El historiador Carlos San Juan Victoria, la antropóloga Ana María Salazar y el sociólogo Antonio Machuca coinciden en los efectos directos y colaterales del TLC en la cultura: Cada vez hay mayor mercantilización de bienes originalmente colectivos, un cambio de lo público a lo privado, avasallamiento de territorios por empresas nacionales y transnacionales, industriales y turísticas… en suma, una pérdida de la soberanía en aras de beneficios económicos. México debe buscar la excepción cultural en la renegociación del acuerdo.
Más allá de los efectos cuantificables del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en el campo cultural (con datos duros sobre los graves perjuicios en el cine o industrias como la editorial o de la música), hay terrenos inasibles que también han resentido las consecuencias de haber firmado el acuerdo sin reservas para la cultura: La identidad y el patrimonio cultural tangible e intangible.
Pero cómo medir donde lo que hay es un vaciamiento de significados, una pérdida de valor simbólico. Quién puede decir en qué porcentaje los mexicanos se identifican o reproducen menos sus tradiciones populares con respecto a 1994, cuando entró en vigencia el tratado. Cuántas zonas de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos se han visto afectados, de qué manera, o qué comunidades lo padecen más.
No hay cifras. Pero tres especialistas consultados por Proceso, Carlos San Juan Victoria, Ana María Salazar y Antonio Machuca, coinciden en los efectos directos y colaterales: Hay una cada vez mayor mercantilización de bienes que originalmente fueron colectivos, un cambio de lo público a lo privado, el avasallamiento de territorios por empresas nacionales y transnacionales, industriales y turísticas, y en suma, una pérdida de la soberanía en aras de beneficios económicos.
Irresponsabilidad
Vía correo electrónico, el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos San Juan Victoria, recuerda que el responsable de las negociaciones, Jaime Serra Puche, entonces secretario de Fomento y Comercio Industrial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se atuvo a la supuesta fortaleza de la cultura mexicana para no considerar la excepción cultural pues aquella “se defendía sola”. E insiste en ello:
“A 20 años Serra Puche reiteró su irresponsabilidad y el abandono consiguiente de cuatro sexenios ¿serán cinco? del ejercicio soberano para potenciar su riqueza cultural como nación en el nuevo mundo de la integración al bloque del norte. Esperemos que algún diputado o ciudadanos adviertan ese abandono literal de la soberanía.”
La cultura es para el historiador “un amplio continente de prácticas humanas (patrimonios, imaginarios, identidades, tradiciones, artesanías y artes, medios audiovisuales) que no puede estar indemne del flujo intenso de comercio y finanzas de la mayor región de intercambios del mundo, y en vecindad con la potencia del entretenimiento y de la conversión de toda cultura en mercancía con copyrights”.
Y lamenta que más allá de “la fabricación orweliana de cifras exitosas”, no haya una real evaluación oficial de los impactos en cada ámbito. Sugiere incluso recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información para que se rindan cuentas.
Está convencido de que se pudo lograr una integración regional sin quebrantar las redes productivas, simbólicas y sociales del país, como lo hizo Lázaro Cárdenas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y “la urgencia de alianza militar estadunidense”. Planeó aliarse con los vecinos del norte “pero, el gran pero, fortaleciendo la soberanía interna”. Manuel Ávila Camacho concluyó el acuerdo “pero con el reconocimiento a la expropiación petrolera, un relativo acceso a empréstitos y cero presencia territorial estadunidense”.
A final –lamenta parafraseando al funcionario salinista–, no obstante se tenía la experiencia de Canadá, que sí advirtió que en la cultura “descansa el tejido simbólico e identitario de localidades y de la nación misma, México no hizo nada ‘por la fuerza de su cultura’”. Y a la desprotección del tratado, “muda y mañosa”, implementó políticas internas que han promovido la mercantilización de la cultura. Desglosa:
a) la inscripción del patrimonio arqueológico y de los centros históricos en rutas mercantiles de turismo y comercio;
b) el aplastante predominio estadunidense en segmentos de la cultura popular, sea el cine o la música;
c) la consolidación de monopolios “nacionales” que convierten la cultura en negocios de “entretenimiento”.
