Michelle Bachelet designó como integrantes de su gabinete a varios personajes cuyos intereses son incompatibles con sus cargos o quienes incluso han enfrentado investigaciones administrativas por presuntos desfalcos y hasta demandas judiciales por fraude. El rechazo social y la presión mediática provocaron tensión en la coalición de partidos Nueva Mayoría, que la llevó al poder. Así, a unas semanas de que tome posesión por segunda vez como presidenta de Chile, Bachelet enfrenta ya una crisis de gobierno.
VALPARAÍSO, CHILE.- Michel Bachelet aún no reasume la presidencia de Chile y ya enfrenta su primera crisis de gobierno. La causa: la falta de idoneidad de algunas personas que designó ministros, viceministros e intendentes (gobernadores regionales).
Bachelet –quien el próximo 11 de marzo se terciará por segunda vez la banda presidencial– recibió propuestas para designar funcionarios por parte de los partidos que componen Nueva Mayoría, la coalición de centroizquierda de la que fue candidata. Sin embargo fue ella quien decidió, junto con los integrantes del llamado “equipo chico”, los nombres de los altos funcionarios de su próxima administración.
Una de las primeras designaciones que generaron polémica fue la del ministro de Energía, el economista Máximo Pacheco Matte. Grupos ambientalistas y usuarios de redes sociales criticaron insistentemente la íntima relación que éste mantiene con los tres principales grupos económicos del país.
Con la familia Matte –propietaria de Colbún, una de las dos más importantes empresas energéticas de Chile–, Pacheco tiene una relación de parentesco. Esta empresa impulsa el más grande y polémico proyecto energético del país: Hidroaysén, el cual se planea construir en la patagónica región de Aysén con una inversión de 5 mil millones de dólares y se pretende generar 2 mil 750 megavatios.
Sin embargo este proyecto es rechazado por la amplia mayoría del país, lo cual se pudo verificar en las grandes protestas de mayo de 2011 ante su entonces inminente aprobación. Aunque durante su campaña la propia Bachelet se comprometió a no impulsarlo y lo calificó de “proyecto muerto”, la designación de Pacheco provocó dudas y confusión pues el economista no sólo es cercano a los Matte, sino que ha sugerido más de una vez que respalda la construcción de Hidroaysén y la agenda energética del gran empresariado.
Pacheco Matte ha sido ejecutivo de empresas del grupo Luksic: Luchetti (alimentos) y el Banco de Chile; y de la petrolera Copec, cuyo accionista mayoritario es el grupo Angelini.
Igual revuelo ha provocado la designación del ingeniero comercial Nicolás Eyzaguirre como ministro de Educación. Cuando fue ministro de Hacienda –en el gobierno de Ricardo Lagos, 2000-2006– aplicó el sistema de Crédito con Aval del Estado, que implicó la “bancarización” de la educación superior y el endeudamiento de decenas de miles de estudiantes y sus familias.
Su nombramiento fue recibido como una cubetada de agua fría por el movimiento estudiantil, el cual espera que Nueva Mayoría cumpla su promesa de campaña: promover “una educación pública gratuita y de calidad”. Bachelet hizo suya esta consigna estudiantil durante su camino de retorno al palacio presidencial de La Moneda.
El pasado 24 de enero, al anunciarse los nombramientos, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Naschla Aburman, declaró: “Está claro que una reforma educacional tan estructural como la que requerimos necesita ser viable económicamente. Nadie puede negar que él (Eyzaguirre) tiene ahí vasta experiencia, pero no se trata solamente de ‘lucas’ (dinero), sino que es necesario entender el problema desde el aula, desde dentro del sistema educativo, y esa visión no va a estar y esa es una gran preocupación que tenemos”.
Otras dos ministras han sido cuestionadas, aunque no por razones ideológicas. El diario La Tercera publicó el sábado 8 un reportaje donde informó que las futuras ministras de Desarrollo Social y de Cultura, Fernanda Villegas y Claudia Barattini, son deudoras del Fondo Solidario, cuyo pago “permite que otros jóvenes tengan acceso a la educación superior”, subrayó ese medio.
Conflictos de interés
Pese a las críticas, nadie duda que todos los designados asumirán sus puestos en marzo. Pero los verdaderos problemas comenzaron el 28 de enero cuando Álvaro Elizalde, designado ministro vocero del gobierno, anunció los nombres de los subsecretarios.
La primera en caer en desgracia fue la economista Claudia Peirano, elegida como número dos en la cartera de Educación. Un día después de anunciarse su nombramiento el diario electrónico El Mostrador y el Centro de Investigación Periodística (Ciper) publicaron sendos reportajes en los cuales revelaron una amplia red de asesorías, financiadas con fondos públicos, cuyos principales beneficiarios fueron las empresas consultoras Grupo Educativo e Innovación Tres, cuyos dueños son, respectivamente, la propia Peinaro y su exesposo Walter Oliva, también exvicepresidente de la Democracia Cristiana (DC). Las asesorías –extraordinariamente bien pagadas– se hacían fundamentalmente en colegios propiedad de Oliva.
