Sobrevivientes del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en la estación madrileña de Atocha y familiares de quienes perdieron la vida ahí, a lo largo de una década dejaron de ser el centro de atención para convertirse en villanos, en blanco de los ataques de la ultraderecha. Agobiados por la tragedia y sus secuelas –estrés postraumático, pérdida de salud, empleos y bienes–, los integrantes de la Asociación 11-M siguen firmes en su lucha por que el Estado español los siga apoyando y deje de politizar sus dramáticas experiencias.
MADRID.- El martes 11 se cumplen 10 años del atentado que sacudió a esta ciudad, el peor ataque yihadista perpetrado en Europa. Once de 14 mochilas con bombas estallaron en los vagones de cuatro trenes urbanos en la estación de Atocha, mataron a 192 personas e hirieron a mil 785, entre ellas a Laura Vega, quien desde ese día permanece en coma.
A lo largo de esos 10 años los sobrevivientes y los familiares de las víctimas pasaron de ser el centro de atención inicial a ser olvidados por los políticos, maltratados por las instituciones españolas y hasta destinatarios de amenazas y de insultos de la ultraderecha más radical.
Dos sobrevivientes de las explosiones del andén 2 de Atocha y familiares de víctimas fatales denunciaron lo anterior en un amplio relato ante corresponsales extranjeros, entre ellos el de Proceso.
Y desde que Mariano Rajoy llegó al gobierno español, en diciembre de 2011, hubo nuevos reveses: a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (11-M) le retiraron la escolta que la protegió ocho años, pese a que persisten las amenazas en su contra.
El gobierno conservador también le retiró a la 11-M 60% de las subvenciones que le otorgaba, mientras a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), afín al gobernante Partido Popular (PP), se las han incrementado 150%, denuncia Ángel de Marcos García, tesorero de la asociación y sobreviviente de Atocha.
En 2008 la 11-M llegó a un acuerdo con nueve ayuntamientos de la comunidad de Madrid a fin de recibir apoyos ante los apremiantes requerimientos de ayuda social y psicológica para sus agremiados. “Gastos que nosotros hacíamos y ellos nos reembolsaban. Pero con las elecciones y el cambio de signo político, de la noche a la mañana cortaron el apoyo, dejándonos comprometidos con fuertes gastos”, dice De Marcos.
Uno fue el ayuntamiento de Aranjuez. “El perjuicio económico para nosotros fue enorme”, agrega. “De unos 60 mil euros, porque ya habíamos hecho el gasto y de último momento el ayuntamiento nos anuncia: ‘No les vamos a pagar más’”. Dejaron de percibir 60 mil euros y subsisten con 40 mil para atender a mil 756 miembros.
Añade: “Existe una intención de ahorcarnos económicamente y que cerremos la asociación. Pretenden que no podamos subsistir; tenemos dificultades para pagar los servicios de nuestro local y un pequeño sueldo para unas pocas colaboradoras que trabajan con nosotros. Es una forma de quitarnos de en medio porque les resultamos incómodos. Pero no pueden porque somos una asociación de interés público y cumplimos todos los requisitos”.
Pilar Manjón recuerda que después del atentado muy pronto debieron organizarse como asociación pues las ayudas públicas se diluían y las víctimas necesitaban auxiliarse mutuamente. “El primer mazazo fue el 11-M. Después de las elecciones parecía que nos iban a poner alfombra roja a las víctimas, el gobierno contrató un equipo de psicólogos, 20 o 21, para atender a casi 2 mil víctimas. Pero todo terminó rápido: el 31 de diciembre (de 2004, el gobierno) los despidió a todos”, recuerda.
Entonces la asociación recurrió a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la cual puso en marcha una maestría especializada en tratamiento de víctimas de terrorismo y grandes catástrofes. De ahí surgieron 10 psicólogas que a la fecha siguen trabajando con la 11-M.
“Cuando la víctima de un atentado terrorista sufre estrés postraumático no puedes darla de alta definitivamente. Quizá deja de asistir a la terapia, pero si en la televisión le repiten 15 mil veces las imágenes del accidente del tren en Galicia (en 2013) o las escenas del accidente de Spanair en el aeropuerto de Barajas (en 2008), al final verás las consultas con los psicólogos llenas otra vez. Siempre resurgen las escenas, los flash back te anclan. La Navidad pasada tuve que abrazar a ancianos porque los cohetes los hacían revivir el atentado”, dice Manjón.
Y critica que “el gobierno convirtió un acto terrorista en un acto administrativo: está en los papeles de una sentencia, ya sucedió, ya se les indemnizó y punto, se acabó. Y no es así, existen muchas secuelas”.
Ejemplifica con la más reciente gestión de la 11-M ante el Ministerio del Interior: pidió ayuda para una víctima que no se puede mover y sufre serios problemas neurológicos, que se quedó sin trabajo, no tiene dinero para pagar la electricidad y ella y su hermana no pueden poner la calefacción y sufren por el intenso frío. No hubo respuesta.
