Empecinado en promoverse como aspirante presidencial en 2011, Emilio González hizo construir la Villa Panamericana en un predio que, como lo señalaron expertos ambientalistas en su momento, tiene funciones de recarga de mantos freáticos que sustentan los bosques Los Colomos y La Primavera. Y Aristóteles Sandoval, que como alcalde tapatío pugnó por derribar la construcción, ahora como gobernador se apresuró a descartar esa solución. En suma, el problema ya se convirtió en un nudo legal, ecológico y económico.
Si la Villa Panamericana llega a habitarse complicará el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, advierten maestros y estudiantes de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Es la conclusión a que llegaron las estudiantes Lizett Guadalupe Cázares Hernández, Nataly Robledo Rodríguez y Alejandra Ortiz Padilla en una investigación que fue incluida en el libro La gobernanza del agua en las ciudades, coordinado por sus maestros del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) Salvador Peniche Camps, Martín G. Romero Morett, José Héctor Cortés Fregoso y Manuel Guzmán Arroyo.
Peniche Camps, doctor en economía por la Universidad de Moscú, coincide con las estudiantes en que la Villa Panamericana debe destruirse, ya que a la postre será más barato hacerlo así que sanear la cuenca hidrológica afectada por su construcción.
El gobernador Aristóteles Sandoval declaró, el lunes 3, en una gira por el municipio de Teocuitatlán de Corona, que la destrucción del inmueble “se descartaría. Lo que vemos es qué alternativas de uso le vamos a dar a las distintas propuestas que se han generado, y escuchar a los especialistas que están analizando el entorno”. Sin embargo, no parece escuchar a estos especialistas.
Para Nataly Robledo, coautora de la investigación mencionada, la información sobre la Villa Panamericana es insuficiente y opaca a pesar de que ya pasaron casi tres años desde los juegos que le dieron origen. Resalta que la constructora Corey Integradora ni siquiera presentó la manifestación de impacto ambiental (MIA) y que el ayuntamiento de Zapopan no ha podido comprobar que se cumplió ese requisito indispensable para otorgar un permiso de edificación.
Más allá del trámite, Peniche Camps señala que la ley en materia ambiental es clara al prohibir construcciones que afectan el entorno ecológico. En cuanto a la forma en que enfrentan los altos funcionarios al problema del agua en el estado, relata:
“Platicando con funcionarios, no voy a decir quiénes, me decían que es como tener una hija embarazada. ‘Ya se te embarazó la hija, ¿qué haces?’ Así están abordando el problema.”
Inicialmente las universitarias concibieron su trabajo como una ponencia para el IV Seminario Internacional sobre la Cuenca del Río Santiago en octubre de 2012, pero la calidad del texto hizo que lo incluyeran en el libro.
En la introducción del estudio se indica que la zona de El Bajío, donde fue construida la Villa Panamericana, cumple la vital función de recarga de los mantos acuíferos que sustentan los bosques Los Colomos y La Primavera, además de abastecer de agua al Valle de Atemajac.
Resalta igualmente que El Bajío tiene suelos arenosos muy permeables y el agua se estanca cuando hay una precipitación constante. Por eso Robledo, en la entrevista, menciona que, en un sentido estricto, las autoridades municipales no debieron aceptar la construcción del estadio Omnilife, sede del equipo de futbol Chivas de Guadalajara.
“El riesgo de que se siga urbanizando esta área es grandísimo, habrá más riesgo de inundaciones en sitios donde antes no había, e incluso podría llegar a pasar un fenómeno de agrietamiento de los suelos y las construcciones por las características que tiene El Bajío”, abunda el estudio.
Y agrega: “Comprometiendo los recursos naturales como el agua, con autorizaciones, permisos, licencias y otros, Zapopan deberá enfrentar grandes problemáticas en el futuro. El agua es un derecho humano necesario para la vida, su disponibilidad y calidad no deben estar por debajo de los intereses de ningún tipo”.
Aunque el gobernador del estado e incluso el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, han mencionado la posibilidad de convertir el inmueble en un hospital geriátrico, las autoras del estudio alertan que esa sería la peor opción, porque el nosocomio generaría residuos tóxicos que agravarían la contaminación en el área.
Con todo, el doctor Peniche dice que la ubicación de la Villa Panamericana no fue producto de un error, sino que es parte de una política nacional de encarecimiento del agua, ya que su escasez favorece a los grandes empresarios:
“Yo creo que no está fallando el sistema, sino que está hecho para eso: mientras más fregado esté el sistema hídrico más negocio hay; tenemos que comprar agua embotellada, traerla del otro lado, y eso es carísimo, son negocios”.
Añade que el desabasto de agua ha sido afortunado para la industria que se dedica a hacer tubos, presas y canales. Lo malo, enfatiza, es que la gente que trabaja en esas grandes compañías se coloca después en altos cargos de la administración pública.