Aunque la legislación chilena no prohíbe recibir fondos para autoevaluarse, la sociedad chilena es particularmente sensible a los oscuros manejos que generen lucro en educación, por lo que esta denuncia no tardó en convertirse en escándalo nacional.
Tanto o más ruido generó el que los citados medios reflotaran que Peirano coescribió el 23 de noviembre de 2011 una carta al diario El Mercurio en la cual expresaba su preocupación “porque nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo (…) una política de amplia gratuidad en educación superior”.
La postura de Peirano, contraria a la gratuidad universal de la educación, concitó una avalancha de críticas en su contra y contra el nuevo gobierno, de la cual se hicieron parte no pocos dirigentes de Nueva Mayoría.
La expresidenta de la FEUC y actual diputada electa por la santiaguina comuna de La Florida, Camila Vallejo (del Partido Comunista, PC), lanzó los primeros y más potentes dardos. En su cuenta de Twitter (con 777 mil seguidores) escribió el 29 de enero: “El nombramiento de Peirano apunta en dirección contraria al mandato que el pueblo le dio al gobierno de Nueva Mayoría”.
No tardaron en sumarse al rechazo la casi totalidad de los gremios de educación, como el Colegio de Profesores de Chile y la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, entre quienes el PC tiene fuerte presencia.
Incluso, el vicepresidente de la FEUC e hijo de la designada viceministra de Educación, Ignacio Oliva Peirano, se deslindó del nombramiento. En conferencia de prensa ofrecida el 30 de enero por la mesa ejecutiva de la FEUC expresó: “Mi programa no es el de la subsecretaria, mi programa no es el del gobierno, mi programa es el del movimiento estudiantil y ese no es otro que el de un Chile más democrático y un Chile con derechos sociales”.
A pesar de haber sido ratificada por Bachelet, Peirano renunció el martes 4 a asumir la Subsecretaría. En su reemplazo fue nombrada la ingeniera civil y maestra en economía Valentina Quiroga, profesional con mucho más simpatía entre los estudiantes.
Este cambio dio algo de tranquilidad a los estudiantes y sus defensores. Al respecto Vallejo tuiteó: “La renuncia de Claudia Peirano es el gesto más correcto de su parte. La ciudadanía ya no aguanta conflictos de interés”.
La caída de Peirano fue interpretada unánimemente como un triunfo del movimiento estudiantil. El encabezado de una nota publicada el miércoles 5 por El Mostrador resume las implicaciones de este hecho: “La bancada estudiantil (en la Cámara de Diputados) se queda con poder de veto sobre la reforma educacional tras la caída de Peirano”.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Sebastián Vicencio, dice a Proceso que la designación de Eyzaguirre y Peirano transparentó el proyecto de Nueva Mayoría. Ésta promovía, afirma, “una forma distinta de hacer política, más cercana a las luchas de los movimientos sociales. Sin embargo, en la práctica, cuando hay que poner personas clave para impulsar la gran reforma a la educación, terminan siendo los mismos de siempre”.
Detrás de Nueva Mayoría “está ni más ni menos que el ADN de la vieja Concertación por la Democracia”, sostiene el dirigente estudiantil en referencia a que la concertación adoptó el nombre de Nueva Mayoría a mediados de 2013, luego de incluir al PC, al Movimiento Amplio Social y a Izquierda Ciudadana.
Vicencio señala que “los estudiantes, con la presión mediática, logramos bajar a una subsecretaria, pero consideramos que eso es insuficiente”. Añade: “La gran batalla en el corto y mediano plazo será concretar el pliego de demandas levantadas por el movimiento estudiantil en las grandes protestas de 2011”.
Demandas judiciales
Aunque el nombramiento de Peirano fue el que más revuelo provocó, nuevos cuestionamientos fueron convirtiendo el proceso de instalación del nuevo gobierno en un bochorno.
El martes 4 el vespertino La Segunda dio a conocer que el designado subsecretario de Agricultura, Hugo Lara Torres (de Democracia Cristiana), enfrentaba querellas por estafa y giro doloso de cheques.
Según este medio, el empresario Pedro Silva Arrué, representante de la empresa Raciosil Alimentos, demandó a Lara Torres el 2 de octubre de 2013 ante el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago por haber incumplido un contrato de venta de frutas. Raciosil pagó a Lara el equivalente a 375 mil dólares en frutas, pero este sólo le entregó mercancía por un valor de 180 mil dólares.
La Segunda también informó que en diciembre de 2012 Lara Torres fue demandado judicialmente por giro doloso de cheques por un equivalente a 16 mil dólares. En abril de 2011 no pagó un cargamento de frutas por un monto de 7 mil dólares a la empresa exportadora Assiancare.
Varios medios publicaron en los días siguientes otras presuntas estafas en las que habría incurrido el futuro subsecretario de Agricultura. Aunque en los últimos días Lara Torres ha ido cancelando sus deudas y cerrando los flancos abiertos a escala judicial, quedó la duda sobre su idoneidad.
