Las masivas protestas en Venezuela –que el miércoles 12 dejaron un saldo de tres muertos y 60 heridos– reflejan el hartazgo de sectores sociales por la inseguridad –en el país se registra un homicidio cada 21 minutos– y por la crisis económica que se expresa en un creciente déficit fiscal, escasez de divisas, inflación galopante y, sobre todo, desabasto de productos básicos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que las protestas se deben a “un plan de golpe de Estado contra la democracia” y responde con la represión y con la descalificación de sus opositores, atizando con ello la inconformidad y la confrontación social.
Bogotá.– En el trasfondo de las masivas protestas estudiantiles que han dejado tres muertos, más de 60 heridos y un clima de confrontación social en Venezuela, está una crisis económica y de inseguridad, cuyas expresiones más duras para el ciudadano común son el desabasto de productos básicos –desde harina de maíz hasta medicinas–, la inflación galopante y la delincuencia urbana, que según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia provoca un asesinato cada 21 minutos en el país.
“Esas protestas son el resumen de todas estas inconformidades, con la agravante de que ahora tenemos violencia política. Tenemos un gobierno que apostó por jugar duro y tenemos un malestar social que se expresa con mucha fuerza en la calle. Esto pone al país y al gobierno en una situación muy delicada”, dice a Proceso el politólogo José Vicente Carrasquero.
El gobierno venezolano tiene otra lectura de los acontecimientos. Para el presidente Nicolás Maduro –quien asumió el cargo en abril pasado tras la muerte del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez– la violencia que se ha generado en el transcurso de las manifestaciones es responsabilidad de la oposición política, y lo que en verdad está en marcha en el país es “un plan de golpe de Estado contra la democracia”.
El líder opositor Henrique Capriles acusó a los “colectivos armados” (grupos paramilitares afines al gobierno) de los tres asesinatos ocurridos en Caracas durante las protestas del pasado miércoles 12 y deploró el hecho de que las autoridades hayan optado por enfrentar las manifestaciones “a plomo”. “Así –añadió– no se controla un pueblo”.
El abogado y analista político José Amando Mejía señala que Venezuela vive “una escalada muy peligrosa en la que el gobierno ha optado abiertamente por la represión frente a las protestas de los estudiantes, que han sido muy espontáneas y que tienen un alcance nacional porque abarcan las principales ciudades”.
Sostiene que, a pesar de la crisis económica, el desabasto y la inseguridad pública, el gobierno conserva una base importante de apoyo entre los sectores más pobres de la sociedad, “a los que subsidia, alimenta y da empleo”. Recuerda que el sector público es el gran empleador del país: Brinda trabajo a 3 millones de personas, lo que “se traduce en 3 millones de familias adheridas al régimen. Eso es mucho para un país de 30 millones de habitantes”.
Mejía y Carrasquero coinciden en que las protestas y la violencia que estallaron el miércoles 12 configuran un nuevo panorama de confrontación social en el país, en un contexto de crisis económica en el que la inflación anualizada llegó a 56.3% el pasado enero y en el que la cotización del dólar en el mercado negro supera hasta 10 veces el tipo de cambio oficial.
“Yo no diría que está en riesgo la estabilidad del régimen, pero el gobierno está muy preocupado. Hay un gran descontento por la situación económica, por la inseguridad y la violencia política que vimos (el miércoles 12). Es un factor que se suma a todo esto. Los estudiantes, con sus protestas, han canalizado ese descontento”, sostiene Mejía, doctor en derecho por la Universidad de París II.
Carrasquero, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Connecticut, afirma: Lo que se observa en Venezuela “es como el primer paso de una serie de movimientos de una oposición que se sabe con poder en las calles y que, por supuesto, está dispuesta a retar el poder del gobierno”.
“Creo –agrega– que estamos frente a la primera de muchas movilizaciones que vamos a ver este año, y en la medida en que el gobierno no logre resolver los problemas crónicos, como el desabasto, la inflación y la criminalidad, esas protestas se multiplicarán. El gobierno va a enfrentar la disyuntiva de responder con más mano dura o rectificar, porque eso es lo que está pidiendo la gente: una rectificación de las políticas económicas tan erradas.”