Se le pregunta si coincide con quienes consideran que a partir de la llegada del neoliberalismo se inició el “adelgazamiento” del Estado con la privatización de varios campos, como se hará con el energético, y se está haciendo ya con el artístico y cultural.
“El neoliberalismo mexicano, sobre todo el de cuño priista que no se reduce al pensamiento Coparmex, tiene una fuerte carga barroca en sus modos de hacer las cosas. Le gusta unir contrarios… Convierte a la cultura en mercancía pero tiene un discurso comprometido con su identidad simbólica. El sector oficial de la cultura parece que no hace negocios, entre otras cosas porque su marco jurídico aún reitera su fidelidad a la cultura, pero se inscribe cada vez con mayor fuerza en las grandes corrientes lucrativas.”
Cuestiona si realmente se adelgazó el Estado, ya que la experiencia mundial le habla de la necesidad de un Estado más fuerte para el fomento de los mercados. El Estado mexicano incluso tiene más recursos pero “son cada vez más selectivas sus áreas de promoción real” a fin de garantizar a los inversionistas la “máxima privatización de ganancias” con “nulos costos sociales”.
En el campo cultural se invierte en infraestructura y revestimientos culturales en sitios como los centros históricos, museos selectos o patrimonio histórico vinculado a corredores turísticos “de alta capitalización”. Cita como ejemplo el proyecto Mundo Maya. Hay, así, por un lado el abandono de ciertos sectores y por otro un cuidado selectivo.
Para el gobierno de Enrique Peña Nieto el TLC ha sido un éxito, no hay razón para renegociar. Se le pregunta al historiador cómo podría entonces establecerse la excepción cultural y si es posible aprovechar el patrimonio como un motor de desarrollo económico sin merma de su conservación. Remite a la experiencia de Manuel Gamio, quien al iniciar los trabajos de exploración en Teotihuacán hacia 1917, promovió al mismo tiempo la educación y mejoras materiales en los pueblos aledaños. Se forjaba “el tejido de un Estado con compromiso social. Había un paradigma”. Destaca:
“Claro que es posible utilizar el patrimonio como uno de los pivotes para impulsar otro modelo de desarrollo, donde esas grandes corrientes de negocios ‘rieguen’ hacia abajo y se entronquen con esfuerzos de pueblos, creadores jóvenes, empresarios sociales y la pequeña y mediana industria, en tejidos de diversas instancias de fomento local y de recursos derivados de impuestos especiales a actividades altamente rentables… Es posible imaginar un Xel Há gestionado por los pueblos mayas.”
Hace falta un rediseño institucional pero también que la cultura oficial admita que “ya navega a vela desplegada en diversos mercados”. El INAH, agrega, debe rendir cuentas de las experiencias exitosas entre el mundo del negocio y la cultura para replantear modelos que involucren a todos los actores no sólo de “los que tienen derecho de picaporte”.
Concluye que ciertamente no se va a renegociar el TLC, por una cuestión de poder, pero propone como una salida que la sociedad se nutra de las experiencias de la Unión Europea, Canadá, Australia, Chile y pelee por el régimen de excepciones para la cultura: “Renegociar el TLC, pues”.
Vacío de valores
Para la antropóloga Ana María Salazar, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, a raíz del TLC el Estado abdicó de su papel de árbitro de lo público al punto que es difícil reconocer lo público de lo privado.
Se ha perdido soberanía frente a los Estados poderosos y las multinacionales en campos tan importantes como la alimentación y la producción agrícola. México es ahora consumidor de productos hechos en China, Malasia, la India o cualquier otro lugar del mundo y los capitales nacionales y extranjeros se fueron en busca de nuevos nichos de ganancia:
“¿Qué pasó entonces? La gente migró al no tener opciones de trabajo. Ya Gamio decía al iniciar el siglo XX que México era un país de migrantes porque parte de la población había migrado a diferentes lugares de Estados Unidos… Hoy nos azoramos porque las remesas no llegan, pero en realidad es un motivo de vergüenza.”