Historias dramáticas
De Marcos tenía 45 años el 11 de marzo de 2004. Como la mayoría de los ocupantes del tren, iba a su trabajo; era director administrativo de una aseguradora. A las 7:37 horas, cuando el tren se había parado y la gente empezaba a bajar del vagón, estallaron tres bombas con intervalos de pocos segundos.
“Como las mochilas (con las bombas) las dejaron en el piso, el estallido me provocó una fuerte lesión en la pierna, me estallaron los tímpanos, me provocó un estrés postraumático severo y desde entonces sufro una enfermedad neurológica degenerativa que destruye el sistema nervioso de piernas y brazos, la cual no tiene cura y me impide trabajar. Sigo en tratamiento”, relata.
Araceli Carbonero, de 35 años el día del atentado, iba a su trabajo en una empresa de diseño gráfico. Viajaba en el mismo tren que De Marcos. La primera bomba estalló en el vagón contiguo. El impacto la tiró al suelo y en la huida masiva la pisotearon. Se levantó como pudo.
Vino la segunda bomba y llamó por teléfono a su esposo para que la despidiera de sus hijos, “con la idea que iba a estallar todo”. En eso detonó la tercera y la aturdió más. Logró salir de Atocha y durante varias horas deambuló, confundida, sin rumbo. La encontraron más tarde en una zona alejada de Atocha.
“El Ministerio del Interior me citó como testigo del atentado, no como víctima. Me hicieron ubicar en un mapa del tren el sitio donde viajaba y qué había visto. No fue sino hasta la sentencia de 2007 que se me clasificó como víctima psicológica. Mis amigos y familiares me decían que debía dar gracias por estar viva, pero eso me generaba un sentimiento de culpa porque 192 personas habían muerto. Traté de retomar mi vida, pero no podía ni prender la computadora.
“Mis trastornos fueron en aumento con el paso de las semanas. El estrés postraumático (que persiste) me hizo perder 20 kilos; la ansiedad que padecía derivó en la ruptura de mi matrimonio. La Seguridad Social dejó de atenderme porque no sabían cómo tratar mi caso. Entonces intenté presentar una denuncia, me vio un psicólogo forense, pero con la sorpresa que dan carpetazo a mi caso y me advierten que mejor no entre en juicios ni en polémicas, y yo acepté en ese momento porque no me sentía capacitada para pedir nada para mí, estaba absolutamente hundida.”
Carbonero perdió su casa y le reclama a un banco que le regresen una inversión, producto de un timo. Por el ausentismo en su trabajo la despidieron y a eso se sumó que sufrió un cáncer de mama, el cual superó en 2007. “Todo derivado del estado de salud que me provocó esto. Estaba viva pero me sentía muerta”, dice.
Abel García Alfagene murió en la estación de El Pozo ese 11 de marzo, día de su cumpleaños 27. Su madre, Marisol Alfagene, enfermera jubilada, recuerda que cuando se enteró del ataque empezó a buscar a su hijo pensando que algo le había pasado. “Coincidentemente todos los trenes explotaron en zonas obreras. A veces pienso que por eso nos tratan así”, reprocha.
“Mi hijo iba a su trabajo, como todos los días, pero no volvió. Me atormenta el horror que se vivió ahí, y me sigue afectando”, dice.
La muerte de su hijo devastó a su familia: “Al año del atentado mi marido murió. Se dejó morir por su hijo. Su estado (anímico) le provocó un ictus. Le afectó un nervio de la cabeza y se volvió muy agresivo. Nos recomendaron internarlo en una residencia de ancianos, con un tratamiento que nosotros tuvimos que pagar porque la seguridad social nos dijo que no nos apoyaría, porque no era consecuencia del 11-M”.
Manjón, de 55 años, relata que la habitación de su hijo, Daniel Paz, está tal como la dejó el 11-M. “Sus libros, sus apuntes, La Metamorfosis, de Kafka, al que le quedaban diez páginas para terminar”.
Su hijo, de 20 años, viajaba en el cuarto vagón del tren atacado en la estación El Pozo. Se dirigía a la UNED, donde cursaba una carrera de deportes. En su vagón estalló una de las bombas.
Amenazas
Manjón explica así el maltrato que reciben: “El atentado tuvo lugar tres días antes de las elecciones del día 14, que perdió el PP. Permitió la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lo que creó un ambiente promovido por la derecha haciéndonos responsables de eso. Pero ni nos sentimos ni somos responsables (de que hayan perdido esas elecciones). No los votamos, estábamos buscando a nuestros hijos y familiares asesinados o atendiendo a los heridos. Éstos tampoco votaron, unos estaban muertos y otros curando sus heridas.
“La desgracia de los políticos no es que hayan muerto 192 personas o se haya incrementado a 2 mil 50 el número de heridos, unos aún no reconocidos, sino que perdieron. Y que esta masacre creó ondas como una piedra en el agua, que siempre les vamos a estar recordando los hechos, por más que para los políticos seamos seres muertos.”
Sostiene que el expresidente José María Aznar “nos metió a una guerra en Irak a la que yo no pedí ir, como no lo quiso 99% de los españoles, y sigo defendiendo que eso es causa-efecto de que yo no tenga a mi hijo. (Tony) Blair pidió perdón a los ingleses por haber ido a la guerra. (George) Bush a su manera lo hizo. Pero aquí no hemos tenido la honradez (de Aznar) de decir: ‘me equivoqué’.
