estos asuntos como objeto de sanción administrativa, sino que fuimos más allá, dimos el paso siguiente y lo incluimos en el Código Penal para tipificarlo como delito.”
Sin embargo, sostiene, la respuesta fue tibia, pues sólo un par de estados se comunicaron con los legisladores para solicitar más informes, lo que a la larga se estancó.
El panista asegura que él tuvo comunicación directa con la Federación Mexicana de Futbol, vía telefónica. “Hablamos con ellos y con los clubes. En ese entonces hubo un consejo donde participaban los equipos de deporte profesional de la zona norte, de futbol, beisbol y basquetbol. Incluso vino gente de Torreón, de Santos”.
Héctor Canchola fue su interlocutor con la federación, según se desprende de una nota periodística publicada entonces. Canchola se encarga actualmente de Seguridad y Comisarios en la Liga MX, de acuerdo con el directorio que se publica en la página web del organismo.
En un partido efectuado el sábado 3 de marzo de 2007 en el estadio Tecnológico entre Rayados y Pumas, algunos aficionados con camisetas de la UNAM se quejaron de que no les permitieron el acceso por su aspecto de “chilangos”.
El martes siguiente, Justino Compeán, presidente de la Femexfut, felicitó a Rayados bajo el supuesto de que con esa exclusión se evitaría la violencia en los estadios. En el caso de La Pandilla, declaró: “La gente de Monterrey también detuvo a 16 aficionados de ellos; no les permitió entrar al juego. Personalmente hablé con Jorge Urdiales (entonces presidente de Rayados) y me dijo que fueron detenidos cuatro aficionados del equipo de Pumas y 16 de Monterrey.
Ley no aplicada
Si bien la LVE tiene más de seis años de haber sido promulgada, no se aplicó en el sexenio pasado, cuando gobernaba el priista José Natividad González Parás.
Hurtado Leija recapitula: En ese antonces, pese al apremio social de contener las conductas antisociales en los estadios, la procuraduría de Nuevo León optó por ignorar la ley.
“En aquel tiempo tuve conocimiento de un solo procesado por ese delito y ya no supe en qué concluyó. No le pude dar seguimiento, sólo supe que estaba en etapa de pruebas. Lo cierto es que en esos años la procuraduría (estatal) no le puso la suficiente atención para que redundara en algo que fuera ejemplar para los hinchas. Se fueron más por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena, pero no le dieron importancia a esto”, lamenta.
La actual administración estatal, encabezada por el también priista Rodrigo Medina, decidió reactivar la LVE apenas este año, cuando en el estadio Tecnológico se vivió una racha de incidentes violentos provocados por el mal desempeño de Rayados, lo que arrojó un aficionado herido de gravedad y 10 procesados.
Hurtado Leija asegura que actualmente “hay una propuesta para incluir en la legislación federal” un artículo contra los desmanes en los escenarios deportivos. Considera benéfica la iniciativa, aunque afirma que más bien debería ser aterrizada en cada uno de los estados –que son los encargados de procesar a quienes incurren en delitos del fuero común.
A propósito de la riña ocurrida en el estadio Jalisco el sábado 22 de marzo durante el clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara, considera que es un buen momento para que el Congreso de la Unión aborde el problema: “Todavía estamos en tiempo de actuar. No es tarde para tomar cartas en el asunto. Lo peor sería que no hiciéramos nada, que dejáramos que esto creciera y que mañana lamentemos un caso más grave”.
La ley nuevoleonesa está diseñada para que los delitos que en ella se consignan sean perseguidos de oficio. Esto significa que las autoridades pueden iniciar las indagatorias basándose en simples videos de televisoras o aficionados.
En esta temporada Clausura 2014, los aficionados de Rayados protagonizaron tres incidentes violentos en los primeros cuatro partidos en casa. En un juego quemaron gradas y fueron demandados. En otro se enfrentaron con la policía y, en un tercero, tres personas hirieron gravemente a un aficionado de Tigres afuera del estadio Tecnológico.
El procurador Adrián de la Garza aplicó la LVE para procesar a Ricardo Calderas, de 19 años, quien golpeó a un joven que portaba la camisa de Tigres, identificado como Cruz Alvizu. Le fracturó la mandíbula y lo envió al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.
El agresor subió fotos de la agresión a su cuenta de Facebook. Ese atrevimiento permitió a la procuraduría estatal identificarlo. El joven fue detenido, junto con dos cómplices, identificados como Juan Carlos Pérez Morales, Cirilo, de 23 años, y Miguel Ángel Garza Prieto, Alone, de 27.
La mala racha del equipo siguió. Monterrey fue a Tijuana y cayó 2-1 con Xolos. Luego Rayados perdió 2-0 ante León. La gente, enardecida, se metió al terreno de juego y se enfrentó con policías estatales. Como saldo de la reyerta fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos menores de edad.
El procurador de Justicia, Adrián de la Garza Santos, anunció que todas ellas serían boletinadas para que no pudieran ingresar a los juegos de Rayados mientras se les enjuiciaba por los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena y violencia en espectáculos deportivos.
Al día siguiente, un juez ordenó poner en libertad a los aficionados detenidos debido a que la policía los detuvo por la tarde del sábado y los entregó al Ministerio Público, indebidamente, la madrugada del domingo.