Entre los cambios obligados por el TLC están reformas estructurales como la del artículo 27 Constitucional y la modificación de la Ley General de Bienes Nacionales. Ahora los extranjeros pueden comprar terrenos donde no estaba permitido. Playas por ejemplo. Es una privatización de lo público:
“En esta privatización se inserta el tema de los bienes culturales, de la apertura del patrimonio cultural para beneficio del turismo que ha sido ampliamente denunciada por mis compañeros Bolfy Cottom y muchos otros trabajadores de la cultura del INAH.”
Hoy “esos bienes, entendidos como zonas arqueológicas, edificios coloniales, centros históricos que son únicos e irrepetibles y nos daban una identidad propia, muy rica y muy sólida, han entrado al campo de la comercialización”. Menciona el caso de Punta Mita, Nayarit, donde se creó un Centro Integralmente Planeado para el turismo en detrimento de una zona arqueológica registrada desde hace más de 70 años.
Pasaron por alto, denuncia, que había una riqueza cultural que necesitaba ser explorada, y construyeron un club de golf y un condominio. Ahora que han continuado las exploraciones “descubren que en efecto ahí está una de las expresiones culturales más importantes de la cultura de Aztatlán”.
A decir suyo el patrimonio cultural tangible e intangible está expuesto frente a este tipo de proyectos turísticos. En algunos hoteles grupos de nahuas están pintando en pergamino de Xalitla a la vista de los turistas “como un elemento folk. Como un atributo más en las amenidades de los hoteles y condominios. Ellos tienen una política muy importante de hacer comunidad resort. Y yo me pregunto: ¿qué pasa con las comunidades locales?, ¿por qué agredir el patrimonio de los mexicanos? Porque no es solamente de Nayarit y Punta Mita, también es de la humanidad.
“Estamos llegando a una fase muy improductiva y destructiva… Estamos vaciando de contenido simbólico muchos de estos bienes culturales porque se necesitan para el mercado. Ya no importa que los atributos de un textil o de una alfarería sean de la forma determinada por siglos… son simplemente un utensilio para el consumo, el recuerdito que me voy a llevar a la casa y termina en el cuarto de los cacharros.”
En enero de 2005 el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, a la sazón director general del INAH, declaró a la agencia apro que la construcción de un Walmart cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, estaba más relacionado con el TLC que ha permitido la entrada de transnacionales, que con limitaciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos y que el instituto se ve rebasado.
Es el caso de la minera canadiense Esperanza Silver que ha pretendido operar frente a la Zona Arqueológica de Xochicalco, dice la investigadora, quien se ubica como parte de una generación formada con el libro de texto gratuito y producto de la ideología nacionalista del Estado posrevolucionario, para subrayar que hay un vaciamiento del significado identitario, de valoración de lo propio.
Al Banco de México sólo le preocupa anunciar “con bombo y platillo” que ha aumentado el comercio con Estados Unidos o Canadá, pero no habla de las afectaciones al patrimonio biológico, la desnutrición, la obesidad o las enfermedades crónico-degenerativas que padecen poblaciones muy jóvenes por la alimentación, que ha desplazado a la cocina tradicional en la cual hasta el pulque ayudaba al equilibrio.
En opinión de la antropóloga el patrimonio sí puede ayudar al desarrollo económico. Guillermo Bonfil Batalla hablaba del “control cultural” para referirse a comunidades que deciden el tipo de proyecto cultural, turístico, de salud, y hasta de financiamiento que desean. Pero admite que predomina el avasallamiento de las transnacionales a los patrimonios cultural y ecológico de las comunidades.
Para inducir un cambio la gente debe reconocerse, primero, como “portadora de un bagaje cultural y no menospreciarlo… Esta valoración nos va a permitir ubicarnos frente al mundo (…) con dignidad y aprecio a lo propio, a la defensa de lo que nos permitirá la sobrevivencia en términos globales. No requerimos ser iguales, requerimos reconocernos como diferentes y enriquecer la diversidad cultural de nuestro país, en primer término, y la diversidad cultural de nuestro planeta”.
