España –que tras el juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet se convirtió en país modelo en la aplicación del principio de justicia universal– inició el trámite legislativo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de limitar la capacidad de sus tribunales para juzgar casos en el mundo por violaciones a los derechos humanos. Más aún, el proyecto plantea dar carpetazo a los expedientes por genocidios y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, Ruanda, El Sáhara y Tíbet, entre otros. Dichas reformas no son gratuitas: el gobierno de Mariano Rajoy intenta congraciarse con el régimen chino, el cual está molesto por el enjuiciamiento en España de varios de sus exdirigentes.
MADRID.- Durante años los tribunales de España fueron la carta de presentación del país a escala mundial por la persecución y enjuiciamiento a dictadores, genocidas y terroristas. Los prestigiaba la aplicación del derecho internacional para castigar delitos contra los derechos humanos, como en los juicios contra el chileno Augusto Pinochet o contra los militares Adolfo Schilingo y Ricardo Miguel Cavallo, responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina.
Pero su instrumento de enjuiciamiento tiene los días contados. El martes 11 el Partido Popular (PP), el cual tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados, impuso el inicio del trámite legislativo para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo cual se haría prácticamente imposible la aplicación del principio de justicia universal en los tribunales españoles.
El proyecto de reforma establece para los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra que el sospechoso sea español o extranjero residente en España; en casos de tortura y desaparición forzada exige que la víctima sea española y el sospechoso esté en España, entre otros requisitos.
Ante periodistas en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, consideró necesario limitar la justicia universal para “evitar disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos”. Y el partido de Rajoy fue más allá: la propuesta incluye una “disposición transitoria única” para que todas las causas actualmente abiertas queden sobreseídas.
Así quedarán en la impunidad casos que lleva la justicia española: los genocidios en Tíbet, Guatemala, el Sáhara y Ruanda; la muerte del camarógrafo español José Couso a consecuencia de un ataque del ejército estadunidense en Irak; las torturas, asesinato y extirpación de órganos de los seguidores del movimiento chino Falun Gong y el Caso del Holocausto, la querella de cuatro españoles sobrevivientes de los campos nazis.
También verán su fin las investigaciones sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos del régimen pinochetista; el asesinato de jesuitas en El Salvador, entre ellos el español Ignacio Ellacuría; el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad de Gaza, en mayo de 2010 y el ataque al campo de refugiados iraní de Ashraf, entre otros.
En la misma sesión parlamentaria los partidos de oposición se manifestaron contra la iniciativa y la criticaron de entrada porque se presentó como “proposición de ley”, lo cual le permitió al gobierno y al PP tomar “un atajo” para evitar los informes de los órganos consultivos –el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal– pese a que se discuten modificaciones que afectan procedimientos de los jueces.
“Vergüenza”
La diputada socialista Soraya Rodríguez calificó la reforma de inconstitucional. Recordó que “España se había colocado a la cabeza en la defensa de los derechos humanos” y que las legislaciones de los países de la Unión Europea, como la de Francia, tratan de asemejarse a la española; ahora España quedará “en el tren de cola”.
Directa, advirtió a los legisladores del PP: “Ésta será su herencia, su Marca España”.
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, dijo que esta modificación es “una vergüenza” y consideró que es un “intercambio de derechos humanos por intereses comerciales por las presiones de China”.
Y la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Irene Lozano, fustigó la “manera vergonzante” de legislar para “evitar así las molestias a la tiranía china. ¿Qué les ha prometido China a cambio de esta faena?”
El abogado Manuel Ollé, quien representa varias causas ante la Audiencia Nacional (incluida la del genocidio en Tíbet), sostiene que esa iniciativa de ley “es el acta de defunción de la justicia universal”.