“A eso le añades las mentiras de su gobierno de que la responsable del atentado era la banda ETA y su teoría de la conspiración, sólo por puro cálculo político (porque así podría haber ganado la elección el PP, por ser el combate al terrorismo de ETA una de sus principales banderas).
“Quizá si el atentado del 11-M lo hubiera cometido ETA nos hubieran dado otro trato.”
Recuerda “el absurdo” del diario El Mundo –afín a la teoría de la conspiración– de que un casete encontrado por la policía en el vehículo de los terroristas, que decía Mondragón (una villa de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco), era el vínculo con la ETA, cuando en realidad es una cinta del grupo La Orquesta Mondragón.
“Ese gobierno (de Aznar) nunca ha hecho una autocrítica. Va repitiendo por toda Europa que todo lo hizo muy bien”, señala.
A eso se suma que el sector más ultraderechista del PP y los medios afines emprendieron a lo largo de esta década un permanente golpeteo contra las víctimas y los familiares de los muertos y los heridos. Manjón asegura que la policía tiene un dossier completo con todas las amenazas que recibió.
“Hay mensajes como: ‘Tu hijo está bien muerto’, ‘también tú deberías estar muerta, puta roja’”. Hay agresiones y diatribas que desde la cadena de radio de los obispos, la COPE, le han lanzado los conductores Federico Jiménez Losantos y César Vidal, quienes la han tachado de “montar un gran número sentimental” y estar “muy trastornada” por pedir que Aznar sea juzgado o que “ya está bueno de vestirse de negro”.
“Aunque el Código Penal tiene artículos de especial protección a las víctimas del terrorismo, jamás se han aplicado conmigo. Nunca me han recibido una sola de las denuncias que he presentado por esas amenazas y acusaciones”, dice, y recuerda que en su casa pintaron una diana y en la Asociación han recibido correos con las imágenes de las explosiones y los cadáveres.
De Marcos añade que pese a que en el vehículo de Pilar han pintado la palabra “puta” y que sigue recibiendo amenazas y mensajes, el actual gobierno le quitó la escolta, argumentando que no corre ningún peligro.
Relata que un dirigente del PP que iba acompañado de su pareja, al encontrar a Manjón, le dijo a voz en cuello: “Mira, por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones”.
Ella se pregunta el porqué de los ataques: “¿Sólo porque me llamo Pilar Manjón?, ¿qué pasa, que a mí me puede insultar cualquier persona? Y, ¿luego las demandas ni siquiera las reciben?”
De Marcos sostiene que desde la comunidad de Madrid –que presidió la ultraderechista Esperanza Aguirre– “no han tenido ningún recato. La misma presidenta le dijo a una madre de una víctima muerta que acababa de recibir una indemnización: ‘Qué suerte tienes, porque la indemnización por el atentado no cotiza (en Hacienda), es mejor que la lotería’”.
Las agresiones desde el PP no han parado. Al solicitar un permiso para el monumento que la asociación instaló en El Pozo, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, les respondió: “Otro monumentito para el 11-M, cualquier día me van a venir a pedir uno las putas de (la calle) Montera, y se los voy a tener que conceder”.
Lejanía socialista
Las víctimas padecieron también el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el montaje del PP en el cual acusaban a Rodríguez Zapatero de beneficiarse electoralmente del atentado y acusaban a la ETA de estar implicada en esa conspiración.
“Por esa razón el PSOE marcó distancia, argumentando que era para que nadie pensara que nos estaban manipulando. Pero esa distancia se convirtió en olvido”, dice De Marcos.
La 11-M reconoce que el gobierno socialista les proporcionó subvenciones en igual proporción que a la AVT, “pero la distancia fue tan amplia que nos dejaron solos, abandonados”.
Al final de su gobierno, Zapatero les entregó la condecoración Gran Cruz (para familiares de los asesinados) y La Encomienda (para los heridos). “Pero se otorgaron cuando por una puerta estábamos entrando a recibirlas de manos del vicepresidente Ramón Jáuregui y por la otra puerta estaban entrando los colchones de (Mariano) Rajoy”.
De Marcos explica que sus denuncias por los recortes de las subvenciones del gobierno central, de la comunidad de Madrid y los ayuntamientos “no son por el interés del dinero, sino porque eso se traduce en llenar refrigeradores de muchos heridos que no pueden trabajar; en el alquiler de una habitación, porque otros fueron desahuciados; en gestionar viviendas sociales, y en el pago de los psicólogos para las terapias.
“O como el caso de Laura Vega, que permanece en coma desde el atentado, cuya familia tiene muchos problemas, poca ayuda y necesita colchones para cambiarla”, apunta.
“Como se ve, el gobierno salva bancos pero no salva personas”, tercia Manjón. “No vamos a echar el cerrojo a nuestra asociación. Vamos a seguir buscando justicia, a seguir buscando memoria y recuerdo, no vamos a consentir que esa losa de olvido que quieren echar al 11-M caiga sobre nosotros”.
