En menos de un año de gobierno, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ha sido cuestionado no sólo por sus promesas incumplidas, sino porque logró que su partido, el PRI, convirtiera en el Congreso a la fracción panista en su comparsa. Cansados de esa sumisión legislativa, cinco diputados de Acción Nacional se declararon independientes y junto con otros tantos del partido Movimiento Ciudadano formaron el G10. Hoy, este grupo es el más fiero detractor del mandatario.
En vísperas de su primer año de gobierno priista encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la LX Legislatura se dividió, luego de que un grupo de diputados conformaron un grupo independiente –el G10–, hartos, dicen, del maridaje entre el PRI y el PAN. Hoy, esa instancia es, junto con la fracción panista, la segunda fuerza en el Congreso.
Constituido formalmente el pasado 21 de enero, luego de que cinco integrantes de Acción Nacional abandonaron su partido, el G10 causó problemas también a los priistas:
La división en la bancada de Acción Nacional es una respuesta natural a la actitud negociadora del coordinador, Gildardo Guerrero, y de la dirigencia estatal del partido, que encabeza Miguel Ángel Monraz Ibarra, comenta al reportero Ricardo Rodríguez Jiménez, quien dejó el PAN para integrarse al G10.
En lo que va del año de gobierno de Aristóteles Sandoval, el PRI y el PAN votan igual en el Congreso de Jalisco, sostiene Rodríguez Jiménez; “no hay una sola votación importante en el recinto legislativo en la cual el PAN haya ido contra el PRI”, asegura.
Y cuando el PAN tiene una opinión contraria a las iniciativas priistas, según él, “la bancada del blanquiazul saca a algunos de sus diputados del pleno para salvar los acuerdos”. Así, el PRI, con sus 17 diputados, termina ganando.
La fracción del PAN no se opone a nada contra el tricolor. La única bandera ciudadana con la que se quedó el partido es la del transporte público, comenta Rodríguez Jiménez, uno de los cinco panistas que ahora es independiente:
“Tú veías al presidente del comité estatal, Miguel Ángel Monraz, en las calles, pegando propaganda contra las condiciones en las que opera el servicio y protestando contra el alza de tarifas. Pero aquí a los panistas de la LX Legislatura se les olvida eso y se pasan por alto un punto de acuerdo promovido por diputados opositores para que el gobierno del estado enviara los datos técnicos que justificaran el aumento.”
Al momento de la votación, según el legislador del G10, el PAN sacó del Congreso a cuatro de sus diputados, entre ellos al propio coordinador Gildardo Guerrero. De los panistas que se quedaron en el recinto, dos se abstuvieron y con ello el PRI la libró.
Y dos semanas después, cuando el tema llegó al pleno, los legisladores panistas volvieron a salirse, para allanarle al camino al PRI por segunda ocasión. La oposición no pudo exigirle a los priistas el documento técnico para justificar el incremento y la solicitud de la anulación de la votación para detener el aumento, insiste Rodríguez Jiménez.
Esa vez, dice, acusó a los panistas de ser una “oposición fingida” porque, insiste, sus diputados “nunca rechazan lo que no le conviene al PRI”.
La estrategia de los diputados panistas de la LX Legislatura es burda, reitera el entrevistado: su coordinador los manda al baño cuando se avecina una votación comprometedora. Curiosamente, cuando ésta pasa, reaparecen en el salón de plenos.
Los independientes
Ricardo Rodríguez Jiménez asegura que no ataca al PAN por haberse declarado independiente; tampoco teme ser expulsado del partido: “No es ninguna traición, pues no estoy dispuesto a apoyar acuerdos que sólo buscan beneficios personales y económicos; eso sí sería una traición al pensamiento, al origen y a la filosofía del PAN.
“Lo que no se quiere ver es que he actuado en congruencia desde hace un año; decidí abandonar el grupo parlamentario y denuncie que todos los acuerdos logrados entre el PAN y el PRI se basan en conseguir plazas de trabajo o recursos económicos para sus diputados.”
Alberto Esquer Rodríguez, otro de los legisladores que abandonó el PAN para adherirse al G10, denunció el 8 de diciembre último que su coordinador parlamentario, Gildardo Guerrero, mencionó la posibilidad de que cada diputado panista tendría a su disposición 10 millones de pesos para la promoción de obra pública donde cada uno quisiera si sufragaban para la aprobación del presupuesto de egresos 2014.
En esa ocasión, dice a Proceso Jalisco, “denuncié que era obligación de la dirigencia del PAN en Jalisco investigar sobre esos presuntos actos de corrupción; también hice referencia a las palabras de otro actor político en el sentido de que un dirigente que no investiga a sus diputados, o es cómplice o él encabeza la mafia”.
Esquer Rodríguez rechaza que tras el G10 exista una propuesta de orden político electoral de Enrique Alfaro Ramírez, quien busca la alcaldía de Guadalajara en 2015 y pretende la gubernatura para 2018.
Una semana después de la constitución del G10, la dirigencia estatal del PAN emprendió en medios electrónicos una campaña en la cual exhibe al gobernador Jorge Aristóteles por sus promesas de campaña incumplidas.
Monraz Ibarra dijo que había instruido a su bancada para cuestionar el informe del mandatario en materia de seguridad, mientras el coordinador parlamentario Gildardo Guerrero comentó que Jalisco cayó al lugar 28 de la lista de 32 entidades federativas en generación de empleos.
Ambos dirigentes omitieron hablar de la división en la bancada panista y de las acusaciones de los cuatro legisladores que formaron el G10 sobre los presuntos amarres y negociaciones truculentas en las votaciones para beneficiar al PRI.