También fue cuestionado el abogado Miguel Moreno García, vicepresidente del Partido Radical –también de Nueva Mayoría–, designado subsecretario de Bienes Nacionales.
Según La Tercera, en su edición del martes 4, Moreno afrontó el 13 de octubre de 2011 una denuncia “por ofensas al pudor”.
Ese día, según detalla un documento de la fiscalía de Ñuñoa, citado por dicho medio, “procedió a tocar, con sus manos, los glúteos” de una mujer de 38 años cuyo nombre se omite, pero cuyas iniciales aparecen en el expediente como D.F.C.S.M.
Pero un día después de difundido este hecho, el cual tuvo gran cobertura en los medios, hubo un vuelco. Al ser entrevistada por el diario La Cuarta, la afectada señaló no estar segura de que Moreno hubiera sido el agresor pues aquel día “el Metro estaba lleno (…) No puedo afirmar nada porque estaba de espaldas, yo supuse que era el caballero”, declaró.
No obstante esta aclaración, la embestida de los medios se ha mantenido y Moreno, acatando instrucciones de cercanos a Bachelet, no ha salido a aclarar los hechos, actitud que han mantenido los demás “designados”.
También ha sido cuestionado el ingeniero comercial Ignacio Moreno Fernández (del Partido Por la Democracia, PPD), nuevo subsecretario de Minería. Al momento de su nombramiento era gerente general de la minera Cerro Dominador, en Antofagasta, cuyos trabajadores llevaban 50 días en huelga por demandas salariales.
Según el Ciper, en reportaje publicado el pasado 30 de enero, “el mismo día que Moreno era designado subsecretario de Minería se logró un acuerdo para terminar con la huelga”.
El designado viceministro de Pesca, Raúl Súnico, también enfrenta fuertes cuestionamientos por sus vínculos con los grandes empresarios pesqueros. Según un comunicado emitido el jueves 6 por el Sindicato de Pescadores de Constitución, Súnico –diputado por Talcahuano entre 2006 y 2010– “es un reconocido cabildero de las siete familias (que controlan la actividad pesquera en Chile) y ferviente defensor de la (privatizadora) Ley Longueira (de Pesca)”.
La Confederación de Pescadores Artesanales de Chile –con 50 mil afiliados– se ha sumado a las críticas. Su vocero, Cosme Caracciolo, dice a Proceso que Súnico “es un títere de los industriales depredadores”. Su designación, asegura, “demuestra la nula voluntad del futuro gobierno por cambiar el modelo pesquero instaurado bajo el gobierno de (Ricardo) Lagos, y consolidado por (Sebastián) Piñera, que despoja a los pescadores y a todos los chilenos de los recursos del mar”.
El martes 11 Radio Bío Bío reveló que el futuro subsecretario de Desarrollo Social, el sociólogo Juan Faúndez (del PPD), fue objeto de un proceso administrativo en 2010 al finalizar su misión como director del Instituto Nacional de la Juventud debido a la ejecución irregular de poco más de 30 millones de pesos (55 mil dólares) en honorarios a voluntarios y compras de bienes y servicios.
Faúndez es colaborador cercano de Pablo Peñailillo, jefe de la campaña electoral de Bachelet y designado por ésta ministro del Interior.
Mitchel Cartes Tamayo, nombrado intendente (gobernador) de la región de Tarapacá, cuya capital es Iquique, es otro de los cuestionados. En su calidad de jefe provincial de la Dirección de Vialidad –dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)–, pagó por obras no realizadas que le significaron al fisco pérdidas por al menos 3 millones de dólares, según se sostiene en un extenso sumario administrativo emitido el pasado 23 de enero por el fiscal del MOP Juan Valencia Campos, en el cual se enumeran decenas de otras irregularidades.
En las conclusiones de ese informe se señala que Cartes “ha quebrantado sistemáticamente las funciones a él encomendadas, por lo que amerita las más drásticas sanciones que estima el estatuto administrativo”.
La cerrada defensa que ha hecho de Cartes el senador socialista por Tarapacá Fulvio Rossi y la exigencia planteada por el diputado comunista por Iquique, Hugo Gutiérrez, están generando fuerte tensión entre ambos partidos.
El Partido Comunista está molesto con Bachelet no sólo por el nombramiento de Cartes, sino por el hecho de que ninguno de sus militantes fue considerado para ocupar la titularidad de alguna de las 15 intendencias regionales. Por lo mismo pedirá a la brevedad una reunión con la mandataria electa para analizar esta y otras materias, anunció el martes 11 el diputado comunista Lautaro Carmona.
Ese no es el único conflicto generado por el tema en cuestión. Ha contribuido a la confusión el que Bachelet y los integrantes de su “equipo chico” se fueran de vacaciones a principios de febrero, sin dejar a ningún vocero que responda las dudas de la prensa. Se apostó al desgaste y olvido de los temas. Sin embargo ello no ha sucedido. Cada día aparecen nuevos casos de corrupción o conflictos de interés en los cuales están involucradas las autoridades de la administración venidera.
