MADRID.- Maribel Permuy, madre de José Couso –camarógrafo español asesinado en Irak durante un ataque del ejército estadunidense en abril de 2003– lanzó un reproche a los diputados del Partido Popular (PP, actualmente en el gobierno): les dijo que si a su hijo lo hubiera matado la organización separatista ETA, su familia sí tendría el apoyo de los “populares”.
El martes 11 la familia Couso se reunió en el Congreso con todos los grupos parlamentarios para oponerse a la reforma al sistema de justicia universal que lleva adelante ese partido. Asegura que dicho proyecto abandona a las víctimas de delitos graves contra los derechos humanos. Es, por tanto, diametralmente opuesta a la legislación española para la atención de víctimas de la banda armada vasca.
A casi 11 años del ataque de la Tercera División de Infantería Acorazada de Estados Unidos contra el hotel Palestina –donde se alojaban periodistas que cubrían la invasión a Bagdad–, la justicia no ha ordenado reparación alguna en beneficio de la familia Couso. Al contrario, existe la amenaza de que el caso quede archivado si se aplica la disposición que sobresee los casos de justicia universal abiertos en tribunales españoles.
Javier Couso, hermano de José, se niega a ver las “puertas cerradas de la justicia española”. Dice que tanto los jueces como los parlamentarios españoles opositores al PP estudian la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En entrevista telefónica añade que si el caso de su hermano se archiva, su familia promoverá recursos ante instancias superiores “hasta agotar todas las vías que nos da el sistema jurídico español”. Después de ello recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Señala que el gobierno presiona para que se archive el proceso judicial. Como no lo ha logrado “entonces lo intenta retorciendo las leyes”.
A Javier Couso no le sorprende que el PP esté detrás de esta reforma pues sus dirigentes “se presentan como los abanderados del patriotismo español, pero hacen todo lo contrario. Se pliegan ante las presiones de Estados Unidos, sin dignidad y sin firmeza”.
Recuerda que el expresidente José María Aznar –quien en 2003 apoyó al entonces mandatario de Estados Unidos, George Bush, en la invasión a Irak– atacó a los familiares del camarógrafo de manera furibunda. “Nos llamó antipatriotas por cuestionarlo”.
También se muestra crítico con el actual presidente, Mariano Rajoy, quien en una visita oficial a Washington en enero pasado rindió un homenaje en el Cementerio Nacional de Arlington a los soldados estadunidenses fallecidos en conflictos bélicos. “Me resultó lamentable que en su encuentro con Barack Obama no abordara lo que le pasó a un ciudadano español (José Couso) que resultó muerto a manos de los militares de ese país”.
En el ataque que los soldados estadunidenses realizaron el 8 de abril de 2003 contra el hotel Palestina murieron Couso; el periodista jordano Tareq Ayoub, de la cadena Al Jazeera, y el ucraniano Taras Proysiuck, camarógrafo de la agencia Reuters. Otras 20 personas resultaron heridas. Ese día fueron atacadas las sedes de Al Jazeera y de Abu Dhabi TV.
En julio de 2003, tres meses después del ataque al hotel Palestina, la familia de Couso presentó una querella contra los militares implicados. Se apoyó para ello en el IV Convenio de Ginebra.
La justicia española envió comisiones rogatorias a Estados Unidos para tomar declaración a los soldados, pero fueron ignoradas por ese país. En octubre de 2005, el juez Santiago Pedraz dictó orden de busca y captura internacional contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, implicados en el disparo de un obús contra la fachada del hotel.
El proceso enfrentó fuertes obstáculos: Una resolución del Ministerio Fiscal español aseguró que el esquema de justicia internacional no aplicaba en ese caso. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó archivar el expediente en 2006 “arguyendo no haber encontrado existencia de dolo al tratarse de un acto de guerra”, según se lee en un resumen elaborado por Amnistía Internacional.
Esa última decisión fue revocada por el Tribunal Supremo en 2006. Un año después, Pedraz dictó auto de procesamiento contra los militares estadunidenses.
Pese a estas resoluciones, en julio de 2009 la Audiencia Nacional archivó el caso basándose en un informe del mando central estadunidense, según el cual el disparo fue un acto de defensa. En respuesta, el Tribunal Supremo resolvió por segunda ocasión la reapertura del caso.
Complicidades
Los cables diplomáticos que la organización Wikileaks difundió en diciembre de 2010, mediante diarios como el español El País, pusieron al descubierto el papel de varios ministros del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, así como del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las maniobras para que no prosperaran las órdenes de detención y se cerrara el caso.
Uno de los telegramas filtrados es una comunicación del entonces embajador estadunidense, Eduardo Aguirre (2005-2009), a la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Ahí le asegura que el gobierno español ayudó “entre bastidores” a que la fiscalía apelara las decisiones del juez.
Un cable de julio de 2004 informó que el encargado de negocios de la embajada le dijo al entonces secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que esperaba que la cancillería española expresara “claramente a la Audiencia Nacional su oposición” a que avanzara el caso.
Luego que Pedraz emitió las órdenes de captura, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le prometió al embajador estadunidense que el gobierno pondría “todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos”.
En uno de los telegramas confidenciales, el embajador informó que los ministros españoles estaban “trabajando para que no prosperen las órdenes de detención” contra los militares. El documento alude a un mensaje que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dejó al embajador estadunidense: Existe una “excelente cooperación” para “ayudar a concluir el caso”.
Cuando Pedraz pidió a la embajada los datos completos de los militares implicados, el fiscal Conde-Pumpido recomendó al embajador que contestara de forma “superficial” y pronosticó que el asunto “no iba a llegar a ninguna parte”.
Ante la persistencia de Pedraz para seguir con el caso “de forma agresiva”, Aguirre le anunció a Washington: “Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del gobierno español, con el fin de presionar y lograr el retiro de los cargos”.
Otro de los cables difundidos señaló que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, comunicó a la embajada que el gobierno español “trabajaría con el de Estados Unidos para asistirlo en el proceso”.
Javier Couso recuerda “lo doloroso” que fue para su madre conocer los cables, porque “era la sumisión absoluta de los ministros, del fiscal general del Estado y del fiscal de la Audiencia Nacional aconsejando a Estados Unidos cómo burlar la justicia”.