En entrevista el también catedrático de derecho penal en la Universidad Complutense añade que el sobreseimiento de las causas vigentes “representa una intromisión del legislativo en la independencia del Poder Judicial, de tal manera que impone a los jueces una norma para que tengan que cerrar todos los casos vigentes, lo cual es intolerable desde el punto de vista del derecho interno español y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Desde el punto de vista de Ollé “no existe el mínimo resquicio de duda que desde el 18 de noviembre pasado, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó emitir órdenes internacionales de detención contra cinco exdirigentes chinos, a nadie escapa que se impulsó esta reforma obedeciendo a motivos primero económicos y luego políticos con China.
“Además es evidente que se trata de contentar a Estados Unidos y a Israel, como ya había pasado con éste último país en 2009”, cuando la administración de José Luis Rodríguez Zapatero–junto con el PP– impulsó una primera reforma que limitó la universalidad de la justicia internacional.
La nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se presentó el 24 de enero, 10 días después de la visita de Mariano Rajoy a Washington para reunirse con Barack Obama, encuentro prioritario para el presidente español pues recibió el espaldarazo a su política de choque para enfrentar la crisis económica de España.
El proyecto también provocó la oposición de grupos de todo el mundo. El lunes 10, 17 organizaciones de defensa de los derechos humanos –entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la canadiense Lawyers Without Borders y el European Center for Constitutional and Human Rights– presentaron una carta al Congreso español pidiendo que la iniciativa fuera rechazada pues “supone una grave limitación de la justicia universal sobre crímenes de derecho internacional y violaría tratados internacionales fundamentales”, que le pueden acarrear consecuencias a España como firmante de convenciones internacionales en la materia.
En entrevista, Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional señala que “si la reforma (en España) de 2009 representó una grave limitación de la justicia internacional, ésta la hace desaparecer”.
Por ello se dice convencido de que “en España la agenda económica está por encima de la agenda de los derechos humanos”.
Genocidios
El lunes 10, un día antes del debate en el Parlamento, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno emitió órdenes de búsqueda y captura contra el expresidente chino Jiang Zemin y contra el exprimer ministro Li Peng, por los delitos de genocidio, torturas y de lesa humanidad por la represión en Tíbet de 1998 a 2004.
“Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana”, plantea el auto judicial.
Profundiza que Jiang Zemin, en ese entonces también secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) y máximo responsable del Ejército Popular de Liberación, presidió el Foro de Trabajo sobre Tíbet, el cual aplicó la “estrategia de colonización” en esa región. Ésta implicó el “traslado masivo de población china” y estableció la “campaña golpes duros en Tíbet” que pretendía “acabar con el movimiento de oposición pacífica encabezada por los religiosos, con purgas en los monasterios, detenciones y arrestos arbitrarios, muertes ocasionadas por torturas, asesinatos, etcétera”.
Señala que durante el régimen de Jiang se impulsó la campaña de “abortos y las esterilizaciones forzadas a las mujeres tibetanas”, así como “los infanticidios” que causaron una “grave alteración demográfica”. A la par de considerar al budismo como “una fuente de actividades separatistas y una cultura extranjera a eliminar”.
La orden de captura –girada por el juez a la Interpol– incluye a Qiao Shi, exjefe de seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuang, secretario del PCCh en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los ochenta.
La causa de Moreno –que incluye testimonios de víctimas, informes judiciales de Canadá, Bélgica, Suecia y las resoluciones de la ONU sobre Tíbet– se inició en 2005 con la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y por el lama de nacionalidad española Thubten Wangchen Sherpa Sherpa.
Luego de un largo litigio, en noviembre pasado la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Moreno cursar las órdenes de detención que se giraron el lunes 10.
En octubre pasado la misma sala también admitió que se cursara la orden de captura contra el también expresidente chino Hu Jintao, igualmente por el delito de genocidio.
Ésta no es la única causa que implica a algunos de los dirigentes chinos. Muchos de ellos están incluidos en otra, iniciada el 15 de octubre de 2003 cuando 15 víctimas interpusieron una querella criminal contra miembros del PCCh por torturas, persecución y genocidio cometidos desde 1990 contra practicantes de la enseñanza religiosa Falun Gong, según un informe de Amnistía Internacional.