“Quieren tirarnos”
El escritor, poeta y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Earle Herrera, sostiene que las marchas estudiantiles son utilizadas por la oposición política como parte de un plan para derrocar al gobierno: “Aquí hubo unas manifestaciones pacíficas que un grupo de la derecha venezolana, al final, convirtió en violentas porque el señor Leopoldo López azuzó a los manifestantes”.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, López –dirigente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y contra quien un juez emitió una orden de captura– es uno de los responsables de la violencia que se suscitó frente a la Fiscalía General de la República al terminar la marcha estudiantil del miércoles 12, en Caracas.
Antes de que fuera emitida la orden de captura por daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo, entre otros delitos, López dijo a periodistas que los hechos violentos fueron parte de un plan del gobierno. Asegura que integrantes encapuchados de los “colectivos” destrozaron la fachada del edificio, incendiaron vehículos de la Policía Judicial y atacaron a los manifestantes a balazos y con bombas molotov.
En esos hechos murieron, por disparos de arma de fuego, el estudiante Bassil Alejandro da Costa Frías y el dirigente del colectivo “Leonardo José Pirela”, del barrio 23 de Enero, Juan Montoya. En otra concentración opositora realizada esa noche en el municipio metropolitano de Chacao, el joven Roberto Redman cayó abatido de un disparo en la cabeza.
Herrera afirma que el gobierno respeta el derecho a la protesta y que la violencia ha sido generada por grupos que, tanto el presidente Maduro como dirigentes estudiantiles, han calificado como “infiltrados”.
“Ha habido una actitud de tolerancia frente a las manifestaciones, yo diría que excesiva en muchos casos, frente a grupos violentos que quieren reeditar el golpe de Estado de abril de 2002 (en el que militares y empresarios depusieron por 48 horas al presidente Chávez), porque vemos que es el mismo esquema de ese entonces y que los fascistas disparan a mansalva.”
El diputado oficialista descarta que la crisis económica sea uno de los factores que impulsan a los manifestantes a salir a las calles, ya que “las consignas que hemos escuchado en esas marchas no apuntan en esa dirección. La consigna era que el gobierno se vaya y que ellos no dejarían la calle hasta que el gobierno caiga. Es decir, hay elementos de tipo conspirativo. Quieren tirarnos”.
Para Herrera existe una preocupación ciudadana por la crisis económica, “como la hay en todo América Latina, pero lo que realmente vivimos en Venezuela es una guerra económica en la que la oligarquía nacional, en complicidad con intereses de Washington, nos quiere asfixiar a través de la especulación y el boicot a la planta productiva”.
Escasez generalizada
El desabasto de productos básicos es el pan de cada día en Venezuela. Los supermercados lucen semivacíos en las áreas de lácteos, harinas, carnes, aceites y azúcar, entre otros bienes de consumo; los periódicos no tienen suficiente papel y se han visto obligados a reducir sus tirajes y sus páginas; y en los hospitales faltan insumos básicos, como jeringas y medicamentos para quimioterapias.
Todos los venezolanos saben que la suma de esos faltantes puede resumirse en una frase que devino lugar común: No hay dólares.
“No hay mercancías porque no hay dólares para importarlas. No hay producción nacional porque no hay dólares para importar los insumos, y no hay dólares a pesar de que las cifras oficiales indican que el año pasado exportamos petróleo por más de 85 mil millones de dólares”, dice el economista Francisco Faraco.
Sostiene que el problema es el elevado gasto público de los últimos años, que elevó el déficit del sector público por arriba de 15% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 y 2013, una cifra astronómica para cualquier economía. Así, Venezuela se financió con deuda, cuyos intereses y amortizaciones consumen una parte importante de los dólares disponibles.
Las reservas internacionales mantienen su descenso. Hoy se ubican en 20 mil 700 millones de dólares, una tercera parte menos de lo que había en febrero de 2013. Sólo 2 mil millones corresponden a reservas líquidas, lo que apenas cubre una semana de importaciones.
