BUENOS AIRES (apro).- El jueves 6 el fiscal federal Jorge Di Lello elevó un pedido para que el vicepresidente argentino Amado Boudou sea llamado a declarar como acusado.
En la causa se investiga el levantamiento de la quiebra y posterior traspaso en 2010 de la imprenta Calcográfica Ciccone, que fabrica papel moneda en Argentina. Por entonces Boudou era ministro de Economía. El control de la empresa fue asumido por un grupo llamado The Old Fund. Su presidente, Alejandro Vandenbroele, es señalado por los medios como presunto socio o testaferro de Boudou.
Dos diputados del opositor Proyecto Sur presentaron el lunes 10 un pedido de juicio político contra el vicepresidente. El primer pedido lo habían elevado en 2012 diputados del opositor PRO, que gobierna la ciudad de Buenos Aires.
Desde el gobierno se sostiene que las grandes corporaciones no le perdonan a Boudou haber impulsado la idea de que el Estado retome el control de los fondos de jubilaciones y pensiones, en 2009, después de 15 años de manejo discrecional de los mismos a través de bancos y grupos privados.
Algunos ministros y secretarios del gobierno creen que “hay un linchamiento mediático y que jurídicamente no hay elementos para que el vicepresidente sea procesado”, según dijeron al periódico Perfil el sábado 8. “El estigma de culpable no se lo podrá sacar por un buen tiempo”, se sostiene.
Boudou se ha convertido en un paria en el kirchnerismo. Nadie lo llama ni le atiende el teléfono. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le suelta la mano.
El caso Ciccone –el nombre que durante medio siglo llevó la imprenta familiar– es también llamado Boudougate. En un mismo lodo conviven la disputa entre el gobierno y los grandes medios, las luchas internas dentro del oficialismo por la sucesión presidencial en 2015, la confrontación entre el kirchnerismo y un sector del Poder Judicial, el control de un negocio de carácter estratégico, una desavenencia matrimonial que cobró dimensión política.
Entre los protagonistas hay funcionarios públicos, empresas de accionistas desconocidos, una mujer despechada, un militar golpista. Y los medios replican hasta el hartazgo testimonios que hasta ahora parecen revelar indicios antes que pruebas.
El juez interviniente en la causa, Ariel Lijo, no ha decidido aún si procederá al pedido del fiscal o bien llamará a Boudou a declarar en carácter de testigo.
Valor estratégico
Ciccone Calcográfica –hoy Compañía Sudamericana de Valores SA– fue desde su fundación, en 1951, la única imprenta privada de Argentina con capacidad para imprimir billetes y otros documentos de alta seguridad, tales como documentos de identidad, títulos universitarios, patentes, chequeras y padrones electorales.
La empresa fue manejada durante décadas por los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone. Experimentó un decisivo crecimiento durante la dictadura, al serle encomendada la impresión de las entradas para el Mundial de Futbol 1978. Poco a poco, Ciccone Calcográfica fue acumulando una gran deuda con empresas privadas y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la oficina de recaudación fiscal. En 2004, la imprenta entró en convocatoria de acreedores. El abogado Alejandro Vandenbroele, representando a los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a 46 acreedores privados.
En 2009 los Ciccone cedieron el ciento por ciento de las acciones al misterioso grupo Inversiones Tecnológicas SA y éste, a su vez, 4.95% a Fintech Energy LLC, propiedad del inversionista mexicano David Martínez, que a la vez es socio del Grupo Clarín. La operación se deshizo cuatro meses más tarde.
En 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone Calcográfica. La deuda con el fisco ascendía a 239 millones de pesos, unos 80 millones de dólares de entonces. El juez Javier Cosentino dispuso en agosto de ese año que la empresa fuera operada provisoriamente por Boldt. Este grupo maneja el juego en la provincia de Buenos Aires. Es un gran contribuyente del distrito electoral más importante de Argentina. Su director, Guillermo Gabella, es hombre de confianza del gobernador Daniel Scioli.
Campeón mundial de motonáutica en los ochenta y noventa, Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Desde entonces gobierna la provincia. Es uno de los candidatos más firmes a suceder a Cristina Fernández en la presidencia en 2015.
Amado Boudou se hace cargo de la presidencia cada vez que Cristina Fernández viaja al extranjero. Su nombre llegó a sonar para una eventual sucesión. El caso Ciccone lo ha dejado fuera de carrera.
En septiembre de 2010 la quiebra de la imprenta fue levantada. La empresa fue cedida por la familia Ciccone al grupo The Old Fund. Su presidente es el mismo abogado que en 2004 había negociado con los acreedores de la empresa: Alejandro Vandenbroele. La imprenta fue rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana SA. La AFIP le concedió entonces una moratoria especial. El 8 de noviembre, Boudou, que entonces era ministro de Economía, firmó una nota dirigida a la oficina de recaudación fiscal apoyando el plan de pagos. El 22 de agosto de 2012, cuando los grandes medios llevaban meses denunciando la supuesta ilegalidad de lo actuado por el vicepresidente, el Congreso sancionó la expropiación de la imprenta. El interés del Estado por garantizar la continuidad en funciones de una empresa de valor estratégico estaba fuera de duda. Entre las razones figuraba la necesidad de que la principal imprenta privada de seguridad reforzara la capacidad de producción de Casa de Moneda, sin necesidad de imprimir billetes en el extranjero, como ocurrió en enero de 2012.
El juez Ariel Lijo investiga ahora dos delitos. El primero se refiere a las supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Se busca determinar si el entonces ministro Boudou o el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, beneficiaron indebidamente a la empresa para permitir el levantamiento de la quiebra. Y también la relación entre el vicepresidente y el abogado Vandenbroele, sindicado como su testaferro.