Actualmente se han acumulado cuatro querellas por el caso Falun Gong admitidas a trámite en la Audiencia Nacional contra Jiang Zemin y los miembros del PCCh Luo Gan, Jia Qinlin y Wu Guanzheng.
No fue sino hasta 2006 cuando en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Guatemala, se confirmó la competencia de los tribunales españoles para conocer del caso Falun Gong.
El abogado Carlos Izquierdo, quien formuló la acusación, ironizó al señalar que “las presiones” de China son porque “quieren que sus torturadores y genocidas duerman tranquilos y nadie los moleste”.
En una conferencia ofrecida en la Universidad de Gran Canaria aseveró que es legítimo conseguir acuerdos comerciales “pero desgraciadamente se hacen a cambio del silencio cómplice, a cambio de no hablar de derechos humanos, que suele ser la contrapartida exigida por el gobierno chino para hacer negocios”.
Chantaje chino
A raíz de que en noviembre pasado la Sala Penal de la Audiencia Nacional dio luz verde a las órdenes de captura, China expresó su “fuerte malestar” por la decisión de la justicia española solicitando dichos arrestos.
“China expresa su fuerte malestar y su firme oposición a las instituciones españolas que, ignorando la posición china y siendo inconsistentes con previas declaraciones, manipulan este asunto”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Hong Lei, según cable de France Press.
Agregó: “Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación entre China y España”.
China extendió su enojo ante las autoridades españoles en Madrid por conducto de su encargado de negocios en la embajada y en Beijing convocó al embajador español Manuel Valencia.
El abogado José Elías Esteve Moltó, profesor de la Universitat de Valencia y redactor de la querella sobre Tíbet recordó en un artículo en El País publicado el martes 11, que Zhu Weiqun, presidente del Comité de Asuntos Religiosos y Étnicos de China, espetó al Poder Judicial español por la causa china: “Que vayan adelante si se atreven”; mientras Wu Jingjie, diputado del Congreso nacional chino, exigió a algunos dirigentes españoles “una solución política inmediata y definitiva”.
En sentido contrario, desde la cancillería china se aplaudió la rapidez con la cual el PP impuso la nueva reforma, que atribuyó a la “habilidad y sabiduría” del actual gobierno, la cual, sin duda, marcará la relación entre los dos países, publicó El Periódico de Cataluña.
Desde La Moncloa se expresó en noviembre pasado la preocupación por la reacción china. Y tenían motivos para estar preocupados de eventuales represalias económicas: El Banco Central de China es el segundo tenedor de deuda española (20% del total desde 2011), lo que en su momento alivió las dificultades de la economía hispana.
En enero de 2011 Li Keqiang, entonces viceprimer ministro chino, realizó una gira a España y firmó 16 acuerdos comerciales por 7 mil 500 millones de dólares en energías limpias, sistemas de control de tráfico aéreo, exportaciones de aceite, vino y jamón ibérico, según crónica de El País.
En dicha publicación se destaca la “apuesta estratégica” de los dos países por la “cooperación en Latinoamérica”, que sirvió de marco para el contrato por el cual la petrolera china Sinopec adquirió 40% de la filial brasileña de Repsol y el acuerdo de cooperación en la región entre BBVA y el Banco de Desarrollo de China.
Pero el más singular de los gestos del PP con los chinos es el memorándum de entendimiento que en abril pasado firmó su secretaria general, María Dolores de Cospedal con el PCCh –dos partidos con tendencias ideológicas diametralmente opuestas– para el “intercambio de experiencias y colaboración”.
El sorprendente acuerdo señala que el PP se compromete a respetar y no intervenir en los “asuntos internos” de China.
Pese a la distancia política, Cospedal dijo tras la firma: “Es verdad que una etapa de intensas relaciones comerciales sería muy buena tanto para España como para China”.
Y remató: “Estamos viviendo una crisis importante que hace que exploremos y miremos nuevos mercados”.
