El autorizar el alza del pasaje a siete pesos sin que los transportistas mejoren el servicio, el gobernador Aristóteles Sandoval liberó al pulpo camionero de todo control. La consecuencia más nefasta ocurrió el viertes 7, cuando un camión de la ruta 368 arrolló a 20 estudiantes. Ante la indignación por la muerte de María Fernanda Vázquez, de 18 años, el mandatario echó atrás el aumento y despidió a un funcionario menor, pero no se ve cómo ni quién garantizará el orden en el transporte público.
La inconformidad social no detuvo el aumento a la tarifa del transporte público ni logró que al menos mejorara el servicio, pero el fallecimiento de la estudiante de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) María Fernanda Vázquez Vázquez, atropellada por un camión de la Ruta 368 al que iba a subir, obligó al gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval a dar marcha atrás a lo que jóvenes y especialistas han considerado “un atraco” a la sociedad civil.
Académicos consultados por Proceso Jalisco advierten que ya urgían las medidas anunciadas por el gobernador para controlar la operación de los transportistas, pero señalan que si en verdad quiere solucionar el problema de fondo debe empezar por abrir su discusión a la sociedad.
El investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la UdeG, Jorge Fernández Acosta, señala que la cancelación del aumento al pasaje implica el reconocimiento tácito de que se trató de una imposición ilegal.
Añade que actualmente el transporte público opera en forma improvisada, sin un modelo integral. Éste, explica, debería incluir la renovación de las unidades, la revisión de los contratos con los choferes, la organización de las rutas, el tránsito del esquema de hombre–camión al de ruta- empresa y el uso de un eficaz sistema de prepago.
Aunque Fernández Acosta aprueba la vuelta de la tarifa a seis pesos, la califica de medida paliativa y temporal que por lo tanto no garantiza la seguridad de los usuarios ni mejoras a largo plazo.
Desde su punto de vista, la publicación transparente de toda la lista de permisionarios ayudaría a entender la maraña de intereses que existen en el transporte urbano. La reestructuración de rutas sería otro gran paso.
En resumen, “se tiene que encontrar soluciones para establecer nuevos derroteros de las rutas, organizar mejores sistemas de conexión, de conectividades de las rutas y entre los sistemas de movilidad generales; el Pretren, el Tren Eléctrico, los taxis, los automóviles y las bicicletas. No solamente es el transporte público”.
Dice que también deben modificarse las condiciones laborales de los choferes para que tengan una mejor remuneración y capacitación.
Fernández Acosta forma parte del grupo de académicos que en 2004 impulsó la Ley Marco de Movilidad. Intentaron generar un foro de discusión de por lo menos un año para construir las condiciones de análisis que hicieran posible una legislación sólida. Participaron en esa labor Mario Córdova España –actual director del Instituto de Movilidad–, Gerardo González Herrera, Germán Camacho Uribe (ya fallecido) y el exdiputado perredista Carlos Orozco Santillán.
El entrevistado menciona que esa propuesta no prosperó porque a los transportistas no les convenía y el “pulpo camionero”, que por años ha encabezado el presidente de la Alianza de Camioneros, Jorge Higareda Magaña, presionó en el Congreso para que se frustrara la iniciativa.
“Partíamos de seis ejes: relación de la ley y políticas públicas, infraestructura, aspectos tecnológicos del servicio, semaforización, desplazamientos de la gente que tenía que ver con un observatorio ciudadano y un Instituto de Movilidad, imagen urbana e intermodalidad”, expone.
En cambio, afirma, la actual Ley de Movilidad del Transporte del Estado de Jalisco carece de “dientes” para sancionar a los conductores y a las empresas de transporte urbano.
“No hay un estudio coherente hasta ahorita, que explique cómo se cuantifica el kilómetro recorrido de la unidad, que es como debería tomarse en cuenta, no por pasajero, sino por kilómetro recorrido”, aclara.
Por su parte, Daniel González Romero, especialista en urbanismo y sustentabilidad, considera también que las medidas anunciadas por el mandatario ya urgían, pero indica que solucionar los nudos del sector requiere una política proyectada a 20 o 30 años y a cargo de expertos, no de los permisionarios.
Para él, la mejora de la movilidad en la zona metropolitana no se reduce a la adquisición de mejores autobuses, se trata de realizar una reingeniería social, económica y cultural.
Y el ingeniero Luis Tostado recuerda que la ciudad tenía una excelente propuesta para resolver el transporte público con el sistema ortogonal que diseñó otro ingeniero, Jorge Matute Remus, en la década de los setenta. Incluía 243.5 kilómetros de ruta para metro, 184 estaciones de servicio y transferencia, así como 22 rutas foráneas. Aunque era un proyecto a largo plazo, lamenta, fue boicoteado por intereses políticos.
