TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja California presentaron una denuncia ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal por los delitos de falsificación de documentos utilizados en la comprobación de gastos de recursos federales para las campañas políticas del proceso presidencial de 2012.
Acusan a la dirigencia del PRD estatal de extender recibos falsos de pago para justificar subsidios del IFE para realizar actividades inherentes a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
La mañana del 24 de febrero, la denuncia penal la interpuso Juan Carlos Ruiz Rubio, miembro fundador y consejero del PRD en el Exterior, además del comisionado en Derechos Humanos del Comité Municipal de este partido en Mexicali. De hecho, en esta instancia partidista se decidió, en asamblea, presentar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado.
Se trata de al menos seis militantes que participaron en el proceso federal de 2012 que desconocieron previamente ante el Instituto Federal Electoral (IFE) haber recibido dinero federal para realizar actividades políticas en campaña federal que fueron “comprobados” por la coalición de partidos de izquierda denominada Movimiento Progresista.
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) inició la investigación P-UFRPP 60/13 al detectar irregularidades en el informe de la Secretaría de Finanzas de la alianza del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Por ello se ordenó el procedimiento administrativo GG242/2013 contra el PRD en razón de que en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de Partidos Políticos Nacionales 2012 “se encontraron irregularidades que pueden constituir hechos presumiblemente violatorios del Cofipe”.
El 29 de noviembre de 2013, los militantes recibieron un oficio de Alfredo Cristalinas Kaulitz del IFE en el cual les exige información contenida en los “acuses de recibo” por 6 mil pesos fechados el 30 de mayo de 2012 donde aparece su firma en documentos la coalición que integró como comprobante con la autorización de José Conrado Sánchez Ortega, subsecretario de Finanzas del PRD, para la promoción del voto y participación política en la campaña para elegir presidente de la República y legisladores del Congreso de la Unión.
En los oficios identificados como P-UFRPP 60/13 les solicitaron a los presuntos beneficiarios que definieran las acciones realizadas en el Distrito Electoral Federal 1, con sede en la capital del estado, como “reconocimiento por actividades políticas en campaña federal”. Les pidieron detallar la actividad realizada y la campaña que benefició su participación (presidente, senador, diputado), además de monto y forma de pago: en caso de cheque demostrar el depósito en efectivo, la institución bancaria en que lo depositó; transferencia el número de cuenta de origen, datos de la transferencia, monto y nombre; y en tarjeta de crédito los datos de operación.
Las autoridades electorales dieron un plazo de cinco días hábiles para contestar el documento, a partir de junio de ese año y al que debían anexar la copia simple de su credencial para votar con fotografía o una identificación oficial.
Desconocimiento de pago
En diciembre de 2013 contestaron las solicitudes de información y adjuntaron la credencial del IFE donde dicen desconocer “el origen del recibo, ya que nunca lo habían visto ni mucho menos firmado y, por ende, nunca recibí la cantidad descrita y, aunque se parece, no es mi firma”.
Expresaron que su participación se limitó a hacer actividades de representantes en casillas o en la estructura perredista el día de elección, por lo que no pidieron ni recibieron pago alguno procedente de recursos públicos del orden federal durante los comicios presidenciales.
