MEXICALI, B.C. (apro).- Por desacato a un amparo, un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación multó a siete funcionarios de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), incluido el rector Felipe Cuamea.
El asunto se remonta a principios de agosto de 2013, cuando siete jóvenes promovieron y obtuvieron el amparo 500/2013 para integrarse de manera provisional a la matrícula de las facultades de Ciencias Humanas, Medicina, Arquitectura y Diseño, Deportes y Odontología, con el propósito de continuar su formación profesional.
Sin embargo, el rector Cuamea, el director de Servicios Estudiantiles, Ángel Norzagaray, y cinco directores de facultades incumplieron con la orden judicial, por lo que el Juzgado Quinto de Distrito ordenó el pasado 19 de febrero al administrador local del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad aplicar una multa de 3 mil 364 pesos a los funcionarios universitarios, entre los cuales se encuentran los directores de la Facultad de Derecho, Daniel Octavio Valdez; de Ciencias Humanas, Rosa Heras Modad; de Odontología, Alejandro Alcántara Enríquez; de Medicina, Julia Estrada Guzmán, y de la Escuela de Deportes, Édgar Ismael Alarcón.
Las autoridades universitarias desacataron el mandato judicial que determinó que los siete aspirantes fueran admitidos en las facultades y escuelas de la UABC hasta en tanto se determinara el fondo del juicio que consiste en que las autoridades y la universidad violan su derecho a la educación, dio a conocer en entrevista con Apro el abogado Daniel Solorio Ramírez.
Según el litigante, el juicio tardará meses y está en vías de irse hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un caso “de gran trascendencia para toda la juventud y universidades públicas estatales porque podría influir mucho en la política de educación superior de todo México”.
Las entidades federativas y la Federación, dijo, “violan el derecho de los estudiantes al negarles un espacio en las universidades públicas”.
En el ojo del huracán
La UABC se mantiene en el epicentro de la mirada de los bajacalifornianos por una serie de acciones que van desde los despidos injustificados, la intolerancia del gobierno universitario, el desacato a mandatos judiciales, la presencia de funcionarios con historial de irregularidades administrativas e, incluso, de señalamientos por el inadecuado ejercicio de recursos por la Auditoría Superior de la Federación.
Una veintena de profesores presentaron demandas laborales por despido injustificado, por lo que la UABC se vio obligada a indemnizar con 100 mil pesos en promedio a cada uno de los académicos que optaron por separarse de esta institución porque las autoridades se convirtieron en un grupo de poder del exrector Alejandro Mungaray, quien impuso a los rectores Gabriel Estrella y a Cuamea, durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno panista de Baja California.
Entre los maestros que presentaron y ganaron demandas laborales se encuentran Patricia Ortiz, de la Facultad de Artes y David Tanimoto, de la Facultad de Administración Pública y Ciencias Políticas, entre otros.
El propio Solorio Ramírez mantiene una demanda laboral contra el gobierno de la UABC por despido injustificado como catedrático de la Facultad de Derecho, en una maniobra administrativa donde la autoridad falseó pruebas para argüir faltas consecutivas a sus clases, a pesar de las constancias y testimonios de su presencia en el campus con universitarios.
Solorio fue abogado general de la universidad estatal y candidato a la rectoría, además de representante legal de maestros o alumnos que consideran violados sus derechos, lo que generó la reacción de Mungaray y Cuamea.
En tanto, Cuamea Velázquez cumplió su sueño de ser rector de su alma mater, aunque entró por la puerta trasera pues su ungimiento fue impugnado por los exrectores Luis Javier Garavito y Luis Llorens al estar plagado de ilegalidades, entre otras la modificación de la Junta de Gobierno durante el proceso de selección para contar con los votos necesarios. Sin justificación alguna, Cuamea formaba parte de la comitiva de los viajes a Europa y Asia del gobernador Guadalupe Osuna y el secretario Mungaray.
Uno de los más férreos oponentes a cumplir el mandato judicial y que ha tratado con la punta del pie a los estudiantes que cuentan con el amparo federal es Norzagaray, un director de teatro que pretende ser rector de la UABC y que a su paso por el gobierno panista de Osuna Millán fue objeto de sanciones de la Contraloría del Estado por contratar a su hermano sin contar con autorización del órgano de control y de incrementar su sueldo y compensación sin acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura de Baja California.