“Llamamos a ese proyecto Guadalajara Siglo XXI porque desde 1980 definimos que no se podía hacer en tres años ni en seis ni en 20; nos iba a llevar, con ganas de las autoridades que se metieron a resolver el problema, 60, 70 u 80 años. Nosotros no lo íbamos a ver. Desafortunadamente nuestros políticos siempre están pensando en las próximas elecciones, no en la ciudadanía que representan”, acusa.
Incumplimiento
Desde la madrugada del 21 de diciembre pasado, cuando sesionó la Comisión de Tarifas para aprobar el incremento de seis a siete pesos por pasaje, se había señalado que el aumento era ilegal porque los permisionarios del transporte no habían cumplido con las medidas obligatorias para mejorar el servicio.
En un estudio sobre el transporte público presentado en 2012, la UdeG estimaba que con la operación de un solo camión el empresario podía atender hasta 560 pasajeros por día y obtenía una ganancia de 10% de sus operaciones. Los transportistas respondieron que ese cálculo es erróneo, porque sus utilidades se reducían a 4%. También dijeron que el número de pasajeros por día oscilaba entre 300 y 800 en las mejores rutas.
En 2012 el gobierno del panista Emilio González les dio a esos empresarios, en combustible, un subsidio de 96 mil pesos por unidad para evitar el aumento del pasaje a siete pesos. Finalmente, en 2014 ese incremento se hizo oficial a condición de garantizar mayor calidad en el servicio. Los transportistas no cumplieron y se salieron del control de la autoridad estatal.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza, rechazo esta medida de inmediato, argumentando que un estudio del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ) establecía que con la tarifa de seis pesos los transportistas obtenían una utilidad de 13%.
Jorge Arana Arana, presidente municipal de Tonalá, propuso elevar el pasaje a ocho pesos, y el de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, entre otros, apoyó que se mantuviera en 6.50 pesos.
En septiembre de 2012 Proceso Jalisco documentó que la Comisión de Tarifas y el Consejo de Atención a las Víctimas del Transporte Público no funcionan como reguladores del transporte público ni como espacios de acuerdo entre autoridades, concesionarios y usuarios, pues su verdadero papel es el de justificar las decisiones del Ejecutivo y funcionar como punto de presión de los concesionarios. En ninguno de los dos órganos se ha incorporado a organizaciones civiles.
Durante la glosa ciudadana de su primer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, el integrante del Colectivo Ecologista de Jalisco, Mario Silva, le reprochó al secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, que se negara a entregar copia del dictamen en el cual se basó la Comisión de Tarifas para aprobar el alza.
Silva le recordó a Gudiño que en los últimos 15 años han ocurrido más de 75 mil accidentes en el transporte público y que en 2013 fallecieron en ellos 26 ciclistas. “Nos parece que nadie debe morir por usar una bicicleta y nadie debe morir por usar el transporte público. Nos parece que esa parte no está suficientemente atendida”, reclamó.
Las críticas al aumento del pasaje continuaron, hasta que el viernes de la semana pasada un camión arrolló a María Fernanda y lesionó a 19 personas más en el mismo parabús. De inmediato, el gobierno cortó por el hilo más delgado: destituyó al director de Transporte Público, Javier Jaramillo, y canceló los permisos de la Ruta 368.
“A la fecha se han retirado 159 unidades de transporte, de las cuales 27 han sido encontradas sin ningún tipo de permiso, sin placas o con placas sobrepuestas. El día de hoy retiramos ocho camiones de la Ruta 380, se han revocado 25 concesiones de trasporte público, existen cuando menos 30 procedimientos administrativos que han iniciado el proceso de cancelación o revocación. Se retiró por primera vez en la historia toda una ruta, que fue la 368. Se han retirado 150 licencias de conducir del transporte público y se han cancelado 20, y están en proceso de cancelación 20 más”, informó el gobernador el 9 de marzo.
A Gudiño no se le ha tocado, pese a que mucha gente lo exige en las redes sociales y los diputados del Movimiento Ciudadano le atribuyen responsabilidad en el accidente, por la falta de supervisión.
Al corte de esta edición Gudiño no había respondido a esos señalamientos. Desde su cuenta de Twitter dio a conocer la renuncia de Jaramillo por supuestas razones de salud. El secretario general de gobierno, Arturo Zamora, tuvo que corregir: “El diagnóstico que hace el gobierno es en el sentido de que no se cumplieron las expectativas por parte del funcionario y por esa razón tenemos que entrar a un proceso de relevo”.
Protesta masiva
El pasado lunes 10, miles de estudiantes y docentes de la UdeG, encabezados por el rector, Tonatiuh Bravo Padilla, marcharon desde cuatro puntos de la ciudad hacia el centro histórico para protestar por el atropellamiento de la joven universitaria.
Según el titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, participaron en la manifestación unos 25 mil estudiantes. Los dirigentes de la institución educativa dijeron que fueron más de 35 mil.