El segundo delito, el de lavado de dinero, trata de establecer cómo se hundió la empresa y de dónde salieron los fondos para reflotarla.
Despecho
Las acusaciones contra Boudou por supuestas irregularidades en lo concerniente al levantamiento de la quiebra y el posterior traspaso de la empresa comenzaron en noviembre de 2011, un mes después de que fuera elegido, como compañero de fórmula de Cristina Fernández, con 54% de los votos.
“Mi exmarido me dijo que es testaferro de Boudou”, reveló entonces Laura Muñoz a Radio Mitre, emisora del Grupo Clarín. La mujer se había separado de Alejandro Vandenbroele y litigaba contra él por la tenencia de la hija de tres años.
El diario Clarín mencionó por primera vez la supuesta relación entre Boudou y Vandenbroele el 6 de noviembre de 2011. Usó como fuente la denuncia de “un particular, Jorge Pacífico”. Éste dijo haber oído una conversación en un café, entre hombres que no vio porque estaba de espaldas.
El diario Página 12 reveló el 8 de abril de 2012 que “en realidad, el exsargento del Ejército Jorge Orlando Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la guerra de las Malvinas, participó en los levantamientos” militares contra los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, fue vendedor de armamentos e investigado por su supuesta participación –luego desestimada por la justicia– en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la mutual judía en Buenos Aires (AMIA).
Los diarios de mayor influencia –Clarín y La Nación— le dieron al Boudougate durante meses la portada. Menos repercusión en sus páginas encontró el escrito que la madre de Laura Muñoz, Azniv Tokatlian, presentó ante la justicia en marzo de 2012. Allí sostenía que su hija actuaba por rencor contra su exmarido y que sufría “inestabilidad psíquica”. Tokatlian expresó su temor por la integridad de sus nietos. Laura Muñoz tiene otros dos hijos de un primer matrimonio.
El caso Ciccone ha vuelto a ser portada de los diarios en la última semana. El fiscal federal Jorge Di Lello elevó al juez de la causa el pedido de indagatoria del vicepresidente Boudou, y del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Cree que ambos funcionarios violaron la ley al interesarse por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda. A Boudou le reprocha haber opinado en favor del levantamiento de la quiebra mientras era ministro de Economía. A Echegaray le objeta la concesión de un plan de pagos extraordinario a la imprenta. Sólo el Congreso Nacional puede favorecer a una empresa con una quita en su deuda impositiva. El fiscal federal Jorge Di Lello le pidió además al juez que aparte de su rol de querellante a Nicolás Ciccone, quien aseguró, al declarar como testigo, que Boudou participó de las gestiones en la venta de la empresa.
El vicepresidente deslindó responsabilidades. El 7 de febrero se presentó ante el juez para ponerse a su disposición. Le dejó un escrito en el que reafirma su inocencia.
El juez Lijo puede ahora hacer lugar al pedido del fiscal en su totalidad, en parte, o en nada. Procesar a los funcionarios o mantenerlos en calidad de testigos. El delito de negociaciones incompatibles con el cargo público prevé una pena de uno a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua que les impediría ejercer cualquier cargo público.
Indicios
En su edición del domingo 9, La Nación resumió los indicios que llevaron al fiscal a pedir la indagatoria de Boudou. Sostiene que en julio y septiembre de 2010 Boudou y su socio José María Núñez Carmona se reunieron con Nicolás y Héctor Ciccone. El presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, a cargo de la imprenta, habría pagado viajes por el mundo a familiares del vicepresidente.
The Old Fund habría cobrado 7.8 millones de pesos (1.9 millones de dólares de entonces) por asesorar en el canje de la deuda pública que el gobierno de Formosa debía negociar con el Ministerio de Economía, que lideraba Boudou. La empresa London Supply, que en septiembre de 2010 aportó 1.8 millones de pesos (450 mil dólares) para levantar la quiebra de la imprenta, tiene como accionista a Miguel Ángel Castellano, amigo del vicepresidente. El número dos de Vandenbroele en The Old Fund es el contador José María Capirone, que habría sido socio de Núñez Carmona entre 1995 y 1999 en la firma Ecoplata, en la que Boudou fue gerente general. Vandenbroele habría vivido además en un departamento propiedad de Amado Boudou en Buenos Aires.
La amistad entre Boudou y su socio Núñez Carmona se remonta a la juventud. El vicepresidente estudiaba entonces economía en la Universidad Nacional de Mar Del Plata. Militaba en la juventud de la UCEDE, un partido liberal conservador que en los noventa fue absorbido por el menemismo. Boudou era dj en las discotecas de la ciudad balnearia. Tocaba la guitarra eléctrica y hacía coros en una banda de pop llamada Spaghetti Ensamble.
Luego de desempeñarse en la actividad privada, en 2002 Boudou ocupó la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa, en el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires. En 2008 fue designado por Cristina Kirchner al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En 2009, elevó a Cristina y Néstor Kirchner la propuesta de salir del sistema de las administradoras de fondos de jubilación privadas para que el Estado retomara el control de esos fondos. Entre los grandes damnificados por esa medida se encontraban poderosos grupos argentinos y extranjeros, entre ellos Grupo Clarín.
Cristina Kirchner lo eligió para el cargo sin consultar a nadie. “Necesito a mi lado alguien que no les tenga miedo a las corporaciones”, dijo entonces.
Otro frente que el gobierno ha mantenido abierto y que a Boudou podría jugarle en contra es la disputa con algunos sectores del Poder Judicial. La reforma judicial impulsada en 2013 por el kirchnerismo fue finalmente rechazada por la Corte Suprema de Justicia. La propuesta causó enfrentamientos y malestar en la familia judicial. Incluso, algunos creen percibir un dejo de venganza detrás de la avanzada sobre el vicepresidente.