El entonces contralor Edgardo Contreras determinó la inhabilitación de Norzagaray pero el gobernador Osuna Millán ordenó la invalidación del dictamen. En 2012 y tras tres lustros de usufructuar el teatro del IMSS en Mexicali, le fue revocado el comodato que tenía su asociación “Mexicali a secas” y ordenado a pagar una multa resarcitoria que ha incumplió.
Los directores multados fueron promovidos a esos cargos durante la gestión de Cuamea, por lo que en privado justifican su conducta al señalar que sólo recibieron “órdenes de arriba” y que el apoderado legal resolverá este asunto.
Reprobado: ASF
La Auditoría Superior de la Federación reprobó a la UABC al concluir la fiscalización del ejercicio de los recursos federales transferidos para el programa de Educación Superior de Calidad.
Los dictámenes del máximo órgano de fiscalización de México pueden ser limpios, regulares o negativos, dependiendo del ejercicio de los recursos públicos y las reglas de operación de diversos fondos federales.
El “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012” dictaminó como negativa la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-4-99003-02-0698 por considerar que los mecanismos de control interno no garantizan la transparencia en su operación, entre otros.
Las aportaciones asignadas a la UABC y fiscalizadas en su totalidad fueron de mil 135 millones 762 mil pesos, según el reporte de la auditoría de gestión financiera GF-577 al detectarse pagos indebidos a empleados universitarios por 8 millones 208 mil pesos al no acreditar el perfil requerido para el puesto desempeñado y erogaciones posteriores a empleados dados de baja.
La ASF solicitó además la aclaración de cerca de 192 millones de pesos por concepto de pagos de “Gastos de operación” de nómina y 28 millones de prestaciones no ligadas al salario que exceden el límite establecido en el Convenio de Apoyo Financiero signado por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Baja California y la UABC, ya que “no presentó documentación justificativa y comprobatoria” para amparar este gasto.
De los 3 mil 062 millones de pesos asignados a la UABC en este ejercicio anual se obtuvieron rendimientos financieros por un millón 387 mil pesos, de los cuales mil 135 millones 762 mil pesos corresponden al subsidio del gobierno federal.
Dos de las 11 observaciones producto de la auditoría fueron solventadas cinco pero se generaron dos recomendaciones, dos solicitudes de aclaración, dos Pliegos de Observaciones y la promoción de tres procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.
En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen”, el cual resultó adverso para la universidad estatal.
También consideró que la UABC “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables” y que entre sus debilidades en el control interno se encuentran la desactualización del Manual de Organización, la carencia de indicadores de desempeño para corregir deficiencias y la toma de decisiones, la no apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de estos recursos y la ausencia de conciliaciones del gasto con el presupuesto calendarizado, ministrado y ejercido.
Aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, la ASF argumentó que son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio, la normativa y la transparencia en su operación.
El órgano máximo de fiscalización del país recomendó a la UABC fortalecer los mecanismos de control para evitar las debilidades y deficiencias detectadas con la finalidad de brindar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos y mejorar la eficacia de los procesos de operación y administración.
A contraparte, consideró que entre sus fortalezas destacan el Estatuto del Personal Académico, el soporte documental de los Estados Financieros Dictaminados, el cumplimiento de manuales de calidad, la atención oportuna para evitar atrasos en los pagos de nóminas catorcenales y las conciliaciones bancarias mensuales para contar con cifras reales en los estados financieros.
La ASF solicitó a la Auditoría Interna de la UABC iniciar investigaciones y, en su caso, procedimientos administrativos de quienes omitieron implementar registros contables para identificar los recursos por partidas de gasto realizadas, conciliar las nóminas para validar el gasto por tipo de recurso y medir los avances físico financieros.
En el oficio 434/2013-2, el tesorero de la UABC, Víctor Alcántar, argumentó las aclaraciones solicitadas por la ASF donde señala que los recursos no se utilizaron en nómina sino en pagos por gastos de operación y que existen varias cuentas bancarias debido a que existen campus en Tijuana, Ensenada y Mexicali para agilizar las operaciones y atender las necesidades en la ubicación geográfica para el pago descentralizado a terceros.
Las áreas auditadas de la UABC son la Unidad de Presupuesto y Finanzas, el Departamento de Contabilidad y la Coordinación de Recursos Humanos, cuya información se considerará para “eliminar, rectificar o ratificar los resultados” a efecto de elaborar el informe definitivo.