Las pancartas expresaban pesar por la joven de 18 años. El líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Francisco Díaz, advirtió: “Si tocan a uno de nosotros, nos tocan a todos”.
A su vez, el rector Bravo Padilla expresó que el estado debe hacerse cargo de unidades y rutas: “Si los transportistas no pueden o no tienen la voluntad de resolver el problema, si después de 40 años no han mostrado capacidad para dotar a la ciudad de un servicio público digno, el gobierno del estado debe revisar sus atribuciones para requisar el transporte y pensar en la posibilidad de quitárselo a los transportistas privados y estatizarlo”.
Buena parte del alumnado, e incluso personal del Hospital Civil de Guadalajara, perteneciente a la UdeG, se involucró en la movilización. En la Plaza Liberación se instaló el templete, en el que hablaron líderes sindicales y estudiantiles, diputados del PRD, como Celia Fausto Lizaola, y del PRI afines al Grupo Universidad, como José Trinidad Padilla. Al final cedieron la palabra a dos hermanas de María Fernanda Vázquez.
La masiva marcha obligó a interrumpir el tránsito vehicular en varios puntos y algunos choferes del transporte público dejaron de trabajar. El presidente del Frente Unido de Subrogatarios, Juan Carlos Villarreal, afirmó que los manifestantes apedrearon autobuses y que por eso redujeron el servicio hasta en 50%.
Al finalizar el mitin, decenas de inconformes fueron a la Presidencia Municipal de Guadalajara, donde un nutrido grupo de pequeños contribuyentes protestaba contra el Servicio de Administración Tributaria. Al unirse ambas expresiones, policías tapatíos se enfrentaron con ellos y el saldo final fue de tres agentes con lesiones leves y nueve manifestantes detenidos por agresiones y daños al patrimonio municipal.
Al día siguiente de la marcha se reportó que una mujer embarazada y su hija cayeron de una unidad de la Ruta 186 porque el chofer arrancó cuando intentaban abordarla en el Camino a San Sebastián y Prolongación 8 de Julio, Tlajomulco.
Por su parte, el gobernador decretó el retorno de la tarifa a seis pesos. El boleto de Tren Ligero y Macrobús se mantuvo a siete pesos.
Responsabilidades
Aunque los manifestantes gritaron consignas contra el gobernador y el secretario de Movilidad, los organizadores de la marcha cuidaron que ninguna pancarta aludiera a Aristóteles Sandoval ni a sus funcionarios.
Andrea Lomelí, estudiante de una universidad privada que se atrevió a exigir en una pancarta la renuncia de Mauricio Gudiño, se dijo sorprendida porque pocos sabían a qué se refería.
Ella era amiga de María Fernanda Vázquez. En su opinión, la reducción de la tarifa del transporte de siete a seis pesos es importante pero insuficiente para garantizar la seguridad de los usuarios y la mejora del servicio.
“El señor (Gudiño) tenía todos los antecedentes de los excesos cometidos por los choferes de la Ruta 368, ¿cómo es posible que ahora se sancione a 10 unidades porque no estaban en buenas condiciones? ¿Por qué hasta ahora? Es muy raro que se les haya permitido a los dueños de esos camiones trabajar durante mucho tiempo sin que nadie los molestara, a pesar de que por todos lados están los agentes de tránsito.”
El martes 11, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, descartó por completo una requisa del transporte público como la que pidió el rector de la UdeG.
Dijo que las autoridades de Jalisco buscan alternativas para sustituir el esquema hombre-camión, en que cada unidad compite contra las de la misma ruta y al que atribuye los accidentes fatales. Explicó que ya existe una propuesta para que cada ruta sea una especie de cooperativa que reparta las ganancias y pague un salario fijo a los choferes, a fin de cancelar las comisiones por venta de boletos.
Sobre el caso, la Fiscalía General informó que Leopoldo Martín Soberano Castro, el conductor de la unidad de la Ruta 368 que atropelló a María Fernanda Vázquez y 19 personas más, fue consignado el lunes 10 y enfrentará su proceso legal en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.
Por el accidente del viernes 7, al conductor se le acusa de “homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones a título de culpa grave, daño en las cosas y abandono de personas”, por lo que su sanción puede ser de entre 25 y 50 años de carcel.
Según las declaraciones recabadas por el Ministerio Público, tras el accidente el chofer echó de reversa el autobús y causó mayores daños a la gente. Fue detenido después que un grupo de estudiantes intentaron lincharlo, dijeron a este medio algunos testigos.
En un comunicado, la Fiscalía General señala que el chofer enfrenta agravantes por conducir a exceso de velocidad, invadir una zona peatonal, que el percance ocurrió en una área de concurrencia de personas afuera de una escuela y que “el conductor, lejos de detenerse a auxiliar a los afectados, optó por huir”.