Según el gobierno, que mantiene un control de cambios desde 2003, a partir de este mes comenzará a subastar 220 millones de dólares a un tipo de cambio que casi duplica la tasa oficial, pero éstos sólo cubrirían la tercera parte de las importaciones que requiere el país.
Según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), durante enero pasado el índice de escasez llegó a 28%, un nivel histórico que representó un alza de 5.8 puntos respecto de diciembre. Esto significa que no está disponible más de una cuarta parte de los productos que buscan los consumidores.
Faraco estima que este año el PIB venezolano caerá al menos 3%.
Con ese telón de fondo, los estudiantes de los occidentales estados Mérida y Táchira comenzaron durante la primera semana de este mes una serie de marchas de protesta por la creciente inseguridad en las sedes universitarias, donde se multiplican los robos por asalto y la violencia criminal, que deja miles de heridos y decenas de muertos en los campus cada año.
La dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA) Gaby Arellano explica a Proceso que “a los jóvenes nos están matando en nuestros propios centros de estudio y sólo salimos a exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad y nos proporcionen seguridad”.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, en 2013 ocurrieron 24 mil 763 homicidios en el país, 79 por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta de América Latina después de Honduras.
“Fiesta mexicana”
Durante las protestas, la policía respondió con represión. Integrantes de “colectivos” afines al gobierno dispararon a los manifestantes desde motocicletas, lo que provocó varios estudiantes heridos de bala. Otros más fueron detenidos.
A la demanda de poner fin a la inseguridad, los manifestantes sumaron dos más: alto a la represión y libertad para sus compañeros detenidos.
“Por eso esto creció en cuestión de días. Se sumaron otras demandas, más la inconformidad por la escasez, por la inflación, por la crisis económica”, señala Arellano, quien sostiene que “de esa manera llegamos al Día Nacional de la Juventud (justo el miércoles 12), y ahí ya la movilización fue nacional. Marchamos los estudiantes con la gente inconforme y con los líderes de la oposición política”, rememora la dirigente estudiantil.
Lo que pasó frente a la sede de la fiscalía, abunda, “fue una emboscada contra los jóvenes por parte de grupos armados del oficialismo. Fue un plan orquestado y queremos que todos los países de América Latina y que los mexicanos lo sepan”.
Los dirigentes estudiantiles anunciaron que los jóvenes de todo el país seguirán en las calles y que mantendrán las movilizaciones. La oposición política llamó al gobierno a desarmar a los “colectivos”.
El ministro del Interior, el general del ejército Miguel Rodríguez Torres, sostuvo el pasado jueves 13 que las acciones de violencia que han tenido lugar en Venezuela “no son protestas de carácter social, sino de carácter conspirativo” que buscan llevar al país a una “guerra civil”.
Rodríguez aseguró en una rueda de prensa que esos hechos forman parte de un plan que comenzó a ser fraguado en México durante una reunión que se llevó a cabo en octubre de 2010 y a la cual asistieron varios dirigentes estudiantiles de Venezuela. Afirmó que el encuentro, denominado por sus organizadores “Fiesta mexicana”, tuvo como propósito adiestrar a los asistentes en “métodos desestabilizadores violentos”.
La reunión, según una diapositiva presentada por el ministro, fue organizada por el empresario venezolano asilado en Estados Unidos, Eligio Cedeño; por el exsubsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, Otto Reich, y por el dirigente de la ONG Humano y Libre, Gustavo Tovar Arroyo.
Rodríguez señaló a Gaby Arellano, una de las dirigentes más visibles del movimiento estudiantil, como una de las asistentes a ese encuentro a México. El ministro la acusó de liderar, junto con el político opositor Leopoldo López, “a estos grupos violentos” que actuaron el pasado miércoles 12.
Consultada por Proceso, Arellano afirma que “jamás” ha estado en México ni conoce a Cedeño, Reich y Tovar Arroyo. “Que chequen mis entradas y salidas del país. Esto es parte de los inventos de planes conspirativos que suele hacer el gobierno”, dice.
