CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Ochocientos agentes federales y estatales asumieron el control de la seguridad en esta capital, desplazando de esta forma a las autoridades locales que se declararon incompetentes para combatir la delincuencia que opera impunemente y tiene asfixiada a la sociedad.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Roberto García Bello y el director de Tránsito, Juan Carlos Robledo Saldaña, fueron cesados del cargo y en ambas áreas designaron a oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Mientras que la corporación policiaca de esta ciudad será sometida a un proceso de depuración a través de exámenes de control y confianza, informó el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Por ello, los 200 policías municipales serán concentrados en el cuartel general, mientras los agentes federales y estatales que conforman el operativo denominado Juntos por Chilpancingo, realizaran las funciones de seguridad pública en la capital de la entidad.
La medida del gobierno federal ocurre luego de que el 24 de enero se conformó un grupo de autodefensa con el apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero en el Valle de El Ocotito, ubicado en la zona rural del municipio de Chilpancingo, quienes denunciaron los presuntos nexos de autoridades locales con la banda delincuencial denominada Los Rojos.
En este contexto, comerciantes y empresarios de la capital han denunciado desde el año pasado la criminal indolencia gubernamental frente a la delincuencia que opera impunemente y tiene asolada a la sociedad a través de los secuestros, extorsiones y asesinatos.
En días pasados, el empresario y dirigente de comerciantes en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, sufrió un atentado armado donde salió ileso pero fue asesinada su nuera y su hijo resultó herido.
Damián Huato regresaba del Valle de El Ocotito donde se realizó una asamblea popular y en su participación pública llamó narcoalcalde a Mario Moreno.
El empresario ha venido acusando públicamente al alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos y su hermano, Ricardo Moreno de estar ligados a la delincuencia.
A pesar de que el edil priista se ha deslindado de sus presuntos nexos con la pandilla de Los Rojos, también se ha declarado incompetente para confrontar a los delincuentes que tienen el control de la ciudad.
En marzo pasado, Moreno Arcos reconoció que al menos 150 taxis circulaban de manera irregular en la capital, reprochó la indolencia de las autoridades estatales y justificó su propia incompetencia argumentando que no era “Batman, Supermán o el Llanero Solitario” para revertir los efectos de la violencia desatada por bandas del narcotráfico.
Desde esa declaración, ninguna autoridad ha intervenido para regular el tema del transporte público en Chilpancingo, actualmente controlado por la delincuencia.
En un año los narcotraficantes habilitaron 150 taxis sin permiso oficial, pero también administran otros vehículos del servicio público con números clonados de taxis regulares, y su dominio se extendió a las unidades de servicio urbano, según reportes oficiales.
También, los delincuentes que operan en la capital asumieron el control de la feria de Chilpancingo, festejo que se realizó a mediados de diciembre y donde fue evidente la promoción de intérpretes de narcocorridos por encima de la obligación de las autoridades locales de difundir la cultura y las tradiciones de este poblado de la zona Centro de la entidad.
Al respecto, el comisionado de la PF evitó fijar un plazo para revertir los efectos de la narcoviolencia en Chilpancingo.
Mientras que empresarios capitalinos confiaron que en breve, las autoridades federales pongan orden en la capital guerrerense donde la actividad social y comercial se encuentra colapsada por la delincuencia.
