CHERÁN, Mich. (apro-cimac).- La impunidad y el desdén gubernamental para actuar ante las desapariciones y los asesinatos en esta región lacera la vida de madres, esposas o descendientes de las víctimas.
Pero ese mismo tormento es el motor que las impulsa a continuar en su exigencia de verdad y justicia, pese a amenazas e intimidaciones.
Este municipio autónomo michoacano fue sede el pasado fin de semana de la “Jornada Nacional por la Memoria, la Justicia y la Verdad”, en la que madres y esposas de víctimas de desaparición o asesinato, activistas, defensores de los derechos humanos e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) compartieron experiencias e historias de vida a fin de iniciar la construcción de un frente nacional para exigir justicia.
Durante la inauguración del evento –realizado en la plaza pública del municipio– Rosa María Hernández Guerrero, esposa de Armando Gerónimo Rafael; María Juárez González, esposa de Rafael García Ávila (ambos desaparecidos en febrero de 2011), y Rosa Tomás Gerónimo, cónyuge de Tirso Madrigal Madrigal, visto por última vez en febrero de 2009, expusieron sus vivencias.
También se oyeron las denuncias de Margarita Ambrosio Magaña, esposa de Plácido Fabián Ambrosio, asesinado en octubre de 2009, y María Elena Guerrero Guerrero, esposa de Eugenio Sánchez, quien quedó paralítico por una herida de bala el 15 de abril de 2011, fecha que marcó el inicio el movimiento de la comunidad para emanciparse de los partidos políticos, y defenderse de la delincuencia organizada.
Todas ellas coincidieron en que las autoridades han sido omisas para investigar los delitos y aunque en muchas ocasiones han logrado entablar diálogos con representantes de los gobiernos estatal o federal, las negociaciones no han prosperado y las “promesas se han quedado en el papel”.
Contaron cómo han hecho frente a los delitos con sus propios recursos: “Tenemos que pagar nuestro viajes a Morelia (capital de Michoacán) para conocer si al menos hay avances, gastamos sólo para que nos digan que no hay nada nuevo”.
Igualmente, dijeron que se vieron forzadas a convertirse en jefas de familia de la noche a la mañana y “sacar adelante a sus hijos”.
Las mujeres acusaron que la negligencia o falta de interés de las autoridades estatales para indagar los hechos ha sido evidente, lo que se ejemplifica con las pruebas o indicios que han llegado a “perderse” en el transcurso de las investigaciones judiciales.
Por ejemplo, en el caso de María Juárez las pruebas de ADN que aportaron sus hijos y su cuñado para identificar a su esposo en caso de que fueran encontrados cuerpos de personas desconocidas se perdieron por un año.
“Cuando ya había pasado un año de su desaparición me enteré que no estaban las muestras; yo a veces pienso que en ese año pudieron haber encontrado a mi esposo muerto en algún lado, pero como no tenían la muestra ni cómo saber que era él”, relató.
Algo similar ocurrió en el caso de María Elena Guerrero, pues la bala con la que fue herido su esposo (y que le dejó severas secuelas físicas) “se extravió”, por lo que ahora es imposible determinar quién disparó el arma, es decir, si fueron policías municipales o integrantes de la delincuencia organizada.
Para Margarita Ambrosio, quien también es representante de uno de los cuatro barrios que dividen al municipio de la meseta purépecha, el acceso a la justicia también fue vedado.
Y es que aunque logró identificar a los tres responsables del asesinato de su esposo (ultimado a la puerta de su casa), dos de los culpables continúan libres y uno más fue absuelto recientemente por la justicia estatal.
María Juárez González refirió cómo el gobierno federal les dio una indemnización “que apenas alcanza para pagar todas las deudas que tenemos”, y les “sugirió” que terminaran con la exigencia de justicia.
Fue así que durante el segundo día de trabajo, Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2011 en Ciudad Juárez, recordó a las mujeres de Cherán que enfrentar al gobierno en la exigencia de justicia no es tarea fácil, pues las intimidaciones, amenazas y atentados son herramientas comúnmente utilizadas para acallar a las sobrevivientes.
No obstante, pidió no detener la exigencia e invitó a la comunidad a considerar a las personas desaparecidas y asesinadas como “caídas de la lucha”, para así exigir en conjunto la justicia y la verdad.
Con lo anterior coincidió José Luis Castillo Carrión, padre de Esmeralda Castillo Rincón, joven desaparecida en Juárez en 2009 a la edad de 14 años, quien consideró que la exigencia de justicia a las autoridades no debe ser una lucha individual y sí un frente común de todas y todos los afectados por el flagelo.
Mariana Flores López, joven desplazada y activista del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, relató (con base en la experiencia de las y los indígenas triquis de la región) las acciones que el gobierno federal emprende para destruir la unión entre los habitantes de una comunidad, debilitarlos y acallarlos.
Llamó a los comuneros de Cherán a mantenerse unidos y a continuar con el proyecto de autonomía que emprendieron en 2011, y que puede convertirse en un “ejemplo nacional”.
En tanto, Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, contó la experiencia exitosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que sentenció al Estado mexicano por el caso de Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido por militares en 1973), y que constituye la primera ocasión en que la autoridad reconoció la existencia de desapariciones en territorio nacional.
Aunque explicó que la parte esencial de la sentencia es la localización del activista, Mata convocó a no “perder la esperanza de acceder a la justicia”.
Por su parte, Juan López Villanueva, abogado asesor de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, instó a la creación de un frente nacional ya que tan sólo para el sexenio pasado se estima una cifra de 100 mil desaparecidos y 122 mil ejecutados, “que no se explican sin la participación de las autoridades federales o estatales”.
Finalmente, Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la ANAD, denunció que en todos los casos a nivel nacional el Estado ha coincidido en la impunidad, falta de justicia e intento por acallar a quienes demandan justicia.
Desde el 15 de abril de 2011 –día en que la comunidad se auto organizó para defender sus bosques de los talamontes–, Cherán rechazó la presencia de cualquier partido político y de agentes policiacos, por lo que actualmente se rige por un sistema de usos y costumbres en el que el pueblo es el que elige a sus representantes.