El G10 está conformado por los expanistas Guillermo Martínez Mora, Alberto Esquer Gutiérrez, Juan José Cuevas García, Víctor Sánchez Orozco y Ricardo Rodríguez Jiménez; además, están Clemente Castañeda Hoeflich, Fabiola Loya Hernández, Verónica Delgadillo García, Salvador Zamora Zamora y Julio Nelson García Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano.
Para los integrantes del G10, la gestión del gobierno estatal es caótica y está marcada por la ineficiencia. Rodríguez Jiménez asegura que no se ven los resultados en el control del gasto, el combate a la corrupción y la seguridad pública, aun cuando ésta, según dijo Aristóteles en su campaña, “sería una prioridad”.
Sin embargo, comenta, “hoy comprobamos que en el primer año de gestión no hay resultados; por el contrario, el delito común –los robos y extorsiones– se disparó en forma alarmante”.
Si se hiciera un comparativo con la gestión del panista Emilio González Márquez, Sandoval Díaz saldría mal librado en varios rubros, asegura el entrevistado, aun cuando aquél es visto como uno de los gobernadores más ineficientes en la historia de Jalisco.
“En materia de seguridad, de promoción de empleo y de nuevas fuentes de trabajo –insiste Rodríguez Jiménez– estamos peor que en la última fase del gobierno de Emilio.”
Según el entrevistado, ante los “raquíticos logros”, a Sandoval Díaz se le reducen las posibilidades de ser candidato de su partido a la Presidencia de la República en 2018.
“No se puede uno imaginar a un político serio pensando en las elecciones de 2018 en este instante –dice–. Lo primero que debemos preguntarnos es si está cumpliendo con las expectativas que generó.”
En su Primer Informe de Gobierno, la percepción de inseguridad entre los habitantes de Jalisco, a finales de 2013, fue de 75.9%, según se desprende de la Encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad pública elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
No obstante, esa cifra aparece en un recuadro donde no se comenta nada sobre el tema de seguridad. Lo que se incluye es un texto según el cual “existe un profundo reto de Jalisco para alcanzar el bienestar en materia de cumplimiento con la ley”.
Y agrega: “El Ejecutivo estatal busca garantizar la integridad de las personas, la impartición de la justicia y el respeto a los derechos humanos”.
Rodríguez Jiménez critica los malos manejos financieros y económicos del mandatario, cuyo partido, el PRI, cuestionaba al PAN por la incapacidad para la generación de empleo.
“Hoy nos damos cuenta que los resultados son similares a los que los priistas criticaban. No se responde a la generación de empleos y empresas que requiere Jalisco y bajo ese escenario queda claro que el gobierno (de Sandoval Díaz) no cumple con sus promesas de campaña y en los años que restan debe replantear todo el asunto y hacer un análisis sincero para hacer las cosas diferentes”, cuestiona el legislador del G10.
De ahí, afirma, que uno de los integrantes del grupo independiente propuso una “ley antiderroche”, para atarle las manos a la administración estatal en materia de gasto público. El propósito es ahorrar 3 mil millones de pesos anuales, según los cálculos que han hecho, que serían destinados a la promoción de obras públicas.
La propuesta fue presentada el pasado 29 de enero en el Club de Industriales ante más de 150 empresarios locales. El analista financiero Roberto Arechederra indicó que más de 37% del presupuesto se va en el pago a la burocracia, mientras que sólo 32% se destina a la educación.
Para 2014, según Arechederra, Jalisco pagará 2 mil 182 millones de pesos de la deuda pública, de los cuales al menos 937 millones serán de intereses, por lo que urge a buscar alternativas para revertir esa situación.
El G10 también propone una Ley de Deuda Pública, pues, dice el entrevistado, en 2013 Jalisco fue uno de los estados más endeudados del país. El 6 de enero de ese año, por ejemplo, la cadena CNN en Español informó que Guadalajara era la ciudad con mayor deuda en México, con 2 mil 681 millones de pesos.
Según esa lista, el municipio de Zapopan ocupó el cuarto lugar, con mil 144 millones de pesos; Tlaquepaque y Tonalá ocuparon el noveno y el décimo sitio, respectivamente; el primero con 845 millones de pesos y el segundo con 786 millones.
Esos cuatro municipios –todos gobernados por el PRI– debían en esa fecha 5 mil 456 millones de pesos, monto superior al presupuesto anual del ayuntamiento tapatío.
Los integrantes del G10 también promueven varias iniciativas de ley: para la atención a víctimas del delito; para prevenir la discriminación; de participación ciudadana; de patrimonio cultural; para la atención de personas con discapacidad, y de coordinación metropolitana.
Las cúpulas del PRI y del PAN acusan a los legisladores independientes de estar al servicio del exgobernador Emilio González Márquez (como el caso de Alberto Esquer), o de responder al exdirigente del PAN, Eduardo Rosales, en una estrategia política pensada en las elecciones intermedias de 2015, en la que algunos panistas podrían aliarse, dicen, a Movimiento Ciudadano.
Respecto de Guillermo Martínez Mora, quien presuntamente promovió el G10, los dirigentes del PAN lo acusan de plegarse al excandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo, el propio Alfaro sostiene que estas imputaciones son falsas. Según él, los priistas y panistas deben aceptar que los malos resultados de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval y la transformación del PAN en comparsa del gobierno priista es lo que mueve a los políticos tradicionales a buscar enemigos en un intento de justificar sus errores.