Invasión
A decir del sociólogo Antonio Machuca, investigador de la Dirección de Estudios en Antropología Social del INAH, el TLC no sólo ha significado la apertura comercial con Canadá y Estados Unidos, sino con otras naciones como China o la India. Y los efectos se sienten de manera directa o colateral en las industrias culturales. Baste ver que a la industria fílmica estadunidense se han sumado la japonesa o la de Bollywood hindú:
“En el mainstream hay en realidad un conjunto de capitales que provienen de diferentes países y van a la vanguardia para ganar terreno en el campo de la cultura.”
Agrega que “la invasión de mercancías chinas es impresionante y ha repercutido mucho en el ámbito textil y de las artesanías, por ejemplo en las figuras de Ocumicho. Hay estudiosos que se han encontrado con que hay una invasión.”
Frente a ella, países como Francia o España aplican políticas de excepción para proteger sus expresiones culturales. No es el caso de México, refiere el investigador, donde se han liberado los bienes culturales para convertirlos en artículos de comercio. Esto ha generado, a su vez, otros problemas como la piratería, que escapa incluso al control de los monopolios, pero abarca también saberes tradicionales como el de la biodiversidad.
Y entonces aborda el tema de la propiedad intelectual. Recuerda que hace unos años la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pugnaba frente a los países más fuertes por hacer precisiones conceptuales de efectos jurídicos, a fin de que se considerara a los indígenas como sujetos y objetos de derecho, y a sus productos no como mercancías sino como bienes culturales que debían ser valorados y apreciados.
El problema, expone el sociólogo, es que la propiedad intelectual y saberes de las comunidades no cuentan con un sistema de reconocimiento a la propiedad colectiva, como una propiedad inalienable que debería contar con un marco jurídico de derechos culturales, no comerciales.
Es un aspecto, dice, que ni siquiera ha sido considerado por el especialista Jorge Sánchez Cordero en la iniciativa de ley sobre patrimonio cultural inmaterial que está trabajando para ser presentada en la Cámara de Diputados, e introducirá reformas al artículo 4º Constitucional.
El punto, dice, es que se debe reconocer a comunidades como las de Tajín en el sitio de herederos de una cultura, y no –por ejemplo– a Salomón Bazbaz, organizador de la Cumbre Tajín. Otro caso, agrega, es el de las boutiques de ropa Pineda Covalín que han copiado diseños huicholes, los estilizan y hacen objetos “verdaderamente bellos”, pero sin dar ningún reconocimiento –“dentro de la propia lógica del mercado, no la cultural”– a los creadores originales.
Cierto, dice que los huicholes no perderán su identidad por ese hecho, por el contrario, pues forman uno de los grupos más fuertes en ese sentido, pero también más golpeados con asuntos como las mineras canadienses que han afectado sus territorios.
Considera necesario contar con una legislación que acote este tipo de apropiación de bienes culturales con propósitos mercantiles, que es una de las consecuencias de los TLC y no reportan beneficios para las comunidades.
“¡Claro, esto va contra la lógica de los TLC! Pero se debe ver la manera de que desde una legislación cultural o de los derechos humanos, hubiera protección en este sentido. ¡Así lo han hecho los estadunidenses! Podríamos hacer lo mismo desde una perspectiva neoindigenista. Incluso se podría promover a nivel continental que para los pueblos indígenas de América Latina hubiese una legislación, la posibilidad de proteger aquellos bienes que pudiesen ser impactados.”
Se debe estar atento, enfatiza, pues los interesados en la liberalización de los bienes culturales con fines de lucro aprovechan las proclamaciones de la UNESCO como la de los voladores de Papantla, la pirekua, los parachicos, la cocina tradicional, para derivarlas en una utilización turística a través de festivales y eventos musicales.
No es que el TLC impacte ahí de manera directa, dice, pero sí en “las consecuencias estructurales, económicas, políticas y sociales que trae consigo la puesta en vigencia de ese tipo de reglas y formas de promoción y de funcionamiento de la economía y de la sociedad”.