“Es un modelo cerrado en donde ellos mismos se evalúan, se aprueban, no dan información. Y esa misma gente, por ejemplo el ingeniero Enrique Dau, tiene 30 años en esto (es dueño del grupo industrial Napresa, que fabrica esos insumos y de otros para obra pública y privada), y cuando cambian los sexenios unos están de funcionarios y otros tienen sus empresas; luego cambian. Desde luego yo no tengo una evidencia de tipo legal, que permita decir: aquí está el negocio y lo que se han ganado, pero hay una lógica en esto”, precisa.
Y cita, como ejemplo, que tan sólo el año pasado el grupo refresquero Coca-Cola ganó cerca de 40 mil millones de dólares por la venta de agua embotellada en México.
“Esa empresa trasnacional es la primera interesada en que se destruyan los mantos acuíferos, porque mientras más jodidos estén, más cara va a ser el agua que venden. Todas las empresas que venden agua, Danone, Coca-Cola, Pepsi… están haciendo el negociazo. Yo creo que ni la cocaína ni la mariguana tienen más rendimiento”, agrega.
Contradicciones
Cuando el priista Aristóteles Sandoval era presidente municipal de Guadalajara, exigió la clausura de la Villa Panamericana poco después de conocerse que vertía aguas negras en el área de infiltración, e incluso anticipó denuncias contra quienes resultaran responsables de esa contaminación, que afectó a unas 50 colonias del municipio.
“Desde este momento debe ser clausurado inmediatamente, para efecto de que podamos resolver los problemas de fondo y esté en óptimas condiciones, con dictámenes y certificados ante las dependencias con atribuciones para que tengamos la certeza y seguridad de que podemos avanzar en este problema y yo creo que no se le debe dar ningún dictamen de factibilidad ni habitabilidad”, dijo Sandoval en aquella ocasión.
Incluso la actual titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), María Magdalena Ruiz Mejía, se pronunció por derribar la villa cuando encabezó la misma cartera en el ayuntamiento tapatío.
“La única opción real y legal que queda, si nosotros cubriéramos el marco legal, claro que sería demoler, porque hubo un daño; no estuvo sustentado desde el inicio el proyecto en la parte legal, no siguieron las recomendaciones del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco”, declaró la funcionaria en noviembre de 2011.
Pero cuando Sandoval llegó a la gubernatura se olvidó del tema.
El que no se anduvo con rodeos fue el entonces presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, quien en mayo de 2011 –cinco meses antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos– advirtió que el edificio tendría que derribarse si no cumplía con los ordenamientos legales.
Mientras tanto, el constructor Francisco Cornejo inició en la primera semana de marzo una serie de visitas guiadas a la Villa Panamericana para mostrar lo “amigable” que es con el medio ambiente. El empresario busca librarse del costo que le genera el mantenimiento del edificio, pues el fideicomiso integrado exprofeso está a punto de agotarse. Sin ese instrumento financiero, el propietario tendría que haber invertido casi 1 millón de pesos mensuales de su bolsillo desde que terminaron los Juegos Panamericanos.
En el mismo afán, Cornejo declaró hace unos días al diario Mural que la Villa Panamericana sólo representa una mínima porción de El Bajío: 17 de 4 mil hectáreas, por lo que el abastecimiento de agua no está en riesgo.
En entrevista por separado, el director de Proyectos Estratégicos del ayuntamiento de Zapopan, Alfredo Hidalgo Rasmussen, señala que esa autoridad ya tiene la información generada en una mesa de trabajo interdisciplinaria para decidir el futuro de El Bajío, pero dice que aún no hay fecha para dar a conocer el resultado.
Hidalgo, un activista que ahora es funcionario, adelanta sin embargo que los estudios de los académicos indican que no todas las zonas de El Bajío son susceptibles de recarga de agua, y también descarta que se vaya a derribar la Villa Panamericana porque, dice, eso también tendría un elevado costo ambiental.
Además, justifica, “creo que no es un tema en el que hay que actuar de manera intuitiva y apasionada porque hay muchos actores involucrados. Hay muchos intereses, hay recursos que desafortunadamente fueron puestos en estos lugares, por lo tanto la autoridad está obligada a analizar todas las partes y tomar decisiones a partir de información probada y seria”.
Desde que se anunció la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío, a finales de 2009, este semanario recogió advertencias de organizaciones civiles y de ambientalistas en el sentido de que la obra era antiecológica porque está en un lugar de recarga de mantos freáticos. Pese a las protestas, el gobierno del panista Emilio González construyó ahí el complejo habitacional (Proceso Jalisco 266).
Posteriormente, en el número 338, se informó del riesgo de que, ya construida, la villa no pudiera utilizarse a causa de un recurso legal interpuesto por ejidatarios y por particulares, ya que el proyecto no se apegaba a la Ley de Ordenamiento Urbano.
Además, se acusaba que eran terrenos en gran medida adquiridos irregularmente a ejidatarios por Francisco Cornejo y otros empresarios que al comprarlos, siete u ocho años antes, tenían en mente fraccionar el área natural protegida pese a que por ley su densidad poblacional no debe ser mayor a 75 personas por hectárea.
